La izquierda quiere copiar la estrategia del PP en el Senado y que le estalle a Feijóo

A lo largo de toda la legislatura el Gobierno ha puesto en duda la efectividad de la estrategia desarrollada por el PP en el Senado con su mayoría absoluta. Tras el ‘shock’ de no alcanzar el poder tras el 23J, Alberto Núñez Feijóo decidió que su partido debía utilizar la Cámara Alta como una especie de contrapoder para arrinconar al Gobierno y frenar al Congreso –con la mayoría de Pedro Sánchez y todos sus aliados– creando una suerte de dique de contención. Y a pesar de esas dudas y las acusaciones contra el PP por el uso que ha dado al Senado, el pacto de la izquierda para concurrir en una sola papeleta confirma la utilidad que ha tenido la Cámara Alta y la voluntad de frenar una nueva mayoría de la derecha, más aún si el Gobierno cambia de color. En realidad, algunas de las reformas acometidas por los populares podrían volverse en contra de Feijóo si llega a la Moncloa. La batalla del Senado se ha vuelto más crucial de lo previsto. PP y Vox, por su parte, siguen negociando para tratar de unir fuerzas con un solo objetivo: pelear por la mayoría de los tres quintos. La legislatura ha dado mucho de sí. El primer gran choque entre Senado y Congreso fue a cuenta de la amnistía. El PP reformó el Reglamento en noviembre de 2023 para que en la Cámara Alta una proposición de ley se pudiera tramitar por el procedimiento ordinario por mucho que el Congreso la hubiera declarado urgente. Lo que consiguieron fue retrasar la tramitación de la ley de amnistía durante su paso por la cámara territorial, rompiendo los plazos del Gobierno. El Tribunal Constitucional, sin embargo, tumbó casi dos años más tarde esa reforma.Otro momento de tensión llegó con el rechazo del Senado a la senda de déficit de 2024. Lo hizo en dos momentos distintos y forzó al Ejecutivo a presentar de nuevo sus objetivos. El Congreso tomó nota y aprovechó la ley de paridad para introducir una enmienda y suprimir la capacidad del Senado de bloquear definitivamente la senda fiscal. En este ámbito, el PP desde la Cámara Alta también se dirigió al Constitucional para presentar un conflicto con el Gobierno por no presentar Presupuestos: no lo ha hecho en toda la legislatura.Más allá de la reforma del Reglamento de 2023, los populares impulsaron otras dos el año pasado. Primero, para exigir la presencia del presidente del Gobierno mensualmente. Lo que pretendía el PP era forzar que Pedro Sánchez respondiera preguntas en el pleno al menos una vez al mes, teniendo en cuenta que la espantada ha sido constante. La reforma no impidió que Sánchez continuara igual: la última vez que se le vio comparecer en esta cámara fue en la comisión de investigación por el caso Koldo, cuya obligatoriedad no pudo sortear. En noviembre de 2025 llegó la tercera reforma del Reglamento y hubo bastantes novedades: reforzar la capacidad de la Mesa para rechazar los vetos presupuestarios del Gobierno a iniciativas cuando considerase injustificados sus motivos; exigir que un miembro del Ejecutivo rinda cuentas al inicio de cada periodo de sesiones sobre el cumplimiento de las mociones aprobadas; o equiparar el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta a la aprobación de un veto (el Constitucional debe pronunciarse), entre otras cuestiones.En realidad, los enfrentamientos con el Gobierno y con el Congreso han sido muy sonados. Entre cámaras hubo otro de mucha relevancia: fue a cuenta de la ley de desperdicio alimentario después de que el Senado aprobara modificaciones y regresara al Congreso para su nueva aprobación. El Ejecutivo utilizó a la Cámara Baja para impedir votar enmiendas que se habían aprobado en la cámara territorial. Ese choque también terminó en el Constitucional. Hay dirigentes del PP que reconocen que todos estos movimientos la izquierda tratará de utilizarlos en el futuro si cambian las tornas.Comisiones de investigación y leyesA nivel político, la realidad es que el Senado también ha proporcionado al PP herramientas de acción durante toda la legislatura. Lo más destacado han sido las comisiones de investigación: hasta siete —ocho con la de Ceuta si no se hubiesen disuelto las Cortes—. Fuera de toda duda, la más relevante fue la relativa al caso Koldo, que el PP fue agrandado en función de los casos de corrupción que se iban conociendo del PSOE. Así, los populares ampliaban el objeto de investigación para incorporar los episodios –y personajes– novedosos. Y aunque la Justicia investigaba de forma paralela, todos los protagonistas de las tramas fueron desfilando por el Senado. Eso permitió al PP marcar la agenda muchos días, contar con testimonios clave y seguir alimentando los escándalos de corrupción contra el Gobierno.Impulsaron otra comisión relativa al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, otra sobre la terrible dana en la provincia de Valencia en 2024 (para, entre otras cosas, contrarrestar la del Congreso), otra sobre el apagón de abril de 2025, una nueva del accidente mortal de Adamuz; la relativa a RTVE para investigar la gestión de la corporación pública; y una bastante reciente sobre la SEPI (se constituyó en febrero de este año), centrada en las ayudas, rescates empresariales y fondos de solvencia dada su aparición en los casos de corrupción.Por otro lado, el Senado también ha servido al PP para exhibir una verdadera agenda legislativa –ha aprobado un total de 42 leyes que, sin embargo, el Congreso guardó en un cajón– con algunas de sus propuestas estrella como la ley ‘antiokupación’, la ley del suelo o la prohibición de los ‘ongietorri’ con sanciones administrativas de hasta 150.000 euros. A lo largo de toda la legislatura el Gobierno ha puesto en duda la efectividad de la estrategia desarrollada por el PP en el Senado con su mayoría absoluta. Tras el ‘shock’ de no alcanzar el poder tras el 23J, Alberto Núñez Feijóo decidió que su partido debía utilizar la Cámara Alta como una especie de contrapoder para arrinconar al Gobierno y frenar al Congreso –con la mayoría de Pedro Sánchez y todos sus aliados– creando una suerte de dique de contención. Y a pesar de esas dudas y las acusaciones contra el PP por el uso que ha dado al Senado, el pacto de la izquierda para concurrir en una sola papeleta confirma la utilidad que ha tenido la Cámara Alta y la voluntad de frenar una nueva mayoría de la derecha, más aún si el Gobierno cambia de color. En realidad, algunas de las reformas acometidas por los populares podrían volverse en contra de Feijóo si llega a la Moncloa. La batalla del Senado se ha vuelto más crucial de lo previsto. PP y Vox, por su parte, siguen negociando para tratar de unir fuerzas con un solo objetivo: pelear por la mayoría de los tres quintos. La legislatura ha dado mucho de sí. El primer gran choque entre Senado y Congreso fue a cuenta de la amnistía. El PP reformó el Reglamento en noviembre de 2023 para que en la Cámara Alta una proposición de ley se pudiera tramitar por el procedimiento ordinario por mucho que el Congreso la hubiera declarado urgente. Lo que consiguieron fue retrasar la tramitación de la ley de amnistía durante su paso por la cámara territorial, rompiendo los plazos del Gobierno. El Tribunal Constitucional, sin embargo, tumbó casi dos años más tarde esa reforma.Otro momento de tensión llegó con el rechazo del Senado a la senda de déficit de 2024. Lo hizo en dos momentos distintos y forzó al Ejecutivo a presentar de nuevo sus objetivos. El Congreso tomó nota y aprovechó la ley de paridad para introducir una enmienda y suprimir la capacidad del Senado de bloquear definitivamente la senda fiscal. En este ámbito, el PP desde la Cámara Alta también se dirigió al Constitucional para presentar un conflicto con el Gobierno por no presentar Presupuestos: no lo ha hecho en toda la legislatura.Más allá de la reforma del Reglamento de 2023, los populares impulsaron otras dos el año pasado. Primero, para exigir la presencia del presidente del Gobierno mensualmente. Lo que pretendía el PP era forzar que Pedro Sánchez respondiera preguntas en el pleno al menos una vez al mes, teniendo en cuenta que la espantada ha sido constante. La reforma no impidió que Sánchez continuara igual: la última vez que se le vio comparecer en esta cámara fue en la comisión de investigación por el caso Koldo, cuya obligatoriedad no pudo sortear. En noviembre de 2025 llegó la tercera reforma del Reglamento y hubo bastantes novedades: reforzar la capacidad de la Mesa para rechazar los vetos presupuestarios del Gobierno a iniciativas cuando considerase injustificados sus motivos; exigir que un miembro del Ejecutivo rinda cuentas al inicio de cada periodo de sesiones sobre el cumplimiento de las mociones aprobadas; o equiparar el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta a la aprobación de un veto (el Constitucional debe pronunciarse), entre otras cuestiones.En realidad, los enfrentamientos con el Gobierno y con el Congreso han sido muy sonados. Entre cámaras hubo otro de mucha relevancia: fue a cuenta de la ley de desperdicio alimentario después de que el Senado aprobara modificaciones y regresara al Congreso para su nueva aprobación. El Ejecutivo utilizó a la Cámara Baja para impedir votar enmiendas que se habían aprobado en la cámara territorial. Ese choque también terminó en el Constitucional. Hay dirigentes del PP que reconocen que todos estos movimientos la izquierda tratará de utilizarlos en el futuro si cambian las tornas.Comisiones de investigación y leyesA nivel político, la realidad es que el Senado también ha proporcionado al PP herramientas de acción durante toda la legislatura. Lo más destacado han sido las comisiones de investigación: hasta siete —ocho con la de Ceuta si no se hubiesen disuelto las Cortes—. Fuera de toda duda, la más relevante fue la relativa al caso Koldo, que el PP fue agrandado en función de los casos de corrupción que se iban conociendo del PSOE. Así, los populares ampliaban el objeto de investigación para incorporar los episodios –y personajes– novedosos. Y aunque la Justicia investigaba de forma paralela, todos los protagonistas de las tramas fueron desfilando por el Senado. Eso permitió al PP marcar la agenda muchos días, contar con testimonios clave y seguir alimentando los escándalos de corrupción contra el Gobierno.Impulsaron otra comisión relativa al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, otra sobre la terrible dana en la provincia de Valencia en 2024 (para, entre otras cosas, contrarrestar la del Congreso), otra sobre el apagón de abril de 2025, una nueva del accidente mortal de Adamuz; la relativa a RTVE para investigar la gestión de la corporación pública; y una bastante reciente sobre la SEPI (se constituyó en febrero de este año), centrada en las ayudas, rescates empresariales y fondos de solvencia dada su aparición en los casos de corrupción.Por otro lado, el Senado también ha servido al PP para exhibir una verdadera agenda legislativa –ha aprobado un total de 42 leyes que, sin embargo, el Congreso guardó en un cajón– con algunas de sus propuestas estrella como la ley ‘antiokupación’, la ley del suelo o la prohibición de los ‘ongietorri’ con sanciones administrativas de hasta 150.000 euros.  

A lo largo de toda la legislatura el Gobierno ha puesto en duda la efectividad de la estrategia desarrollada por el PP en el Senado con su mayoría absoluta. Tras el ‘shock’ de no alcanzar el poder tras el 23J, Alberto Núñez Feijóo decidió que … su partido debía utilizar la Cámara Alta como una especie de contrapoder para arrinconar al Gobierno y frenar al Congreso –con la mayoría de Pedro Sánchez y todos sus aliados– creando una suerte de dique de contención.

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