Hay grandes diferencias, «modificaciones sustanciales», entre el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, que reclamaba la transferencia a la Xunta de la gestión de la autopista AP-9, y la ley que finalmente salió del Congreso. Esencialmente, sobre su financiación. Por eso, antes de dar ningún paso en falso, la Xunta quiere asegurarse de que Sánchez «ni la rebaje ni la diluya». Porque, para el presidente gallego, Alfonso Rueda, las condiciones actuales de la transferencia son «inaceptables y perjudiciales para los intereses de Galicia».El Consello de la Xunta acordó este lunes reclamar al Gobierno central la convocatoria de una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Xunta. Este es el marco en el que, según explicó Rueda ante la prensa, la Xunta pretende «clarificar y resolver las diferencias» entre ambas administraciones respecto al traspaso de la AP-9. Porque lo que plantea la Xunta antes de dar un paso es «negociar las condiciones fijadas en la ley orgánica, que son desde el principio inaceptables».Esa Comisión Bilateral debería ser previa a la futura Comisión Mixta de Transferencias, porque la Xunta cree que antes de esta deberían estar ya definidas las «cuestiones esenciales» del traspaso. Estas deberían quedar bien claras en la ley de transferencia y, después, la comisión limitarse, sostiene el Ejecutivo autonómico, a ejecutar el mandato, traspasar los medios y fijar la fecha en la que se hará efectiva.La Xunta siempre ha defendido que la AP-9 debe transferirse libre y sin cargas, y que sea el Estado el que asuma los costes derivados de las decisiones adoptadas durante los años en que ejerció su titularidad y gestión, además de garantizar los recursos para su gestión futura. Cabe recordar que en 2000 el Gobierno de Aznar prorrogó a la empresa Audasa, y sin concurso público, la concesión de la explotación de la autopista hasta 2048, algo que la Comisión Europea consideró ilegal.«Hay que redefinir el marco en el que queremos hacer la negociación. La transferencia no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia», dejó claro el presidente autonómico. En definitiva, reclamó que la transferencia venga acompañada de «recursos económicos». Porque esas garantías de financiación, para Rueda, estaban en el acuerdo que se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Galicia, pero «desaparecieron absolutamente en la ley que aprobó el Congreso», la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9. «Queremos recuperar esas garantías antes de cualquier negociación en la Comisión Mixta y entendemos que, dentro del espíritu de diálogo que dice tener el Gobierno, no tendrán ningún problema», pronosticó Rueda.La Xunta considera que la nueva redacción de la ley para el traspaso de la autopista «introduce incerteza económica» al supeditar determinadas obligaciones económicas del Estado a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado en el Parlamento gallego.El informe jurídico debatido este lunes en el Consello también destaca que desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, una previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia.Al margen de la cuestión de la AP-9, aunque también relacionado con el traspaso de competencias, Rueda adelantó que confiaba en que en septiembre se cierre de forma «definitiva» el traspaso a Galicia de la competencia sobre los permisos de trabajo para personas extranjeras, tras un proceso de negociación con el Gobierno que está en su última fase. Hay grandes diferencias, «modificaciones sustanciales», entre el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, que reclamaba la transferencia a la Xunta de la gestión de la autopista AP-9, y la ley que finalmente salió del Congreso. Esencialmente, sobre su financiación. Por eso, antes de dar ningún paso en falso, la Xunta quiere asegurarse de que Sánchez «ni la rebaje ni la diluya». Porque, para el presidente gallego, Alfonso Rueda, las condiciones actuales de la transferencia son «inaceptables y perjudiciales para los intereses de Galicia».El Consello de la Xunta acordó este lunes reclamar al Gobierno central la convocatoria de una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Xunta. Este es el marco en el que, según explicó Rueda ante la prensa, la Xunta pretende «clarificar y resolver las diferencias» entre ambas administraciones respecto al traspaso de la AP-9. Porque lo que plantea la Xunta antes de dar un paso es «negociar las condiciones fijadas en la ley orgánica, que son desde el principio inaceptables».Esa Comisión Bilateral debería ser previa a la futura Comisión Mixta de Transferencias, porque la Xunta cree que antes de esta deberían estar ya definidas las «cuestiones esenciales» del traspaso. Estas deberían quedar bien claras en la ley de transferencia y, después, la comisión limitarse, sostiene el Ejecutivo autonómico, a ejecutar el mandato, traspasar los medios y fijar la fecha en la que se hará efectiva.La Xunta siempre ha defendido que la AP-9 debe transferirse libre y sin cargas, y que sea el Estado el que asuma los costes derivados de las decisiones adoptadas durante los años en que ejerció su titularidad y gestión, además de garantizar los recursos para su gestión futura. Cabe recordar que en 2000 el Gobierno de Aznar prorrogó a la empresa Audasa, y sin concurso público, la concesión de la explotación de la autopista hasta 2048, algo que la Comisión Europea consideró ilegal.«Hay que redefinir el marco en el que queremos hacer la negociación. La transferencia no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia», dejó claro el presidente autonómico. En definitiva, reclamó que la transferencia venga acompañada de «recursos económicos». Porque esas garantías de financiación, para Rueda, estaban en el acuerdo que se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Galicia, pero «desaparecieron absolutamente en la ley que aprobó el Congreso», la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9. «Queremos recuperar esas garantías antes de cualquier negociación en la Comisión Mixta y entendemos que, dentro del espíritu de diálogo que dice tener el Gobierno, no tendrán ningún problema», pronosticó Rueda.La Xunta considera que la nueva redacción de la ley para el traspaso de la autopista «introduce incerteza económica» al supeditar determinadas obligaciones económicas del Estado a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado en el Parlamento gallego.El informe jurídico debatido este lunes en el Consello también destaca que desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, una previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia.Al margen de la cuestión de la AP-9, aunque también relacionado con el traspaso de competencias, Rueda adelantó que confiaba en que en septiembre se cierre de forma «definitiva» el traspaso a Galicia de la competencia sobre los permisos de trabajo para personas extranjeras, tras un proceso de negociación con el Gobierno que está en su última fase.
Hay grandes diferencias, «modificaciones sustanciales», entre el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, que reclamaba la transferencia a la Xunta de la gestión de la autopista AP-9, y la ley que finalmente salió del Congreso. Esencialmente, sobre su financiación. Por eso, … antes de dar ningún paso en falso, la Xunta quiere asegurarse de que Sánchez «ni la rebaje ni la diluya». Porque, para el presidente gallego, Alfonso Rueda, las condiciones actuales de la transferencia son «inaceptables y perjudiciales para los intereses de Galicia».
El Consello de la Xunta acordó este lunes reclamar al Gobierno central la convocatoria de una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Xunta. Este es el marco en el que, según explicó Rueda ante la prensa, la Xunta pretende «clarificar y resolver las diferencias» entre ambas administraciones respecto al traspaso de la AP-9. Porque lo que plantea la Xunta antes de dar un paso es «negociar las condiciones fijadas en la ley orgánica, que son desde el principio inaceptables».
Esa Comisión Bilateral debería ser previa a la futura Comisión Mixta de Transferencias, porque la Xunta cree que antes de esta deberían estar ya definidas las «cuestiones esenciales» del traspaso. Estas deberían quedar bien claras en la ley de transferencia y, después, la comisión limitarse, sostiene el Ejecutivo autonómico, a ejecutar el mandato, traspasar los medios y fijar la fecha en la que se hará efectiva.
La Xunta siempre ha defendido que la AP-9 debe transferirse libre y sin cargas, y que sea el Estado el que asuma los costes derivados de las decisiones adoptadas durante los años en que ejerció su titularidad y gestión, además de garantizar los recursos para su gestión futura. Cabe recordar que en 2000 el Gobierno de Aznar prorrogó a la empresa Audasa, y sin concurso público, la concesión de la explotación de la autopista hasta 2048, algo que la Comisión Europea consideró ilegal.
«Redefinir el marco»
«Hay que redefinir el marco en el que queremos hacer la negociación. La transferencia no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia», dejó claro el presidente autonómico. En definitiva, reclamó que la transferencia venga acompañada de «recursos económicos». Porque esas garantías de financiación, para Rueda, estaban en el acuerdo que se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Galicia, pero «desaparecieron absolutamente en la ley que aprobó el Congreso», la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9.
«Los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia»
Alfonso Rueda
Presidente de la Xunta
«Queremos recuperar esas garantías antes de cualquier negociación en la Comisión Mixta y entendemos que, dentro del espíritu de diálogo que dice tener el Gobierno, no tendrán ningún problema», pronosticó Rueda.
La Xunta considera que la nueva redacción de la ley para el traspaso de la autopista «introduce incerteza económica» al supeditar determinadas obligaciones económicas del Estado a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado en el Parlamento gallego.
El informe jurídico debatido este lunes en el Consello también destaca que desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, una previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia.
Al margen de la cuestión de la AP-9, aunque también relacionado con el traspaso de competencias, Rueda adelantó que confiaba en que en septiembre se cierre de forma «definitiva» el traspaso a Galicia de la competencia sobre los permisos de trabajo para personas extranjeras, tras un proceso de negociación con el Gobierno que está en su última fase.
(Xunta)
Guía práctica para la evaluación ambiental
La Xunta también ha dado luz verde a una «guía práctica» para «agilizar» la evaluación ambiental «sin perder seguridad jurídica» de los proyectos que se instalen en Galicia. Estará a disposición de promotores y órganos de evaluación ambiental y, en palabras de Rueda, «será pionera en España». El Consello ha tomado razón de la próxima publicación de este manual que se enmarca en la ley de promoción de beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, que fija la necesidad de integrar una valoración de los impactos sociales, económicos y ambientales en los procedimientos de evaluación.
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