La presión por los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez salta al Ministerio del Interior después de la sentencia condenatoria del caso Mascarillas, que corroboró la trama delictiva montada en el seno de la cartera de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente de ésta junto a su lugarteniente, el asesor Koldo García. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado como miembro de una supuesta organización criminal que habría amañado contratos de obra pública, apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de la obra de construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) por 42,7 millones de euros. Un proyecto adjudicado en febrero de 2021 por Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente. El hallazgo de la Benemérita, entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se conoció este viernes, precisamente el día que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declaraba también en los juzgados centrales, en su caso ante el magistrado del caso Leire, Santiago Pedraz. Lo hacía un día después de que el máximo responsable técnico del Cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también compareciera como imputado en la trama en la que se investigan presuntas maniobras comandadas por la exmilitante del PSOE Leire Díez desde la primavera de 2024 -cuando la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por tráfico de influencias- para desbaratar las causas que afectan al entorno más próximo del presidente. La construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) se adjudicó en febrero de 2021 por 42,7 millones de eurosDos veces reconoció González haberse reunido con Leire Díez, aunque negó haber atendido ninguna de sus peticiones (como que rehabilitara al guardia civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba) y se mostró como una víctima de Santos Cerdán y sus cloacas, en las que incluye a la fontanera del PSOE. Un día antes, el DAO tuvo que declarar por presuntamente presionar a la UCO para que dejara de tomar la iniciativa en las investigaciones que afectan a Sánchez. Mandos de la unidad investigadora han denunciado presiones por parte de Llamas, que abrió varias informaciones reservadas a los agentes al mando de la investigación contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez. En sede judicial, el DAO negó haber pedido a nadie que se pusiera de perfil en dichas causas, como denunciaron los mandos de la unidad investigadora, pero sí reconoció que el propio ministro Marlaska le llamó para pedirle explicaciones y quejarse porque el correo de Begoña Gómez apareció en un informe policial y acabó publicado en un digital, motivo por el que sostuvo que abrió una de las investigaciones internas a la UCO. Unidad con cuyos responsables reconoció no tener muy buena relación.La sospecha de un intento de politización del cuerpo y la existencia de presiones para ponerlo al servicio de los intereses del Gobierno socialista se acrecientan también por la orden, publicada en exclusiva en ABC, de la cúpula de la Guardia Civil al jefe de zona de Madrid de boicotear a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para dejarla plantada en el acto institucional del 2 de mayo, motivo por el que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha pedido la dimisión de González y Marlaska. La directora de la Benemérita negó haber dado dicha orden y el ministro Grande-Marlaska, además de mantener su confianza en ella tras su imputación, no se ha pronunciado ni por los hechos relacionados con el caso Leire ni por las sospechas de corrupción en uno de los contratos adjudicados en su periodo al frente de Interior. El contrato del centro Norte IIIHasta ahora, la Guardia Civil y el juez Moreno habían puesto el foco en contratos de obra adjudicados por el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, gracias a los que Cerdán pudo llevarse mordidas por beneficiar repetidamente a Acciona Construcción en Unión Temporal de Empresas con otras compañías, principalmente Servinabar, del amigo y socio del político navarro. Por este motivo están investigados, además de ellos dos, directivos de Acciona, de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Pero, en el informe patrimonial que se esperaba desde hace meses, los investigadores ponen el foco en un contrato adjudicado por Interior y en el que no habían reparado en informes anteriores.Se trata del contrato para la construcción del Nuevo Centro Penitenciario Norte III de Zubieta (San Sebastián), adjudicado en 2021 a Acciona Construcción en UTE con Construcciones Murias y Cycasa Canteras y Construcciones, a través de la que Antxon Alonso (Servinabar) habría entrado en el proyecto. En octubre de 2018, casi dos años antes de la adjudicación, Antxon Alonso remitió a Tomás Olarte, uno de los exdirectivos de Acciona Construcción investigados en la causa, el enlace de una noticia en la que ya se hablaba del futuro proyecto. En noviembre de 2020, cuando se publica la licitación, Antxon Alonso escribió a un socio suyo en proyectos de construcción para remitírsela y le dijo, según recoge la UCO de las comunicaciones intervenidas: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos». El socio de Cerdán envió la licitación a un constructor y le dijo: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos»Un mes después, Antxon Alonso ya le comunica a la misma persona, Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo S.A., el acuerdo previo entre Construcciones Murias, Cycasa y Acciona Construcción para acudir a la UTE, y le especifica: «Se me olvidó decirte que en la licitación de prisiones aquí en el norte hay una UTE. Acciona 50%, Murias 25, Cycasa 25…De ese 25% ellos son el 15% y nosotros el 10%. Hablamos». Para la Guardia Civil, «se infiere que de ese 25%, el 10% (del total de la UTE) les pertenecería a Antxon y Juan Sumelzo». Finalmente, la UTE Acciona-Cycasa-Murias resultó adjudicataria del proyecto en febrero de 2021. La Guardia Civil justifica la inclusión de transferencias y movimientos procedentes de Cycasa en el informe sobre el patrimonio de Cerdán porque esta compañía hizo transferencias a Servinabar, que se sospecha habría permitido a Cerdán incrementar su patrimonio mientras Ábalos estuvo al frente de Transportes y cuando le sustituyó como secretario de Organización del PSOE en más de 300.000 euros. Su esposa, Francisca Muñoz, estuvo contratada en una compañía vinculada a la trama, a través de una de sus empresas en Granada, y cobró 1.300 euros mensuales a pesar de que no fue a su puesto de trabajo ni un solo día, según el último informe patrimonial de la Guardia Civil. La presión por los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez salta al Ministerio del Interior después de la sentencia condenatoria del caso Mascarillas, que corroboró la trama delictiva montada en el seno de la cartera de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente de ésta junto a su lugarteniente, el asesor Koldo García. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado como miembro de una supuesta organización criminal que habría amañado contratos de obra pública, apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de la obra de construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) por 42,7 millones de euros. Un proyecto adjudicado en febrero de 2021 por Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente. El hallazgo de la Benemérita, entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se conoció este viernes, precisamente el día que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declaraba también en los juzgados centrales, en su caso ante el magistrado del caso Leire, Santiago Pedraz. Lo hacía un día después de que el máximo responsable técnico del Cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también compareciera como imputado en la trama en la que se investigan presuntas maniobras comandadas por la exmilitante del PSOE Leire Díez desde la primavera de 2024 -cuando la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por tráfico de influencias- para desbaratar las causas que afectan al entorno más próximo del presidente. La construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) se adjudicó en febrero de 2021 por 42,7 millones de eurosDos veces reconoció González haberse reunido con Leire Díez, aunque negó haber atendido ninguna de sus peticiones (como que rehabilitara al guardia civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba) y se mostró como una víctima de Santos Cerdán y sus cloacas, en las que incluye a la fontanera del PSOE. Un día antes, el DAO tuvo que declarar por presuntamente presionar a la UCO para que dejara de tomar la iniciativa en las investigaciones que afectan a Sánchez. Mandos de la unidad investigadora han denunciado presiones por parte de Llamas, que abrió varias informaciones reservadas a los agentes al mando de la investigación contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez. En sede judicial, el DAO negó haber pedido a nadie que se pusiera de perfil en dichas causas, como denunciaron los mandos de la unidad investigadora, pero sí reconoció que el propio ministro Marlaska le llamó para pedirle explicaciones y quejarse porque el correo de Begoña Gómez apareció en un informe policial y acabó publicado en un digital, motivo por el que sostuvo que abrió una de las investigaciones internas a la UCO. Unidad con cuyos responsables reconoció no tener muy buena relación.La sospecha de un intento de politización del cuerpo y la existencia de presiones para ponerlo al servicio de los intereses del Gobierno socialista se acrecientan también por la orden, publicada en exclusiva en ABC, de la cúpula de la Guardia Civil al jefe de zona de Madrid de boicotear a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para dejarla plantada en el acto institucional del 2 de mayo, motivo por el que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha pedido la dimisión de González y Marlaska. La directora de la Benemérita negó haber dado dicha orden y el ministro Grande-Marlaska, además de mantener su confianza en ella tras su imputación, no se ha pronunciado ni por los hechos relacionados con el caso Leire ni por las sospechas de corrupción en uno de los contratos adjudicados en su periodo al frente de Interior. El contrato del centro Norte IIIHasta ahora, la Guardia Civil y el juez Moreno habían puesto el foco en contratos de obra adjudicados por el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, gracias a los que Cerdán pudo llevarse mordidas por beneficiar repetidamente a Acciona Construcción en Unión Temporal de Empresas con otras compañías, principalmente Servinabar, del amigo y socio del político navarro. Por este motivo están investigados, además de ellos dos, directivos de Acciona, de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Pero, en el informe patrimonial que se esperaba desde hace meses, los investigadores ponen el foco en un contrato adjudicado por Interior y en el que no habían reparado en informes anteriores.Se trata del contrato para la construcción del Nuevo Centro Penitenciario Norte III de Zubieta (San Sebastián), adjudicado en 2021 a Acciona Construcción en UTE con Construcciones Murias y Cycasa Canteras y Construcciones, a través de la que Antxon Alonso (Servinabar) habría entrado en el proyecto. En octubre de 2018, casi dos años antes de la adjudicación, Antxon Alonso remitió a Tomás Olarte, uno de los exdirectivos de Acciona Construcción investigados en la causa, el enlace de una noticia en la que ya se hablaba del futuro proyecto. En noviembre de 2020, cuando se publica la licitación, Antxon Alonso escribió a un socio suyo en proyectos de construcción para remitírsela y le dijo, según recoge la UCO de las comunicaciones intervenidas: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos». El socio de Cerdán envió la licitación a un constructor y le dijo: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos»Un mes después, Antxon Alonso ya le comunica a la misma persona, Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo S.A., el acuerdo previo entre Construcciones Murias, Cycasa y Acciona Construcción para acudir a la UTE, y le especifica: «Se me olvidó decirte que en la licitación de prisiones aquí en el norte hay una UTE. Acciona 50%, Murias 25, Cycasa 25…De ese 25% ellos son el 15% y nosotros el 10%. Hablamos». Para la Guardia Civil, «se infiere que de ese 25%, el 10% (del total de la UTE) les pertenecería a Antxon y Juan Sumelzo». Finalmente, la UTE Acciona-Cycasa-Murias resultó adjudicataria del proyecto en febrero de 2021. La Guardia Civil justifica la inclusión de transferencias y movimientos procedentes de Cycasa en el informe sobre el patrimonio de Cerdán porque esta compañía hizo transferencias a Servinabar, que se sospecha habría permitido a Cerdán incrementar su patrimonio mientras Ábalos estuvo al frente de Transportes y cuando le sustituyó como secretario de Organización del PSOE en más de 300.000 euros. Su esposa, Francisca Muñoz, estuvo contratada en una compañía vinculada a la trama, a través de una de sus empresas en Granada, y cobró 1.300 euros mensuales a pesar de que no fue a su puesto de trabajo ni un solo día, según el último informe patrimonial de la Guardia Civil.
La presión por los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez salta al Ministerio del Interior después de la sentencia condenatoria del caso Mascarillas, que corroboró la trama delictiva montada en el seno de la cartera de Transportes cuando José Luis Ábalos … estaba al frente de ésta junto a su lugarteniente, el asesor Koldo García.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado como miembro de una supuesta organización criminal que habría amañado contratos de obra pública, apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de la obra de construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) por 42,7 millones de euros. Un proyecto adjudicado en febrero de 2021 por Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente.
El hallazgo de la Benemérita, entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se conoció este viernes, precisamente el día que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declaraba también en los juzgados centrales, en su caso ante el magistrado del caso Leire, Santiago Pedraz. Lo hacía un día después de que el máximo responsable técnico del Cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también compareciera como imputado en la trama en la que se investigan presuntas maniobras comandadas por la exmilitante del PSOE Leire Díez desde la primavera de 2024 -cuando la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por tráfico de influencias- para desbaratar las causas que afectan al entorno más próximo del presidente.
La construcción de la cárcel de Zubieta (San Sebastián) se adjudicó en febrero de 2021 por 42,7 millones de euros
Dos veces reconoció González haberse reunido con Leire Díez, aunque negó haber atendido ninguna de sus peticiones (como que rehabilitara al guardia civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba) y se mostró como una víctima de Santos Cerdán y sus cloacas, en las que incluye a la fontanera del PSOE.
Un día antes, el DAO tuvo que declarar por presuntamente presionar a la UCO para que dejara de tomar la iniciativa en las investigaciones que afectan a Sánchez. Mandos de la unidad investigadora han denunciado presiones por parte de Llamas, que abrió varias informaciones reservadas a los agentes al mando de la investigación contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez. En sede judicial, el DAO negó haber pedido a nadie que se pusiera de perfil en dichas causas, como denunciaron los mandos de la unidad investigadora, pero sí reconoció que el propio ministro Marlaska le llamó para pedirle explicaciones y quejarse porque el correo de Begoña Gómez apareció en un informe policial y acabó publicado en un digital, motivo por el que sostuvo que abrió una de las investigaciones internas a la UCO. Unidad con cuyos responsables reconoció no tener muy buena relación.
La sospecha de un intento de politización del cuerpo y la existencia de presiones para ponerlo al servicio de los intereses del Gobierno socialista se acrecientan también por la orden, publicada en exclusiva en ABC, de la cúpula de la Guardia Civil al jefe de zona de Madrid de boicotear a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para dejarla plantada en el acto institucional del 2 de mayo, motivo por el que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha pedido la dimisión de González y Marlaska. La directora de la Benemérita negó haber dado dicha orden y el ministro Grande-Marlaska, además de mantener su confianza en ella tras su imputación, no se ha pronunciado ni por los hechos relacionados con el caso Leire ni por las sospechas de corrupción en uno de los contratos adjudicados en su periodo al frente de Interior.
El contrato del centro Norte III
Hasta ahora, la Guardia Civil y el juez Moreno habían puesto el foco en contratos de obra adjudicados por el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, gracias a los que Cerdán pudo llevarse mordidas por beneficiar repetidamente a Acciona Construcción en Unión Temporal de Empresas con otras compañías, principalmente Servinabar, del amigo y socio del político navarro.
Por este motivo están investigados, además de ellos dos, directivos de Acciona, de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Pero, en el informe patrimonial que se esperaba desde hace meses, los investigadores ponen el foco en un contrato adjudicado por Interior y en el que no habían reparado en informes anteriores.
Se trata del contrato para la construcción del Nuevo Centro Penitenciario Norte III de Zubieta (San Sebastián), adjudicado en 2021 a Acciona Construcción en UTE con Construcciones Murias y Cycasa Canteras y Construcciones, a través de la que Antxon Alonso (Servinabar) habría entrado en el proyecto.
En octubre de 2018, casi dos años antes de la adjudicación, Antxon Alonso remitió a Tomás Olarte, uno de los exdirectivos de Acciona Construcción investigados en la causa, el enlace de una noticia en la que ya se hablaba del futuro proyecto. En noviembre de 2020, cuando se publica la licitación, Antxon Alonso escribió a un socio suyo en proyectos de construcción para remitírsela y le dijo, según recoge la UCO de las comunicaciones intervenidas: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos».
El socio de Cerdán envió la licitación a un constructor y le dijo: «Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos»
Un mes después, Antxon Alonso ya le comunica a la misma persona, Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo S.A., el acuerdo previo entre Construcciones Murias, Cycasa y Acciona Construcción para acudir a la UTE, y le especifica: «Se me olvidó decirte que en la licitación de prisiones aquí en el norte hay una UTE. Acciona 50%, Murias 25, Cycasa 25…De ese 25% ellos son el 15% y nosotros el 10%. Hablamos». Para la Guardia Civil, «se infiere que de ese 25%, el 10% (del total de la UTE) les pertenecería a Antxon y Juan Sumelzo».
Finalmente, la UTE Acciona-Cycasa-Murias resultó adjudicataria del proyecto en febrero de 2021. La Guardia Civil justifica la inclusión de transferencias y movimientos procedentes de Cycasa en el informe sobre el patrimonio de Cerdán porque esta compañía hizo transferencias a Servinabar, que se sospecha habría permitido a Cerdán incrementar su patrimonio mientras Ábalos estuvo al frente de Transportes y cuando le sustituyó como secretario de Organización del PSOE en más de 300.000 euros. Su esposa, Francisca Muñoz, estuvo contratada en una compañía vinculada a la trama, a través de una de sus empresas en Granada, y cobró 1.300 euros mensuales a pesar de que no fue a su puesto de trabajo ni un solo día, según el último informe patrimonial de la Guardia Civil.
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