El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles en el Pleno un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas en la ley contra la multirreincidencia que iban a limitar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.De esta manera, los ‘populares’ han dado el primer paso para poder elevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC).El procedimiento del conflicto de atribuciones se inicia a propuesta de un grupo parlamentario, en esta ocasión el PP, y con su mayoría absoluta en el Senado lo aprueba en el Pleno. A partir de aquí, la institución lo adopta como suyo y lo remite al Congreso y al Gobierno.Desde ese momento, el Congreso y el Gobierno tienen un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En el caso de que se rechace, el Senado tiene la posibilidad de iniciar el camino para elevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC) .Noticia relacionada general No No El Senado eleva al Constitucional el veto a dos enmiendas en la ley de multirreincidencia Juan Casillas Bayo «Aberración institucional»El encargado de defender este planteamiento de conflicto de atribuciones en el Pleno ha sido el senador del PP Antonio Silván, que ha acusado al Gobierno de «borrar el Senado» por su veto a las enmiendas introducidas durante su paso por la Cámara Alta.«Estamos ante una alteración consciente del procedimiento legislativo. Estamos ante una auténtica aberración constitucional», ha alertado el senador ‘popular’.Bajo su punto de vista, el Gobierno «no tiene estabilidad» y por ello ha optado «por una vía muy peligrosa», la de «controlar el procedimiento para controlar el resultado». «Esto no va del PP, esto va de algo mucho más importante , va de si el Senado tiene función legislativa o no», ha sentenciado.El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para explotar la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo inédito en la Cámara Alta y que esta legislatura ya se ha utilizado una decena de veces contra el Congreso o el Gobierno.Los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a los choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por diferentes motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a un Pleno.El primer conflicto entre órganos constitucionales de la democracia lo impulsó el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era «una reforma Constitucional encubierta».Este choque institucional, inédito desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, siguió su recorrido hasta que el Congreso descartó retirar la Ley de Amnistía, por lo que la pelota estaba en el tejado del PP en el Senado.Y finalmente los ‘populares’ aprobaron un mes después un escrito en el Senado en el que dejaba sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, descartando así elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional (TC). Catorce conflictos de atribucionesDespués del choque por la amnistía, el PP inició un camino de más de catorce conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por diferentes motivos y que sí que acabaron en el Tribunal Constitucional.Uno de estos conflictos tiene que ver con la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP entendía que el Senado vetó la norma y el Congreso le hizo caso omiso.El PP también elevó un choque ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el «veto» del Ejecutivo de Sánchez a una enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, una situación que se volvió a repetir con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó un choque institucional en el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a «revocar la corrección de errores» introducida de «manera fraudulenta» en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria. El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles en el Pleno un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas en la ley contra la multirreincidencia que iban a limitar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.De esta manera, los ‘populares’ han dado el primer paso para poder elevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC).El procedimiento del conflicto de atribuciones se inicia a propuesta de un grupo parlamentario, en esta ocasión el PP, y con su mayoría absoluta en el Senado lo aprueba en el Pleno. A partir de aquí, la institución lo adopta como suyo y lo remite al Congreso y al Gobierno.Desde ese momento, el Congreso y el Gobierno tienen un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En el caso de que se rechace, el Senado tiene la posibilidad de iniciar el camino para elevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC) .Noticia relacionada general No No El Senado eleva al Constitucional el veto a dos enmiendas en la ley de multirreincidencia Juan Casillas Bayo «Aberración institucional»El encargado de defender este planteamiento de conflicto de atribuciones en el Pleno ha sido el senador del PP Antonio Silván, que ha acusado al Gobierno de «borrar el Senado» por su veto a las enmiendas introducidas durante su paso por la Cámara Alta.«Estamos ante una alteración consciente del procedimiento legislativo. Estamos ante una auténtica aberración constitucional», ha alertado el senador ‘popular’.Bajo su punto de vista, el Gobierno «no tiene estabilidad» y por ello ha optado «por una vía muy peligrosa», la de «controlar el procedimiento para controlar el resultado». «Esto no va del PP, esto va de algo mucho más importante , va de si el Senado tiene función legislativa o no», ha sentenciado.El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para explotar la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo inédito en la Cámara Alta y que esta legislatura ya se ha utilizado una decena de veces contra el Congreso o el Gobierno.Los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a los choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por diferentes motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a un Pleno.El primer conflicto entre órganos constitucionales de la democracia lo impulsó el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era «una reforma Constitucional encubierta».Este choque institucional, inédito desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, siguió su recorrido hasta que el Congreso descartó retirar la Ley de Amnistía, por lo que la pelota estaba en el tejado del PP en el Senado.Y finalmente los ‘populares’ aprobaron un mes después un escrito en el Senado en el que dejaba sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, descartando así elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional (TC). Catorce conflictos de atribucionesDespués del choque por la amnistía, el PP inició un camino de más de catorce conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por diferentes motivos y que sí que acabaron en el Tribunal Constitucional.Uno de estos conflictos tiene que ver con la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP entendía que el Senado vetó la norma y el Congreso le hizo caso omiso.El PP también elevó un choque ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el «veto» del Ejecutivo de Sánchez a una enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, una situación que se volvió a repetir con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó un choque institucional en el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a «revocar la corrección de errores» introducida de «manera fraudulenta» en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria.
El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles en el Pleno un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas en la ley contra la multirreincidencia … que iban a limitar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.
De esta manera, los ‘populares’ han dado el primer paso para poder elevar este asunto al Tribunal Constitucional (TC).El procedimiento del conflicto de atribuciones se inicia a propuesta de un grupo parlamentario, en esta ocasión el PP, y con su mayoría absoluta en el Senado lo aprueba en el Pleno. A partir de aquí, la institución lo adopta como suyo y lo remite al Congreso y al Gobierno.
Desde ese momento, el Congreso y el Gobierno tienen un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En el caso de que se rechace, el Senado tiene la posibilidad de iniciar el camino para elevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Noticia relacionada
«Aberración institucional»
El encargado de defender este planteamiento de conflicto de atribuciones en el Pleno ha sido el senador del PP Antonio Silván, que ha acusado al Gobierno de «borrar el Senado» por su veto a las enmiendas introducidas durante su paso por la Cámara Alta.
«Estamos ante una alteración consciente del procedimiento legislativo. Estamos ante una auténtica aberración constitucional», ha alertado el senador ‘popular’.
Bajo su punto de vista, el Gobierno «no tiene estabilidad» y por ello ha optado «por una vía muy peligrosa», la de «controlar el procedimiento para controlar el resultado». «Esto no va del PP, esto va de algo mucho más importante, va de si el Senado tiene función legislativa o no», ha sentenciado.
El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para explotar la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo inédito en la Cámara Alta y que esta legislatura ya se ha utilizado una decena de veces contra el Congreso o el Gobierno.
Los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a los choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por diferentes motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a un Pleno.
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la democracia lo impulsó el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era «una reforma Constitucional encubierta».
Este choque institucional, inédito desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, siguió su recorrido hasta que el Congreso descartó retirar la Ley de Amnistía, por lo que la pelota estaba en el tejado del PP en el Senado.
Y finalmente los ‘populares’ aprobaron un mes después un escrito en el Senado en el que dejaba sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, descartando así elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional (TC).
Diez choques en dos años
Después del choque por la amnistía, el PP inició un camino de más de una decena de conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por diferentes motivos y que sí que acabaron en el Tribunal Constitucional.
Uno de estos conflictos tiene que ver con la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP entendía que el Senado vetó la norma y el Congreso le hizo caso omiso.
El PP también elevó un choque ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el «veto» del Ejecutivo de Sánchez a una enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, una situación que se volvió a repetir con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.
En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó un choque institucional en el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a «revocar la corrección de errores» introducida de «manera fraudulenta» en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria.
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