La primera imputación del PSOE no será por la presunta financiación irregular del partido sino por su implicación directa en la financiación de las ‘cloacas’ socialistas, cuya investigación instruye el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales consultadas por el diario ABC explican que se trata de la imputación más «perentoria» que pesa sobre el partido socialista. No solo porque ha quedado «acreditado» que fue el PSOE quien financió la organización ideada por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez para «desestabilizar a altas instituciones del Estado», sino porque los pagos a la llamada fontanera del PSOE implican a la Administración del partido socialista, que será investigada por su responsabilidad como «persona jurídica», en base al artículo 31 bis del Código Penal. Las fuentes consultadas explican que esta imputación se producirá en un horizonte próximo, aunque antes se esperan nuevas diligencias por parte del magistrado instructor de la causa. El juez Pedraz pretende realizar una nueva tanda de citaciones judiciales, cuyo foco principal está puesto en el actual responsable del servicio jurídico del PSOE, Alberto Cachinero. Un movimiento inexcusable tras la «concluyente» declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el pasado día 9 de septiembre ante la Audiencia Nacional. La citación ya estaba prevista antes de la comparecencia de la gerente del PSOE, pero el inequívoco señalamiento por parte de Fuentes a Cachinero, como responsable de la elaboración, supervisión y autorización de los contratos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos imputados en la causa, y a Gaspar Zarrías, a través de cuya consultora (Zaño Consultores) se canalizaron los pagos a la exmilitante socialista Leire Díez ha dotado de mayor empaque a las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción.En los audios de su declaración a los que ha tenido acceso ABC, la gerente del PSOE descargó la responsabilidad en el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como la persona que «toma la decisión» de solicitar los servicios de asesoramiento a Teijelo, Oliver y Zarrías, «y luego nos la traslada». El ex número tres del partido lo justificó por la «necesidad de un mayor asesoramiento para temas complejos» en el ámbito judicial, ante la cascada de causas que cercaban al PSOE. Sin embargo, la responsable financiera de Ferraz arrojó luz sobre el segundo escalón de responsabilidades al desvelar la participación directa de Cachinero en la elaboración, aprobación de los contratos y ejecución de las órdenes de pago a las cloacas del partido. Fuentes Pacheco se refirió a él hasta una decena de veces, desglosando su participación con los tres receptores de las facturas emitidas por Ferraz. Sobre el primero de ellos, el de Jacobo Teijelo, se desvinculó del mismo: «Yo no negocié ese contrato». Según su testimonio, el abogado imputado mandó la «hoja de encargo», pero fue Cachinero quien «la firma digitalmente, hace una foto y plasma mi firma».La declaración de la gerente del PSOE acerca la imputación de Alberto cachinero como responsable de la elaboración y verificación de las hojas de encargo a los ejecutores de la cloaca socialista.La presunta implicación de Cachinero en la trama es mayor en el caso de Ismael Oliver porque «es la secretaría de Organización (Cerdán) la que nos informa que le va a asesorar y es la propia secretaría jurídica (Cachinero) la que hace una hoja de encargo, y empezamos a tramitar la factura de 26.500 euros». «¿Quién toma esa decisión?», preguntó directamente la representante del ministerio público. «El señor Cachinero», respondió la gerente. Preguntada por la fiscal sobre el modus operandi, Ana María Fuentes manifestó su desconocimiento al respecto: «Desconozco como lo revisó. No lo sé… Es la secretaría de Organización la que lo solicita y es la asesoría jurídica la que materializa ese contrato y prepara la hoja de encargo». Según Fuentes Pacheco, en ambos casos, la función de Cachinero era la de «verificar que (el contrato) cumple, no solo con la legislación, sino con nuestra normativa interna. Él verifica todos los contratos». La diferencia con el tercer caso, el de Gaspar Zarrías, es que, en esta ocasión, «sí que lo hago yo de forma manuscrita y lo revisa la asesoría jurídica».Fuentes socialistas apuntan que Alberto Cachinero participó en algunas de la veintena de reuniones que mantuvo Leire Díez con Santos Cerdán en Ferraz.En una calculada estrategia procesal, descargó toda la responsabilidad en el responsable del área jurídica incurriendo en algunas contradicciones. Si en el inicio de su declaración explicó que ella debía autorizar todas las contrataciones por valor superior a 5.000 euros, no aclaró el motivo por el cual no verificó algunas de estas contrataciones por importes de 125.000 euros, alegando que no releyó algunas de las hojas de encargo realizadas por Cachinero porque «me fio plenamente» de su asesoría jurídica. También señaló a Cachinero como la persona que acompañó y supervisó a Cerdán el día de su salida de Ferraz para «sacar el ordenador». «Se llevó pocas cosas», dijo sin concretar cuáles. La gerente se desvinculó también del pago de los gastos de desplazamiento de Leire Díez porque fueron las secretarías adscritas al área de Organización del partido -Celia Rodríguez y Covadonga Plaza-, quienes cerraban las reservas con la agencia de viajes que centraliza los desplazamientos de los miembros de la Ejecutiva Federal: «No nos piden a gerencia que lo ratifiquemos».Posible imputación de CachineroFuentes de la Fiscalía Anticorrupción avanzan la citación inminente del abogado del PSOE, en principio como testigo y con obligación de decir verdad. Sin embargo, la explícita declaración de la gerente del PSOE hace probable que se produzca una nueva imputación en la medida en que Alberto Cachinero ha sido señalado como responsable de haber validado el pago de 43.225 euros a Leire Díez desde Ferraz. El pago se produjo vía interpuesta mediante cuatro nóminas de 4.000 euros canalizadas a través de la consultora Zaño Sociedad Consultora, de Gaspar Zarrías, y una transferencia efectuada por una sociedad del abogado Ismael Oliver. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que «habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire».Fuentes judiciales y fiscales avanzan que la imputación del partido por su «responsabilidad jurídica» en la financiación de la trama está «acreditada» y es la más «perentoria».En su último auto judicial antes del verano, el juez Pedraz cifró en 180.000 euros la cantidad que el PSOE puso a disposición de la trama para intentar sobornar a varios testigos en diferentes causas. Entre los intentos frustrados de ‘compra’ de testigos figuran el de la empresaria Carmen Pano, a quien la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a cambio de rectificar su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz; y el del fiscal José Grinda, a quien le habrían llegado a ofrecer un puesto en el extranjero y 300.000 euros para aportar información sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.Declaración de los cerebros de la tramaNo obstante, Cachinero no será el único que pasará próximamente por la Audiencia Nacional. Antes de la descontada imputación del PSOE, está prevista la declaración de Leire Díez y Santos Cerdán como cerebros de la operación de las cloacas, creada en abril de 2024 durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez.Una de las anotaciones de Leire Díez donde aparece Alberto Cachinero ABCEste procedimiento sobre la financiación de una presunta organización criminal destinada a neutralizar las investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE se instruye en paralelo a la investigación sobre los pagos realizados al partido por parte de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que investiga el juez Ismael Moreno. Las fuentes consultadas por ABC ven altamente probable que la segunda imputación del PSOE sea por la presunta financiación irregular, habiendo quedado acreditada la existencia de una «fuente de ingresos no declarada» de «origen desconocido», así como el «desfase» en las entradas y salidas de los fondos, y el «descuadre» entre las cantidades que declaró el partido al Tribunal Supremo, la información de la Agencia tributaria y las pruebas documentales aportadas por los oficios de la UCO.¿Quién es Alberto Cachinero?El responsable del área jurídica del partido socialista aparece en algunas de las anotaciones en las agendas de Leire Díez, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una anotación que, según fuentes socialistas, explica la negativa del PSOE a querellarse contra la exmilitante socialista, como reclamó un sector importante del partido, liderado por el barón manchego, Emiliano García Page. Su papel trasciende al de mero perfil técnico al frente del departamento legal del partido. Se trata de una persona de confianza de Pedro Sánchez en la cúpula del partido. Militante de la agrupación de Centro, es amigo personal del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, -conocedor de los tejemanejes de Ábalos en las liquidaciones de gastos en Ferraz-, del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y estrecho colaborador de Álvaro Sánchez Manzanares, el ex director de Puertos del Estado, condenado en 2024 por el Tribunal de Cuentas por un caso de sobresueldos ilegales, que fue imputado en el Caso Koldo por la compra de ocho millones de mascarillas por órdenes de Ábalos. Manzanares fue el jefe de Cachinero en el área jurídica del PSOE hasta junio de 2018, cuando fue nombrado de Puertos del Estado. Ambos fueron los representantes de Ferraz en las negociaciones con la candidatura de Sánchez para revertir el opaco sistema de crowdfunding de las primarias.La Fiscalía Anticorrupción ve altamente probable una segunda imputación al PSOE, en la causa de los pagos al partido, porque está demostrada la existencia de una «fuentes de ingresos no declarada» de «origen desconocido».Una figura clave en la ‘reconquista’ del partido y una presencia habitual en las reuniones que se celebraran en la llamada «sede paralela» de la calle Marqués de Riscal, donde también participó en el diseño de Bancal de Rosas, la fundación que financió la campaña de primarias de Sánchez. Tras la victoria del secretario general en 2017, Bolaños y Cachinero diseñaron el armazón jurídico para la reforma de los estatutos del PSOE que permitió expulsar a los barones de Ferraz y blindar a la dirección federal frente a la presión de los territorios.Con la llegada de Sánchez a la Moncloa, Cachinero sustituyó a Sánchez Manzanares como director de los servicios jurídicos de Ferraz, cuando éste fue nombrado director de Puertos del Estado. Fuentes socialistas consultadas por este periódico explican su aparición en las agendas de Leire Díaz porque ambos se conocían de haber participado juntos en algunas de la veintena de reuniones que la apodada fontanera del PSOE mantuvo en Ferraz con Santos Cerdán, motivo por el cual su testimonio es clave para el avance de la investigación. La primera imputación del PSOE no será por la presunta financiación irregular del partido sino por su implicación directa en la financiación de las ‘cloacas’ socialistas, cuya investigación instruye el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales consultadas por el diario ABC explican que se trata de la imputación más «perentoria» que pesa sobre el partido socialista. No solo porque ha quedado «acreditado» que fue el PSOE quien financió la organización ideada por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez para «desestabilizar a altas instituciones del Estado», sino porque los pagos a la llamada fontanera del PSOE implican a la Administración del partido socialista, que será investigada por su responsabilidad como «persona jurídica», en base al artículo 31 bis del Código Penal. Las fuentes consultadas explican que esta imputación se producirá en un horizonte próximo, aunque antes se esperan nuevas diligencias por parte del magistrado instructor de la causa. El juez Pedraz pretende realizar una nueva tanda de citaciones judiciales, cuyo foco principal está puesto en el actual responsable del servicio jurídico del PSOE, Alberto Cachinero. Un movimiento inexcusable tras la «concluyente» declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el pasado día 9 de septiembre ante la Audiencia Nacional. La citación ya estaba prevista antes de la comparecencia de la gerente del PSOE, pero el inequívoco señalamiento por parte de Fuentes a Cachinero, como responsable de la elaboración, supervisión y autorización de los contratos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos imputados en la causa, y a Gaspar Zarrías, a través de cuya consultora (Zaño Consultores) se canalizaron los pagos a la exmilitante socialista Leire Díez ha dotado de mayor empaque a las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción.En los audios de su declaración a los que ha tenido acceso ABC, la gerente del PSOE descargó la responsabilidad en el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como la persona que «toma la decisión» de solicitar los servicios de asesoramiento a Teijelo, Oliver y Zarrías, «y luego nos la traslada». El ex número tres del partido lo justificó por la «necesidad de un mayor asesoramiento para temas complejos» en el ámbito judicial, ante la cascada de causas que cercaban al PSOE. Sin embargo, la responsable financiera de Ferraz arrojó luz sobre el segundo escalón de responsabilidades al desvelar la participación directa de Cachinero en la elaboración, aprobación de los contratos y ejecución de las órdenes de pago a las cloacas del partido. Fuentes Pacheco se refirió a él hasta una decena de veces, desglosando su participación con los tres receptores de las facturas emitidas por Ferraz. Sobre el primero de ellos, el de Jacobo Teijelo, se desvinculó del mismo: «Yo no negocié ese contrato». Según su testimonio, el abogado imputado mandó la «hoja de encargo», pero fue Cachinero quien «la firma digitalmente, hace una foto y plasma mi firma».La declaración de la gerente del PSOE acerca la imputación de Alberto cachinero como responsable de la elaboración y verificación de las hojas de encargo a los ejecutores de la cloaca socialista.La presunta implicación de Cachinero en la trama es mayor en el caso de Ismael Oliver porque «es la secretaría de Organización (Cerdán) la que nos informa que le va a asesorar y es la propia secretaría jurídica (Cachinero) la que hace una hoja de encargo, y empezamos a tramitar la factura de 26.500 euros». «¿Quién toma esa decisión?», preguntó directamente la representante del ministerio público. «El señor Cachinero», respondió la gerente. Preguntada por la fiscal sobre el modus operandi, Ana María Fuentes manifestó su desconocimiento al respecto: «Desconozco como lo revisó. No lo sé… Es la secretaría de Organización la que lo solicita y es la asesoría jurídica la que materializa ese contrato y prepara la hoja de encargo». Según Fuentes Pacheco, en ambos casos, la función de Cachinero era la de «verificar que (el contrato) cumple, no solo con la legislación, sino con nuestra normativa interna. Él verifica todos los contratos». La diferencia con el tercer caso, el de Gaspar Zarrías, es que, en esta ocasión, «sí que lo hago yo de forma manuscrita y lo revisa la asesoría jurídica».Fuentes socialistas apuntan que Alberto Cachinero participó en algunas de la veintena de reuniones que mantuvo Leire Díez con Santos Cerdán en Ferraz.En una calculada estrategia procesal, descargó toda la responsabilidad en el responsable del área jurídica incurriendo en algunas contradicciones. Si en el inicio de su declaración explicó que ella debía autorizar todas las contrataciones por valor superior a 5.000 euros, no aclaró el motivo por el cual no verificó algunas de estas contrataciones por importes de 125.000 euros, alegando que no releyó algunas de las hojas de encargo realizadas por Cachinero porque «me fio plenamente» de su asesoría jurídica. También señaló a Cachinero como la persona que acompañó y supervisó a Cerdán el día de su salida de Ferraz para «sacar el ordenador». «Se llevó pocas cosas», dijo sin concretar cuáles. La gerente se desvinculó también del pago de los gastos de desplazamiento de Leire Díez porque fueron las secretarías adscritas al área de Organización del partido -Celia Rodríguez y Covadonga Plaza-, quienes cerraban las reservas con la agencia de viajes que centraliza los desplazamientos de los miembros de la Ejecutiva Federal: «No nos piden a gerencia que lo ratifiquemos».Posible imputación de CachineroFuentes de la Fiscalía Anticorrupción avanzan la citación inminente del abogado del PSOE, en principio como testigo y con obligación de decir verdad. Sin embargo, la explícita declaración de la gerente del PSOE hace probable que se produzca una nueva imputación en la medida en que Alberto Cachinero ha sido señalado como responsable de haber validado el pago de 43.225 euros a Leire Díez desde Ferraz. El pago se produjo vía interpuesta mediante cuatro nóminas de 4.000 euros canalizadas a través de la consultora Zaño Sociedad Consultora, de Gaspar Zarrías, y una transferencia efectuada por una sociedad del abogado Ismael Oliver. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que «habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire».Fuentes judiciales y fiscales avanzan que la imputación del partido por su «responsabilidad jurídica» en la financiación de la trama está «acreditada» y es la más «perentoria».En su último auto judicial antes del verano, el juez Pedraz cifró en 180.000 euros la cantidad que el PSOE puso a disposición de la trama para intentar sobornar a varios testigos en diferentes causas. Entre los intentos frustrados de ‘compra’ de testigos figuran el de la empresaria Carmen Pano, a quien la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a cambio de rectificar su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz; y el del fiscal José Grinda, a quien le habrían llegado a ofrecer un puesto en el extranjero y 300.000 euros para aportar información sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.Declaración de los cerebros de la tramaNo obstante, Cachinero no será el único que pasará próximamente por la Audiencia Nacional. Antes de la descontada imputación del PSOE, está prevista la declaración de Leire Díez y Santos Cerdán como cerebros de la operación de las cloacas, creada en abril de 2024 durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez.Una de las anotaciones de Leire Díez donde aparece Alberto Cachinero ABCEste procedimiento sobre la financiación de una presunta organización criminal destinada a neutralizar las investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE se instruye en paralelo a la investigación sobre los pagos realizados al partido por parte de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que investiga el juez Ismael Moreno. Las fuentes consultadas por ABC ven altamente probable que la segunda imputación del PSOE sea por la presunta financiación irregular, habiendo quedado acreditada la existencia de una «fuente de ingresos no declarada» de «origen desconocido», así como el «desfase» en las entradas y salidas de los fondos, y el «descuadre» entre las cantidades que declaró el partido al Tribunal Supremo, la información de la Agencia tributaria y las pruebas documentales aportadas por los oficios de la UCO.¿Quién es Alberto Cachinero?El responsable del área jurídica del partido socialista aparece en algunas de las anotaciones en las agendas de Leire Díez, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una anotación que, según fuentes socialistas, explica la negativa del PSOE a querellarse contra la exmilitante socialista, como reclamó un sector importante del partido, liderado por el barón manchego, Emiliano García Page. Su papel trasciende al de mero perfil técnico al frente del departamento legal del partido. Se trata de una persona de confianza de Pedro Sánchez en la cúpula del partido. Militante de la agrupación de Centro, es amigo personal del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, -conocedor de los tejemanejes de Ábalos en las liquidaciones de gastos en Ferraz-, del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y estrecho colaborador de Álvaro Sánchez Manzanares, el ex director de Puertos del Estado, condenado en 2024 por el Tribunal de Cuentas por un caso de sobresueldos ilegales, que fue imputado en el Caso Koldo por la compra de ocho millones de mascarillas por órdenes de Ábalos. Manzanares fue el jefe de Cachinero en el área jurídica del PSOE hasta junio de 2018, cuando fue nombrado de Puertos del Estado. Ambos fueron los representantes de Ferraz en las negociaciones con la candidatura de Sánchez para revertir el opaco sistema de crowdfunding de las primarias.La Fiscalía Anticorrupción ve altamente probable una segunda imputación al PSOE, en la causa de los pagos al partido, porque está demostrada la existencia de una «fuentes de ingresos no declarada» de «origen desconocido».Una figura clave en la ‘reconquista’ del partido y una presencia habitual en las reuniones que se celebraran en la llamada «sede paralela» de la calle Marqués de Riscal, donde también participó en el diseño de Bancal de Rosas, la fundación que financió la campaña de primarias de Sánchez. Tras la victoria del secretario general en 2017, Bolaños y Cachinero diseñaron el armazón jurídico para la reforma de los estatutos del PSOE que permitió expulsar a los barones de Ferraz y blindar a la dirección federal frente a la presión de los territorios.Con la llegada de Sánchez a la Moncloa, Cachinero sustituyó a Sánchez Manzanares como director de los servicios jurídicos de Ferraz, cuando éste fue nombrado director de Puertos del Estado. Fuentes socialistas consultadas por este periódico explican su aparición en las agendas de Leire Díaz porque ambos se conocían de haber participado juntos en algunas de la veintena de reuniones que la apodada fontanera del PSOE mantuvo en Ferraz con Santos Cerdán, motivo por el cual su testimonio es clave para el avance de la investigación.
La primera imputación del PSOE no será por la presunta financiación irregular del partido sino por su implicación directa en la financiación de las ‘cloacas’ socialistas, cuya investigación instruye el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes … judiciales consultadas por el diario ABC explican que se trata de la imputación más «perentoria» que pesa sobre el partido socialista. No solo porque ha quedado «acreditado» que fue el PSOE quien financió la organización ideada por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez para «desestabilizar a altas instituciones del Estado», sino porque los pagos a la llamada fontanera del PSOE implican a la Administración del partido socialista, que será investigada por su responsabilidad como «persona jurídica», en base al artículo 31 bis del Código Penal.
Las fuentes consultadas explican que esta imputación se producirá en un horizonte próximo, aunque antes se esperan nuevas diligencias por parte del magistrado instructor de la causa. El juez Pedraz pretende realizar una nueva tanda de citaciones judiciales, cuyo foco principal está puesto en el actual responsable del servicio jurídico del PSOE, Alberto Cachinero. Un movimiento inexcusable tras la «concluyente» declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el pasado día 9 de septiembre ante la Audiencia Nacional.
La citación ya estaba prevista antes de la comparecencia de la gerente del PSOE, pero el inequívoco señalamiento por parte de Fuentes a Cachinero, como responsable de la elaboración, supervisión y autorización de los contratos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos imputados en la causa, y a Gaspar Zarrías, a través de cuya consultora (Zaño Consultores) se canalizaron los pagos a la exmilitante socialista Leire Díez ha dotado de mayor empaque a las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción.
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En los audios de su declaración a los que ha tenido acceso ABC, la gerente del PSOE descargó la responsabilidad en el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como la persona que «toma la decisión» de solicitar los servicios de asesoramiento a Teijelo, Oliver y Zarrías, «y luego nos la traslada». El ex número tres del partido lo justificó por la «necesidad de un mayor asesoramiento para temas complejos» en el ámbito judicial, ante la cascada de causas que cercaban al PSOE.
Sin embargo, la responsable financiera de Ferraz arrojó luz sobre el segundo escalón de responsabilidades al desvelar la participación directa de Cachinero en la elaboración, aprobación de los contratos y ejecución de las órdenes de pago a las cloacas del partido. Fuentes Pacheco se refirió a él hasta una decena de veces, desglosando su participación con los tres receptores de las facturas emitidas por Ferraz. Sobre el primero de ellos, el de Jacobo Teijelo, se desvinculó del mismo: «Yo no negocié ese contrato». Según su testimonio, el abogado imputado mandó la «hoja de encargo», pero fue Cachinero quien «la firma digitalmente, hace una foto y plasma mi firma».
La declaración de la gerente del PSOE acerca la imputación de Alberto cachinero como responsable de la elaboración y verificación de las hojas de encargo a los ejecutores de la cloaca socialista.
La presunta implicación de Cachinero en la trama es mayor en el caso de Ismael Oliver porque «es la secretaría de Organización (Cerdán) la que nos informa que le va a asesorar y es la propia secretaría jurídica (Cachinero) la que hace una hoja de encargo, y empezamos a tramitar la factura de 26.500 euros». «¿Quién toma esa decisión?», preguntó directamente la representante del ministerio público. «El señor Cachinero», respondió la gerente.
Preguntada por la fiscal sobre el modus operandi, Ana María Fuentes manifestó su desconocimiento al respecto: «Desconozco como lo revisó. No lo sé… Es la secretaría de Organización la que lo solicita y es la asesoría jurídica la que materializa ese contrato y prepara la hoja de encargo». Según Fuentes Pacheco, en ambos casos, la función de Cachinero era la de «verificar que (el contrato) cumple, no solo con la legislación, sino con nuestra normativa interna. Él verifica todos los contratos». La diferencia con el tercer caso, el de Gaspar Zarrías, es que, en esta ocasión, «sí que lo hago yo de forma manuscrita y lo revisa la asesoría jurídica».
Fuentes socialistas apuntan que Alberto Cachinero participó en algunas de la veintena de reuniones que mantuvo Leire Díez con Santos Cerdán en Ferraz.
En una calculada estrategia procesal, descargó toda la responsabilidad en el responsable del área jurídica incurriendo en algunas contradicciones. Si en el inicio de su declaración explicó que ella debía autorizar todas las contrataciones por valor superior a 5.000 euros, no aclaró el motivo por el cual no verificó algunas de estas contrataciones por importes de 125.000 euros, alegando que no releyó algunas de las hojas de encargo realizadas por Cachinero porque «me fio plenamente» de su asesoría jurídica.
También señaló a Cachinero como la persona que acompañó y supervisó a Cerdán el día de su salida de Ferraz para «sacar el ordenador». «Se llevó pocas cosas», dijo sin concretar cuáles. La gerente se desvinculó también del pago de los gastos de desplazamiento de Leire Díez porque fueron las secretarías adscritas al área de Organización del partido -Celia Rodríguez y Covadonga Plaza-, quienes cerraban las reservas con la agencia de viajes que centraliza los desplazamientos de los miembros de la Ejecutiva Federal: «No nos piden a gerencia que lo ratifiquemos».
Posible imputación de Cachinero
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción avanzan la citación inminente del abogado del PSOE, en principio como testigo y con obligación de decir verdad. Sin embargo, la explícita declaración de la gerente del PSOE hace probable que se produzca una nueva imputación en la medida en que Alberto Cachinero ha sido señalado como responsable de haber validado el pago de 43.225 euros a Leire Díez desde Ferraz. El pago se produjo vía interpuesta mediante cuatro nóminas de 4.000 euros canalizadas a través de la consultora Zaño Sociedad Consultora, de Gaspar Zarrías, y una transferencia efectuada por una sociedad del abogado Ismael Oliver. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que «habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire».
Fuentes judiciales y fiscales avanzan que la imputación del partido por su «responsabilidad jurídica» en la financiación de la trama está «acreditada» y es la más «perentoria».
En su último auto judicial antes del verano, el juez Pedraz cifró en 180.000 euros la cantidad que el PSOE puso a disposición de la trama para intentar sobornar a varios testigos en diferentes causas. Entre los intentos frustrados de ‘compra’ de testigos figuran el de la empresaria Carmen Pano, a quien la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a cambio de rectificar su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz; y el del fiscal José Grinda, a quien le habrían llegado a ofrecer un puesto en el extranjero y 300.000 euros para aportar información sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Declaración de los cerebros de la trama
No obstante, Cachinero no será el único que pasará próximamente por la Audiencia Nacional. Antes de la descontada imputación del PSOE, está prevista la declaración de Leire Díez y Santos Cerdán como cerebros de la operación de las cloacas, creada en abril de 2024 durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez.
(ABC)
Este procedimiento sobre la financiación de una presunta organización criminal destinada a neutralizar las investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE se instruye en paralelo a la investigación sobre los pagos realizados al partido por parte de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, que investiga el juez Ismael Moreno. Las fuentes consultadas por ABC ven altamente probable que la segunda imputación del PSOE sea por la presunta financiación irregular, habiendo quedado acreditada la existencia de una «fuente de ingresos no declarada» de «origen desconocido», así como el «desfase» en las entradas y salidas de los fondos, y el «descuadre» entre las cantidades que declaró el partido al Tribunal Supremo, la información de la Agencia tributaria y las pruebas documentales aportadas por los oficios de la UCO.
¿Quién es Alberto Cachinero?
El responsable del área jurídica del partido socialista aparece en algunas de las anotaciones en las agendas de Leire Díez, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una anotación que, según fuentes socialistas, explica la negativa del PSOE a querellarse contra la exmilitante socialista, como reclamó un sector importante del partido, liderado por el barón manchego, Emiliano García Page.
Su papel trasciende al de mero perfil técnico al frente del departamento legal del partido. Se trata de una persona de confianza de Pedro Sánchez en la cúpula del partido. Militante de la agrupación de Centro, es amigo personal del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, -conocedor de los tejemanejes de Ábalos en las liquidaciones de gastos en Ferraz-, del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y estrecho colaborador de Álvaro Sánchez Manzanares, el ex director de Puertos del Estado, condenado en 2024 por el Tribunal de Cuentas por un caso de sobresueldos ilegales, que fue imputado en el Caso Koldo por la compra de ocho millones de mascarillas por órdenes de Ábalos. Manzanares fue el jefe de Cachinero en el área jurídica del PSOE hasta junio de 2018, cuando fue nombrado de Puertos del Estado. Ambos fueron los representantes de Ferraz en las negociaciones con la candidatura de Sánchez para revertir el opaco sistema de crowdfunding de las primarias.
La Fiscalía Anticorrupción ve altamente probable una segunda imputación al PSOE, en la causa de los pagos al partido, porque está demostrada la existencia de una «fuentes de ingresos no declarada» de «origen desconocido».
Una figura clave en la ‘reconquista’ del partido y una presencia habitual en las reuniones que se celebraran en la llamada «sede paralela» de la calle Marqués de Riscal, donde también participó en el diseño de Bancal de Rosas, la fundación que financió la campaña de primarias de Sánchez. Tras la victoria del secretario general en 2017, Bolaños y Cachinero diseñaron el armazón jurídico para la reforma de los estatutos del PSOE que permitió expulsar a los barones de Ferraz y blindar a la dirección federal frente a la presión de los territorios.
Con la llegada de Sánchez a la Moncloa, Cachinero sustituyó a Sánchez Manzanares como director de los servicios jurídicos de Ferraz, cuando éste fue nombrado director de Puertos del Estado. Fuentes socialistas consultadas por este periódico explican su aparición en las agendas de Leire Díaz porque ambos se conocían de haber participado juntos en algunas de la veintena de reuniones que la apodada fontanera del PSOE mantuvo en Ferraz con Santos Cerdán, motivo por el cual su testimonio es clave para el avance de la investigación.
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