El pecado original está en aquella prórroga que hace un cuarto de siglo aprobó el Gobierno de José María Aznar. Alargaba hasta 2048 las concesiones de dos de las principales autopistas del norte de España, la AP-9, que vertebra el eje atlántico gallego de norte a sur, y la AP-66, más conocida como la Autopista Ruta de la Plata, que comunica Asturias (Campomanes) y León. Ahora, los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León se han aliado para tratar de acabar con los peajes en estas vías estratégicas de comunicación e intentan aprovechar la baza que les ofrece el dictamen de la Unión Europea sobre el asunto.Esa alianza se selló la semana pasada en el encuentro ‘las infraestructuras viarias del noroeste’, celebrado en Santiago y organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia. Se plasmó en la que bautizaron como Declaración de Compostela. Pero lo destacable no es solo que los tres ejecutivos autonómicos unan fuerzas, sino que el documento haya sido suscrito también por las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades.Los tres gobiernos autonómicos juegan la baza del dictamen de la UE sobre las prórrogas para presionar al GobiernoEn esencia, lo que hacen es reclamar a la Unión Europea una resolución definitiva del procedimiento abierto contra el Gobierno central por unas prórrogas que Bruselas concluyó que incumplían la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.Está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) emitió aquel dictamen sobre las concesiones de ambas autopistas a empresas privadas para su explotación y cobro de peajes a sus usuarios. El proceso se había iniciado años antes con una denuncia presentada por En Colectivo, asociación impulsora de esta alianza y cuyo presidente, Diego Maraña, también asistió a la cita compostelana.Interlocución con la UEEs en este contexto en el que los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales han suscrito esta declaración para que la UE redoble la presión para que el Gobierno de España «actúe» tras el rotundo dictamen. En definitiva, quieren que la UE siga avanzando en ese procedimiento. Pero la declaración, en todo caso, pretende ir más allá de un requerimiento concreto a la Unión Europea y quiere también abrir una interlocución permanente con las instituciones europeas.La autopista AP-9 a su paso por el puente de Rande. EFELos firmantes coinciden en subrayar en la Declaración de Compostela la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad, tanto de personas como de mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste peninsular. Y recuerdan que el régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas, obligadas a pagar los peajes, pese a que el Gobierno central ha emprendido una política de descuentos para los viajeros recurrentes —es decir, más fondos públicos hacia las empresas concesionarias—, pero que resultan claramente insuficientes.Por parte de la Xunta, fue la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, la encargada de poner la rúbrica en el documento. Explicó que, por una parte, quieren que la Comisión Europea impulse con celeridad la conclusión del procedimiento de infracción derivado del dictamen. Y también, por supuesto, que «el Gobierno lo asuma jurídicamente». La conselleira explicó otras iniciativas surgidas de esta nueva alianza interautonómica: una carta que ya han enviado al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, solicitándole una reunión «para trasladarle la preocupación ante una situación de discriminación territorial inaceptable».Lo que pretenden los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales firmantes es que el asunto vaya al colegio de comisarios y que, más allá del dictamen, se transforme en una «amenaza importante» de sanciones para el Gobierno de España en caso de incumplir las resoluciones europeas, según recogió Europa Press sobre el acto celebrado en Santiago. En definitiva, redoblar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que mueva ficha y que la Unión Europea apure «hasta las últimas consecuencias» en sus exigencias al Reino de España.La conselleira gallega de Vivienda y Planificación de Infraestructuras recuerda que, mientras el Gobierno central libra de peajes a otros territorios, la AP-9, que presta servicio a más del 60 % de la población gallega y a una de sus principales ciudades, cada vez es más cara. El coste de recorrer, solo de ida, la autopista completa, de Ferrol a Tui, asciende a 28 euros. Y si el recorrido es entre las dos principales ciudades gallegas, La Coruña y Vigo, el precio de los peajes es de 21,40 euros. Todos los firmantes están de acuerdo en que los peajes de ambas autopistas perjudican tanto la movilidad como la cohesión y la competitividad de estos territorios.Un traspaso «financiado»La Xunta quiere que el Gobierno le transfiera la titularidad de la AP-9, pero no de cualquier manera. Quiere que sea un traspaso «financiado», es decir, sin cargas extra para las arcas autonómicas. Y que, además, el Estado garantice que va a asumir todos los gastos posteriores que puedan derivarse de posibles procesos judiciales abiertos. En líneas generales, recordó la conselleira, el traspaso tiene que respetar el texto de la proposición de ley que aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia, y no «desvirtuarlo» como, a su juicio, pretenden PSOE, el BNG y Sumar.Martínez Allegue lamenta también la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que la Xunta se enteró «por los medios de comunicación» del mencionado dictamen y que, a día de hoy, todavía desconoce el contenido de la respuesta que el Gobierno dio a la UE. Por eso, la Xunta se vio obligada a recurrir a los tribunales. «Queremos transparencia y toda la información, que es más necesaria que nunca», dijo la conselleira ante los medios tras la rúbrica de la Declaración de Compostela.Los encargados de firmar la Declaración, además de Martínez Allegue, fueron el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez. En cuanto al ámbito empresarial, lo suscribieron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el mencionado presidente de En Colectivo, Diego Maraña, que también es consejero de MundiNova. El pecado original está en aquella prórroga que hace un cuarto de siglo aprobó el Gobierno de José María Aznar. Alargaba hasta 2048 las concesiones de dos de las principales autopistas del norte de España, la AP-9, que vertebra el eje atlántico gallego de norte a sur, y la AP-66, más conocida como la Autopista Ruta de la Plata, que comunica Asturias (Campomanes) y León. Ahora, los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León se han aliado para tratar de acabar con los peajes en estas vías estratégicas de comunicación e intentan aprovechar la baza que les ofrece el dictamen de la Unión Europea sobre el asunto.Esa alianza se selló la semana pasada en el encuentro ‘las infraestructuras viarias del noroeste’, celebrado en Santiago y organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia. Se plasmó en la que bautizaron como Declaración de Compostela. Pero lo destacable no es solo que los tres ejecutivos autonómicos unan fuerzas, sino que el documento haya sido suscrito también por las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades.Los tres gobiernos autonómicos juegan la baza del dictamen de la UE sobre las prórrogas para presionar al GobiernoEn esencia, lo que hacen es reclamar a la Unión Europea una resolución definitiva del procedimiento abierto contra el Gobierno central por unas prórrogas que Bruselas concluyó que incumplían la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.Está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) emitió aquel dictamen sobre las concesiones de ambas autopistas a empresas privadas para su explotación y cobro de peajes a sus usuarios. El proceso se había iniciado años antes con una denuncia presentada por En Colectivo, asociación impulsora de esta alianza y cuyo presidente, Diego Maraña, también asistió a la cita compostelana.Interlocución con la UEEs en este contexto en el que los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales han suscrito esta declaración para que la UE redoble la presión para que el Gobierno de España «actúe» tras el rotundo dictamen. En definitiva, quieren que la UE siga avanzando en ese procedimiento. Pero la declaración, en todo caso, pretende ir más allá de un requerimiento concreto a la Unión Europea y quiere también abrir una interlocución permanente con las instituciones europeas.La autopista AP-9 a su paso por el puente de Rande. EFELos firmantes coinciden en subrayar en la Declaración de Compostela la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad, tanto de personas como de mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste peninsular. Y recuerdan que el régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas, obligadas a pagar los peajes, pese a que el Gobierno central ha emprendido una política de descuentos para los viajeros recurrentes —es decir, más fondos públicos hacia las empresas concesionarias—, pero que resultan claramente insuficientes.Por parte de la Xunta, fue la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, la encargada de poner la rúbrica en el documento. Explicó que, por una parte, quieren que la Comisión Europea impulse con celeridad la conclusión del procedimiento de infracción derivado del dictamen. Y también, por supuesto, que «el Gobierno lo asuma jurídicamente». La conselleira explicó otras iniciativas surgidas de esta nueva alianza interautonómica: una carta que ya han enviado al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, solicitándole una reunión «para trasladarle la preocupación ante una situación de discriminación territorial inaceptable».Lo que pretenden los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales firmantes es que el asunto vaya al colegio de comisarios y que, más allá del dictamen, se transforme en una «amenaza importante» de sanciones para el Gobierno de España en caso de incumplir las resoluciones europeas, según recogió Europa Press sobre el acto celebrado en Santiago. En definitiva, redoblar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que mueva ficha y que la Unión Europea apure «hasta las últimas consecuencias» en sus exigencias al Reino de España.La conselleira gallega de Vivienda y Planificación de Infraestructuras recuerda que, mientras el Gobierno central libra de peajes a otros territorios, la AP-9, que presta servicio a más del 60 % de la población gallega y a una de sus principales ciudades, cada vez es más cara. El coste de recorrer, solo de ida, la autopista completa, de Ferrol a Tui, asciende a 28 euros. Y si el recorrido es entre las dos principales ciudades gallegas, La Coruña y Vigo, el precio de los peajes es de 21,40 euros. Todos los firmantes están de acuerdo en que los peajes de ambas autopistas perjudican tanto la movilidad como la cohesión y la competitividad de estos territorios.Un traspaso «financiado»La Xunta quiere que el Gobierno le transfiera la titularidad de la AP-9, pero no de cualquier manera. Quiere que sea un traspaso «financiado», es decir, sin cargas extra para las arcas autonómicas. Y que, además, el Estado garantice que va a asumir todos los gastos posteriores que puedan derivarse de posibles procesos judiciales abiertos. En líneas generales, recordó la conselleira, el traspaso tiene que respetar el texto de la proposición de ley que aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia, y no «desvirtuarlo» como, a su juicio, pretenden PSOE, el BNG y Sumar.Martínez Allegue lamenta también la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que la Xunta se enteró «por los medios de comunicación» del mencionado dictamen y que, a día de hoy, todavía desconoce el contenido de la respuesta que el Gobierno dio a la UE. Por eso, la Xunta se vio obligada a recurrir a los tribunales. «Queremos transparencia y toda la información, que es más necesaria que nunca», dijo la conselleira ante los medios tras la rúbrica de la Declaración de Compostela.Los encargados de firmar la Declaración, además de Martínez Allegue, fueron el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez. En cuanto al ámbito empresarial, lo suscribieron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el mencionado presidente de En Colectivo, Diego Maraña, que también es consejero de MundiNova.
El pecado original está en aquella prórroga que hace un cuarto de siglo aprobó el Gobierno de José María Aznar. Alargaba hasta 2048 las concesiones de dos de las principales autopistas del norte de España, la AP-9, que vertebra el eje atlántico gallego de … norte a sur, y la AP-66, más conocida como la Autopista Ruta de la Plata, que comunica Asturias (Campomanes) y León. Ahora, los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León se han aliado para tratar de acabar con los peajes en estas vías estratégicas de comunicación e intentan aprovechar la baza que les ofrece el dictamen de la Unión Europea sobre el asunto.
Esa alianza se selló la semana pasada en el encuentro ‘las infraestructuras viarias del noroeste’, celebrado en Santiago y organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia. Se plasmó en la que bautizaron como Declaración de Compostela. Pero lo destacable no es solo que los tres ejecutivos autonómicos unan fuerzas, sino que el documento haya sido suscrito también por las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades.
Los tres gobiernos autonómicos juegan la baza del dictamen de la UE sobre las prórrogas para presionar al Gobierno
En esencia, lo que hacen es reclamar a la Unión Europea una resolución definitiva del procedimiento abierto contra el Gobierno central por unas prórrogas que Bruselas concluyó que incumplían la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.
Está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) emitió aquel dictamen sobre las concesiones de ambas autopistas a empresas privadas para su explotación y cobro de peajes a sus usuarios. El proceso se había iniciado años antes con una denuncia presentada por En Colectivo, asociación impulsora de esta alianza y cuyo presidente, Diego Maraña, también asistió a la cita compostelana.
Interlocución con la UE
Es en este contexto en el que los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales han suscrito esta declaración para que la UE redoble la presión para que el Gobierno de España «actúe» tras el rotundo dictamen. En definitiva, quieren que la UE siga avanzando en ese procedimiento. Pero la declaración, en todo caso, pretende ir más allá de un requerimiento concreto a la Unión Europea y quiere también abrir una interlocución permanente con las instituciones europeas.
(EFE)
Los firmantes coinciden en subrayar en la Declaración de Compostela la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad, tanto de personas como de mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste peninsular. Y recuerdan que el régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas, obligadas a pagar los peajes, pese a que el Gobierno central ha emprendido una política de descuentos para los viajeros recurrentes —es decir, más fondos públicos hacia las empresas concesionarias—, pero que resultan claramente insuficientes.
Por parte de la Xunta, fue la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, la encargada de poner la rúbrica en el documento. Explicó que, por una parte, quieren que la Comisión Europea impulse con celeridad la conclusión del procedimiento de infracción derivado del dictamen. Y también, por supuesto, que «el Gobierno lo asuma jurídicamente». La conselleira explicó otras iniciativas surgidas de esta nueva alianza interautonómica: una carta que ya han enviado al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, solicitándole una reunión «para trasladarle la preocupación ante una situación de discriminación territorial inaceptable».
Lo que pretenden los gobiernos de las tres comunidades autónomas y las organizaciones empresariales firmantes es que el asunto vaya al colegio de comisarios y que, más allá del dictamen, se transforme en una «amenaza importante» de sanciones para el Gobierno de España en caso de incumplir las resoluciones europeas, según recogió Europa Press sobre el acto celebrado en Santiago. En definitiva, redoblar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que mueva ficha y que la Unión Europea apure «hasta las últimas consecuencias» en sus exigencias al Reino de España.
La conselleira gallega de Vivienda y Planificación de Infraestructuras recuerda que, mientras el Gobierno central libra de peajes a otros territorios, la AP-9, que presta servicio a más del 60 % de la población gallega y a una de sus principales ciudades, cada vez es más cara. El coste de recorrer, solo de ida, la autopista completa, de Ferrol a Tui, asciende a 28 euros. Y si el recorrido es entre las dos principales ciudades gallegas, La Coruña y Vigo, el precio de los peajes es de 21,40 euros. Todos los firmantes están de acuerdo en que los peajes de ambas autopistas perjudican tanto la movilidad como la cohesión y la competitividad de estos territorios.
Un traspaso «financiado»
La Xunta quiere que el Gobierno le transfiera la titularidad de la AP-9, pero no de cualquier manera. Quiere que sea un traspaso «financiado», es decir, sin cargas extra para las arcas autonómicas. Y que, además, el Estado garantice que va a asumir todos los gastos posteriores que puedan derivarse de posibles procesos judiciales abiertos. En líneas generales, recordó la conselleira, el traspaso tiene que respetar el texto de la proposición de ley que aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia, y no «desvirtuarlo» como, a su juicio, pretenden PSOE, el BNG y Sumar.
Martínez Allegue lamenta también la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que la Xunta se enteró «por los medios de comunicación» del mencionado dictamen y que, a día de hoy, todavía desconoce el contenido de la respuesta que el Gobierno dio a la UE. Por eso, la Xunta se vio obligada a recurrir a los tribunales. «Queremos transparencia y toda la información, que es más necesaria que nunca», dijo la conselleira ante los medios tras la rúbrica de la Declaración de Compostela.
Los encargados de firmar la Declaración, además de Martínez Allegue, fueron el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez. En cuanto al ámbito empresarial, lo suscribieron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el mencionado presidente de En Colectivo, Diego Maraña, que también es consejero de MundiNova.
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