La catástrofe humana provocada por el terremoto del 24 de junio comienza a derivar en un escenario de confrontación social. Bajo el argumento de mantener el “silencio acústico” necesario para las labores de rescate y bajo estrictas “recomendaciones sanitarias”, el Gobierno venezolano ha desplegado un cerco sobre el estado La Guaira, tratando de asumir el control de los flujos de información y restringiendo de forma drástica el libre ejercicio de la prensa.
El Gobierno instaura un cerco en el estado de La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto del 24 de junio, para intentar controlar el flujo informativo y el movimiento de los operativos de rescate
La catástrofe humana provocada por el terremoto del 24 de junio comienza a derivar en un escenario de confrontación social. Bajo el argumento de mantener el “silencio acústico” necesario para las labores de rescate y bajo estrictas “recomendaciones sanitarias”, el Gobierno venezolano ha desplegado un cerco sobre el estado La Guaira, tratando de asumir el control de los flujos de información y restringiendo de forma drástica el libre ejercicio de la prensa.
El Ministerio de Comunicación e Información (Minci) ordenó la suspensión total del traslado y acceso de corresponsales internacionales hacia las áreas más afectadas de la costa por un lapso de 48 horas. Esta restricción coronó una semana de trabas progresivas. Días antes, el Ejecutivo ya había implementado un registro obligatorio y un mecanismo de transporte para los corresponsales internacionales, forzando a los reporteros a someterse a un cupo rígido de apenas 90 puestos diarios en autobuses gubernamentales debidamente escoltados.
Aquellos periodistas que han intentado sortear estos canales oficiales para documentar la magnitud real del colapso se topan con el laberinto burocrático y militar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alzó la voz contra la decisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de suspender los traslados de corresponsales a La Guaira.
“Impedir el reporte en el terreno no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas”, señala un comunicado del organismo gremial donde se solidariza con los corresponsales y enviados especiales de medios extranjeros que en muchos casos han optado por trasladarse a la zona de la tragedia por sus propios medios.
En los puntos de control instalados en las autopistas que conectan Caracas con el litoral central y en las calles de La Guaira, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana exigen salvoconductos especiales y acreditaciones del Minci, reteniendo a los vehículos de prensa bajo la consigna de cumplir “órdenes superiores”.
El Gobierno ha impuesto restricciones al trabajo de los periodistas, incluida la prensa extranejera acreditada
La prioridad del palacio presidencial venezolano no parece centrarse únicamente en la logística de salvamento, sino en la contención del daño a la narrativa oficial y la difusión de imágenes de hospitales colapsados, la carencia extrema de bienes y víveres y la precariedad de los refugios temporales improvisados, a los que se ha negado el ingreso de los periodistas.
En la necesidad de priorizar el control de la narrativa, incluso los rescatistas internacionales han sido conminados a declarar en favor del Ejecutivo venezolano. “Una muchacha de una televisión local llegó y me dijo que lo que tenía que decir que tenía que agradecer a su presidenta. Mira, mija, tengo 80 años y no me vas a venir a decir qué decir. No eres mi jefa. Yo no soy político, soy rescatista”, expresó Héctor Méndez, un miembro del operativo mexicano conocido como el “topo mayor”, que llegó a Venezuela el pasado viernes junto a otro grupo de voluntarios.
El despliegue militar de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) no solo ha chocado contra la cobertura internacional de la tragedia, en las zonas afectadas del Litoral Central Venezolano y áreas de la capital afectadas por el doble terremoto. La tensión entre los uniformados, los voluntarios que llegan a ayudar y la ciudadanía civil se eleva con el paso de las horas y no siempre los uniformados han logrado mantener el control.
Familiares de las víctimas desafían las prohibiciones y los controles impuestos
Familias de las víctimas, desesperadas ante lo que denuncian como lentitud e ineficiencia de los convoyes de rescate estatales, han decidido desafiar de manera frontal las prohibiciones de tránsito y los cordones de seguridad impuestos por el Estado. Hombres y mujeres, equipados con herramientas rudimentarias, desafían las órdenes del Estado y burlan las barricadas militares para internarse en las zonas catalogadas como “restringidas” o “inseguras” por las fuerzas militares.
El desafío ciudadano se ha traducido también en reclamos constantes en los márgenes de los perímetros militares y denuncias de militares que han sido vistos robando en inmuebles destruidos en el área de desastre. Los habitantes hacen vigilia, exigen que se les permita cooperar con las brigadas de rescate voluntarias y denuncian la confiscación de donaciones de alimentos y medicinas recolectadas por organizaciones eclesiásticas y vecinales, las cuales el Gobierno intenta centralizar bajo sus estructuras de distribución.
La prioridad del palacio presidencial es evitar la difusión de imágenes de escasez general y de hospitales destruidos
Mientras las réplicas geológicas disminuyen paulatinamente su intensidad, el sismo político y social en Venezuela apenas comienza. El rescatista chileno Francisco Lermanda, con más de 20 años de experiencia en asistencia en tragedias naturales de todo el continente, critica el enfoque que prioriza el control territorial y la narrativa política por encima de la protección de la vida. “Los países suelen cometer el error de politizar y militarizar la gestión de la crisis y “las decisiones terminan siendo tomadas por quien tiene “más estrellas en su gorra” o “el arma más grande”.
Internacional