El Gobierno de Pedro Sánchez espera que la presidencia irlandesa acceda a su petición de incluir la cuestión de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas en el próximo consejo de Asuntos Generales del próximo día 22. Por ahora, la solicitud se limita a que se incluya un debate sobre esta cuestión en la reunión ordinaria y no se refiere a una eventual votación que por lo que se sabe hasta ahora no tendría éxito. Para aprobar un cambio en el régimen lingüístico en la Unión Europea se requiere la unanimidad.En este caso, el Gobierno ha pedido que se añada este debate al orden del día en el capítulo de miscelánea, pero en este caso lo vincula con la ampliación de la UE y la entrada de otros países que aportarán sus propias lenguas nacionales. La llegada de nuevos países añade su lengua nacional a la larga lista de idiomas oficiales y el caso más próximo puede ser el ucraniano. No está claro cual es el argumento que quiere utilizar el Gobierno en este caso o si desea vincular su apoyo a esa ampliación con la reforma del régimen lingüístico. Por ahora, el Gobierno solo ha logrado el apoyo formal de un grupo de países miembros, entre los que los más notables son Bélgica, Hungría, Irlanda, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovenia o Chipre. Sin embargo, varios de esos países han expresado su apoyo en anteriores ocasiones como parte de acuerdos transaccionales con Pedro Sánchez. Alguno podría haber cambiado de opinión con la llegada de gobiernos de diferente ideología. En todo caso, si la cuestión entra en el orden del día no habría una votación específica, por lo que el enésimo intento por parte del Gobierno español podría tener como objetivo solamente conectar sus pretensiones de oficializar en Europa el uso de tres lenguas regionales españolas (catalán, euskera y gallego) con el hecho de que cada ampliación incluye la necesidad de una reforma del reglamento lingüístico por razones evidentes, lo que podría proporcionar un asidero para que aquellos países más reticentes cambien de opinión. Los planes del Gobierno podrían ser desde aprovechar la entrada de nuevas lenguas para intentar que al menos el catalán se incluya en el paquete, hasta advertir que en caso de que no se acepten las lenguas cooficiales españolas, España vetaría el ingreso de los países candidatos. Entre los países más importantes de la mayoría que se oponen están Alemania e Italia. Paris no se ha manifestado expresamente en contra, aunque en realidad se puede considerar como parte de la lista de reticentes porque de aprobarse las pretensiones del Gobierno español eso le podría obligar a considerar la cooficialidad en Francia de al menos dos de esas lenguas: catalán y euskera.Para lograr el apoyo del mayor numero de países el Gobierno ha propuesto que se hará cargo de todos los costes, aunque varios países sospechan que a largo plazo acabaría siendo asumido por todos. Y para intentar evitar que siente un precedente para extender la misma reclamación por parte de otras lenguas, también propone que la lengua que pretenda ser oficial tenga origen histórico en el Estado solicitante, que haya sido oficial durante más de 40 años de forma ininterrumpida, que lo fuera ya antes de la adhesión a la UE y que sea lengua de trabajo de las instituciones nacionales, además de que los costes los asuma el país respectivo. El Gobierno de Pedro Sánchez espera que la presidencia irlandesa acceda a su petición de incluir la cuestión de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas en el próximo consejo de Asuntos Generales del próximo día 22. Por ahora, la solicitud se limita a que se incluya un debate sobre esta cuestión en la reunión ordinaria y no se refiere a una eventual votación que por lo que se sabe hasta ahora no tendría éxito. Para aprobar un cambio en el régimen lingüístico en la Unión Europea se requiere la unanimidad.En este caso, el Gobierno ha pedido que se añada este debate al orden del día en el capítulo de miscelánea, pero en este caso lo vincula con la ampliación de la UE y la entrada de otros países que aportarán sus propias lenguas nacionales. La llegada de nuevos países añade su lengua nacional a la larga lista de idiomas oficiales y el caso más próximo puede ser el ucraniano. No está claro cual es el argumento que quiere utilizar el Gobierno en este caso o si desea vincular su apoyo a esa ampliación con la reforma del régimen lingüístico. Por ahora, el Gobierno solo ha logrado el apoyo formal de un grupo de países miembros, entre los que los más notables son Bélgica, Hungría, Irlanda, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovenia o Chipre. Sin embargo, varios de esos países han expresado su apoyo en anteriores ocasiones como parte de acuerdos transaccionales con Pedro Sánchez. Alguno podría haber cambiado de opinión con la llegada de gobiernos de diferente ideología. En todo caso, si la cuestión entra en el orden del día no habría una votación específica, por lo que el enésimo intento por parte del Gobierno español podría tener como objetivo solamente conectar sus pretensiones de oficializar en Europa el uso de tres lenguas regionales españolas (catalán, euskera y gallego) con el hecho de que cada ampliación incluye la necesidad de una reforma del reglamento lingüístico por razones evidentes, lo que podría proporcionar un asidero para que aquellos países más reticentes cambien de opinión. Los planes del Gobierno podrían ser desde aprovechar la entrada de nuevas lenguas para intentar que al menos el catalán se incluya en el paquete, hasta advertir que en caso de que no se acepten las lenguas cooficiales españolas, España vetaría el ingreso de los países candidatos. Entre los países más importantes de la mayoría que se oponen están Alemania e Italia. Paris no se ha manifestado expresamente en contra, aunque en realidad se puede considerar como parte de la lista de reticentes porque de aprobarse las pretensiones del Gobierno español eso le podría obligar a considerar la cooficialidad en Francia de al menos dos de esas lenguas: catalán y euskera.Para lograr el apoyo del mayor numero de países el Gobierno ha propuesto que se hará cargo de todos los costes, aunque varios países sospechan que a largo plazo acabaría siendo asumido por todos. Y para intentar evitar que siente un precedente para extender la misma reclamación por parte de otras lenguas, también propone que la lengua que pretenda ser oficial tenga origen histórico en el Estado solicitante, que haya sido oficial durante más de 40 años de forma ininterrumpida, que lo fuera ya antes de la adhesión a la UE y que sea lengua de trabajo de las instituciones nacionales, además de que los costes los asuma el país respectivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez espera que la presidencia irlandesa acceda a su petición de incluir la cuestión de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas en el próximo consejo de Asuntos Generales del próximo día 22. Por ahora, la solicitud se limita a … que se incluya un debate sobre esta cuestión en la reunión ordinaria y no se refiere a una eventual votación que por lo que se sabe hasta ahora no tendría éxito. Para aprobar un cambio en el régimen lingüístico en la Unión Europea se requiere la unanimidad.
En este caso, el Gobierno ha pedido que se añada este debate al orden del día en el capítulo de miscelánea, pero en este caso lo vincula con la ampliación de la UE y la entrada de otros países que aportarán sus propias lenguas nacionales. La llegada de nuevos países añade su lengua nacional a la larga lista de idiomas oficiales y el caso más próximo puede ser el ucraniano. No está claro cual es el argumento que quiere utilizar el Gobierno en este caso o si desea vincular su apoyo a esa ampliación con la reforma del régimen lingüístico.
Por ahora, el Gobierno solo ha logrado el apoyo formal de un grupo de países miembros, entre los que los más notables son Bélgica, Hungría, Irlanda, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovenia o Chipre. Sin embargo, varios de esos países han expresado su apoyo en anteriores ocasiones como parte de acuerdos transaccionales con Pedro Sánchez. Alguno podría haber cambiado de opinión con la llegada de gobiernos de diferente ideología.
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En todo caso, si la cuestión entra en el orden del día no habría una votación específica, por lo que el enésimo intento por parte del Gobierno español podría tener como objetivo solamente conectar sus pretensiones de oficializar en Europa el uso de tres lenguas regionales españolas (catalán, euskera y gallego) con el hecho de que cada ampliación incluye la necesidad de una reforma del reglamento lingüístico por razones evidentes, lo que podría proporcionar un asidero para que aquellos países más reticentes cambien de opinión. Los planes del Gobierno podrían ser desde aprovechar la entrada de nuevas lenguas para intentar que al menos el catalán se incluya en el paquete, hasta advertir que en caso de que no se acepten las lenguas cooficiales españolas, España vetaría el ingreso de los países candidatos.
Entre los países más importantes de la mayoría que se oponen están Alemania e Italia. Paris no se ha manifestado expresamente en contra, aunque en realidad se puede considerar como parte de la lista de reticentes porque de aprobarse las pretensiones del Gobierno español eso le podría obligar a considerar la cooficialidad en Francia de al menos dos de esas lenguas: catalán y euskera.
Para lograr el apoyo del mayor numero de países el Gobierno ha propuesto que se hará cargo de todos los costes, aunque varios países sospechan que a largo plazo acabaría siendo asumido por todos. Y para intentar evitar que siente un precedente para extender la misma reclamación por parte de otras lenguas, también propone que la lengua que pretenda ser oficial tenga origen histórico en el Estado solicitante, que haya sido oficial durante más de 40 años de forma ininterrumpida, que lo fuera ya antes de la adhesión a la UE y que sea lengua de trabajo de las instituciones nacionales, además de que los costes los asuma el país respectivo.
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