El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado, con una mayoría de 6 jueces a 3, que el presidente Donald Trump no puede eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pues está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución.
El derecho, que otorga de manera automática la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado, con una mayoría de 6 jueces a 3, que el presidente Donald Trump no puede eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pues está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución.
En la decisión más esperada del curso judicial que termina hoy, los magistrados, de mayoría conservadora, han dado un importante revés a la política migratoria del presidente, después de fallar el lunes en su contra en otros tres casos de calado. La sentencia ha contado con el voto favorable de las tres juezas progresistas y de otros tres conservadores, mientras que Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito han disentido.
En su primer día de mandato, el 20 de enero del 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con la que trató de eliminar este derecho, aunque fue bloqueada enseguida por tres tribunales inferiores y nunca entró en vigor. La Administración convirtió el caso en central en su agenda antimigratoria y recurrió hasta alcanzar la máxima instancia judicial.
Esta sentencia supone el segundo gran revés que el alto tribunal asesta a un pilar de la agenda política de Trump. En febrero, los jueces desmantelaron el eje central de su política comercial, cuando anularon sus aranceles generalizados, que él calificó de “recíprocos”, que había impuesto a importaciones de todo el mundo en base a una declaración emergencia nacional.
Si este martes la mayoría conservadora del alto tribunal le hubiera dado la razón a Trump, se estima que hubiera dejado sin nacionalidad a unos 200.000 recién nacidos al año en el futuro, lo que hubiera supuesto un desafío para las agencias de inmigración, inmersas en una campaña de deportaciones masivas, y habría la definición de ciudadanía y, en esencia, al país.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la 14ª Enmienda, ratificada en 1868 tras la guerra civil, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción” se convierten automáticamente en ciudadanas, sin independencia del estatus legal de sus padres.
Trump convirtió el caso en central en su agenda antimigratoria y fue el primer presidente en la historia en acudir al Supremo a defenderlo
El presidente del Supremo, John Roberts, ha esgrimido argumentos históricos y constitucionales para argumentar la decisión de la mayoría. “La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la 14ª enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, ha escrito el magistrado. “Hoy cumplimos esa promesa”.
La Administración Trump considera que su aplicación hoy en día está permitiendo a muchos inmigrantes viajar al país para tener hijos ciudadanos, lo que entiende que es una interpretación errónea, pues se creó para dar ciudadanía a hijos de esclavos.
Además, el presidente también ha argumentado que EE.UU. es “el único país del mundo” que permite la ciudadanía por nacimiento, lo cual no es cierto. Aunque es poco habitual, según el centro Pew Research, alrededor de 30 países sí conceden la ciudadanía a quienes nacen dentro de sus fronteras.
El Supremo ya sentó precedente sobre esta cuestión en 1898, cuando dictaminó que Wong Kim Ark, un hombre de ascendencia china nacido en San Francisco y de padres no ciudadanos, era ciudadano estadounidense. El Congreso tradujo el derecho en ley en 1952 con un lenguaje parecido al de la 14ª Enmienda y hasta ahora ningún presidente había dado el paso de intentar eliminarlo mediante orden ejecutiva, pues forma parte de la esencia misma de un país construido por inmigrantes.
Cualquier cambio constitucional requiere de amplias mayorías en las dos cámaras legislativas, así como a nivel estatal, por lo que con la disposición actual es imposible reformar esta enmienda, por mucho que Trump tratara de anularla poniendo su firma en un papel desde el despacho oval.
Una de las tres demandas contra la orden ejecutiva de Trump fue presentada por un grupo de padres inmigrantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La abogada Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU, afirmó ante los magistrados, en sus alegatos iniciales en abril, que la 14ª Enmienda “ha contribuido al crecimiento y prosperidad de nuestra nación”.
Sin embargo, el representante legal del presidente ante el Supremo, el procurador general John Sauer, argumentó que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se estableció para garantizar la naturalización de los hijos de esclavos, pero “el mundo actual es muy distinto” y muchas personas pueden coger un avión para viajar a EE.UU. como turistas para tener a su hijo en el país y garantizar su ciudadanía.
Sauer señaló que esas facilidades “denigran el inestimable y profundo regalo de la ciudadanía estadounidense”, operan como “un poderoso factor de atracción para la inmigración ilegal y recompensan a los extranjeros ilegales que no solo violan las leyes de inmigración, sino que también se cuelan por delante de quienes siguen las reglas”.
Aquella primera audiencia, en la que el Supremo ya pareció inclinado a tumbar el decreto de Trump, contó con la presencia del presidente, que se sentó en la tribuna del tribunal y se largó cuando terminaron los argumentos de su representante legal. Se convirtió en el primer mandatario en la historia de EE.UU. en acudir a una vista oral en el Supremo, un hecho que otros líderes habían querido evitar para no interferir en la separación de poderes, pilar fundacional de la democracia estadounidense.
Si el Supremo hubiera dado la razón a Trump, cientos de miles de recién nacidos se volverían apátridas cada año y se dispararía el coste de las deportaciones
El fallo de este martes llega después de que el lunes el Supremo fallara en contra de los intereses de Trump y los republicanos en tres otros casos relevantes. Los magistrados desestimaron su intento de anular el veredicto de un jurado de Nueva York que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, por lo que Trump todavía deberá pagar 5 millones de dólares. También dictaminaron que fue inconstitucional su intento de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, debido a acusaciones no probadas de fraude hipotecario. Y, por último los jueces rechazaron el intento de Trump de impedir que, en las elecciones, se puedan contar los votos por correo que lleguen tarde, que el presidente considera fraudulentas.
Sin embargo, en paralelo, el alto tribunal también otorgó dos importantes victorias al mandatario. El lunes, concedió al presidente la facultad de destituir por voluntad política o personal a los líderes de algunas agencias independientes. Con esta ampliación del poder presidencial, anularon un precedente establecido en 1935, una salvaguarda cuyo objetivo era proteger a las agencias de la corrupción y la injerencia política. Este martes, ha ratificado las leyes de Idaho y Virginia Occidental que prohíben a las estudiantes trans participar en deportes femeninos, lo que a la práctica avalará leyes similares en 25 estados del país.
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