El organismo dependiente de Hacienda ha quedado fuera de la regulación de los lobbys Leer El organismo dependiente de Hacienda ha quedado fuera de la regulación de los lobbys Leer
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La Oficina de Conflictos de Interés ha estado durante más de diez años ignorando las peticiones del Tribunal de Cuentas para un mayor escrutinio de la actividad económica de los altos cargos del Estado, tanto durante su ejercicio como en los dos años tras su cese que siguen estando bajo vigilancia de la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda.
En un reciente informe, el Tribunal de Cuentas recuerda que parte de sus solicitudes para mejorar el escrutinio sobre los altos cargos llevan siendo desatendidas desde su análisis sobre el organismo en el periodo entre 2012 y 2014, si bien desde 2023 la Oficina ha acelerado para cumplir unas demandas que fueron reiteradas en 2021, mientras que en otras alega que no está de acuerdo con el supervisor.
El Tribunal consideraba «claramente insuficiente» el procedimiento que la Oficina venía implementando desde 2006 que se limitaba a solicitar información al Registro Mercantil Central sobre los altos cargos cuando se les nombraba y no durante su ejercicio o posteriormente tras su cese y durante los dos años en los que la Oficina de Conflictos de Interés debe autorizar sus nuevas actividades económicas.
Para remediarlo, el organismo dependiente de Hacienda ha firmado un nuevo convenio con la Tesorería de la Seguridad Social donde esta facilitará «información acerca de las personas que han cesado como altos cargos, informando de la actividad que realicen por cuenta propia, o por cuenta ajena y, en tal caso, la denominación de la sociedad o empresa».
Esto ha sido suficiente para que el Tribunal de Cuentas considere cumplida la recomendación, que también incluía la creación de «un procedimiento para realizar comprobaciones periódicas y aleatorias de las actividades y bienes de los altos cargos» que no se menciona en el convenio.
A esto se une la creación del primer procedimiento de actuación de la entidad, que había operado sin él durante 17 años hasta su elaboración en 2023.
La Oficina de Conflictos de Interés lleva años en el centro de la crítica pública por su falta de independencia orgánica, hasta el punto que el PP pidió que sea el Consejo de Transparencia y no este organismo quien fiscalice la relación de la Administración y los lobbys, una recomendación que el Gobierno ha incluido en el Real Decreto aprobado la semana pasada.
En el caso del Tribunal de Cuentas, las discrepancias sobre la extensión de sus funciones continúan. Por un lado, la entidad considera que opera de forma demasiado laxa con el resto de entidades públicas a la hora de forzarles a notificar los ceses y nombramientos de nuevos altos cargos.
En este extremo, la nueva dirección de la Oficina ha subrayado que envía recordatorios periódicos y ha prometido reforzar sus requerimientos tras no ser capaz de aportar evidencias de haber hecho alguna comunicación de este tipo a ningún organismo público.
Sin embargo, hay dos temas donde las posturas permanecen separadas. El primero es que el tribunal considera que tiene que verificarse la inexistencia de«conflictos de interés» si los altos cargos vuelven a otras instituciones públicas o terminan trabajando en organismos internacionales, una práctica muy habitual. La Oficina de Conflictos de Interés postula que por su parte solo tienen encargado vigilar la actividad del sector privado, por lo que no es su competencia.
El otro conflicto tiene que ver con la publicidad. El tribunal lleva también más de una década pidiendo que la Oficina haga publicidad de sus canales de denuncia, algo que esta no considera necesario: «Son muy numerosas las denuncias que a través de diferentes canales se reciben en la Oficina contra dicho personal, lo que acredita un conocimiento suficiente de dicha vía de acción», traslada en sus alegaciones la presidenta de la institución.
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