Donald Trump sigue sin poder encontrar una vía legal para aplicar uno de los pilares de su agenda migratoria: la eliminación del derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento. Después de que el Tribunal Supremo rechazara este verano la orden ejecutiva que firmó el presidente en su primer día en el poder, en la que suprimía este derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, una juez federal de Maryland ha bloqueado este miércoles su segundo decreto, más limitado, con el que trató de restringir el derecho.
Una juez federal considera que el último decreto, diseñado para esquivar el fallo del Supremo, también es inconstitucional
Donald Trump sigue sin poder encontrar una vía legal para aplicar uno de los pilares de su agenda migratoria: la eliminación del derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento. Después de que el Tribunal Supremo rechazara este verano la orden ejecutiva que firmó el presidente en su primer día en el poder, en la que suprimía este derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, una juez federal ha bloqueado este miércoles su segundo decreto, más limitado, con el que trató de restringir el derecho.
La magistrada Deborah Boardman ha considerado que la nueva política, que entre otras medidas perseguía el llamado “turismo de nacimiento”, probablemente es inconstitucional a la luz del reciente fallo del Supremo. De este modo, ha bloqueado la medida de manera cautelar, aunque permitirá de momento a las agencias que sigan trabajando en las directrices sobre cómo se podría llevar a cabo su aplicación.
La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la guerra civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanas. Sin embargo, la Administración Trump considera que esta cláusula, que no existe en la mayoría de países del mundo, no puede aplicarse en la actualidad, pues existen muchas más facilidades de viajar y las personas se aprovechan para dar a luz en el país y que su hijo obtenga la ciudadanía.
Para evitar estas situaciones, y después de que el Supremo considerara inconstitucional su primera orden ejecutiva, Trump firmó a principios de agosto dos decretos más limitados, con los que intentó esquivar la prohibición de la máxima instancia judicial. La primera ampliaba las categorías de niños que no serían elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense de forma automática si nacieran en el país, mientras que la segunda prohibía el llamado “turismo de nacimiento”, la práctica por la que una mujer embarazada viaja a EE.UU. para tener un hijo estadounidense.
A la práctica, sin embargo, estas medidas tenían por objetivo la eliminación del derecho, pues su aplicación iba a depender de la Administración Trump, y el presidente en todo momento explicó que la intención no había cambiado. La jueza ha explicado que, de no haber bloqueado la orden ejecutiva, “esta podría haber negado el derecho a la ciudadanía por nacimiento a niños que la Corte Suprema declaró ciudadanos”.
Es previsible que la batalla legal continúe y, probablemente, la Administración Trump también lleve este bloqueo judicial al Supremo. Además, la última medida del presidente para restringir el derecho también ha sido impugnada en otro tribunal, en New Hampshire, que podría emitir sentencia en los próximos días.
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