El exabogado personal de Donald Trump, Todd Blanche, ha sido confirmado esta mañana como nuevo fiscal general de Estados Unidos, en un paso que pone todavía más en duda la supuesta independencia del Departamento de Justicia. El funcionario ha ocupado hasta ahora el cargo como interino, después de la destitución en abril de su predecesora, Pam Bondi, tras una polémica gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y varios intentos fallidos de condenar a los adversarios políticos de Trump.
Tras superar las dudas de los republicanos sobre la independencia del Departamento de Justicia, el fiel abogado del presidente se pone al mando de la persecución de sus enemigos políticos
El exabogado personal de Donald Trump, Todd Blanche, ha sido confirmado esta mañana como nuevo fiscal general de Estados Unidos, en un paso que pone todavía más en duda la supuesta independencia del Departamento de Justicia. El funcionario ha ocupado hasta ahora el cargo como interino, después de la destitución en abril de su predecesora, Pam Bondi, tras una polémica gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y varios intentos fallidos de condenar a los adversarios políticos de Trump.
El Senado ha confirmado por la mínima la nominación de Blanche, por una votación de 50 a 49 senadores, con el voto contrario de todos los demócratas y dos republicanas, las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska). Después de semanas de incertidumbre y un intenso debate en el seno del Partido Republicano, el abogado logró convencer a suficientes senadores recelosos de que no iba a instrumentalizar el departamento para lograr los objetivos políticos de Trump.
Blanche logró suficientes votos republicanos tras ofrecer “garantías” de que iba a retirar el fondo de 1.800 millones de dólares para los aliados de Trump
Uno de los grandes escollos en el camino hacia su nominación fue el controvertido acuerdo que negoció personalmente Blanche este año tras la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Hacienda estadounidense. El presidente denunció a su propio gobierno porque se había filtrado una de sus declaraciones fiscales y, para cerrar la demanda, pactó un acuerdo que concedía inmunidad fiscal para Trump y su familia, que permitía al presidente, sus hijos y su empresa no tener que enfrentar nunca más auditorías fiscales.
Además, el acuerdo permitió la creación de un fondo federal de 1.800 millones de dólares a repartir entre los aliados del presidente. Concretamente, aquellas personas que afirman haber sido víctimas de la persecución del gobierno durante el mandato de Joe Biden, lo que incluye a los acusados en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Se trata de un reparto partidista de dinero público sin precedentes en la historia del país, que ha sido bloqueado por la justicia.
Para acallar las objeciones de los republicanos preocupados por la falta de independencia del Departamento de Justicia, Blanche proporcionó garantías por escrito de que el fondo había quedado descartado y de que la inmunidad para el presidente sería limitada. Eso permitió que los senadores John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte), miembros del comité judicial del Senado, votaran la semana pasada a favor de llevar al pleno la nominación de Blanche.
Tras ese trámite imprescindible, finalmente este sábado el Senado lo ha confirmado en el cargo gracias al cambio de postura de otro senador, Bill Cassidy, quien este año perdió su intento de reelección en las primarias republicanas frente a un rival respaldado por Trump. Desde ese momento, se ha mostrado más abiertamente crítico con el presidente, pero a última hora decidió que confirmar a su abogado para el principal cargo judicial del país no supone un conflicto de interés.
“Esto no es un referéndum sobre Trump”, se justificó: “La elección no está entre la perfección y el señor Blanche, sino entre él y otro fiscal general interino, que podría no dirigir el Departamento de manera eficaz bajo el presidente Trump”.
Las dos republicanas que han votado en contra, sin embargo, tienen una opinión muy distinta. “Blanche aprobó una orden para proteger al presidente, a sus hijos y a la empresa familiar de auditorías del IRS, unas protecciones que no están disponibles para otros contribuyentes estadounidenses”, denunció Collins en un comunicado, subrayando que las supuestas garantías ofrecidas por Blanche no son suficientes, pues fue él quien negoció el polémico acuerdo y nada le impedirá tomar en el futuro decisiones similares.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado la confirmación de Blanche a través de las redes sociales y ha prometido que “los demócratas del Senado seguirán luchando contra el ataque de la administración Trump al Estado de derecho y contra su socavamiento de los valores democráticos”.
Por su parte, Murkowski, la otra republicana díscola, señaló que era “plenamente consciente de que el fondo para gastos discrecionales del Departamento, de casi 2.000 millones de dólares —que probablemente habría recompensado a los manifestantes del 6 de enero— solo está fuera de la mesa porque esta nominación está pendiente y el Senado tiene capacidad de presión. Una vez que votemos, eso terminará, y nadie sabe qué deparará el futuro”.
Y añadió que “el país necesita un fiscal general que frene los peores impulsos de esta administración”, algo que en su criterio no puede hacer quien fue el abogado defensor de Trump en sus tres principales casos penales: falsificación de registros comerciales en el caso Stormy Daniels, mal manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago y el intento de revertir las elecciones del 2020.
De todos estos casos, Trump solo fue condenado en el de los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels, con los que compró en el 2016 su silencio sobre una relación extramatrimonial que habían mantenido diez años antes. Esa condena, por 34 delitos de falsificación documental, lo convirtió en el primer presidente condenado por delitos penales en la historia. Sin embargo, su victoria en las elecciones del 2024 permitió que fuera liberado de cualquier pena o multa en este caso, y la retirada de los cargos en los demás.
Desde que, gracias a su currículum como abogado de Trump, entró en el Departamento de Justicia –primero como fiscal general adjunto y después como fiscal general interino–, el papel de Blanche ha pasado de la defensa del republicano al ataque a sus adversarios políticos. En esta etapa, EE.UU. ha presentado cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, en dos ocasiones, y contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James; y ha iniciado investigaciones penales contra el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como contra los senadores demócratas Elissa Slotkin y Mark Kelly, entre otros en la larga lista de enemigos del presidente.
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