La crisis de Ceuta aboca a Gobierno y PP a pactar una reforma urgente de la ley de extranjería

La avalancha de 60.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado, sumergiendo a la ciudad autónoma en un caos absoluto y que ha dejado un balance de muertes en el mar demoledor —al menos 88 fallecidos— ha aflorado también distintas derivadas políticas de gran dimensión. La europea, con 22 socios comunitarios cuestionando la política migratoria de Pedro Sánchez, es la primera. También el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que declara al presidente incapaz de afrontar y resolver la crisis. El Ejecutivo rechazó declarar la emergencia nacional hace unos días, pero tuvo que desplegar al Ejército para garantizar el efectivo cierre de la frontera. El PP critica con dureza la «insuficiencia» de las medidas tomadas y considera que el episodio responde también a la «inexistente» política migratoria de Sánchez y los giros en la política exterior, que nunca llegó a explicar. Aunque en la crisis concurren muchos elementos y la distancia no puede ser mayor, la realidad es que tanto el Ejecutivo como el primer partido de la oposición coinciden en que el origen que ha terminado provocando este colapso en Ceuta está en una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio. Y eso tiene una solución.El fallo, en resumen, amparó a un inmigrante argelino que había denunciado su deportación al reino alauí después de haber sido interceptado en alta mar. Todo por una laguna en la ley de extranjería, según la cual acceder por vía marítima a las ciudades autónomas no vulnera una frontera material puesto que no se deben superar «elementos de contención fronterizos». En cambio, el acceso por vía terrestre —donde hay vallas físicas— sí permite el rechazo en frontera. La interpretación del Alto Tribunal en esa sentencia terminó abriendo la puerta a un efecto llamada para entrar masivamente a nado.Todas las miradas se dirigen ahora al legislador. Una reforma en la ley de extranjería, por tanto, impediría que esta crisis pueda volver a repetirse. El propio Sánchez se abrió el pasado viernes, durante su visita a Ceuta, a un cambio en la norma para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible». Hubo otro anuncio en la misma dirección de responder a la sentencia del Supremo: la colocación por la Guardia Civil de boyas en el espigón fronterizo —como ya ha hecho— para levantar una barrera de contención que facilite también las devoluciones. Son dos vías que, precisamente, el Alto Tribunal contemplaba en su propia sentencia.El único consensoLa cuestión es que en este momento sí parece existir consenso entre Gobierno y PP sobre la necesaria reforma. Una coincidencia esencial puesto que al tratarse de una ley orgánica (4/2000 del 11 de enero) se precisa mayoría absoluta. Los escaños de socialistas y populares la garantizan sin necesidad de contar con otros actores, aunque con toda seguridad habría más apoyos. Y precisamente el PP pretende llevar al primer pleno del Congreso del mes de septiembre, justo a la vuelta del verano, una proposición de ley en este sentido.La iniciativa popular se registró hace dos semanas y, en realidad, pretende corregir el vacío legal que ha aflorado tras la sentencia del Supremo. De ahí que la propuesta sea reformar la disposición adicional décima de la ley, que regula el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. El artículo uno propuesto establece que los extranjeros que sean detectados o interceptados en «línea fronteriza terrestre o marítima» —estos serían los términos añadidos— podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. El texto del PP recoge en su exposición de motivos la postura que ya tomó la Abogacía del Estado a lo largo del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia del Supremo —el caso del argelino se originó en 2024—. En uno de sus escritos al interponer recurso, la Abogacía insistía en que el «rechazo de frontera» permite a la administración practicar una actuación material de vigilancia cuando sea necesario restablecer la legalidad transgredida por el intento de cruce irregular de frontera; y añadía que ese rechazo de frontera es aplicable cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, independientemente de si existen obstáculos físicos o no. Además, dejaba claro que esa línea fronteriza, también la marítima, existe, según el «concepto de mar territorial» definido en el artículo primero de la Ley 10/1977. En todo caso, la intención de la reforma es no dejar margen a la duda en la interpretación. ¿Pacto de Estado?Si algo ha evidenciado la reciente crisis de los devastadores incendios en Madrid, Ávila y Castellón es que no era posible ningún tipo de acercamiento entre Gobierno y PP. Que la tregua se rompió rápido si es que existió. Y, sobre todo, que en esa materia no iba a ser posible un acuerdo a gran escala. Ahora, sin embargo, ha surgido otra oportunidad. Ceuta es frontera exterior de España y Europa, como insistió en recalcar el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cuando elevó su llamada de auxilio al ámbito comunitario. De hecho, el dirigente popular ha puesto como ejemplo en distintas ocasiones a lo largo de estos días la unanimidad lograda en la Junta de Portavoces de la ciudad autónoma, con representación de muchos partidos. Todos pedían lo mismo al Gobierno. En ese sentido, lo que Vivas ha reclamado una y otra vez es «una respuesta de Estado» ante un problema que tiene esa dimensión. Fuentes del Grupo Popular en el Congreso cuentan con introducir el debate en la primera ocasión posible con el inicio del nuevo periodo de sesiones. En realidad, los dirigentes consultados dan por hecho que la reforma legal debería producirse con cierta rapidez. El registro de la proposición de ley pretende forzar y acelerar el debate, pero las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno podría actuar incluso antes. E insisten en que contarían con el apoyo del PP para esta modificación si lo hicieran vía proyecto de ley. La avalancha de 60.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado, sumergiendo a la ciudad autónoma en un caos absoluto y que ha dejado un balance de muertes en el mar demoledor —al menos 88 fallecidos— ha aflorado también distintas derivadas políticas de gran dimensión. La europea, con 22 socios comunitarios cuestionando la política migratoria de Pedro Sánchez, es la primera. También el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que declara al presidente incapaz de afrontar y resolver la crisis. El Ejecutivo rechazó declarar la emergencia nacional hace unos días, pero tuvo que desplegar al Ejército para garantizar el efectivo cierre de la frontera. El PP critica con dureza la «insuficiencia» de las medidas tomadas y considera que el episodio responde también a la «inexistente» política migratoria de Sánchez y los giros en la política exterior, que nunca llegó a explicar. Aunque en la crisis concurren muchos elementos y la distancia no puede ser mayor, la realidad es que tanto el Ejecutivo como el primer partido de la oposición coinciden en que el origen que ha terminado provocando este colapso en Ceuta está en una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio. Y eso tiene una solución.El fallo, en resumen, amparó a un inmigrante argelino que había denunciado su deportación al reino alauí después de haber sido interceptado en alta mar. Todo por una laguna en la ley de extranjería, según la cual acceder por vía marítima a las ciudades autónomas no vulnera una frontera material puesto que no se deben superar «elementos de contención fronterizos». En cambio, el acceso por vía terrestre —donde hay vallas físicas— sí permite el rechazo en frontera. La interpretación del Alto Tribunal en esa sentencia terminó abriendo la puerta a un efecto llamada para entrar masivamente a nado.Todas las miradas se dirigen ahora al legislador. Una reforma en la ley de extranjería, por tanto, impediría que esta crisis pueda volver a repetirse. El propio Sánchez se abrió el pasado viernes, durante su visita a Ceuta, a un cambio en la norma para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible». Hubo otro anuncio en la misma dirección de responder a la sentencia del Supremo: la colocación por la Guardia Civil de boyas en el espigón fronterizo —como ya ha hecho— para levantar una barrera de contención que facilite también las devoluciones. Son dos vías que, precisamente, el Alto Tribunal contemplaba en su propia sentencia.El único consensoLa cuestión es que en este momento sí parece existir consenso entre Gobierno y PP sobre la necesaria reforma. Una coincidencia esencial puesto que al tratarse de una ley orgánica (4/2000 del 11 de enero) se precisa mayoría absoluta. Los escaños de socialistas y populares la garantizan sin necesidad de contar con otros actores, aunque con toda seguridad habría más apoyos. Y precisamente el PP pretende llevar al primer pleno del Congreso del mes de septiembre, justo a la vuelta del verano, una proposición de ley en este sentido.La iniciativa popular se registró hace dos semanas y, en realidad, pretende corregir el vacío legal que ha aflorado tras la sentencia del Supremo. De ahí que la propuesta sea reformar la disposición adicional décima de la ley, que regula el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. El artículo uno propuesto establece que los extranjeros que sean detectados o interceptados en «línea fronteriza terrestre o marítima» —estos serían los términos añadidos— podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. El texto del PP recoge en su exposición de motivos la postura que ya tomó la Abogacía del Estado a lo largo del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia del Supremo —el caso del argelino se originó en 2024—. En uno de sus escritos al interponer recurso, la Abogacía insistía en que el «rechazo de frontera» permite a la administración practicar una actuación material de vigilancia cuando sea necesario restablecer la legalidad transgredida por el intento de cruce irregular de frontera; y añadía que ese rechazo de frontera es aplicable cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, independientemente de si existen obstáculos físicos o no. Además, dejaba claro que esa línea fronteriza, también la marítima, existe, según el «concepto de mar territorial» definido en el artículo primero de la Ley 10/1977. En todo caso, la intención de la reforma es no dejar margen a la duda en la interpretación. ¿Pacto de Estado?Si algo ha evidenciado la reciente crisis de los devastadores incendios en Madrid, Ávila y Castellón es que no era posible ningún tipo de acercamiento entre Gobierno y PP. Que la tregua se rompió rápido si es que existió. Y, sobre todo, que en esa materia no iba a ser posible un acuerdo a gran escala. Ahora, sin embargo, ha surgido otra oportunidad. Ceuta es frontera exterior de España y Europa, como insistió en recalcar el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cuando elevó su llamada de auxilio al ámbito comunitario. De hecho, el dirigente popular ha puesto como ejemplo en distintas ocasiones a lo largo de estos días la unanimidad lograda en la Junta de Portavoces de la ciudad autónoma, con representación de muchos partidos. Todos pedían lo mismo al Gobierno. En ese sentido, lo que Vivas ha reclamado una y otra vez es «una respuesta de Estado» ante un problema que tiene esa dimensión. Fuentes del Grupo Popular en el Congreso cuentan con introducir el debate en la primera ocasión posible con el inicio del nuevo periodo de sesiones. En realidad, los dirigentes consultados dan por hecho que la reforma legal debería producirse con cierta rapidez. El registro de la proposición de ley pretende forzar y acelerar el debate, pero las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno podría actuar incluso antes. E insisten en que contarían con el apoyo del PP para esta modificación si lo hicieran vía proyecto de ley.  

La avalancha de 60.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado, sumergiendo a la ciudad autónoma en un caos absoluto y que ha dejado un balance de muertes en el mar demoledor —al menos 88 fallecidos— ha aflorado también … distintas derivadas políticas de gran dimensión. La europea, con 22 socios comunitarios cuestionando la política migratoria de Pedro Sánchez, es la primera. También el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que declara al presidente incapaz de afrontar y resolver la crisis.

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