El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ultima un real decreto como respuesta a las inundaciones y mirando hacia la catástrofe del pasado octubre de 2024 que azotó con fuerza la Comunidad Valenciana y dejó más de 200 víctimas mortales. Con este borrador, que acaba de terminar el periodo de consulta pública, el Gobierno busca cambiar las reglas que afectan tanto a los terrenos en los que se planea construir como a las viviendas ya consolidadas en las áreas de riesgo. Este texto, que preocupa a las promotoras inmobiliarias, salpicaría a nuevos desarrollos proyectados en la Comunidad de Madrid, pero también a municipios como Alcalá de Henares, atravesado por el río que le da nombre y el arroyo Camarmilla; y Aranjuez, expuesto a la confluencia del Tajo y el Jarama; además del suroeste de la región, que en 2023 fue escenario de un episodio de inundaciones que se saldó con la vida de dos personas.Esta nueva norma establece restricciones en las zonas de flujo permanente (ZFP), que es como se denomina al área por la que discurre la mayor parte del caudal durante una inundación y que puede producir daños sobre personas y bienes materiales. En el caso del suelo rural en estos puntos, su recalificación queda restringida y aquellas parcelas urbanizadas no podrán albergar viviendas de ningún tipo. El sur y el este de la Comunidad son las zonas que concentran mayor extensiones. Con la línea roja puesta en este área de alto riesgo, el decreto determina también las nuevas medidas que aplicarán a los espacios con un peligro menor de inundación, recogiendo desde el veto de la transformación de garajes y sótanos en viviendas, y la obligación de reflejar en las escrituras de compraventa o de alquiler que se trata de una zona inundable. La confluencia de los ríos Tajo y Jarama abarcan tanto la huertas históricas de Aranjuez como su perímetro urbano. Mientras que los suelos rurales deben mantener esta misma situación, todas las parcelas vacantes y urbanizables situadas en esta zona de alta afectación no podrán obtener licencia para la construcción de nuevos edificios residenciales. El casco histórico de este municipio o la manzana residencial ubicada junto al arroyo Ontígola, según se puede comprobar en el visor cartográfico de zonas inundables del ministerio de Transición Ecológica, estarían expuestas a las nuevas medidas, de aprobarse el real decreto, al ubicarse en espacios de riesgo, pero a un nivel inferior. En este caso, la norma del Gobierno contempla un veto a la creación de nuevas viviendas en semisótanos o sótanos y se permiten edificaciones exigiendo que estos inmuebles estén a al menos un metro por encima de la cota de la avenida.Al igual que este municipio del sur de la región, en el caso de Alcalá de Henares, el nuevo real decreto podría afectar tanto a barrios residenciales como a los solares vacantes en suelo urbanizable. En las zonas de El Chorrillo y San Isidro –entre otras– se podrán levantar viviendas en las parcelas disponibles siempre y cuando no coincidan con el área de alto riesgo, algo que sí que sucede en Isla del Colegio. El principal impacto para los propietarios de estos bloques en zona urbana también será la obligación de reflejar el riesgo en la nota simple del Registro de la Propiedad en caso de venta o alquiler, además de que las comunidades de vecinos deberán adaptar sus garajes. Los promotores consideran que «recurre a prohibiciones generales sin justificar por qué no pueden permitirse soluciones técnicas seguras»Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la norma recurre «a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos». El director general de esta asociación, Jorge Ginés, señala además que el texto deja «dudas importantes» sobre cómo deberían intervenir en un edificio existente y qué condiciones concretas resultarán exigibles: «Una norma destinada a mejorar la seguridad debería precisamente facilitar las intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad de los edificios, no dificultarlas». Plantean también que la obligación de elevar los nuevos usos residenciales un metro sobre la cota de inundación terminaría afectando a rasantes, alturas máximas, accesibilidad y número de plantas, «reduciendo el aprovechamiento real de muchos proyectos», incide Ginés. Tampoco ven «claridad» en qué instrumentos de planeamiento ni qué grado de ordenación son suficientes para quedar amparados por el régimen transitorio. El promotor puede encontrarse ante obligaciones difíciles de cumplir de forma simultánea. «Si el planeamiento exige una dotación mínima de aparcamiento y la norma impide construir bajo rasante, esas plazas tendrán que ubicarse en superficie. Sin una modificación paralela de las normas municipales que aumente la edificabilidad, la ocupación o las alturas permitidas, el resultado es la inviabilidad de la promoción», remarcan.Otra de las cuestiones que preocupa especialmente a los promotores en la región es el posible bloqueo al que quedarían ámbitos cuyo planeamiento no está aprobado definitivamente. «Dejaría fuera a muchos desarrollos con iniciativa urbanística presentada o con aprobación únicamente inicial», considera el director general de Asprima. Tanto en la capital como en otros puntos de la región se están llevando a cabo grandes desarrollos residenciales que responden al problema de la vivienda. Paralización del urbanismoLa pasada semana, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el proyecto de reparcelación del que está llamado a ser el mayor desarrollo residencial y urbanístico de Europa, Valdecarros (distrito de Villa de Vallecas). Este proyecto linda, en el descenso hacia Perales del Río y la confluencia con el arroyo Culebro y la vega del río Manzanares, con una zona marcada como de flujo preferente. Sin embargo, no llegaría a afectar directamente a algunas de las más de 50.000 viviendas planeadas. Si se diera el caso, como puede suceder con nuevos desarrollos puestos en marcha en otras zonas de la región con riesgo de inundación, la junta de compensación tendría que reordenar el proyecto, ya que no sería posible la construcción de edificios residenciales. El real decreto propuesto por el ministerio de Sara Aagesen afecta al parque edificado actual, a los proyectos en marcha y al suelo con planeamiento vigente. «Si nuestra interpretación es correcta, puede bloquear rehabilitaciones, sustituciones de edificios antiguos y cambios de uso a residencial, aunque reduzcan el riesgo actual. Deja fuera además situaciones reales como licencias solicitadas, urbanizaciones iniciadas o reparcelaciones aprobadas», advierten desde Asprima. Para Ginés, esta norma «recurre a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos», llevando así a una «paralización del urbanismo». «Apoyamos plenamente la reducción de los riesgos que amenazan la vida de las personas y los bienes. Precisamente, por eso pedimos que se evalúe qué mejora de seguridad aporta cada medida, qué alternativas existen y qué consecuencias tendrá sobre la vivienda», inciden desde esta asociación que ha planteado alegaciones tanto técnicas como una enmienda a la totalidad del borrador. Proponen trabajar en un nuevo texto mediante una comisión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con participación de las comunidades autónomas, y el sector privado, representado por la asociación de Promotores Constructores de España y Asprima. Su objetivo es crear una regulación que reduzca el riesgo, pero que también «aporte seguridad jurídica y permita construir y renovar viviendas allí donde pueda hacerse con garantías». El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ultima un real decreto como respuesta a las inundaciones y mirando hacia la catástrofe del pasado octubre de 2024 que azotó con fuerza la Comunidad Valenciana y dejó más de 200 víctimas mortales. Con este borrador, que acaba de terminar el periodo de consulta pública, el Gobierno busca cambiar las reglas que afectan tanto a los terrenos en los que se planea construir como a las viviendas ya consolidadas en las áreas de riesgo. Este texto, que preocupa a las promotoras inmobiliarias, salpicaría a nuevos desarrollos proyectados en la Comunidad de Madrid, pero también a municipios como Alcalá de Henares, atravesado por el río que le da nombre y el arroyo Camarmilla; y Aranjuez, expuesto a la confluencia del Tajo y el Jarama; además del suroeste de la región, que en 2023 fue escenario de un episodio de inundaciones que se saldó con la vida de dos personas.Esta nueva norma establece restricciones en las zonas de flujo permanente (ZFP), que es como se denomina al área por la que discurre la mayor parte del caudal durante una inundación y que puede producir daños sobre personas y bienes materiales. En el caso del suelo rural en estos puntos, su recalificación queda restringida y aquellas parcelas urbanizadas no podrán albergar viviendas de ningún tipo. El sur y el este de la Comunidad son las zonas que concentran mayor extensiones. Con la línea roja puesta en este área de alto riesgo, el decreto determina también las nuevas medidas que aplicarán a los espacios con un peligro menor de inundación, recogiendo desde el veto de la transformación de garajes y sótanos en viviendas, y la obligación de reflejar en las escrituras de compraventa o de alquiler que se trata de una zona inundable. La confluencia de los ríos Tajo y Jarama abarcan tanto la huertas históricas de Aranjuez como su perímetro urbano. Mientras que los suelos rurales deben mantener esta misma situación, todas las parcelas vacantes y urbanizables situadas en esta zona de alta afectación no podrán obtener licencia para la construcción de nuevos edificios residenciales. El casco histórico de este municipio o la manzana residencial ubicada junto al arroyo Ontígola, según se puede comprobar en el visor cartográfico de zonas inundables del ministerio de Transición Ecológica, estarían expuestas a las nuevas medidas, de aprobarse el real decreto, al ubicarse en espacios de riesgo, pero a un nivel inferior. En este caso, la norma del Gobierno contempla un veto a la creación de nuevas viviendas en semisótanos o sótanos y se permiten edificaciones exigiendo que estos inmuebles estén a al menos un metro por encima de la cota de la avenida.Al igual que este municipio del sur de la región, en el caso de Alcalá de Henares, el nuevo real decreto podría afectar tanto a barrios residenciales como a los solares vacantes en suelo urbanizable. En las zonas de El Chorrillo y San Isidro –entre otras– se podrán levantar viviendas en las parcelas disponibles siempre y cuando no coincidan con el área de alto riesgo, algo que sí que sucede en Isla del Colegio. El principal impacto para los propietarios de estos bloques en zona urbana también será la obligación de reflejar el riesgo en la nota simple del Registro de la Propiedad en caso de venta o alquiler, además de que las comunidades de vecinos deberán adaptar sus garajes. Los promotores consideran que «recurre a prohibiciones generales sin justificar por qué no pueden permitirse soluciones técnicas seguras»Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la norma recurre «a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos». El director general de esta asociación, Jorge Ginés, señala además que el texto deja «dudas importantes» sobre cómo deberían intervenir en un edificio existente y qué condiciones concretas resultarán exigibles: «Una norma destinada a mejorar la seguridad debería precisamente facilitar las intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad de los edificios, no dificultarlas». Plantean también que la obligación de elevar los nuevos usos residenciales un metro sobre la cota de inundación terminaría afectando a rasantes, alturas máximas, accesibilidad y número de plantas, «reduciendo el aprovechamiento real de muchos proyectos», incide Ginés. Tampoco ven «claridad» en qué instrumentos de planeamiento ni qué grado de ordenación son suficientes para quedar amparados por el régimen transitorio. El promotor puede encontrarse ante obligaciones difíciles de cumplir de forma simultánea. «Si el planeamiento exige una dotación mínima de aparcamiento y la norma impide construir bajo rasante, esas plazas tendrán que ubicarse en superficie. Sin una modificación paralela de las normas municipales que aumente la edificabilidad, la ocupación o las alturas permitidas, el resultado es la inviabilidad de la promoción», remarcan.Otra de las cuestiones que preocupa especialmente a los promotores en la región es el posible bloqueo al que quedarían ámbitos cuyo planeamiento no está aprobado definitivamente. «Dejaría fuera a muchos desarrollos con iniciativa urbanística presentada o con aprobación únicamente inicial», considera el director general de Asprima. Tanto en la capital como en otros puntos de la región se están llevando a cabo grandes desarrollos residenciales que responden al problema de la vivienda. Paralización del urbanismoLa pasada semana, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el proyecto de reparcelación del que está llamado a ser el mayor desarrollo residencial y urbanístico de Europa, Valdecarros (distrito de Villa de Vallecas). Este proyecto linda, en el descenso hacia Perales del Río y la confluencia con el arroyo Culebro y la vega del río Manzanares, con una zona marcada como de flujo preferente. Sin embargo, no llegaría a afectar directamente a algunas de las más de 50.000 viviendas planeadas. Si se diera el caso, como puede suceder con nuevos desarrollos puestos en marcha en otras zonas de la región con riesgo de inundación, la junta de compensación tendría que reordenar el proyecto, ya que no sería posible la construcción de edificios residenciales. El real decreto propuesto por el ministerio de Sara Aagesen afecta al parque edificado actual, a los proyectos en marcha y al suelo con planeamiento vigente. «Si nuestra interpretación es correcta, puede bloquear rehabilitaciones, sustituciones de edificios antiguos y cambios de uso a residencial, aunque reduzcan el riesgo actual. Deja fuera además situaciones reales como licencias solicitadas, urbanizaciones iniciadas o reparcelaciones aprobadas», advierten desde Asprima. Para Ginés, esta norma «recurre a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos», llevando así a una «paralización del urbanismo». «Apoyamos plenamente la reducción de los riesgos que amenazan la vida de las personas y los bienes. Precisamente, por eso pedimos que se evalúe qué mejora de seguridad aporta cada medida, qué alternativas existen y qué consecuencias tendrá sobre la vivienda», inciden desde esta asociación que ha planteado alegaciones tanto técnicas como una enmienda a la totalidad del borrador. Proponen trabajar en un nuevo texto mediante una comisión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con participación de las comunidades autónomas, y el sector privado, representado por la asociación de Promotores Constructores de España y Asprima. Su objetivo es crear una regulación que reduzca el riesgo, pero que también «aporte seguridad jurídica y permita construir y renovar viviendas allí donde pueda hacerse con garantías».
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ultima un real decreto como respuesta a las inundaciones y mirando hacia la catástrofe del pasado octubre de 2024 que azotó con fuerza la Comunidad Valenciana y dejó más de 200 víctimas mortales. Con este borrador, … que acaba de terminar el periodo de consulta pública, el Gobierno busca cambiar las reglas que afectan tanto a los terrenos en los que se planea construir como a las viviendas ya consolidadas en las áreas de riesgo. Este texto, que preocupa a las promotoras inmobiliarias, salpicaría a nuevos desarrollos proyectados en la Comunidad de Madrid, pero también a municipios como Alcalá de Henares, atravesado por el río que le da nombre y el arroyo Camarmilla; y Aranjuez, expuesto a la confluencia del Tajo y el Jarama; además del suroeste de la región, que en 2023 fue escenario de un episodio de inundaciones que se saldó con la vida de dos personas.
Esta nueva norma establece restricciones en las zonas de flujo permanente (ZFP), que es como se denomina al área por la que discurre la mayor parte del caudal durante una inundación y que puede producir daños sobre personas y bienes materiales. En el caso del suelo rural en estos puntos, su recalificación queda restringida y aquellas parcelas urbanizadas no podrán albergar viviendas de ningún tipo. El sur y el este de la Comunidad son las zonas que concentran mayor extensiones. Con la línea roja puesta en este área de alto riesgo, el decreto determina también las nuevas medidas que aplicarán a los espacios con un peligro menor de inundación, recogiendo desde el veto de la transformación de garajes y sótanos en viviendas, y la obligación de reflejar en las escrituras de compraventa o de alquiler que se trata de una zona inundable.
La confluencia de los ríos Tajo y Jarama abarcan tanto la huertas históricas de Aranjuez como su perímetro urbano. Mientras que los suelos rurales deben mantener esta misma situación, todas las parcelas vacantes y urbanizables situadas en esta zona de alta afectación no podrán obtener licencia para la construcción de nuevos edificios residenciales. El casco histórico de este municipio o la manzana residencial ubicada junto al arroyo Ontígola, según se puede comprobar en el visor cartográfico de zonas inundables del ministerio de Transición Ecológica, estarían expuestas a las nuevas medidas, de aprobarse el real decreto, al ubicarse en espacios de riesgo, pero a un nivel inferior. En este caso, la norma del Gobierno contempla un veto a la creación de nuevas viviendas en semisótanos o sótanos y se permiten edificaciones exigiendo que estos inmuebles estén a al menos un metro por encima de la cota de la avenida.
Noticia relacionada
Al igual que este municipio del sur de la región, en el caso de Alcalá de Henares, el nuevo real decreto podría afectar tanto a barrios residenciales como a los solares vacantes en suelo urbanizable. En las zonas de El Chorrillo y San Isidro –entre otras– se podrán levantar viviendas en las parcelas disponibles siempre y cuando no coincidan con el área de alto riesgo, algo que sí que sucede en Isla del Colegio. El principal impacto para los propietarios de estos bloques en zona urbana también será la obligación de reflejar el riesgo en la nota simple del Registro de la Propiedad en caso de venta o alquiler, además de que las comunidades de vecinos deberán adaptar sus garajes.
Los promotores consideran que «recurre a prohibiciones generales sin justificar por qué no pueden permitirse soluciones técnicas seguras»
Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la norma recurre «a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos». El director general de esta asociación, Jorge Ginés, señala además que el texto deja «dudas importantes» sobre cómo deberían intervenir en un edificio existente y qué condiciones concretas resultarán exigibles: «Una norma destinada a mejorar la seguridad debería precisamente facilitar las intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad de los edificios, no dificultarlas».
Plantean también que la obligación de elevar los nuevos usos residenciales un metro sobre la cota de inundación terminaría afectando a rasantes, alturas máximas, accesibilidad y número de plantas, «reduciendo el aprovechamiento real de muchos proyectos», incide Ginés. Tampoco ven «claridad» en qué instrumentos de planeamiento ni qué grado de ordenación son suficientes para quedar amparados por el régimen transitorio.
Newsletter
El promotor puede encontrarse ante obligaciones difíciles de cumplir de forma simultánea. «Si el planeamiento exige una dotación mínima de aparcamiento y la norma impide construir bajo rasante, esas plazas tendrán que ubicarse en superficie. Sin una modificación paralela de las normas municipales que aumente la edificabilidad, la ocupación o las alturas permitidas, el resultado es la inviabilidad de la promoción», remarcan.
Zonas urbanas con
peligro de inundación
en la Comunidad de Madrid
El Ministerio para la Transición Ecológica tramita una nueva normativa sobre zonas inundables que podría afectar al este de la Comunidad de Madrid, con especial impacto en Alcalá de Henares, Aranjuez y los nuevos desarrollos del sur.
Riesgo de inundación fluvial
Uso de suelo urbano
Vacante
Ocupado
ZONA AMPLIADA
ALCALÁ DE
HENARES
MADRID
VALDECARROS
ARANJUEZ
VALDECARROS
El límite sur y suroeste colinda con la vega del río Manzanares y su confluencia con el Jarama. Aunque la medida no afectará a las viviendas planificadas, la ubicación requerirá un mayor control preventivo en situaciones de riesgo.
VILLA DE VALLECAS
VILLAVERDE
Butarque
Valdecarros
Perales
del Río
GETAFE
ALCALÁ DE HENARES
Las zonas de suelo urbanizado afectadas no podrán ampliar garajes ni sótanos, y se prohibirá recalificar su uso a residencial. Asimismo, la condición de zona inundable deberá constar explícitamente en las escrituras públicas de compraventa.
Espartales
El Chorrillo
ARANJUEZ
Las nuevas construcciones en parcelas vacantes afectadas tendrán prohibida la edificación bajo rasante, lo que elimina la posibilidad de construir garajes o sótanos. Además, las viviendas deberán elevarse al menos un metro sobre la cota de la avenida.
Río Tajo
Jardín
del Príncipe
Estación
Fuente:IDEM (Comunidad de Madrid) y MITECO/
ABC / J. Torres
Zonas urbanas con peligro de inundación
en la Comunidad de Madrid
El Ministerio para la Transición Ecológica tramita una nueva normativa sobre zonas inundables que podría afectar al este de la Comunidad de Madrid, con especial impacto en Alcalá de Henares, Aranjuez y los nuevos desarrollos del sur.
Riesgo de inundación fluvial
Uso de suelo urbano
Vacante
Ocupado
ZONA AMPLIADA
ALCALÁ DE
HENARES
MADRID
VALDECARROS
ARANJUEZ
VALDECARROS
El límite sur y suroeste colinda con la vega del río Manzanares y su confluencia con el Jarama. Aunque la medida no afectará a las viviendas planificadas, la ubicación requerirá un mayor control preventivo en situaciones de riesgo.
VILLA DE VALLECAS
VILLAVERDE
Valdecarros
Butarque
Perales
del Río
GETAFE
ALCALÁ DE HENARES
Las zonas de suelo urbanizado afectadas no podrán ampliar garajes ni sótanos, y se prohibirá recalificar su uso a residencial. Asimismo, la condición de zona inundable deberá constar explícitamente en las escrituras públicas de compraventa.
Espartales
El Chorrillo
ARANJUEZ
Las nuevas construcciones en parcelas vacantes afectadas tendrán prohibida la edificación bajo rasante, lo que elimina la posibilidad de construir garajes o sótanos. Además, las viviendas deberán elevarse al menos un metro sobre la cota de la avenida.
Río Tajo
Jardín del Príncipe
Estación
Fuente:IDEM (Comunidad de Madrid) y MITECO/ ABC / J. Torres
Otra de las cuestiones que preocupa especialmente a los promotores en la región es el posible bloqueo al que quedarían ámbitos cuyo planeamiento no está aprobado definitivamente. «Dejaría fuera a muchos desarrollos con iniciativa urbanística presentada o con aprobación únicamente inicial», considera el director general de Asprima. Tanto en la capital como en otros puntos de la región se están llevando a cabo grandes desarrollos residenciales que responden al problema de la vivienda.
Paralización del urbanismo
La pasada semana, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el proyecto de reparcelación del que está llamado a ser el mayor desarrollo residencial y urbanístico de Europa, Valdecarros (distrito de Villa de Vallecas). Este proyecto linda, en el descenso hacia Perales del Río y la confluencia con el arroyo Culebro y la vega del río Manzanares, con una zona marcada como de flujo preferente. Sin embargo, no llegaría a afectar directamente a algunas de las más de 50.000 viviendas planeadas. Si se diera el caso, como puede suceder con nuevos desarrollos puestos en marcha en otras zonas de la región con riesgo de inundación, la junta de compensación tendría que reordenar el proyecto, ya que no sería posible la construcción de edificios residenciales.
El real decreto propuesto por el ministerio de Sara Aagesen afecta al parque edificado actual, a los proyectos en marcha y al suelo con planeamiento vigente. «Si nuestra interpretación es correcta, puede bloquear rehabilitaciones, sustituciones de edificios antiguos y cambios de uso a residencial, aunque reduzcan el riesgo actual. Deja fuera además situaciones reales como licencias solicitadas, urbanizaciones iniciadas o reparcelaciones aprobadas», advierten desde Asprima. Para Ginés, esta norma «recurre a prohibiciones generales sin justificar suficientemente por qué no pueden admitirse soluciones técnicas seguras en determinados casos», llevando así a una «paralización del urbanismo».
«Apoyamos plenamente la reducción de los riesgos que amenazan la vida de las personas y los bienes. Precisamente, por eso pedimos que se evalúe qué mejora de seguridad aporta cada medida, qué alternativas existen y qué consecuencias tendrá sobre la vivienda», inciden desde esta asociación que ha planteado alegaciones tanto técnicas como una enmienda a la totalidad del borrador.
Proponen trabajar en un nuevo texto mediante una comisión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con participación de las comunidades autónomas, y el sector privado, representado por la asociación de Promotores Constructores de España y Asprima. Su objetivo es crear una regulación que reduzca el riesgo, pero que también «aporte seguridad jurídica y permita construir y renovar viviendas allí donde pueda hacerse con garantías».
RSS de noticias de espana
