Hace justo una semana, en su discurso en el Congreso de los Diputados, el Papa León XIV quiso defender la libertad educativa en España. El Santo Padre llamó a respetar siempre «el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas». Minutos después, sorprendía ver a la bancada progresista aplaudiendo el mensaje del Pontífice. La ministra de Educación, Milagros Tolón (que, por cierto, se educó en un colegio religioso de Toledo), ha excluido a la enseñanza concertada de las últimas reformas educativas que ha impulsado el Gobierno. Tolón, en cualquier caso, recoge el testigo de sus predecesoras en la era Pedro Sánchez pues Isabel Celaá (Pilar Alegría estuvo más presente como portavoz del Gobierno que como ministra de Educación) ya dejó al margen a la enseñanza concertada en la Lomloe , la última ley orgánica de Educación. «León XIV fue muy claro en su defensa de la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Es una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020, que eliminó la ‘demanda social’ como criterio de programación de puestos escolares», recuerda Luis Centeno, de Escuelas Católicas. «El Papa hizo una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020» Luis Centeno Escuelas Católicas El concierto educativo (la subvención del Estado a los colegios concertados) lleva décadas sin actualizarse al coste de la enseñanza y, actualmente, se calcula que sólo cubriría en torno al 50% del coste total al que se enfrentan los colegios. Llueve sobre mojado, pero, hace unas semanas, el único sindicato de la concertada plantó pie en pared ante la «grave» situación «de abandono» por parte del ministerio. El modelo, cabe recordar, aunque ha perdido alumnos en los últimos años, aún matricula a 2.047.287 estudiantes, en torno al 25% del total. Noticia relacionada general No No El ‘caso Manu’ Cómo una Selectividad desigual cambia tu futuro: «O renuncias a ser médico o pagas una privada» Beatriz L. EchazarretaDesde el pasado 29 de mayo, FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) está movilizando cada semana a centenares de docentes frente a la sede del Ministerio de Educación bajo el lema «mismo servicio público, mismas condiciones». En concreto, lo que denuncian es que, pese a las reuniones mantenidas con la ministra Milagros Tolón, el proyecto de ley que actualmente está en tramitación parlamentaria para la reducción de la carga lectiva del profesorado excluye a los trabajadores de la enseñanza concertada. Es decir, el Gobierno fija la semana lectiva en un máximo de 23 horas para los profesores de Primaria y en un máximo de 18 para los de Secundaria.Centenares de docentes de la concertada, la semana pasada, frente al Ministerio de Educación Cedida por FSIE Sin embargo, estos límites sólo se aplicarán a los docentes de la enseñanza pública. Desde el sindicato FSIE recuerdan que su reivindicación cuenta con el respaldo institucional del Consejo Escolar de Estado , que aprobó por unanimidad en su dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Por este motivo, según ha podido saber ABC, esta organización sindical ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de las medidas previstas en el mencionado proyecto de ley. En la carta argumentan la «gravedad» de que el ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por FSIE durante los últimos meses. «Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos que en la pública, pero hacemos más horas» Carlos García maestro de Primaria (Colegio Menesiano)La concertada, recuerdan, forman parte del servicio público educativo, como reconoce expresamente la ley orgánica de Educación y consideran que no existe ninguna justificación objetiva para privar a sus docentes, alumnos y familias de unas medidas que el propio proyecto de ley considera «esenciales» para mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado, la coordinación docente y las condiciones profesionales del profesorado.De fondo, el problema de la climatización en las aulas Ya en las aulas, los profesores de la concertada no dan crédito. Carlos García y Gema Aragón son maestros de Primaria del colegio concertado Menesiano, en Madrid. Coincidiendo con el recreo, sacan quince minutos para atendernos y explicarnos su descontento desde unas clases recalentadas en las que, en pleno mes de junio, resulta difícil trabajar (y también prestar atención al profesor). De hecho, Aragón, medio afónica, nos confiesa que intenta todos los días establecer ventilación cruzada pero que las corrientes de aire han terminado por afectarle a la voz. No han sentado bien las recientes palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que afirmó hace unos días que el calor «es fuente de inspiración». «En muchas comunidades sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil, el Bachillerato o la FP» Alfonso Aguiló CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza)Más allá de la falta de climatización de las aulas cuando llega el calor, las demandas de estos dos maestros se centran, simple y llanamente, en tener las mismas condiciones que sus colegas de la pública. «El de la concertada es un problema histórico. Nosotros estamos sostenidos con fondos públicos, pero las leyes nos dejan fuera. Para el Gobierno somos de segunda división. Deberíamos tener los mismos derechos, así lo establece la Constitución », introduce García, que da clase en el mismo centro en el que él se formó. «Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos, pero hacemos más horas», refiere García. En la concertada, lo saben las familias, no se les cae el boli. «Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada, la pública estaría desbordada» , recuerda Aragón. «Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada la pública estaría desbordada» Gema Aragón maestra de Primaria en el MenesianoEstos dos maestros están cansados de la polémica en torno a las cuotas que abonan las familias y la concertada. «En este colegio hay una aportación voluntaria de 70 euros al mes. Repito: es voluntaria. Pero sin ella no sobreviviríamos. La ayuda del Estado dejó de ser suficiente hace décadas», recuerda García. Apoyo a los alumnos con necesidades especiales «Hay una insuficiente financiación de los conciertos, que debe mejorarse tanto en las condiciones del profesorado como también en las partidas que deben cubrir los demás gastos que soportan las escuelas. Y en muchas comunidades autónomas sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil y el Bachillerato o la FP», resume Alfonso Aguiló Pastrana, que es presidente de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza). Desde Escuelas Católicas, creen que las prioridades en cuanto a un posible aumento de financiación pública deben centrarse en las dotaciones de especialistas y profesores de apoyo para atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje o con problemas relacionados con autismo o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Que la reducción de horas lectivas para el profesorado que quiere aprobar el Ejecutivo no afecte a la concertada indigna al sector. Sin embargo, la bajada de las ratios (el número de alumnos por docente en el aula), que sí les afecta, no les termina de convencer por una cuestión de supervivencia. En palabras de Aguiló, la bajada de ratios supone «una fuerte reducción de la oferta de plazas, con la consiguiente merma de la capacidad de elección del centro por parte de las familias». En esta misma línea, dice, supone elevar los costes de cada puesto escolar. «Nos asusta mucho perder una línea» , coinciden los maestros del colegio Menesiano de Madrid, Carlos García y Gema Aragón. Se da, por tanto, la paradoja de que la parte de la reforma legislativa que podría ser beneficiosa para la concertada (la reducción de horas lectivas) no se les aplicará, pero sí aquella que les puede acarrear problemas económicos (la bajada del número de alumnos por aula). Acaba el recreo para los dos maestros, que hasta el próximo 19 de junio mantendrán sus movilizaciones frente al Ministerio de Educación. «Igual trabajo, igual salario, iguales condiciones», coinciden los dos. Hace justo una semana, en su discurso en el Congreso de los Diputados, el Papa León XIV quiso defender la libertad educativa en España. El Santo Padre llamó a respetar siempre «el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas». Minutos después, sorprendía ver a la bancada progresista aplaudiendo el mensaje del Pontífice. La ministra de Educación, Milagros Tolón (que, por cierto, se educó en un colegio religioso de Toledo), ha excluido a la enseñanza concertada de las últimas reformas educativas que ha impulsado el Gobierno. Tolón, en cualquier caso, recoge el testigo de sus predecesoras en la era Pedro Sánchez pues Isabel Celaá (Pilar Alegría estuvo más presente como portavoz del Gobierno que como ministra de Educación) ya dejó al margen a la enseñanza concertada en la Lomloe , la última ley orgánica de Educación. «León XIV fue muy claro en su defensa de la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Es una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020, que eliminó la ‘demanda social’ como criterio de programación de puestos escolares», recuerda Luis Centeno, de Escuelas Católicas. «El Papa hizo una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020» Luis Centeno Escuelas Católicas El concierto educativo (la subvención del Estado a los colegios concertados) lleva décadas sin actualizarse al coste de la enseñanza y, actualmente, se calcula que sólo cubriría en torno al 50% del coste total al que se enfrentan los colegios. Llueve sobre mojado, pero, hace unas semanas, el único sindicato de la concertada plantó pie en pared ante la «grave» situación «de abandono» por parte del ministerio. El modelo, cabe recordar, aunque ha perdido alumnos en los últimos años, aún matricula a 2.047.287 estudiantes, en torno al 25% del total. Noticia relacionada general No No El ‘caso Manu’ Cómo una Selectividad desigual cambia tu futuro: «O renuncias a ser médico o pagas una privada» Beatriz L. EchazarretaDesde el pasado 29 de mayo, FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) está movilizando cada semana a centenares de docentes frente a la sede del Ministerio de Educación bajo el lema «mismo servicio público, mismas condiciones». En concreto, lo que denuncian es que, pese a las reuniones mantenidas con la ministra Milagros Tolón, el proyecto de ley que actualmente está en tramitación parlamentaria para la reducción de la carga lectiva del profesorado excluye a los trabajadores de la enseñanza concertada. Es decir, el Gobierno fija la semana lectiva en un máximo de 23 horas para los profesores de Primaria y en un máximo de 18 para los de Secundaria.Centenares de docentes de la concertada, la semana pasada, frente al Ministerio de Educación Cedida por FSIE Sin embargo, estos límites sólo se aplicarán a los docentes de la enseñanza pública. Desde el sindicato FSIE recuerdan que su reivindicación cuenta con el respaldo institucional del Consejo Escolar de Estado , que aprobó por unanimidad en su dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Por este motivo, según ha podido saber ABC, esta organización sindical ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de las medidas previstas en el mencionado proyecto de ley. En la carta argumentan la «gravedad» de que el ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por FSIE durante los últimos meses. «Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos que en la pública, pero hacemos más horas» Carlos García maestro de Primaria (Colegio Menesiano)La concertada, recuerdan, forman parte del servicio público educativo, como reconoce expresamente la ley orgánica de Educación y consideran que no existe ninguna justificación objetiva para privar a sus docentes, alumnos y familias de unas medidas que el propio proyecto de ley considera «esenciales» para mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado, la coordinación docente y las condiciones profesionales del profesorado.De fondo, el problema de la climatización en las aulas Ya en las aulas, los profesores de la concertada no dan crédito. Carlos García y Gema Aragón son maestros de Primaria del colegio concertado Menesiano, en Madrid. Coincidiendo con el recreo, sacan quince minutos para atendernos y explicarnos su descontento desde unas clases recalentadas en las que, en pleno mes de junio, resulta difícil trabajar (y también prestar atención al profesor). De hecho, Aragón, medio afónica, nos confiesa que intenta todos los días establecer ventilación cruzada pero que las corrientes de aire han terminado por afectarle a la voz. No han sentado bien las recientes palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que afirmó hace unos días que el calor «es fuente de inspiración». «En muchas comunidades sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil, el Bachillerato o la FP» Alfonso Aguiló CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza)Más allá de la falta de climatización de las aulas cuando llega el calor, las demandas de estos dos maestros se centran, simple y llanamente, en tener las mismas condiciones que sus colegas de la pública. «El de la concertada es un problema histórico. Nosotros estamos sostenidos con fondos públicos, pero las leyes nos dejan fuera. Para el Gobierno somos de segunda división. Deberíamos tener los mismos derechos, así lo establece la Constitución », introduce García, que da clase en el mismo centro en el que él se formó. «Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos, pero hacemos más horas», refiere García. En la concertada, lo saben las familias, no se les cae el boli. «Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada, la pública estaría desbordada» , recuerda Aragón. «Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada la pública estaría desbordada» Gema Aragón maestra de Primaria en el MenesianoEstos dos maestros están cansados de la polémica en torno a las cuotas que abonan las familias y la concertada. «En este colegio hay una aportación voluntaria de 70 euros al mes. Repito: es voluntaria. Pero sin ella no sobreviviríamos. La ayuda del Estado dejó de ser suficiente hace décadas», recuerda García. Apoyo a los alumnos con necesidades especiales «Hay una insuficiente financiación de los conciertos, que debe mejorarse tanto en las condiciones del profesorado como también en las partidas que deben cubrir los demás gastos que soportan las escuelas. Y en muchas comunidades autónomas sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil y el Bachillerato o la FP», resume Alfonso Aguiló Pastrana, que es presidente de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza). Desde Escuelas Católicas, creen que las prioridades en cuanto a un posible aumento de financiación pública deben centrarse en las dotaciones de especialistas y profesores de apoyo para atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje o con problemas relacionados con autismo o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Que la reducción de horas lectivas para el profesorado que quiere aprobar el Ejecutivo no afecte a la concertada indigna al sector. Sin embargo, la bajada de las ratios (el número de alumnos por docente en el aula), que sí les afecta, no les termina de convencer por una cuestión de supervivencia. En palabras de Aguiló, la bajada de ratios supone «una fuerte reducción de la oferta de plazas, con la consiguiente merma de la capacidad de elección del centro por parte de las familias». En esta misma línea, dice, supone elevar los costes de cada puesto escolar. «Nos asusta mucho perder una línea» , coinciden los maestros del colegio Menesiano de Madrid, Carlos García y Gema Aragón. Se da, por tanto, la paradoja de que la parte de la reforma legislativa que podría ser beneficiosa para la concertada (la reducción de horas lectivas) no se les aplicará, pero sí aquella que les puede acarrear problemas económicos (la bajada del número de alumnos por aula). Acaba el recreo para los dos maestros, que hasta el próximo 19 de junio mantendrán sus movilizaciones frente al Ministerio de Educación. «Igual trabajo, igual salario, iguales condiciones», coinciden los dos.
Hace justo una semana, en su discurso en el Congreso de los Diputados, el Papa León XIV quiso defender la libertad educativa en España. El Santo Padre llamó a respetar siempre «el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de … educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas». Minutos después, sorprendía ver a la bancada progresista aplaudiendo el mensaje del Pontífice. La ministra de Educación, Milagros Tolón (que, por cierto, se educó en un colegio religioso de Toledo), ha excluido a la enseñanza concertada de las últimas reformas educativas que ha impulsado el Gobierno.
Tolón, en cualquier caso, recoge el testigo de sus predecesoras en la era Pedro Sánchez pues Isabel Celaá (Pilar Alegría estuvo más presente como portavoz del Gobierno que como ministra de Educación) ya dejó al margen a la enseñanza concertada en la Lomloe, la última ley orgánica de Educación. «León XIV fue muy claro en su defensa de la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Es una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020, que eliminó la ‘demanda social’ como criterio de programación de puestos escolares», recuerda Luis Centeno, de Escuelas Católicas.
«El Papa hizo una llamada contra el modelo implantado por la Lomloe en 2020»
Luis Centeno
Escuelas Católicas
El concierto educativo (la subvención del Estado a los colegios concertados) lleva décadas sin actualizarse al coste de la enseñanza y, actualmente, se calcula que sólo cubriría en torno al 50% del coste total al que se enfrentan los colegios. Llueve sobre mojado, pero, hace unas semanas, el único sindicato de la concertada plantó pie en pared ante la «grave» situación «de abandono» por parte del ministerio. El modelo, cabe recordar, aunque ha perdido alumnos en los últimos años, aún matricula a 2.047.287 estudiantes, en torno al 25% del total.
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El ‘caso Manu’
Beatriz L. Echazarreta
Desde el pasado 29 de mayo, FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) está movilizando cada semana a centenares de docentes frente a la sede del Ministerio de Educación bajo el lema «mismo servicio público, mismas condiciones». En concreto, lo que denuncian es que, pese a las reuniones mantenidas con la ministra Milagros Tolón, el proyecto de ley que actualmente está en tramitación parlamentaria para la reducción de la carga lectiva del profesorado excluye a los trabajadores de la enseñanza concertada. Es decir, el Gobierno fija la semana lectiva en un máximo de 23 horas para los profesores de Primaria y en un máximo de 18 para los de Secundaria.
(Cedida por FSIE)
Sin embargo, estos límites sólo se aplicarán a los docentes de la enseñanza pública. Desde el sindicato FSIE recuerdan que su reivindicación cuenta con el respaldo institucional del Consejo Escolar de Estado, que aprobó por unanimidad en su dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Por este motivo, según ha podido saber ABC, esta organización sindical ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de las medidas previstas en el mencionado proyecto de ley.
En la carta argumentan la «gravedad» de que el ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por FSIE durante los últimos meses.
«Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos que en la pública, pero hacemos más horas»
Carlos García
maestro de Primaria (Colegio Menesiano)
La concertada, recuerdan, forman parte del servicio público educativo, como reconoce expresamente la ley orgánica de Educación y consideran que no existe ninguna justificación objetiva para privar a sus docentes, alumnos y familias de unas medidas que el propio proyecto de ley considera «esenciales» para mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado, la coordinación docente y las condiciones profesionales del profesorado.
De fondo, el problema de la climatización en las aulas
Ya en las aulas, los profesores de la concertada no dan crédito. Carlos García y Gema Aragón son maestros de Primaria del colegio concertado Menesiano, en Madrid. Coincidiendo con el recreo, sacan quince minutos para atendernos y explicarnos su descontento desde unas clases recalentadas en las que, en pleno mes de junio, resulta difícil trabajar (y también prestar atención al profesor). De hecho, Aragón, medio afónica, nos confiesa que intenta todos los días establecer ventilación cruzada pero que las corrientes de aire han terminado por afectarle a la voz. No han sentado bien las recientes palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que afirmó hace unos días que el calor «es fuente de inspiración».
«En muchas comunidades sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil, el Bachillerato o la FP»
Alfonso Aguiló
CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza)
Más allá de la falta de climatización de las aulas cuando llega el calor, las demandas de estos dos maestros se centran, simple y llanamente, en tener las mismas condiciones que sus colegas de la pública. «El de la concertada es un problema histórico. Nosotros estamos sostenidos con fondos públicos, pero las leyes nos dejan fuera. Para el Gobierno somos de segunda división. Deberíamos tener los mismos derechos, así lo establece la Constitución», introduce García, que da clase en el mismo centro en el que él se formó. «Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos, pero hacemos más horas», refiere García. En la concertada, lo saben las familias, no se les cae el boli. «Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada, la pública estaría desbordada», recuerda Aragón.
«Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada la pública estaría desbordada»
Gema Aragón
maestra de Primaria en el Menesiano
Estos dos maestros están cansados de la polémica en torno a las cuotas que abonan las familias y la concertada. «En este colegio hay una aportación voluntaria de 70 euros al mes. Repito: es voluntaria. Pero sin ella no sobreviviríamos. La ayuda del Estado dejó de ser suficiente hace décadas», recuerda García.
Apoyo a los alumnos con necesidades especiales
«Hay una insuficiente financiación de los conciertos, que debe mejorarse tanto en las condiciones del profesorado como también en las partidas que deben cubrir los demás gastos que soportan las escuelas. Y en muchas comunidades autónomas sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil y el Bachillerato o la FP», resume Alfonso Aguiló Pastrana, que es presidente de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza). Desde Escuelas Católicas, creen que las prioridades en cuanto a un posible aumento de financiación pública deben centrarse en las dotaciones de especialistas y profesores de apoyo para atender a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje o con problemas relacionados con autismo o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).
Que la reducción de horas lectivas para el profesorado que quiere aprobar el Ejecutivo no afecte a la concertada indigna al sector. Sin embargo, la bajada de las ratios (el número de alumnos por docente en el aula), que sí les afecta, no les termina de convencer por una cuestión de supervivencia. En palabras de Aguiló, la bajada de ratios supone «una fuerte reducción de la oferta de plazas, con la consiguiente merma de la capacidad de elección del centro por parte de las familias». En esta misma línea, dice, supone elevar los costes de cada puesto escolar. «Nos asusta mucho perder una línea», coinciden los maestros del colegio Menesiano de Madrid, Carlos García y Gema Aragón.
Se da, por tanto, la paradoja de que la parte de la reforma legislativa que podría ser beneficiosa para la concertada (la reducción de horas lectivas) no se les aplicará, pero sí aquella que les puede acarrear problemas económicos (la bajada del número de alumnos por aula). Acaba el recreo para los dos maestros, que hasta el próximo 19 de junio mantendrán sus movilizaciones frente al Ministerio de Educación. «Igual trabajo, igual salario, iguales condiciones», coinciden los dos.
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