La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este lunes dos resoluciones clave en las que perfila la composición del censo electoral exterior (CERA) de cara a las elecciones generales del 29N. En la primera de ellas rechaza suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’; en la segunda, desestima los recursos de diversas asociaciones de afectados y ratifica la suspensión del voto que ya pesaba sobre casi 163.000 ciudadanos (progenitores de aquéllos) cuyas inscripciones estaban bajo sospecha. El Alto Tribunal confirma el fraude electoral que supondría dejar votar a este segundo grupo, pues sólo 901 de esas 163.000 personas inscritas cumplían los requisitos de la ley y han aportado el certificado consular exigido por el Supremo que garantiza su verdadera condición de hijo de exiliado. Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)». Sin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una « perturbación grave de los intereses generales». «La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica. En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.El coladero de Sofía PuenteEn la segunda resolución, el Supremo desestima íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (Adem) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantiene el veto electoral a los inscritos en el CERA por la vía principal de la disposición octava de la ley de memoria democrática (la llamada ley de nietos) y por la polémica instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos del exilio hasta el punto de convertirlo en un coladero. Y lo hace, además, con más convencimiento que cuando acordó las cautelares en septiembre. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…) ,sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)». Prueba de ello es que según los datos que revelan los magistrados en este segundo auto, de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden, en concreto, al caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ningún expediente incluyera prueba de exilio». Los magistrados niegan que se produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. Además, la Sala «ha utilizado todos los intrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala. Perjuicio irreversible La decisión cuenta con el voto particular de una de los seis magistrados de la Sala. Alicia Millán se opone a la exclusión del censo de esos 162.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’, porque considera que suspender su derecho al sufragio en unas elecciones ya convocadas produce un «perjuicio definitivo» e irreversible que ninguna sentencia futura podrá reparar. Aunque apoya la decisión de denegar la ampliación a los 189.678 hijos solicitada por Vox, critica los argumentos de sus compañeros de tribunal. Asegura que la petición de los recurrentes excedía el objeto original del recurso y que no existía ningún «cambio de circunstancias» real que habilitara modificar las cautelares, ya que simplemente se había descubierto la verdadera dimensión numérica de un colectivo cuya existencia legal ya se conocía desde el principio. Pureza del censo En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral. Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este lunes dos resoluciones clave en las que perfila la composición del censo electoral exterior (CERA) de cara a las elecciones generales del 29N. En la primera de ellas rechaza suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’; en la segunda, desestima los recursos de diversas asociaciones de afectados y ratifica la suspensión del voto que ya pesaba sobre casi 163.000 ciudadanos (progenitores de aquéllos) cuyas inscripciones estaban bajo sospecha. El Alto Tribunal confirma el fraude electoral que supondría dejar votar a este segundo grupo, pues sólo 901 de esas 163.000 personas inscritas cumplían los requisitos de la ley y han aportado el certificado consular exigido por el Supremo que garantiza su verdadera condición de hijo de exiliado. Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)». Sin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una « perturbación grave de los intereses generales». «La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica. En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.El coladero de Sofía PuenteEn la segunda resolución, el Supremo desestima íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (Adem) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantiene el veto electoral a los inscritos en el CERA por la vía principal de la disposición octava de la ley de memoria democrática (la llamada ley de nietos) y por la polémica instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos del exilio hasta el punto de convertirlo en un coladero. Y lo hace, además, con más convencimiento que cuando acordó las cautelares en septiembre. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…) ,sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)». Prueba de ello es que según los datos que revelan los magistrados en este segundo auto, de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden, en concreto, al caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ningún expediente incluyera prueba de exilio». Los magistrados niegan que se produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. Además, la Sala «ha utilizado todos los intrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala. Perjuicio irreversible La decisión cuenta con el voto particular de una de los seis magistrados de la Sala. Alicia Millán se opone a la exclusión del censo de esos 162.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’, porque considera que suspender su derecho al sufragio en unas elecciones ya convocadas produce un «perjuicio definitivo» e irreversible que ninguna sentencia futura podrá reparar. Aunque apoya la decisión de denegar la ampliación a los 189.678 hijos solicitada por Vox, critica los argumentos de sus compañeros de tribunal. Asegura que la petición de los recurrentes excedía el objeto original del recurso y que no existía ningún «cambio de circunstancias» real que habilitara modificar las cautelares, ya que simplemente se había descubierto la verdadera dimensión numérica de un colectivo cuya existencia legal ya se conocía desde el principio. Pureza del censo En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral. Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este lunes dos resoluciones clave en las que perfila la composición del censo electoral exterior (CERA) de cara a las elecciones generales del 29N. En la primera de ellas rechaza suspender el derecho al … sufragio de 189.678 hijos de nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’; en la segunda, desestima los recursos de diversas asociaciones de afectados y ratifica la suspensión del voto que ya pesaba sobre casi 163.000 ciudadanos (progenitores de aquéllos) cuyas inscripciones estaban bajo sospecha. El Alto Tribunal confirma el fraude electoral que supondría dejar votar a este segundo grupo, pues sólo 901 de esas 163.000 personas inscritas cumplían los requisitos de la ley y han aportado el certificado consular exigido por el Supremo que garantiza su verdadera condición de hijo de exiliado.
Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)».
Sin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una «perturbación grave de los intereses generales».
«La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica.
En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.
El coladero de Sofía Puente
En la segunda resolución, el Supremo desestima íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (Adem) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantiene el veto electoral a los inscritos en el CERA por la vía principal de la disposición octava de la ley de memoria democrática (la llamada ley de nietos) y por la polémica instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos del exilio hasta el punto de convertirlo en un coladero. Y lo hace, además, con más convencimiento que cuando acordó las cautelares en septiembre. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…) ,sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)».
Prueba de ello es que según los datos que revelan los magistrados en este segundo auto, de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden, en concreto, al caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ningún expediente incluyera prueba de exilio».
Los magistrados niegan que se produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. Además, la Sala «ha utilizado todos los intrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala.
Perjuicio irreversible
La decisión cuenta con el voto particular de una de los seis magistrados de la Sala. Alicia Millán se opone a la exclusión del censo de esos 162.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’, porque considera que suspender su derecho al sufragio en unas elecciones ya convocadas produce un «perjuicio definitivo» e irreversible que ninguna sentencia futura podrá reparar. Aunque apoya la decisión de denegar la ampliación a los 189.678 hijos solicitada por Vox, critica los argumentos de sus compañeros de tribunal. Asegura que la petición de los recurrentes excedía el objeto original del recurso y que no existía ningún «cambio de circunstancias» real que habilitara modificar las cautelares, ya que simplemente se había descubierto la verdadera dimensión numérica de un colectivo cuya existencia legal ya se conocía desde el principio.
Pureza del censo
En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral.
Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.
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