La Junta mueve ficha y exige al Gobierno que le facilite datos que considera fundamentales para planificar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en la comunidad. Lo hace a través de una solicitud de información remitida por el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira -de Vox- al Ministerio de Justicia.En concreto, al departamento de Félix Bolaños se le reclaman los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan visto beneficiados en Andalucía por la ley del ‘sí es sí’ . El objetivo, explica en el escrito Gavira, es «poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía». «Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas», explica Gavira al titular de Justicia, Félix Bolaños.Así, la Junta reclama saber cuántas personas han sido condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual y también el número delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.Dentro de esta cuestión se pregunta además a Justicia por los efectos en Andalucía de la aplicación de la ley del ‘sí es sí’, en aras de saber el impacto que ha tenido en personas que cumplen condena en cárceles andaluzas por delitos sexuales. A cuántos ha beneficiado.En este sentido, Gavira ha requerido que «se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada».Toda esta información ahora demandada, arguye el consejo y también vicepresidente tercero del Gobierno andaluz, tiene una finalidad es « exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres».Campaña de MonteroCon todo, el requerimiento de datos coincide un momento de relativa tensión política en lo referido a la gestión de la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía.Aunque la gestión de la violencia de género en la comunidad autónoma está donde siempre ha estado, es decir, en manos de la Consejería de Servicios Sociales y en la ahora reformulada Consejería de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, que con que el nuevo Ejecutivo andaluz la parte de Justicia quede en manos de Vox ha sido enarbolado por el PSOE andaluz, que ejerce una especie de crítica preventiva, al parecer seguro de que las víctimas de la violencia machista van a ver menoscabados sus derechos.En medio de estas suspicacias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, remitía una carta este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en la que le solicita una reunión urgente y una rectificación tras «ceder a Vox» las competencias en atención a las víctimas de género en su comunidad autónoma.Según explicó Igualdad en dicha carta, Redondo trasladó su «profunda preocupación» ante esta situación. Cree que es una decisión de «enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático» destinado a combatir esta violencia. La Junta mueve ficha y exige al Gobierno que le facilite datos que considera fundamentales para planificar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en la comunidad. Lo hace a través de una solicitud de información remitida por el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira -de Vox- al Ministerio de Justicia.En concreto, al departamento de Félix Bolaños se le reclaman los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan visto beneficiados en Andalucía por la ley del ‘sí es sí’ . El objetivo, explica en el escrito Gavira, es «poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía». «Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas», explica Gavira al titular de Justicia, Félix Bolaños.Así, la Junta reclama saber cuántas personas han sido condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual y también el número delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.Dentro de esta cuestión se pregunta además a Justicia por los efectos en Andalucía de la aplicación de la ley del ‘sí es sí’, en aras de saber el impacto que ha tenido en personas que cumplen condena en cárceles andaluzas por delitos sexuales. A cuántos ha beneficiado.En este sentido, Gavira ha requerido que «se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada».Toda esta información ahora demandada, arguye el consejo y también vicepresidente tercero del Gobierno andaluz, tiene una finalidad es « exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres».Campaña de MonteroCon todo, el requerimiento de datos coincide un momento de relativa tensión política en lo referido a la gestión de la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía.Aunque la gestión de la violencia de género en la comunidad autónoma está donde siempre ha estado, es decir, en manos de la Consejería de Servicios Sociales y en la ahora reformulada Consejería de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, que con que el nuevo Ejecutivo andaluz la parte de Justicia quede en manos de Vox ha sido enarbolado por el PSOE andaluz, que ejerce una especie de crítica preventiva, al parecer seguro de que las víctimas de la violencia machista van a ver menoscabados sus derechos.En medio de estas suspicacias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, remitía una carta este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en la que le solicita una reunión urgente y una rectificación tras «ceder a Vox» las competencias en atención a las víctimas de género en su comunidad autónoma.Según explicó Igualdad en dicha carta, Redondo trasladó su «profunda preocupación» ante esta situación. Cree que es una decisión de «enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático» destinado a combatir esta violencia.
La Junta mueve ficha y exige al Gobierno que le facilite datos que considera fundamentales para planificar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en la comunidad. Lo hace a través de una solicitud de información remitida por el consejero de Turismo, … Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira -de Vox- al Ministerio de Justicia.
En concreto, al departamento de Félix Bolaños se le reclaman los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan visto beneficiados en Andalucía por la ley del ‘sí es sí’. El objetivo, explica en el escrito Gavira, es «poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía».
«Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas», explica Gavira al titular de Justicia, Félix Bolaños.
Así, la Junta reclama saber cuántas personas han sido condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual y también el número delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.
Dentro de esta cuestión se pregunta además a Justicia por los efectos en Andalucía de la aplicación de la ley del ‘sí es sí’, en aras de saber el impacto que ha tenido en personas que cumplen condena en cárceles andaluzas por delitos sexuales. A cuántos ha beneficiado.
En este sentido, Gavira ha requerido que «se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada».
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Toda esta información ahora demandada, arguye el consejo y también vicepresidente tercero del Gobierno andaluz, tiene una finalidad es «exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres».
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Con todo, el requerimiento de datos coincide un momento de relativa tensión política en lo referido a la gestión de la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía.
Aunque la gestión de la violencia de género en la comunidad autónoma está donde siempre ha estado, es decir, en manos de la Consejería de Servicios Sociales y en la ahora reformulada Consejería de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, que con que el nuevo Ejecutivo andaluz la parte de Justicia quede en manos de Vox ha sido enarbolado por el PSOE andaluz, que ejerce una especie de crítica preventiva, al parecer seguro de que las víctimas de la violencia machista van a ver menoscabados sus derechos.
En medio de estas suspicacias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, remitía una carta este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que le solicita una reunión urgente y una rectificación tras «ceder a Vox» las competencias en atención a las víctimas de género en su comunidad autónoma.
Según explicó Igualdad en dicha carta, Redondo trasladó su «profunda preocupación» ante esta situación. Cree que es una decisión de «enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático» destinado a combatir esta violencia.
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