El Congreso de los Diputados echó el cierre por vacaciones este jueves dejando tras de sí un retrato fiel de la extrema debilidad que atenaza a la cada vez más caduca legislatura. Ahora que sus señorías hacen las maletas para iniciar el parón estival tras el último pleno extraordinario del curso político, abandonan un hemiciclo sumido en un bloqueo infinito. Las cifras de proyectos de ley paralizados en las ampliaciones de enmiendas sistemáticas que arrojan los registros de la Cámara Baja son insólitas en la historia de la democracia.Hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene bloqueados de forma deliberada un total de 77 proyectos de ley, según los datos recabados por ABC. Este inédito volumen de normas varadas supone, a efectos prácticos, dedicar muchos más esfuerzos y energías a esquivar derrotas parlamentarias que a gobernar y legislar. Se trata de un blindaje institucional que en las filas del Partido Popular ya bautizaron en su día de forma irónica como el «congelador Armengol», también en alusión a las múltiples iniciativas del Senado y la oposición que se encuentran en la misma situación.La debilidad del Gobierno de coalición tras el divorcio con Junts el pasado octubre es evidente. El pánico a perder votaciones ha convertido la Mesa del Congreso —órgano rector de la Cámara Baja controlado por las formaciones que conforman el Ejecutivo— en un auténtico búnker de contención política. Conscientes de que cada texto legislativo que continúa su tramitación corre el serio riesgo de ser reescrito, desvirtuado o tumbado por las inasumibles exigencias de las formaciones nacionalistas, el Gobierno ha perfeccionado hasta el extremo la táctica de la hibernación. El mecanismo legal para lograrlo es tan sencillo como prorrogar indefinidamente y de manera sistemática el trámite de presentación de enmiendas. Si la ley no avanza, no hay debate. Y si no hay debate, el Gobierno se ahorra el altísimo precio de ceder ante el independentismo o la humillación pública de ver decaer sus medidas en el panel de votaciones.En ese ‘congelador’ parlamentario languidecen hoy proyectos de un enorme calado político que en su día fueron vendidos como estrellas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Si bien las ampliaciones de los plazos de enmiendas han sido una práctica habitual durante años para afinar los textos, bajo la presidencia de Francina Armengol esta artimaña se ha llevado a otro nivel, lo que ha desvirtuado por completo la propia razón de ser de la Cámara Baja.El caso más significativo de este bloqueo lo protagoniza el Proyecto de Ley de Familias, que permanece sepultado bajo 91 ampliaciones consecutivas y que es herencia de la anterior legislatura. Le sigue muy de cerca la norma destinada a blindar la Universalidad del Sistema Nacional de Salud, inmovilizada en la Mesa de la Cámara Baja con 78 prórrogas de manera ininterrumpida desde junio de 2024. Tampoco logra escapar de este secuestro la reforma del subsidio por desempleo —aprobada por la vía urgente con un real decreto ley, pero tramitada, como tantos otros, como un proyecto de ley—, que ya acumula 74 aplazamientos.Esta huida hacia adelante ha terminado por generar estampas que rozan el absurdo. En los registros del Congreso sigue figurando como oficialmente «en tramitación» un proyecto de ley concebido para regular las bonificaciones del transporte público para los jóvenes «en el periodo estival de 2024». Esta norma suma ya 74 ampliaciones de enmiendas, según los recuentos efectuados por este diario. Aquellos viajes de tren y autobús ya se realizaron, los billetes se cobraron en su momento con su respectivo descuento y la medida caducó hace ya dos veranos. De hecho, en los dos veranos siguientes se han aprobado normas con el mismo espíritu.’Leyes zombi’Sin embargo, el laberinto no termina cuando la Mesa decide, por fin, cerrar el grifo de las enmiendas. Existen más estrategias para congelar los proyectos de ley. Una de ellas son las conocidas como ‘leyes zombi’, proyectos que, en un momento dado, lograron sortear con éxito el filtro inicial, pero que han terminado muriendo en las comisiones parlamentarias. Existen expedientes que llevan habitando en este limbo desde los meses de octubre o diciembre de 2024, sin que las comisiones lleguen tan siquiera a convocar las ponencias encargadas de redactar los correspondientes informes técnicos. Son iniciativas vivas, pero que políticamente se consideran muertas.Este afán por rehuir a las votaciones de la Cámara Baja esconde también una de las tácticas más recurrentes de la presente legislatura para llevar a cabo sus iniciativas: el uso del real decreto ley . Para evitar que medidas clave de la Moncloa decayesen a las primeras de cambio, el Gobierno ha aprobado leyes de máxima urgencia prometiendo a sus socios que las iba a tramitar de forma posterior como proyectos de ley para garantizar a sus aliados la posibilidad de introducir enmiendas y cambios en su articulado. No obstante, una vez convalidada la urgencia y publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo ha traicionado su propia promesa y ha remitido los textos al bucle sistemático de la extensión del plazo para registrar enmiendas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los decretos leyes impulsados con medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto bélico en Ucrania y los vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación y los fondos europeos.El mayor bloqueo de la democraciaEl mayor riesgo de esta parálisis legislativa es que las leyes acaben caducando. El Reglamento establece que todo proyecto de ley muere de forma automática con la disolución de las Cortes Generales y la pertinente convocatoria de elecciones. El volumen de normas que quedan sin aprobar ha ido creciendo en las últimas legislaturas, pero con Pedro Sánchez instalado en el Palacio de la Moncloa las cifras se han disparado hasta batir registros históricos.Si se echa la vista atrás, durante el mandato con mayoría absoluta de Mariano Rajoy (2011-2016), apenas caducaron dos proyectos de ley al disolverse las Cortes, uno tras cinco meses estancado en enmiendas y otro atrapado un año en la fase de ponencia. En la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), la cifra fue de ocho textos decaídos. En la legislatura posterior (2008-2011), profundamente marcada por la crisis económica, los expedientes que acabaron en la papelera ascendieron a 26. Por su parte, en la convulsa etapa que transcurrió de 2016 a 2019, marcada de forma abrupta por el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez al poder en junio de 2018, fueron 29 las leyes sepultadas.Sin embargo, el primer ensayo del actual formato de gobierno de coalición (2019-2023) dejó a su paso 61 proyectos de ley caducados por la disolución de las Cortes tras la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. De todo ese volumen, hasta 24 textos caducaron precisamente en la fase de enmiendas. Otros 19 de aquella etapa murieron en la fase de informe, donde destacan tres normas vinculadas a la gestión de la pandemia del Covid-19 que llegaron a estar empantanadas hasta dos años. A la vuelta del mes de septiembre, el panorama de la actividad parlamentaria no promete ser más favorable. El presidente del Ejecutivo despide así el curso político, con el freno de mano echado y en su puesto asediado por casos de corrupción contra su partido y su familia. El ‘congelador Armengol’ ha dejado de ser una simple anomalía para convertirse, hoy por hoy, en el único salvavidas de supervivencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados echó el cierre por vacaciones este jueves dejando tras de sí un retrato fiel de la extrema debilidad que atenaza a la cada vez más caduca legislatura. Ahora que sus señorías hacen las maletas para iniciar el parón estival tras el último pleno extraordinario del curso político, abandonan un hemiciclo sumido en un bloqueo infinito. Las cifras de proyectos de ley paralizados en las ampliaciones de enmiendas sistemáticas que arrojan los registros de la Cámara Baja son insólitas en la historia de la democracia.Hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene bloqueados de forma deliberada un total de 77 proyectos de ley, según los datos recabados por ABC. Este inédito volumen de normas varadas supone, a efectos prácticos, dedicar muchos más esfuerzos y energías a esquivar derrotas parlamentarias que a gobernar y legislar. Se trata de un blindaje institucional que en las filas del Partido Popular ya bautizaron en su día de forma irónica como el «congelador Armengol», también en alusión a las múltiples iniciativas del Senado y la oposición que se encuentran en la misma situación.La debilidad del Gobierno de coalición tras el divorcio con Junts el pasado octubre es evidente. El pánico a perder votaciones ha convertido la Mesa del Congreso —órgano rector de la Cámara Baja controlado por las formaciones que conforman el Ejecutivo— en un auténtico búnker de contención política. Conscientes de que cada texto legislativo que continúa su tramitación corre el serio riesgo de ser reescrito, desvirtuado o tumbado por las inasumibles exigencias de las formaciones nacionalistas, el Gobierno ha perfeccionado hasta el extremo la táctica de la hibernación. El mecanismo legal para lograrlo es tan sencillo como prorrogar indefinidamente y de manera sistemática el trámite de presentación de enmiendas. Si la ley no avanza, no hay debate. Y si no hay debate, el Gobierno se ahorra el altísimo precio de ceder ante el independentismo o la humillación pública de ver decaer sus medidas en el panel de votaciones.En ese ‘congelador’ parlamentario languidecen hoy proyectos de un enorme calado político que en su día fueron vendidos como estrellas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Si bien las ampliaciones de los plazos de enmiendas han sido una práctica habitual durante años para afinar los textos, bajo la presidencia de Francina Armengol esta artimaña se ha llevado a otro nivel, lo que ha desvirtuado por completo la propia razón de ser de la Cámara Baja.El caso más significativo de este bloqueo lo protagoniza el Proyecto de Ley de Familias, que permanece sepultado bajo 91 ampliaciones consecutivas y que es herencia de la anterior legislatura. Le sigue muy de cerca la norma destinada a blindar la Universalidad del Sistema Nacional de Salud, inmovilizada en la Mesa de la Cámara Baja con 78 prórrogas de manera ininterrumpida desde junio de 2024. Tampoco logra escapar de este secuestro la reforma del subsidio por desempleo —aprobada por la vía urgente con un real decreto ley, pero tramitada, como tantos otros, como un proyecto de ley—, que ya acumula 74 aplazamientos.Esta huida hacia adelante ha terminado por generar estampas que rozan el absurdo. En los registros del Congreso sigue figurando como oficialmente «en tramitación» un proyecto de ley concebido para regular las bonificaciones del transporte público para los jóvenes «en el periodo estival de 2024». Esta norma suma ya 74 ampliaciones de enmiendas, según los recuentos efectuados por este diario. Aquellos viajes de tren y autobús ya se realizaron, los billetes se cobraron en su momento con su respectivo descuento y la medida caducó hace ya dos veranos. De hecho, en los dos veranos siguientes se han aprobado normas con el mismo espíritu.’Leyes zombi’Sin embargo, el laberinto no termina cuando la Mesa decide, por fin, cerrar el grifo de las enmiendas. Existen más estrategias para congelar los proyectos de ley. Una de ellas son las conocidas como ‘leyes zombi’, proyectos que, en un momento dado, lograron sortear con éxito el filtro inicial, pero que han terminado muriendo en las comisiones parlamentarias. Existen expedientes que llevan habitando en este limbo desde los meses de octubre o diciembre de 2024, sin que las comisiones lleguen tan siquiera a convocar las ponencias encargadas de redactar los correspondientes informes técnicos. Son iniciativas vivas, pero que políticamente se consideran muertas.Este afán por rehuir a las votaciones de la Cámara Baja esconde también una de las tácticas más recurrentes de la presente legislatura para llevar a cabo sus iniciativas: el uso del real decreto ley . Para evitar que medidas clave de la Moncloa decayesen a las primeras de cambio, el Gobierno ha aprobado leyes de máxima urgencia prometiendo a sus socios que las iba a tramitar de forma posterior como proyectos de ley para garantizar a sus aliados la posibilidad de introducir enmiendas y cambios en su articulado. No obstante, una vez convalidada la urgencia y publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo ha traicionado su propia promesa y ha remitido los textos al bucle sistemático de la extensión del plazo para registrar enmiendas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los decretos leyes impulsados con medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto bélico en Ucrania y los vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación y los fondos europeos.El mayor bloqueo de la democraciaEl mayor riesgo de esta parálisis legislativa es que las leyes acaben caducando. El Reglamento establece que todo proyecto de ley muere de forma automática con la disolución de las Cortes Generales y la pertinente convocatoria de elecciones. El volumen de normas que quedan sin aprobar ha ido creciendo en las últimas legislaturas, pero con Pedro Sánchez instalado en el Palacio de la Moncloa las cifras se han disparado hasta batir registros históricos.Si se echa la vista atrás, durante el mandato con mayoría absoluta de Mariano Rajoy (2011-2016), apenas caducaron dos proyectos de ley al disolverse las Cortes, uno tras cinco meses estancado en enmiendas y otro atrapado un año en la fase de ponencia. En la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), la cifra fue de ocho textos decaídos. En la legislatura posterior (2008-2011), profundamente marcada por la crisis económica, los expedientes que acabaron en la papelera ascendieron a 26. Por su parte, en la convulsa etapa que transcurrió de 2016 a 2019, marcada de forma abrupta por el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez al poder en junio de 2018, fueron 29 las leyes sepultadas.Sin embargo, el primer ensayo del actual formato de gobierno de coalición (2019-2023) dejó a su paso 61 proyectos de ley caducados por la disolución de las Cortes tras la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. De todo ese volumen, hasta 24 textos caducaron precisamente en la fase de enmiendas. Otros 19 de aquella etapa murieron en la fase de informe, donde destacan tres normas vinculadas a la gestión de la pandemia del Covid-19 que llegaron a estar empantanadas hasta dos años. A la vuelta del mes de septiembre, el panorama de la actividad parlamentaria no promete ser más favorable. El presidente del Ejecutivo despide así el curso político, con el freno de mano echado y en su puesto asediado por casos de corrupción contra su partido y su familia. El ‘congelador Armengol’ ha dejado de ser una simple anomalía para convertirse, hoy por hoy, en el único salvavidas de supervivencia del Gobierno.
El Congreso de los Diputados echó el cierre por vacaciones este jueves dejando tras de sí un retrato fiel de la extrema debilidad que atenaza a la cada vez más caduca legislatura. Ahora que sus señorías hacen las maletas para iniciar el parón estival … tras el último pleno extraordinario del curso político, abandonan un hemiciclo sumido en un bloqueo infinito. Las cifras de proyectos de ley paralizados en las ampliaciones de enmiendas sistemáticas que arrojan los registros de la Cámara Baja son insólitas en la historia de la democracia.
Hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene bloqueados de forma deliberada un total de 77 proyectos de ley, según los datos recabados por ABC. Este inédito volumen de normas varadas supone, a efectos prácticos, dedicar muchos más esfuerzos y energías a esquivar derrotas parlamentarias que a gobernar y legislar. Se trata de un blindaje institucional que en las filas del Partido Popular ya bautizaron en su día de forma irónica como el «congelador Armengol», también en alusión a las múltiples iniciativas del Senado y la oposición que se encuentran en la misma situación.
La debilidad del Gobierno de coalición tras el divorcio con Junts el pasado octubre es evidente. El pánico a perder votaciones ha convertido la Mesa del Congreso —órgano rector de la Cámara Baja controlado por las formaciones que conforman el Ejecutivo— en un auténtico búnker de contención política. Conscientes de que cada texto legislativo que continúa su tramitación corre el serio riesgo de ser reescrito, desvirtuado o tumbado por las inasumibles exigencias de las formaciones nacionalistas, el Gobierno ha perfeccionado hasta el extremo la táctica de la hibernación. El mecanismo legal para lograrlo es tan sencillo como prorrogar indefinidamente y de manera sistemática el trámite de presentación de enmiendas. Si la ley no avanza, no hay debate. Y si no hay debate, el Gobierno se ahorra el altísimo precio de ceder ante el independentismo o la humillación pública de ver decaer sus medidas en el panel de votaciones.
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Juan Casillas Bayo
En ese ‘congelador’ parlamentario languidecen hoy proyectos de un enorme calado político que en su día fueron vendidos como estrellas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Si bien las ampliaciones de los plazos de enmiendas han sido una práctica habitual durante años para afinar los textos, bajo la presidencia de Francina Armengol esta artimaña se ha llevado a otro nivel, lo que ha desvirtuado por completo la propia razón de ser de la Cámara Baja.
El caso más significativo de este bloqueo lo protagoniza el Proyecto de Ley de Familias, que permanece sepultado bajo 91 ampliaciones consecutivas y que es herencia de la anterior legislatura. Le sigue muy de cerca la norma destinada a blindar la Universalidad del Sistema Nacional de Salud, inmovilizada en la Mesa de la Cámara Baja con 78 prórrogas de manera ininterrumpida desde junio de 2024. Tampoco logra escapar de este secuestro la reforma del subsidio por desempleo —aprobada por la vía urgente con un real decreto ley, pero tramitada, como tantos otros, como un proyecto de ley—, que ya acumula 74 aplazamientos.
Esta huida hacia adelante ha terminado por generar estampas que rozan el absurdo. En los registros del Congreso sigue figurando como oficialmente «en tramitación» un proyecto de ley concebido para regular las bonificaciones del transporte público para los jóvenes «en el periodo estival de 2024». Esta norma suma ya 74 ampliaciones de enmiendas, según los recuentos efectuados por este diario. Aquellos viajes de tren y autobús ya se realizaron, los billetes se cobraron en su momento con su respectivo descuento y la medida caducó hace ya dos veranos. De hecho, en los dos veranos siguientes se han aprobado normas con el mismo espíritu.
‘Leyes zombi’
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Sin embargo, el laberinto no termina cuando la Mesa decide, por fin, cerrar el grifo de las enmiendas. Existen más estrategias para congelar los proyectos de ley. Una de ellas son las conocidas como ‘leyes zombi’, proyectos que, en un momento dado, lograron sortear con éxito el filtro inicial, pero que han terminado muriendo en las comisiones parlamentarias. Existen expedientes que llevan habitando en este limbo desde los meses de octubre o diciembre de 2024, sin que las comisiones lleguen tan siquiera a convocar las ponencias encargadas de redactar los correspondientes informes técnicos. Son iniciativas vivas, pero que políticamente se consideran muertas.
Este afán por rehuir a las votaciones de la Cámara Baja esconde también una de las tácticas más recurrentes de la presente legislatura para llevar a cabo sus iniciativas: el uso del real decreto ley. Para evitar que medidas clave de la Moncloa decayesen a las primeras de cambio, el Gobierno ha aprobado leyes de máxima urgencia prometiendo a sus socios que las iba a tramitar de forma posterior como proyectos de ley para garantizar a sus aliados la posibilidad de introducir enmiendas y cambios en su articulado.
No obstante, una vez convalidada la urgencia y publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo ha traicionado su propia promesa y ha remitido los textos al bucle sistemático de la extensión del plazo para registrar enmiendas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los decretos leyes impulsados con medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto bélico en Ucrania y los vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación y los fondos europeos.
El mayor bloqueo de la democracia
El mayor riesgo de esta parálisis legislativa es que las leyes acaben caducando. El Reglamento establece que todo proyecto de ley muere de forma automática con la disolución de las Cortes Generales y la pertinente convocatoria de elecciones. El volumen de normas que quedan sin aprobar ha ido creciendo en las últimas legislaturas, pero con Pedro Sánchez instalado en el Palacio de la Moncloa las cifras se han disparado hasta batir registros históricos.
Si se echa la vista atrás, durante el mandato con mayoría absoluta de Mariano Rajoy (2011-2016), apenas caducaron dos proyectos de ley al disolverse las Cortes, uno tras cinco meses estancado en enmiendas y otro atrapado un año en la fase de ponencia. En la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), la cifra fue de ocho textos decaídos. En la legislatura posterior (2008-2011), profundamente marcada por la crisis económica, los expedientes que acabaron en la papelera ascendieron a 26. Por su parte, en la convulsa etapa que transcurrió de 2016 a 2019, marcada de forma abrupta por el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez al poder en junio de 2018, fueron 29 las leyes sepultadas.
Sin embargo, el primer ensayo del actual formato de gobierno de coalición (2019-2023) dejó a su paso 61 proyectos de ley caducados por la disolución de las Cortes tras la derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. De todo ese volumen, hasta 24 textos caducaron precisamente en la fase de enmiendas. Otros 19 de aquella etapa murieron en la fase de informe, donde destacan tres normas vinculadas a la gestión de la pandemia del Covid-19 que llegaron a estar empantanadas hasta dos años.
A la vuelta del mes de septiembre, el panorama de la actividad parlamentaria no promete ser más favorable. El presidente del Ejecutivo despide así el curso político, con el freno de mano echado y en su puesto asediado por casos de corrupción contra su partido y su familia. El ‘congelador Armengol’ ha dejado de ser una simple anomalía para convertirse, hoy por hoy, en el único salvavidas de supervivencia del Gobierno.
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