Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con la mayoría socialista, la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso a la Vivienda y la Simplificación Urbanística, después de que el intento del PSOE de lograr el mayor consenso posible haya fracasado al rechazar los socialistas todas las enmiendas presentadas tanto por el PP y como por Vox. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, que intervino en el debate con alegato final, culpó del deterioro del diálogo al clima político generado por la convocatoria electoral. «No intenten hoy escenificar por cuestiones de convocatoria electoral una distancia que no debiera existir. Los españoles nos pagan para que nos pongamos de acuerdo», ha afirmado, antes de pedir a la oposición que sea «parte de la solución a la vivienda» y no del problema.Hernando ha defendido que la región lleva años adoptando medidas para afrontar esta dificultad, entre ellas la reprogramación de fondos europeos, el plan 10.000 y el impulso a la vivienda protegida. Según sus datos, de las 41.000 viviendas construidas en Castilla-La Mancha durante la última década, 21.000 se han levantado en los últimos tres años y medio. Además, ha señalado que dos de cada tres viviendas protegidas iniciadas en ese periodo corresponden a esos últimos años.El portavoz socialista de Fomento, Álvaro Toconar, ha defendido que la iniciativa permitirá «movilizar más suelo, impulsar la construcción de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda», también en el medio rural. Y ha resumido sus objetivos en «más suelo, más vivienda, más justicia y, por supuesto, más Castilla-La Mancha».Toconar ha reprochado al PP su oposición a la norma y a otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. «Dicen ustedes que hay problemas, pero llevan desde el año 2015 votando en contra de todas las soluciones», ha afirmado. También ha cuestionado que los populares votaran en contra de la bajada de impuestos aprobada en marzo de 2026 para jóvenes que compran su primera vivienda. Frente a las críticas de PP y Vox, que han calificado la ley de «parche», ha defendido que el texto se ha consensuado con empresas de la región.Asimismo, ha justificado el rechazo de las enmiendas de los populares al considerar que «solo buscan bajar los impuestos a los fondos buitre y agilizar los desahucios en el parque de vivienda social de la Junta. Además de introducir más burocracia y sobrecargarían de trabajo a los ayuntamientos». Por su parte, el diputado regional del PP Nacho Redondo ha lamentado que el PSOE haya rechazado las 58 enmiendas que los populares mantenían vivas, asegurano que su partido «no pretende oponerse a todas las medidas, sino aportar alternativas para aumentar la oferta de vivienda y reforzar la seguridad jurídica».Entre sus principales objeciones figuran las reservas de vivienda protegida, las cesiones urbanísticas, los incrementos de edificabilidad y densidad, la disponibilidad de infraestructuras y servicios y los procedimientos de información pública y evaluación ambiental. Asimismo, ha advertido de que una agilización que no respete las garantías puede acabar provocando recursos y problemas judiciales. También ha reclamado mayor participación de los ayuntamientos para que los nuevos desarrollos tengan en cuenta el agua, el saneamiento, los colegios, las zonas verdes y el resto de servicios públicos.En esta línea, ha defendido medidas fiscales y ayudas directas para facilitar la compra y el alquiler, como apoyos a la autopromoción joven, reducciones de impuestos y beneficios para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y habitantes del medio rural. Redondo ha cuestionado la urgencia de la ley tras años de gobiernos socialistas: «Esta ley llega tarde, muy tarde». A su juicio, modificar la normativa urbanística no basta para resolver las dificultades de jóvenes y familias.«De cómprate un piso a comparte un piso»El diputado regional de Vox Francisco Cobo también ha cuestionado la eficacia de los planes del Gobierno y la falta de viviendas terminadas. «De cómprate un piso a comparte un piso. Ese es el eslogan que resume absolutamente todas las políticas socialistas», ha afirmado. Como ejemplo, ha citado que la tasa de emancipación juvenil en Castilla-La Mancha era del 10% a finales de 2024, la más baja de España.Cobo ha criticado que el Ejecutivo recurra ahora a la «urgencia parlamentaria después de once años de gobiernos socialistas». Asimismo, ha diferenciado entre los visados de obra nueva y las viviendas protegidas terminadas y ha asegurado, citando datos del Ministerio de Vivienda, que desde 2023 se han concedido calificaciones definitivas a 1.034 viviendas protegidas en la región.«Un visado no es una vivienda de protección terminada, una expectativa no es una vivienda. Un proyecto no es una vivienda. Un anuncio no es una vivienda», ha sostenido. El diputado ha cuestionado también el objetivo de 30.000 viviendas para 2030 y la ausencia de proyectos regionales en el programa estatal Casa 47, según sus declaraciones.Para el dirigente de Vox esta norma no soluciona los obstáculos que frenan la construcción, como la burocracia, la lentitud de los procedimientos y la inseguridad jurídica, reclamando que lo que «necesitamos es un suelo jurídicamente preparado para construir», ha defendido Cobo, que ha reclamado reducir trámites y coordinar administraciones. Aunque ha coincidido en que hacen falta más viviendas y mayor agilidad urbanística.Más suelo y VPO La nueva ley aprobada permitirá destinar edificios y parcelas públicas a vivienda protegida o dotacional sin esperar a modificaciones urbanísticas que pueden prolongarse durante años. También facilitará la construcción de vivienda protegida en suelos terciarios y dotacionales privados sin modificar el planeamiento e incentivará estos proyectos mediante incrementos de edificabilidad y densidad. Asimismo, la norma favorecerá la rehabilitación de viviendas vacías, la regeneración de barrios y la ampliación de municipios rurales, además de establecer un patrimonio público residencial cuyos ingresos se reinvertirán en políticas de vivienda. Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con la mayoría socialista, la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso a la Vivienda y la Simplificación Urbanística, después de que el intento del PSOE de lograr el mayor consenso posible haya fracasado al rechazar los socialistas todas las enmiendas presentadas tanto por el PP y como por Vox. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, que intervino en el debate con alegato final, culpó del deterioro del diálogo al clima político generado por la convocatoria electoral. «No intenten hoy escenificar por cuestiones de convocatoria electoral una distancia que no debiera existir. Los españoles nos pagan para que nos pongamos de acuerdo», ha afirmado, antes de pedir a la oposición que sea «parte de la solución a la vivienda» y no del problema.Hernando ha defendido que la región lleva años adoptando medidas para afrontar esta dificultad, entre ellas la reprogramación de fondos europeos, el plan 10.000 y el impulso a la vivienda protegida. Según sus datos, de las 41.000 viviendas construidas en Castilla-La Mancha durante la última década, 21.000 se han levantado en los últimos tres años y medio. Además, ha señalado que dos de cada tres viviendas protegidas iniciadas en ese periodo corresponden a esos últimos años.El portavoz socialista de Fomento, Álvaro Toconar, ha defendido que la iniciativa permitirá «movilizar más suelo, impulsar la construcción de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda», también en el medio rural. Y ha resumido sus objetivos en «más suelo, más vivienda, más justicia y, por supuesto, más Castilla-La Mancha».Toconar ha reprochado al PP su oposición a la norma y a otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. «Dicen ustedes que hay problemas, pero llevan desde el año 2015 votando en contra de todas las soluciones», ha afirmado. También ha cuestionado que los populares votaran en contra de la bajada de impuestos aprobada en marzo de 2026 para jóvenes que compran su primera vivienda. Frente a las críticas de PP y Vox, que han calificado la ley de «parche», ha defendido que el texto se ha consensuado con empresas de la región.Asimismo, ha justificado el rechazo de las enmiendas de los populares al considerar que «solo buscan bajar los impuestos a los fondos buitre y agilizar los desahucios en el parque de vivienda social de la Junta. Además de introducir más burocracia y sobrecargarían de trabajo a los ayuntamientos». Por su parte, el diputado regional del PP Nacho Redondo ha lamentado que el PSOE haya rechazado las 58 enmiendas que los populares mantenían vivas, asegurano que su partido «no pretende oponerse a todas las medidas, sino aportar alternativas para aumentar la oferta de vivienda y reforzar la seguridad jurídica».Entre sus principales objeciones figuran las reservas de vivienda protegida, las cesiones urbanísticas, los incrementos de edificabilidad y densidad, la disponibilidad de infraestructuras y servicios y los procedimientos de información pública y evaluación ambiental. Asimismo, ha advertido de que una agilización que no respete las garantías puede acabar provocando recursos y problemas judiciales. También ha reclamado mayor participación de los ayuntamientos para que los nuevos desarrollos tengan en cuenta el agua, el saneamiento, los colegios, las zonas verdes y el resto de servicios públicos.En esta línea, ha defendido medidas fiscales y ayudas directas para facilitar la compra y el alquiler, como apoyos a la autopromoción joven, reducciones de impuestos y beneficios para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y habitantes del medio rural. Redondo ha cuestionado la urgencia de la ley tras años de gobiernos socialistas: «Esta ley llega tarde, muy tarde». A su juicio, modificar la normativa urbanística no basta para resolver las dificultades de jóvenes y familias.«De cómprate un piso a comparte un piso»El diputado regional de Vox Francisco Cobo también ha cuestionado la eficacia de los planes del Gobierno y la falta de viviendas terminadas. «De cómprate un piso a comparte un piso. Ese es el eslogan que resume absolutamente todas las políticas socialistas», ha afirmado. Como ejemplo, ha citado que la tasa de emancipación juvenil en Castilla-La Mancha era del 10% a finales de 2024, la más baja de España.Cobo ha criticado que el Ejecutivo recurra ahora a la «urgencia parlamentaria después de once años de gobiernos socialistas». Asimismo, ha diferenciado entre los visados de obra nueva y las viviendas protegidas terminadas y ha asegurado, citando datos del Ministerio de Vivienda, que desde 2023 se han concedido calificaciones definitivas a 1.034 viviendas protegidas en la región.«Un visado no es una vivienda de protección terminada, una expectativa no es una vivienda. Un proyecto no es una vivienda. Un anuncio no es una vivienda», ha sostenido. El diputado ha cuestionado también el objetivo de 30.000 viviendas para 2030 y la ausencia de proyectos regionales en el programa estatal Casa 47, según sus declaraciones.Para el dirigente de Vox esta norma no soluciona los obstáculos que frenan la construcción, como la burocracia, la lentitud de los procedimientos y la inseguridad jurídica, reclamando que lo que «necesitamos es un suelo jurídicamente preparado para construir», ha defendido Cobo, que ha reclamado reducir trámites y coordinar administraciones. Aunque ha coincidido en que hacen falta más viviendas y mayor agilidad urbanística.Más suelo y VPO La nueva ley aprobada permitirá destinar edificios y parcelas públicas a vivienda protegida o dotacional sin esperar a modificaciones urbanísticas que pueden prolongarse durante años. También facilitará la construcción de vivienda protegida en suelos terciarios y dotacionales privados sin modificar el planeamiento e incentivará estos proyectos mediante incrementos de edificabilidad y densidad. Asimismo, la norma favorecerá la rehabilitación de viviendas vacías, la regeneración de barrios y la ampliación de municipios rurales, además de establecer un patrimonio público residencial cuyos ingresos se reinvertirán en políticas de vivienda.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con la mayoría socialista, la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso a la Vivienda y la Simplificación Urbanística, después de que el intento del PSOE de lograr el mayor consenso posible haya … fracasado al rechazar los socialistas todas las enmiendas presentadas tanto por el PP y como por Vox.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, que intervino en el debate con alegato final, culpó del deterioro del diálogo al clima político generado por la convocatoria electoral. «No intenten hoy escenificar por cuestiones de convocatoria electoral una distancia que no debiera existir. Los españoles nos pagan para que nos pongamos de acuerdo», ha afirmado, antes de pedir a la oposición que sea «parte de la solución a la vivienda» y no del problema.
Hernando ha defendido que la región lleva años adoptando medidas para afrontar esta dificultad, entre ellas la reprogramación de fondos europeos, el plan 10.000 y el impulso a la vivienda protegida. Según sus datos, de las 41.000 viviendas construidas en Castilla-La Mancha durante la última década, 21.000 se han levantado en los últimos tres años y medio. Además, ha señalado que dos de cada tres viviendas protegidas iniciadas en ese periodo corresponden a esos últimos años.
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El portavoz socialista de Fomento, Álvaro Toconar, ha defendido que la iniciativa permitirá «movilizar más suelo, impulsar la construcción de vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda», también en el medio rural. Y ha resumido sus objetivos en «más suelo, más vivienda, más justicia y, por supuesto, más Castilla-La Mancha».
Toconar ha reprochado al PP su oposición a la norma y a otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. «Dicen ustedes que hay problemas, pero llevan desde el año 2015 votando en contra de todas las soluciones», ha afirmado. También ha cuestionado que los populares votaran en contra de la bajada de impuestos aprobada en marzo de 2026 para jóvenes que compran su primera vivienda. Frente a las críticas de PP y Vox, que han calificado la ley de «parche», ha defendido que el texto se ha consensuado con empresas de la región.
Asimismo, ha justificado el rechazo de las enmiendas de los populares al considerar que «solo buscan bajar los impuestos a los fondos buitre y agilizar los desahucios en el parque de vivienda social de la Junta. Además de introducir más burocracia y sobrecargarían de trabajo a los ayuntamientos».
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Por su parte, el diputado regional del PP Nacho Redondo ha lamentado que el PSOE haya rechazado las 58 enmiendas que los populares mantenían vivas, asegurano que su partido «no pretende oponerse a todas las medidas, sino aportar alternativas para aumentar la oferta de vivienda y reforzar la seguridad jurídica».
Entre sus principales objeciones figuran las reservas de vivienda protegida, las cesiones urbanísticas, los incrementos de edificabilidad y densidad, la disponibilidad de infraestructuras y servicios y los procedimientos de información pública y evaluación ambiental.
Asimismo, ha advertido de que una agilización que no respete las garantías puede acabar provocando recursos y problemas judiciales. También ha reclamado mayor participación de los ayuntamientos para que los nuevos desarrollos tengan en cuenta el agua, el saneamiento, los colegios, las zonas verdes y el resto de servicios públicos.
En esta línea, ha defendido medidas fiscales y ayudas directas para facilitar la compra y el alquiler, como apoyos a la autopromoción joven, reducciones de impuestos y beneficios para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y habitantes del medio rural. Redondo ha cuestionado la urgencia de la ley tras años de gobiernos socialistas: «Esta ley llega tarde, muy tarde». A su juicio, modificar la normativa urbanística no basta para resolver las dificultades de jóvenes y familias.
«De cómprate un piso a comparte un piso»
El diputado regional de Vox Francisco Cobo también ha cuestionado la eficacia de los planes del Gobierno y la falta de viviendas terminadas. «De cómprate un piso a comparte un piso. Ese es el eslogan que resume absolutamente todas las políticas socialistas», ha afirmado. Como ejemplo, ha citado que la tasa de emancipación juvenil en Castilla-La Mancha era del 10% a finales de 2024, la más baja de España.
Cobo ha criticado que el Ejecutivo recurra ahora a la «urgencia parlamentaria después de once años de gobiernos socialistas». Asimismo, ha diferenciado entre los visados de obra nueva y las viviendas protegidas terminadas y ha asegurado, citando datos del Ministerio de Vivienda, que desde 2023 se han concedido calificaciones definitivas a 1.034 viviendas protegidas en la región.
«Un visado no es una vivienda de protección terminada, una expectativa no es una vivienda. Un proyecto no es una vivienda. Un anuncio no es una vivienda», ha sostenido. El diputado ha cuestionado también el objetivo de 30.000 viviendas para 2030 y la ausencia de proyectos regionales en el programa estatal Casa 47, según sus declaraciones.
Para el dirigente de Vox esta norma no soluciona los obstáculos que frenan la construcción, como la burocracia, la lentitud de los procedimientos y la inseguridad jurídica, reclamando que lo que «necesitamos es un suelo jurídicamente preparado para construir», ha defendido Cobo, que ha reclamado reducir trámites y coordinar administraciones. Aunque ha coincidido en que hacen falta más viviendas y mayor agilidad urbanística.
Más suelo y VPO
La nueva ley aprobada permitirá destinar edificios y parcelas públicas a vivienda protegida o dotacional sin esperar a modificaciones urbanísticas que pueden prolongarse durante años. También facilitará la construcción de vivienda protegida en suelos terciarios y dotacionales privados sin modificar el planeamiento e incentivará estos proyectos mediante incrementos de edificabilidad y densidad. Asimismo, la norma favorecerá la rehabilitación de viviendas vacías, la regeneración de barrios y la ampliación de municipios rurales, además de establecer un patrimonio público residencial cuyos ingresos se reinvertirán en políticas de vivienda.
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