España fue de los pocos países de la UE en el que, con medidas muy similares a las actuales, los hogares más pobres salieron más perjudicados que el resto, según el Banco de España Leer España fue de los pocos países de la UE en el que, con medidas muy similares a las actuales, los hogares más pobres salieron más perjudicados que el resto, según el Banco de España Leer
El Gobierno aprobó este lunes en Consejo de Ministros un nuevo Real decreto-ley de medidas para aliviar el impacto económico de la guerra en Irán ante la caducidad de las que estaban en vigor desde marzo, que decaían este miércoles. La fórmula utilizada, basada principalmente en rebajas fiscales indiscriminadas, recuerda a la empleada en la crisis inflacionaria posterior a la guerra de Ucrania y que acabó beneficiando más a las rentas más altas y sin evitar una pérdida de poder adquisitivo de los hogares con menos renta, como ha constatado el Banco de España.
En concreto, el Ministerio de Economía sustituye la rebaja del IVA de los carburantes -que desde marzo se situaba en el 10% en lugar del 21%- por un descuento en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que se aplica a los carburantes, que irá reduciéndose paulatinamente a lo largo del verano, a medida que los precios del petróleo a nivel internacional descienden. En concreto, el descuento será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, antes de desaparecer en el mes de octubre. Con una salvaguarda: si la inflación de los carburantes supera el 15% en algún momento del verano, entonces la bonificación volverá a ser de 20 céntimos.
Se trata de una medida que beneficiará al bolsillo de todos los hogares y empresas que llenen el depósito de su vehículo, sin importar su nivel de renta y si conducen un coche de alta gama que consume muchísimo combustible o un utilitario de precio y consumo modesto.
Junto a esta decisión, el Ejecutivo ha optado por mantener la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo para los sectores más afectados por el impacto en precios de la guerra, es decir, lostransportistas y los agricultores -que utilizan mucho carburante como input de producción- y ha ampliado, además, la línea de 500 millones de euros para dar ayudas a los agricultores que compren fertilizantes en 165 millones de euros adicionales, para poder asistirles cuando se aprovisionen en la campaña de septiembre.
El Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que normalmente aplica un tipo impositivo del 7% y había sido suspendido, vuelve a estar en efecto durante lo que queda de año pero con un tipo del 5%, que bajará al 3,5% en 2027 y desaparecerá definitivamente en 2028. Es una medida que tendrá un coste para las arcas públicas de 2.700 millones de euros los próximos dos años por la merma de recaudación, pero que contribuirá, según el Gobierno, a electrificar la economía y reducirá la factura energética de los hogares en alrededor del 6%, según sus cálculos.
Las medidas aprobadas en conjunto supondrán un coste fiscal extra de 1.825 millones este año, según calcula Economía. La pregunta está en si ese esfuerzo presupuestario servirá para ayudar con especial interés a quienes más lo necesitan.
En 2022 no sucedió así, según denuncia el Banco de España en su Informe Anual, presentado hace diez días. Cuando en 2022 los países europeos activaron sus paquetes de medidas, «solo una minoría de las medidas implementadas se diseñó con carácter focalizado y dirigido a agentes vulnerables o especialmente afectados por el shock energético, mientras que el resto de las medidas (en torno a un 74%) no fueron focalizadas y a menudo se articularon mediante rebajas de impuestos a determinados bienes», afeaba recientemente el Banco de España, que precisaba que en el caso de nuestro país «se estima que sólo en torno a un 16% de las medidas habrían sido focalizadas«, mientras el 84% restantes habrían sido para todos los hogares sin importar su nivel de renta.
Esto tuvo como resultado que el 10% de hogares con menos renta (decil 1) sufrió una pérdida de poder adquisitivo de 2,4 puntos porcentuales, que fue superior a la registrada por el conjunto del país, de 2,1 puntos, y mucho más grave que la que experimentaron los hogares homólogos en otros países: en Francia, de hecho, ganaron 1,3 puntos de poder de compra (frente a +0,8 de todos los hogares), y en Italia sumaron 15,4 puntos mientras el conjunto del país perdía 1,3 puntos. De media en la UE, de hecho, el 10% de familias más pobres vio reforzado su poder adquisitivo en 1,5 puntos a pesar de la caída de 2,4 puntos en el conjunto de los hogares, con lo que las medidas fueron redistributivas.
«Las medidas aprobadas [este año] presentan importantes similitudes con las adoptadas durante la crisis inflacionaria de 2022-2023, al estar destinadas principalmente a contener la subida de precios con un alcance generalizado y al estar basadas en subvenciones a industrias particularmente afectadas. Si bien es pronto para cuantificar el impacto del shock energético actual sobre los hogares, su naturaleza sugiere efectos distributivos comparables a los observados en el episodio anterior», advierte la institución que gobierna José Luis Escrivá.
En el citado documento resaltaban que «el efecto distributivo de las políticas fiscales implementadas en 2022 difiere del promedio europeo. En términos de bienestar, la pérdida -medida por la variación compensatoria- asciende al -6,3 % de la renta disponible para el decil más pobre, muy por encima de la media española (-1,5 %) y de la media europea para el mismo decil (-2,7 %), lo que apunta a una concentración del impacto en bienestar en los hogares más vulnerables. Estos efectos se explican en parte por el reducido tamaño de las medidas focalizadas de renta implementadas en España, si bien cabe señalar que las que se implementaron fueron particularmente eficientes, al estar muy concentradas en perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) y de pensiones no contributivas, lo que habría mitigado el impacto del shock sobre este colectivo».
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