En lo que la oposición considera una maniobra desesperada para salvar la recaudación de la nueva zona azul de Matalascañas , el alcalde de Almonte (Huelva), Paco Bella, del partido independiente Ilusiona, ha decidido imponer por decreto la puesta en marcha del servicio de estacionamiento regulado (ORA) a partir del viernes 15 de mayo, ante el previsible rechazo a las ordenanzas fiscales en el Pleno municipal convocado el mismo día. Consciente de que no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la norma que regula las tarifas, Bella ha optado por la vía de los hechos consumados. El pasado 5 de mayo firmó una resolución de urgencia, a la que ha tenido acceso ABC, con el objetivo de desoír el revés que el Ayuntamiento propine al gobierno local, que carece de mayoría suficiente para sacar adelante la norma. De este modo, el regidor pretende garantizar que la empresa concesionaria empiece desde este viernes a hacer caja con los parquímetros en Matalascañas, el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana y la playa más cercana a la capital sevillana . La tensión está asegurada en el Salón de Plenos convocado para este viernes a las 8.00 horas, en el que se debatirá la regulación de las tarifas de la nueva zona azul en Matalascañas. En caso de veto, Bella ha ordenado el inicio del cobro de tarifas este mismo viernes hasta el próximo 30 de septiembre, una medida que va camino de terminar enredándose en los tribunales.El principal grupo de la oposición, Almonte 100×100, ha anunciado que impugnará el «decretazo» de la zona azul y estudia la vía penal contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.El alcalde alega que de no empezar a cobrar por la zona azul se causaría un perjuicio a la empresa concesionariaEn su decreto, Paco Bella alega que la puesta en marcha de la zona azul no es una «nueva» carga, sino la ejecución de un contrato ya perfeccionado. El regidor sostiene que el Pleno ya aprobó en su día el Estudio de Viabilidad y los pliegos de condiciones donde se detallaban las tarifas. Por tanto, entiende que la adjudicación a la empresa Dornier S.A. supuso una «aprobación implícita» de los precios . El decreto subraya la necesidad de evitar un perjuicio económico a las arcas municipales: «La no aplicación de dicho régimen económico impediría la ejecución ordinaria del contrato y podría comprometer el equilibrio económico de la concesión […] dando lugar a reclamaciones por parte de la entidad adjudicataria por daños y perjuicios derivados de la demora».Para Bella, el inicio del servicio es un ejercicio de sus competencias de «dirección del gobierno», calificando la medida como provisional y transitoria hasta que se logre aprobar la ordenanza definitiva, algo que el propio texto reconoce que aún no ha sucedido.Informes de los funcionariosEl jefe de Patrimonio y Contratación y la secretaria general del Ayuntamiento concluyen en otro informe que la Alcaldía tiene competencia para disponer el inicio del servicio con el argumento de que, según la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde a la Administración fijar las tarifas en los pliegos. Al estar el contrato formalizado, el Consistorio tiene la obligación de garantizar su ejecución inmediata para no romper el equilibrio financiero de la empresa. Los funcionarios defienden que los pagos de los usuarios no son tasas, sino «prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias», ante la inminente temporada estival en el núcleo costero frecuentado por sevillanos.La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El portavoz de Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, ha calificado la maniobra de «chapuza administrativa» y ha anunciado que impugnarán el decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, solicitando medidas cautelares para suspender el cobro de inmediato.Posible repercusión penal«El alcalde quiere imponer la zona azul de Matalascañas por decreto, saltándose al Pleno, saltándose el procedimiento legal y saltándose a los vecinos», afirma Jiménez. «Y lo hace consciente de que la ley no se lo permite, porque su propio decreto reconoce por escrito que las tarifas tendrían que estar en una ordenanza que aún no se ha aprobado. Estamos ante algo que puede tener relevancia penal y que los tribunales tendrán que valorar».Jiménez señala que la ley estatal básica, en el artículo 20.6 del Texto Refundido de Haciendas Locales, ordena de forma taxativa que las tarifas de los servicios públicos prestados por concesión se regularán mediante ordenanza del Pleno. « No por decreto, ni por resolución del alcalde y en ningún caso de manera provisional. El alcalde lo sabe, sus servicios jurídicos lo saben, y aun así han decidido firmar un decreto que se inventa una figura, la llamada aplicación provisional, que no existe en el derecho local español».A este frente judicial se suma el conflicto social. La Asociación de Propietarios de Matalascañas se declaró en rebeldía a principios de mes, emitiendo un comunicado oficial tajante: «Si te multan, no tires el ticket y denuncia por prevaricación». Los propietarios consideran que el sistema ORA es una medida recaudatoria que carece de la seguridad jurídica necesaria para ser exigida a los ciudadanos a partir de este viernes. Con o sin decreto, la incertidumbre planea sobre el nuevo aparcamiento regulado en Matalascañas. Los tickets pagados por los usuarios podrían acabar siendo devueltos por mandato judicial, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales de Almonte. En lo que la oposición considera una maniobra desesperada para salvar la recaudación de la nueva zona azul de Matalascañas , el alcalde de Almonte (Huelva), Paco Bella, del partido independiente Ilusiona, ha decidido imponer por decreto la puesta en marcha del servicio de estacionamiento regulado (ORA) a partir del viernes 15 de mayo, ante el previsible rechazo a las ordenanzas fiscales en el Pleno municipal convocado el mismo día. Consciente de que no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la norma que regula las tarifas, Bella ha optado por la vía de los hechos consumados. El pasado 5 de mayo firmó una resolución de urgencia, a la que ha tenido acceso ABC, con el objetivo de desoír el revés que el Ayuntamiento propine al gobierno local, que carece de mayoría suficiente para sacar adelante la norma. De este modo, el regidor pretende garantizar que la empresa concesionaria empiece desde este viernes a hacer caja con los parquímetros en Matalascañas, el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana y la playa más cercana a la capital sevillana . La tensión está asegurada en el Salón de Plenos convocado para este viernes a las 8.00 horas, en el que se debatirá la regulación de las tarifas de la nueva zona azul en Matalascañas. En caso de veto, Bella ha ordenado el inicio del cobro de tarifas este mismo viernes hasta el próximo 30 de septiembre, una medida que va camino de terminar enredándose en los tribunales.El principal grupo de la oposición, Almonte 100×100, ha anunciado que impugnará el «decretazo» de la zona azul y estudia la vía penal contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.El alcalde alega que de no empezar a cobrar por la zona azul se causaría un perjuicio a la empresa concesionariaEn su decreto, Paco Bella alega que la puesta en marcha de la zona azul no es una «nueva» carga, sino la ejecución de un contrato ya perfeccionado. El regidor sostiene que el Pleno ya aprobó en su día el Estudio de Viabilidad y los pliegos de condiciones donde se detallaban las tarifas. Por tanto, entiende que la adjudicación a la empresa Dornier S.A. supuso una «aprobación implícita» de los precios . El decreto subraya la necesidad de evitar un perjuicio económico a las arcas municipales: «La no aplicación de dicho régimen económico impediría la ejecución ordinaria del contrato y podría comprometer el equilibrio económico de la concesión […] dando lugar a reclamaciones por parte de la entidad adjudicataria por daños y perjuicios derivados de la demora».Para Bella, el inicio del servicio es un ejercicio de sus competencias de «dirección del gobierno», calificando la medida como provisional y transitoria hasta que se logre aprobar la ordenanza definitiva, algo que el propio texto reconoce que aún no ha sucedido.Informes de los funcionariosEl jefe de Patrimonio y Contratación y la secretaria general del Ayuntamiento concluyen en otro informe que la Alcaldía tiene competencia para disponer el inicio del servicio con el argumento de que, según la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde a la Administración fijar las tarifas en los pliegos. Al estar el contrato formalizado, el Consistorio tiene la obligación de garantizar su ejecución inmediata para no romper el equilibrio financiero de la empresa. Los funcionarios defienden que los pagos de los usuarios no son tasas, sino «prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias», ante la inminente temporada estival en el núcleo costero frecuentado por sevillanos.La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El portavoz de Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, ha calificado la maniobra de «chapuza administrativa» y ha anunciado que impugnarán el decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, solicitando medidas cautelares para suspender el cobro de inmediato.Posible repercusión penal«El alcalde quiere imponer la zona azul de Matalascañas por decreto, saltándose al Pleno, saltándose el procedimiento legal y saltándose a los vecinos», afirma Jiménez. «Y lo hace consciente de que la ley no se lo permite, porque su propio decreto reconoce por escrito que las tarifas tendrían que estar en una ordenanza que aún no se ha aprobado. Estamos ante algo que puede tener relevancia penal y que los tribunales tendrán que valorar».Jiménez señala que la ley estatal básica, en el artículo 20.6 del Texto Refundido de Haciendas Locales, ordena de forma taxativa que las tarifas de los servicios públicos prestados por concesión se regularán mediante ordenanza del Pleno. « No por decreto, ni por resolución del alcalde y en ningún caso de manera provisional. El alcalde lo sabe, sus servicios jurídicos lo saben, y aun así han decidido firmar un decreto que se inventa una figura, la llamada aplicación provisional, que no existe en el derecho local español».A este frente judicial se suma el conflicto social. La Asociación de Propietarios de Matalascañas se declaró en rebeldía a principios de mes, emitiendo un comunicado oficial tajante: «Si te multan, no tires el ticket y denuncia por prevaricación». Los propietarios consideran que el sistema ORA es una medida recaudatoria que carece de la seguridad jurídica necesaria para ser exigida a los ciudadanos a partir de este viernes. Con o sin decreto, la incertidumbre planea sobre el nuevo aparcamiento regulado en Matalascañas. Los tickets pagados por los usuarios podrían acabar siendo devueltos por mandato judicial, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales de Almonte.
En lo que la oposición considera una maniobra desesperada para salvar la recaudación de la nueva zona azul de Matalascañas, el alcalde de Almonte (Huelva), Paco Bella, del partido independiente Ilusiona, ha decidido imponer por decreto la puesta en marcha del servicio de estacionamiento … regulado (ORA) a partir del viernes 15 de mayo, ante el previsible rechazo a las ordenanzas fiscales en el Pleno municipal convocado el mismo día. Consciente de que no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la norma que regula las tarifas, Bella ha optado por la vía de los hechos consumados.
El pasado 5 de mayo firmó una resolución de urgencia, a la que ha tenido acceso ABC, con el objetivo de desoír el revés que el Ayuntamiento propine al gobierno local, que carece de mayoría suficiente para sacar adelante la norma. De este modo, el regidor pretende garantizarse así empezar a hacer caja con los parquímetros en Matalascañas, el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana y la playa más cercana a la capital sevillana.
La tensión está asegurada en el Salón de Plenos convocado para este viernes a las 8.00 horas, en el que se debatirá la regulación de las tarifas de la nueva zona azul en Matalascañas. En caso de veto, Bella ha ordenado el inicio del cobro de tarifas este mismo viernes hasta el próximo 30 de septiembre, una medida que va camino de terminar enredándose en los tribunales.
El principal grupo de la oposición, Almonte 100×100, ha anunciado que impugnará el «decretazo» de la zona azul y estudia la vía penal contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
El alcalde alega que de no empezar a cobrar por la zona azul se causaría un perjuicio a la empresa concesionaria
En su decreto, Paco Bella alega que la puesta en marcha de la zona azul no es una «nueva» carga, sino la ejecución de un contrato ya perfeccionado. El regidor sostiene que el Pleno ya aprobó en su día el Estudio de Viabilidad y los pliegos de condiciones donde se detallaban las tarifas. Por tanto, entiende que la adjudicación a la empresa Dornier S.A. supuso una «aprobación implícita» de los precios. El decreto subraya la necesidad de evitar un perjuicio económico a las arcas municipales: «La no aplicación de dicho régimen económico impediría la ejecución ordinaria del contrato y podría comprometer el equilibrio económico de la concesión […] dando lugar a reclamaciones por parte de la entidad adjudicataria por daños y perjuicios derivados de la demora».
Para Bella, el inicio del servicio es un ejercicio de sus competencias de «dirección del gobierno», calificando la medida como provisional y transitoria hasta que se logre aprobar la ordenanza definitiva, algo que el propio texto reconoce que aún no ha sucedido.
Informe del jefe de Contratación
El jefe de Patrimonio y Contratación, Tomás Díaz García, concluye que la Alcaldía tiene competencia para disponer el inicio del servicio con el argumento de que, según la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde a la Administración fijar las tarifas en los pliegos. Al estar el contrato formalizado, el Consistorio tiene la obligación de garantizar su ejecución inmediata para no romper el equilibrio financiero de la empresa. El funcionario defiende que los pagos de los usuarios no son tasas, sino «prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias», ante la inminente temporada estival en el núcleo costero frecuentado por sevillanos.
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El portavoz de Almonte 100×100, Miguel Ángel Jiménez, ha calificado la maniobra de «chapuza administrativa» y ha anunciado que impugnarán el decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, solicitando medidas cautelares para suspender el cobro de inmediato.
Posible repercusión penal
«El alcalde quiere imponer la zona azul de Matalascañas por decreto, saltándose al Pleno, saltándose el procedimiento legal y saltándose a los vecinos», afirma Jiménez. «Y lo hace consciente de que la ley no se lo permite, porque su propio decreto reconoce por escrito que las tarifas tendrían que estar en una ordenanza que aún no se ha aprobado. Estamos ante algo que puede tener relevancia penal y que los tribunales tendrán que valorar».
Jiménez señala que la ley estatal básica, en el artículo 20.6 del Texto Refundido de Haciendas Locales, ordena de forma taxativa que las tarifas de los servicios públicos prestados por concesión se regularán mediante ordenanza del Pleno. «No por decreto, ni por resolución del alcalde y en ningún caso de manera provisional. El alcalde lo sabe, sus servicios jurídicos lo saben, y aun así han decidido firmar un decreto que se inventa una figura, la llamada aplicación provisional, que no existe en el derecho local español».
A este frente judicial se suma el conflicto social. La Asociación de Propietarios de Matalascañas se declaró en rebeldía a principios de mes, emitiendo un comunicado oficial tajante: «Si te multan, no tires el ticket y denuncia por prevaricación». Los propietarios consideran que el sistema ORA es una medida recaudatoria que carece de la seguridad jurídica necesaria para ser exigida a los ciudadanos a partir de este viernes. Con o sin decreto, la incertidumbre planea sobre el nuevo aparcamiento regulado en Matalascañas. Los tickets pagados por los usuarios podrían acabar siendo devueltos por mandato judicial, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales de Almonte.
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