La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los contratos de los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género —las conocidas como pulseras antimaltrato— adjudicados durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. La investigación comunitaria ha requerido los informes que analizan las incidencias y deficiencias administrativas de estos concursos públicos, entre ellos una auditoría clave del Tribunal de Cuentas que ya ha sido requisada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El núcleo del cuestionamiento jurídico y contable reside en el abuso reiterado de la tramitación de urgencia para adjudicar un servicio esencial que funciona de manera ininterrumpida en España desde el año 2009, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de noviembre de 2008. Según recoge el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas , la fecha de vencimiento de cada uno de los tres contratos anteriores era perfectamente conocida desde el mismo momento de su firma. Al tratarse de un calendario previsible y de una necesidad cierta para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, el órgano de contratación tenía la obligación de actuar con antelación suficiente para tramitar los pliegos por el procedimiento ordinario.El recurso al procedimiento ordinario no es un mero formalismo burocrático: permite que las empresas dispongan del margen temporal adecuado para preparar sus ofertas técnicas y económicas con garantías, asegurando así la concurrencia efectiva en unos contratos de alta complejidad logística y tecnológica. Sin embargo, el departamento ministerial de Irene Montero optó de forma sistemática por la vía excepcional de la urgencia, recortando plazos y limitando la competencia.Los auditores europeos ponen el foco en un expediente concreto tramitado bajo la anterior cúpula de Igualdad: el n.º 202303PA0001. El ministerio justificó la tramitación urgente alegando que la inversión se financiaba con cargo al crédito consignado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), invocando el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. No obstante, el Tribunal de Cuentas desmonta este argumento recordando que dicha norma no autoriza el uso automático ni generalizado de la urgencia para todos los contratos financiados con fondos europeos. Al contrario, exige que el órgano de contratación examine caso por caso si las circunstancias impiden realmente la tramitación ordinaria y deje constancia motivada de que los plazos habituales son impracticables, algo que no ocurría en estos expedientes.El informe también repasa los antecedentes de la contratación para evidenciar la falta de previsión estructural. En el expediente n.º 201822PA0001, la urgencia se motivó en que la primera licitación ordinaria —convocada el 7 de octubre de 2017 con un presupuesto de 12.478.191,39 euros— quedó desierta ante la proximidad del fin del contrato anterior. Aunque el Tribunal admite que este hecho puede explicar el recurso a la urgencia en aquel momento, advierte de que la programación anual de la contratación debe prever contingencias habituales como recursos administrativos o concursos desiertos.Posteriormente, en el expediente n.º 202103PA0003, Igualdad alegó el desbordamiento de las previsiones de instalación de dispositivos —un incremento que en 2019 y 2020 ya había forzado una modificación contractual del 19,78 % sobre el contrato en vigor— junto con el próximo vencimiento de la prórroga.Irregularidades administrativasEn el trámite de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, las anteriores responsables del Ministerio de Igualdad (en el cargo hasta noviembre de 2023) defendieron la declaración de urgencia del expediente n.º 202303PA0001, aprobada el 6 de julio de 2023, amparándose en un mandato legal con incidencia temporal: la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 (ley del ‘solo sí es sí’), que obligaba a extender las pulseras al ámbito de las violencias sexuales y a incorporar nuevas exigencias técnicas como la vinculación multiagresor. Asimismo, citaron la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la necesidad de evitar la falta de cobertura contractual.La respuesta de los auditores es tajante. Sin poner en duda el interés público ni la necesidad de mantener el servicio, el Tribunal de Cuentas recuerda que la tramitación urgente debe interpretarse de forma restrictiva y señala una incongruencia cronológica en la defensa del ministerio: la LO 10/2022 entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y el estudio técnico encargado para analizar los dispositivos multiagresor se entregó en abril de 2023. Entre abril y julio existía margen suficiente para haber impulsado una licitación ordinaria sin recurrir a la vía excepcional.El dictamen concluye que ni la mera apelación a la continuidad de un servicio previsible ni la remisión genérica al RDL 36/2020 constituyen justificación legal suficiente cuando no concurren circunstancias sobrevenidas que hagan impracticable el procedimiento común. Ahora, con la documentación ya en manos de la UCO, la Fiscalía Europea evalúa el alcance de estas irregularidades administrativas sobre los fondos comunitarios empleados en la gestión de estos dispositivos. La Guardia Civil analiza todos los informes relativos a las pulseras que realizó el Tribunal de Cuentas. También se desplazaron al Ministerio de Igualdad para requerir los pliegos y contratos que se firmaron para obtener este servicio, que falló y dejó desprotegidas a decenas de víctimas de violencia de género. La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los contratos de los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género —las conocidas como pulseras antimaltrato— adjudicados durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. La investigación comunitaria ha requerido los informes que analizan las incidencias y deficiencias administrativas de estos concursos públicos, entre ellos una auditoría clave del Tribunal de Cuentas que ya ha sido requisada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El núcleo del cuestionamiento jurídico y contable reside en el abuso reiterado de la tramitación de urgencia para adjudicar un servicio esencial que funciona de manera ininterrumpida en España desde el año 2009, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de noviembre de 2008. Según recoge el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas , la fecha de vencimiento de cada uno de los tres contratos anteriores era perfectamente conocida desde el mismo momento de su firma. Al tratarse de un calendario previsible y de una necesidad cierta para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, el órgano de contratación tenía la obligación de actuar con antelación suficiente para tramitar los pliegos por el procedimiento ordinario.El recurso al procedimiento ordinario no es un mero formalismo burocrático: permite que las empresas dispongan del margen temporal adecuado para preparar sus ofertas técnicas y económicas con garantías, asegurando así la concurrencia efectiva en unos contratos de alta complejidad logística y tecnológica. Sin embargo, el departamento ministerial de Irene Montero optó de forma sistemática por la vía excepcional de la urgencia, recortando plazos y limitando la competencia.Los auditores europeos ponen el foco en un expediente concreto tramitado bajo la anterior cúpula de Igualdad: el n.º 202303PA0001. El ministerio justificó la tramitación urgente alegando que la inversión se financiaba con cargo al crédito consignado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), invocando el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. No obstante, el Tribunal de Cuentas desmonta este argumento recordando que dicha norma no autoriza el uso automático ni generalizado de la urgencia para todos los contratos financiados con fondos europeos. Al contrario, exige que el órgano de contratación examine caso por caso si las circunstancias impiden realmente la tramitación ordinaria y deje constancia motivada de que los plazos habituales son impracticables, algo que no ocurría en estos expedientes.El informe también repasa los antecedentes de la contratación para evidenciar la falta de previsión estructural. En el expediente n.º 201822PA0001, la urgencia se motivó en que la primera licitación ordinaria —convocada el 7 de octubre de 2017 con un presupuesto de 12.478.191,39 euros— quedó desierta ante la proximidad del fin del contrato anterior. Aunque el Tribunal admite que este hecho puede explicar el recurso a la urgencia en aquel momento, advierte de que la programación anual de la contratación debe prever contingencias habituales como recursos administrativos o concursos desiertos.Posteriormente, en el expediente n.º 202103PA0003, Igualdad alegó el desbordamiento de las previsiones de instalación de dispositivos —un incremento que en 2019 y 2020 ya había forzado una modificación contractual del 19,78 % sobre el contrato en vigor— junto con el próximo vencimiento de la prórroga.Irregularidades administrativasEn el trámite de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, las anteriores responsables del Ministerio de Igualdad (en el cargo hasta noviembre de 2023) defendieron la declaración de urgencia del expediente n.º 202303PA0001, aprobada el 6 de julio de 2023, amparándose en un mandato legal con incidencia temporal: la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 (ley del ‘solo sí es sí’), que obligaba a extender las pulseras al ámbito de las violencias sexuales y a incorporar nuevas exigencias técnicas como la vinculación multiagresor. Asimismo, citaron la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la necesidad de evitar la falta de cobertura contractual.La respuesta de los auditores es tajante. Sin poner en duda el interés público ni la necesidad de mantener el servicio, el Tribunal de Cuentas recuerda que la tramitación urgente debe interpretarse de forma restrictiva y señala una incongruencia cronológica en la defensa del ministerio: la LO 10/2022 entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y el estudio técnico encargado para analizar los dispositivos multiagresor se entregó en abril de 2023. Entre abril y julio existía margen suficiente para haber impulsado una licitación ordinaria sin recurrir a la vía excepcional.El dictamen concluye que ni la mera apelación a la continuidad de un servicio previsible ni la remisión genérica al RDL 36/2020 constituyen justificación legal suficiente cuando no concurren circunstancias sobrevenidas que hagan impracticable el procedimiento común. Ahora, con la documentación ya en manos de la UCO, la Fiscalía Europea evalúa el alcance de estas irregularidades administrativas sobre los fondos comunitarios empleados en la gestión de estos dispositivos. La Guardia Civil analiza todos los informes relativos a las pulseras que realizó el Tribunal de Cuentas. También se desplazaron al Ministerio de Igualdad para requerir los pliegos y contratos que se firmaron para obtener este servicio, que falló y dejó desprotegidas a decenas de víctimas de violencia de género.
La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los contratos de los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género —las conocidas como pulseras antimaltrato— adjudicados durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. La investigación comunitaria ha … requerido los informes que analizan las incidencias y deficiencias administrativas de estos concursos públicos, entre ellos una auditoría clave del Tribunal de Cuentas que ya ha sido requisada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El núcleo del cuestionamiento jurídico y contable reside en el abuso reiterado de la tramitación de urgencia para adjudicar un servicio esencial que funciona de manera ininterrumpida en España desde el año 2009, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de noviembre de 2008. Según recoge el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas, la fecha de vencimiento de cada uno de los tres contratos anteriores era perfectamente conocida desde el mismo momento de su firma. Al tratarse de un calendario previsible y de una necesidad cierta para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, el órgano de contratación tenía la obligación de actuar con antelación suficiente para tramitar los pliegos por el procedimiento ordinario.
El recurso al procedimiento ordinario no es un mero formalismo burocrático: permite que las empresas dispongan del margen temporal adecuado para preparar sus ofertas técnicas y económicas con garantías, asegurando así la concurrencia efectiva en unos contratos de alta complejidad logística y tecnológica. Sin embargo, el departamento ministerial de Irene Montero optó de forma sistemática por la vía excepcional de la urgencia, recortando plazos y limitando la competencia.
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Los auditores europeos ponen el foco en un expediente concreto tramitado bajo la anterior cúpula de Igualdad: el n.º 202303PA0001. El ministerio justificó la tramitación urgente alegando que la inversión se financiaba con cargo al crédito consignado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), invocando el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. No obstante, el Tribunal de Cuentas desmonta este argumento recordando que dicha norma no autoriza el uso automático ni generalizado de la urgencia para todos los contratos financiados con fondos europeos. Al contrario, exige que el órgano de contratación examine caso por caso si las circunstancias impiden realmente la tramitación ordinaria y deje constancia motivada de que los plazos habituales son impracticables, algo que no ocurría en estos expedientes.
El informe también repasa los antecedentes de la contratación para evidenciar la falta de previsión estructural. En el expediente n.º 201822PA0001, la urgencia se motivó en que la primera licitación ordinaria —convocada el 7 de octubre de 2017 con un presupuesto de 12.478.191,39 euros— quedó desierta ante la proximidad del fin del contrato anterior. Aunque el Tribunal admite que este hecho puede explicar el recurso a la urgencia en aquel momento, advierte de que la programación anual de la contratación debe prever contingencias habituales como recursos administrativos o concursos desiertos.
Posteriormente, en el expediente n.º 202103PA0003, Igualdad alegó el desbordamiento de las previsiones de instalación de dispositivos —un incremento que en 2019 y 2020 ya había forzado una modificación contractual del 19,78 % sobre el contrato en vigor— junto con el próximo vencimiento de la prórroga.
Irregularidades administrativas
En el trámite de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, las anteriores responsables del Ministerio de Igualdad (en el cargo hasta noviembre de 2023) defendieron la declaración de urgencia del expediente n.º 202303PA0001, aprobada el 6 de julio de 2023, amparándose en un mandato legal con incidencia temporal: la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 (ley del ‘solo sí es sí’), que obligaba a extender las pulseras al ámbito de las violencias sexuales y a incorporar nuevas exigencias técnicas como la vinculación multiagresor. Asimismo, citaron la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sobre la necesidad de evitar la falta de cobertura contractual.
La respuesta de los auditores es tajante. Sin poner en duda el interés público ni la necesidad de mantener el servicio, el Tribunal de Cuentas recuerda que la tramitación urgente debe interpretarse de forma restrictiva y señala una incongruencia cronológica en la defensa del ministerio: la LO 10/2022 entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y el estudio técnico encargado para analizar los dispositivos multiagresor se entregó en abril de 2023. Entre abril y julio existía margen suficiente para haber impulsado una licitación ordinaria sin recurrir a la vía excepcional.
El dictamen concluye que ni la mera apelación a la continuidad de un servicio previsible ni la remisión genérica al RDL 36/2020 constituyen justificación legal suficiente cuando no concurren circunstancias sobrevenidas que hagan impracticable el procedimiento común. Ahora, con la documentación ya en manos de la UCO, la Fiscalía Europea evalúa el alcance de estas irregularidades administrativas sobre los fondos comunitarios empleados en la gestión de estos dispositivos. La Guardia Civil analiza todos los informes relativos a las pulseras que realizó el Tribunal de Cuentas. También se desplazaron al Ministerio de Igualdad para requerir los pliegos y contratos que se firmaron para obtener este servicio, que falló y dejó desprotegidas a decenas de víctimas de violencia de género.
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