Pedro Sánchez apretó el botón electoral el pasado lunes y apagó la legislatura. Entre otras consecuencias está la disolución de las Cortes, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. En éste último este miércoles se decidía un aspecto importante para Andalucía, que tiene que ver con su seguridad y con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ante el final de la legislatura, el decálogo que proponía el PP se ha quedado en tintero. «Mientras los narcotraficantes tienen armas de guerra nuestros policías y guardias civiles se enfrentan a ellos totalmente desprotegidos», remarcaba a ABC Alicia García, que iba a ser la encargada de defender la iniciativa ante la Cámara.Por esto, el PP proponía aprobar y ejecutar, con carácter urgente, un Plan Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Pedían que estuviera dotado de financiación suficiente y estable, con objetivos, indicadores públicos de cumplimiento y evaluación periódica. Además, reseñaban que se debía declarar con carácter urgente y prioritario Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir. Reseñaba que se debía dotar de incentivos económicos y laborales a todo el personal implicado en la lucha contra el narcotráfico, aumentando el catálogo de puestos de trabajo de forma estructural y permanente, así como otorgando de más y mejores medios materiales y tecnológicos a su alcance.Y no iba desencaminada la propuesta, ya que los últimos datos del Gobierno sobre la lucha contra el narco en Andalucía apuntaban a un caída del 80% de la incidencia de las organizaciones en el Guadalquivir. Eso es gracias al dispositivo especial, que mantiene apostada una patrullera en la desembocadura y ha reforzado la presencia de agentes en lancha en el cauce. Con esa experiencia, se pide recuperar y reforzar las unidades especializadas contra el narcotráfico y el crimen organizado. La petición reseña que tiene que estar garantizado su carácter estable, especializado y suficientemente dotado. Ponían especial atención a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, así como las unidades de inteligencia e investigación patrimonial. Del mismo modo, se exigía la recuperación del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, como unidad de élite especializada y permanente para la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y el conjunto del litoral andaluz. La petición supone un ataque con más medios a todas las escalas de las organizaciones con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su máximo nivel. «España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior, que está más ocupado en tapar sus escándalos que en proteger a los agentes», añade García.En este sentido, el decálogo pedía ejecutar un plan de renovación y modernización de los medios marítimos y aéreos destinados a la lucha contra el narcotráfico, ya que hay provincias como Almería que no cuenta ni con un helicóptero de la Guardia Civil como apoyo a sus operaciones. Por esto, se exigía garantizar embarcaciones interceptoras adecuadas, mantenimiento permanente, helicópteros de patrulla, drones de largo alcance y medios de vigilancia nocturna y térmica. Además se explicaba la necesidad de regular la utilización de armas no letales , de tal forma que se otorgue amparo jurídico a los agentes para evitar imputaciones por el uso de la fuerza proporcional en alta mar y dotar a las Fuerzas del Estado con los medios personales, materiales y tecnológicos, acordes a la magnitud que ha adquirido el problema del narcotráfico. «La situación es insostenible, especialmente en Andalucía. Por eso, el PP pedía al Senado un decálogo con todas las medidas que habría que adoptar de manera inmediata para luchar contra los narcos y proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, como la vuelta de OCON-Sur», remarca Alicia García.«España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior ocupado en tapar sus escándalos» Alicia García Portavoz del PP en el SenadoLa portavoz iba a exponer la necesidad de impulsar las reformas legislativas necesarias para endurecer la respuesta penal frente al narcotráfico, especialmente respecto de los grandes narcotraficantes, la pertenencia a organizaciones criminales, la reincidencia y multirreincidencia, el tráfico de armas y los delitos violentos cometidos en el marco de organizaciones criminales. Al mismo tiempo exigía aprobar las medidas necesarias para reconocer y reforzar la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en operaciones contra el narcotráfico. Aquí incluían la consideración de Policía Nacional y Guardia Civil como «profesiones de riesgo» , que el Gobierno ha bloqueado más de 70 veces en el Congreso de los Diputados. Y se reclamaba el refuerzo de sus plantillas y la mejora de sus medios y equipamiento. Del mismo modo, al igual que hiciera el PP en Europa, se exigía un refuerzo de la cooperación con Europol, Eurojust y la EUDA, así como activar mecanismos de colaboración con países del Magreb, Sahel, Hispanoamérica y otros Estados relevantes en la lucha contra el narcotráfico. Por último, la décima medida propuesta a aprobar por el Senado, para combatir el desdén del Gobierno de Sánchez en este asunto, era promover la reforma legislativa necesaria para que se le atribuya a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de los grandes casos de crimen organizado vinculados al narcotráfico, reforzando la protección de los jueces, fiscales y sus familias frente a las amenazas de las organizaciones criminales. Pedro Sánchez apretó el botón electoral el pasado lunes y apagó la legislatura. Entre otras consecuencias está la disolución de las Cortes, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. En éste último este miércoles se decidía un aspecto importante para Andalucía, que tiene que ver con su seguridad y con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ante el final de la legislatura, el decálogo que proponía el PP se ha quedado en tintero. «Mientras los narcotraficantes tienen armas de guerra nuestros policías y guardias civiles se enfrentan a ellos totalmente desprotegidos», remarcaba a ABC Alicia García, que iba a ser la encargada de defender la iniciativa ante la Cámara.Por esto, el PP proponía aprobar y ejecutar, con carácter urgente, un Plan Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Pedían que estuviera dotado de financiación suficiente y estable, con objetivos, indicadores públicos de cumplimiento y evaluación periódica. Además, reseñaban que se debía declarar con carácter urgente y prioritario Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir. Reseñaba que se debía dotar de incentivos económicos y laborales a todo el personal implicado en la lucha contra el narcotráfico, aumentando el catálogo de puestos de trabajo de forma estructural y permanente, así como otorgando de más y mejores medios materiales y tecnológicos a su alcance.Y no iba desencaminada la propuesta, ya que los últimos datos del Gobierno sobre la lucha contra el narco en Andalucía apuntaban a un caída del 80% de la incidencia de las organizaciones en el Guadalquivir. Eso es gracias al dispositivo especial, que mantiene apostada una patrullera en la desembocadura y ha reforzado la presencia de agentes en lancha en el cauce. Con esa experiencia, se pide recuperar y reforzar las unidades especializadas contra el narcotráfico y el crimen organizado. La petición reseña que tiene que estar garantizado su carácter estable, especializado y suficientemente dotado. Ponían especial atención a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, así como las unidades de inteligencia e investigación patrimonial. Del mismo modo, se exigía la recuperación del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, como unidad de élite especializada y permanente para la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y el conjunto del litoral andaluz. La petición supone un ataque con más medios a todas las escalas de las organizaciones con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su máximo nivel. «España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior, que está más ocupado en tapar sus escándalos que en proteger a los agentes», añade García.En este sentido, el decálogo pedía ejecutar un plan de renovación y modernización de los medios marítimos y aéreos destinados a la lucha contra el narcotráfico, ya que hay provincias como Almería que no cuenta ni con un helicóptero de la Guardia Civil como apoyo a sus operaciones. Por esto, se exigía garantizar embarcaciones interceptoras adecuadas, mantenimiento permanente, helicópteros de patrulla, drones de largo alcance y medios de vigilancia nocturna y térmica. Además se explicaba la necesidad de regular la utilización de armas no letales , de tal forma que se otorgue amparo jurídico a los agentes para evitar imputaciones por el uso de la fuerza proporcional en alta mar y dotar a las Fuerzas del Estado con los medios personales, materiales y tecnológicos, acordes a la magnitud que ha adquirido el problema del narcotráfico. «La situación es insostenible, especialmente en Andalucía. Por eso, el PP pedía al Senado un decálogo con todas las medidas que habría que adoptar de manera inmediata para luchar contra los narcos y proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, como la vuelta de OCON-Sur», remarca Alicia García.«España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior ocupado en tapar sus escándalos» Alicia García Portavoz del PP en el SenadoLa portavoz iba a exponer la necesidad de impulsar las reformas legislativas necesarias para endurecer la respuesta penal frente al narcotráfico, especialmente respecto de los grandes narcotraficantes, la pertenencia a organizaciones criminales, la reincidencia y multirreincidencia, el tráfico de armas y los delitos violentos cometidos en el marco de organizaciones criminales. Al mismo tiempo exigía aprobar las medidas necesarias para reconocer y reforzar la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en operaciones contra el narcotráfico. Aquí incluían la consideración de Policía Nacional y Guardia Civil como «profesiones de riesgo» , que el Gobierno ha bloqueado más de 70 veces en el Congreso de los Diputados. Y se reclamaba el refuerzo de sus plantillas y la mejora de sus medios y equipamiento. Del mismo modo, al igual que hiciera el PP en Europa, se exigía un refuerzo de la cooperación con Europol, Eurojust y la EUDA, así como activar mecanismos de colaboración con países del Magreb, Sahel, Hispanoamérica y otros Estados relevantes en la lucha contra el narcotráfico. Por último, la décima medida propuesta a aprobar por el Senado, para combatir el desdén del Gobierno de Sánchez en este asunto, era promover la reforma legislativa necesaria para que se le atribuya a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de los grandes casos de crimen organizado vinculados al narcotráfico, reforzando la protección de los jueces, fiscales y sus familias frente a las amenazas de las organizaciones criminales.
Pedro Sánchez apretó el botón electoral el pasado lunes y apagó la legislatura. Entre otras consecuencias está la disolución de las Cortes, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. En éste último este miércoles se decidía un aspecto importante para Andalucía, que tiene … que ver con su seguridad y con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ante el final de la legislatura, el decálogo que proponía el PP se ha quedado en tintero. «Mientras los narcotraficantes tienen armas de guerra nuestros policías y guardias civiles se enfrentan a ellos totalmente desprotegidos», remarcaba a ABC Alicia García, que iba a ser la encargada de defender la iniciativa ante la Cámara.
Por esto, el PP proponía aprobar y ejecutar, con carácter urgente, un Plan Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Pedían que estuviera dotado de financiación suficiente y estable, con objetivos, indicadores públicos de cumplimiento y evaluación periódica.
Noticia relacionada
Además, reseñaban que se debía declarar con carácter urgente y prioritario Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir. Reseñaba que se debía dotar de incentivos económicos y laborales a todo el personal implicado en la lucha contra el narcotráfico, aumentando el catálogo de puestos de trabajo de forma estructural y permanente, así como otorgando de más y mejores medios materiales y tecnológicos a su alcance.
Y no iba desencaminada la propuesta, ya que los últimos datos del Gobierno sobre la lucha contra el narco en Andalucía apuntaban a un caída del 80% de la incidencia de las organizaciones en el Guadalquivir. Eso es gracias al dispositivo especial, que mantiene apostada una patrullera en la desembocadura y ha reforzado la presencia de agentes en lancha en el cauce.
Con esa experiencia, se pide recuperar y reforzar las unidades especializadas contra el narcotráfico y el crimen organizado. La petición reseña que tiene que estar garantizado su carácter estable, especializado y suficientemente dotado. Ponían especial atención a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, así como las unidades de inteligencia e investigación patrimonial.
Del mismo modo, se exigía la recuperación del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil, como unidad de élite especializada y permanente para la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y el conjunto del litoral andaluz.
La petición supone un ataque con más medios a todas las escalas de las organizaciones con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su máximo nivel. «España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior, que está más ocupado en tapar sus escándalos que en proteger a los agentes», añade García.
En este sentido, el decálogo pedía ejecutar un plan de renovación y modernización de los medios marítimos y aéreos destinados a la lucha contra el narcotráfico, ya que hay provincias como Almería que no cuenta ni con un helicóptero de la Guardia Civil como apoyo a sus operaciones. Por esto, se exigía garantizar embarcaciones interceptoras adecuadas, mantenimiento permanente, helicópteros de patrulla, drones de largo alcance y medios de vigilancia nocturna y térmica.
Además se explicaba la necesidad de regular la utilización de armas no letales, de tal forma que se otorgue amparo jurídico a los agentes para evitar imputaciones por el uso de la fuerza proporcional en alta mar y dotar a las Fuerzas del Estado con los medios personales, materiales y tecnológicos, acordes a la magnitud que ha adquirido el problema del narcotráfico.
«La situación es insostenible, especialmente en Andalucía. Por eso, el PP pedía al Senado un decálogo con todas las medidas que habría que adoptar de manera inmediata para luchar contra los narcos y proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, como la vuelta de OCON-Sur», remarca Alicia García.
«España no se puede permitir más asesinatos de guardias civiles a manos de narcos por no tener los medios adecuados o por tener un ministro del Interior ocupado en tapar sus escándalos»
Alicia García
Portavoz del PP en el Senado
La portavoz iba a exponer la necesidad de impulsar las reformas legislativas necesarias para endurecer la respuesta penal frente al narcotráfico, especialmente respecto de los grandes narcotraficantes, la pertenencia a organizaciones criminales, la reincidencia y multirreincidencia, el tráfico de armas y los delitos violentos cometidos en el marco de organizaciones criminales.
Al mismo tiempo exigía aprobar las medidas necesarias para reconocer y reforzar la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en operaciones contra el narcotráfico. Aquí incluían la consideración de Policía Nacional y Guardia Civil como «profesiones de riesgo», que el Gobierno ha bloqueado más de 70 veces en el Congreso de los Diputados. Y se reclamaba el refuerzo de sus plantillas y la mejora de sus medios y equipamiento.
Del mismo modo, al igual que hiciera el PP en Europa, se exigía un refuerzo de la cooperación con Europol, Eurojust y la EUDA, así como activar mecanismos de colaboración con países del Magreb, Sahel, Hispanoamérica y otros Estados relevantes en la lucha contra el narcotráfico.
Por último, la décima medida propuesta a aprobar por el Senado, para combatir el desdén del Gobierno de Sánchez en este asunto, era promover la reforma legislativa necesaria para que se le atribuya a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de los grandes casos de crimen organizado vinculados al narcotráfico, reforzando la protección de los jueces, fiscales y sus familias frente a las amenazas de las organizaciones criminales.
RSS de noticias de espana
