Los disturbios que sacudieron La Coruña durante la visita de Santiago Abascal este miércoles y se prolongaron hasta la noche han situado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una incómoda posición a raíz de la controversia que ha marcado la tónica del debate de este lunes en torno a la planificación del dispositivo de seguridad. Los enfrentamientos, que se han saldado con tres detenidos y trece policías heridos, han provocado las críticas del PPdeG y de los sindicatos policiales, que cuestionan la gestión de las concentraciones. Desde el otro extremo, el BNG y las organizaciones convocantes de las protestas denuncian una actuación policial «desproporcionada» y reclaman también responsabilidades políticas.Por un lado, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado a Blanco de «dejación de funciones» por estar «haciendo campaña electoral en Santiago mientras ardía La Coruña». A su juicio, antepuso «sus intereses partidistas» a la seguridad ciudadana. El miércoles, Blanco acudió como candidato a una asociación de Santiago hasta alrededor de las 11.30, cuando ya había comenzado la protesta contra la presencia de Santiago Abascal en María Pita.Prado también le ha atribuido «responsabilidad» por permitir la coincidencia de las dos convocatorias en la misma plaza, algo que consideraba arriesgado. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respaldado a «los policías y fuerzas antidisturbios» por «hacer su trabajo», distinguiendo su actuación de la «dirección política de esos trabajos». A Blanco, considera, le corresponde explicar «si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados».La respuesta del delegadoEn una comparecencia frente a los medios en la Delegación, Blanco ha defendido el dispositivo y ha recordado que las manifestaciones no requieren autorización previa, sino una comunicación a la autoridad. Vox, ha explicado, notificó el 16 de octubre la instalación de una mesa informativa para menos de veinte personas, sin anunciar expresamente la presencia de Abascal, y Galiza Nova comunicó al día siguiente una concentración pacífica. Según el delegado, no hubo informes desfavorables y la Policía diseñó el dispositivo conforme a criterios técnicos; y ha destacado que «en ningún momento» se produjo un enfrentamiento entre los asistentes a ambas convocatorias.Sin embargo, en declaraciones a ABC, los sindicatos cuestionan esta explicación. Aunque reconocen que las manifestaciones están sujetas a un régimen de comunicación, recuerdan que la autoridad gubernativa puede restringirlas o prohibirlas por motivos de seguridad en los supuestos previstos legalmente. A su juicio, debió haberse impedido la coincidencia de ambas convocatorias; como precedente, citan que a su propia organización se le prohibió una concentración en Vigo el 2 de octubre de 2025 por razones de seguridad, pese a haberla convocado en una calle diferente a la de otro acto.Discrepancias en la cadena de mandoLa discrepancia también salpica a las instrucciones impartidas durante el despliegue policial. Desde la Confederación Española de Policía (CEP) explican que los agentes pueden responder directamente ante las agresiones siguiendo las indicaciones de sus mandos, pero determinadas decisiones previas relacionadas con la contención de concentraciones y la ocupación de espacios públicos corresponden a la autoridad gubernativa. Y, en ese contexto, cuestionan la claridad de las órdenes recibidas durante los incidentes.Los representantes sindicales describen una intervención marcada por sucesivos avances, pausas y retrocesos de los efectivos, en lugar de una actuación continuada para dispersar a los individuos violentos. Consideran, en clave de valoración sindical, que una estrategia como esa pudo contribuir a que los grupos violentos se envalentonasen, aumentando la tensión y las agresiones. Blanco, por el contrario, insiste en que las decisiones de cargar o dispersar corresponden a los responsables policiales sobre el terreno. Ha defendido que los agentes intervinieron ante el lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos, y ha atribuido la violencia a «grupúsculos» reducidos y organizados que aprovecharon las concentraciones. También ha subrayado que los enfrentamientos matinales comenzaron una vez concluido el acto de Vox, lo que, a su juicio, evidencia que los responsables buscaban provocar desórdenes públicos. La mañana dejó dos detenidos y doce policías heridos; la tarde, otro arrestado y un agente lesionado.Tanto la CEP como Jupol han reclamado la dimisión de Blanco por la planificación del dispositivo, y la primera extiende su demanda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que la CEP también reclama más antidisturbios y medios para las Unidades de Prevención y Reacción. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha respaldado las intervenciones y solicitado una respuesta penal más contundente frente a las agresiones contra los agentes.Críticas a las cargasLas objeciones al delegado también llegan desde la otra orilla de las protestas. La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, ha condenado unas cargas «absolutamente desproporcionadas» y ha denunciado «agresiones sin mediar palabra», así como el empleo de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según su versión. La nacionalista también ha rechazado los episodios violentos, aunque los ha situado después de la disolución de la movilización y lejos del escenario inicial. Ha defendido que la inmensa mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento «pacífico y ejemplar».La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) ha pedido la dimisión tanto del delegado como de la alcaldesa, Inés Rey. Este jueves ha exhibido fotografías de lesiones que atribuye a los agentes y ha denunciado golpes en la cabeza, disparos de proyectiles a corta distancia y uso de gases sobre la piel. La organización asegura que decenas de jóvenes resultaron heridos y reclama la absolución de los detenidos. El alcance y las circunstancias de todas esas lesiones no han podido comprobarse de forma independiente.Rey había condenado los actos violentos y advertido de que «cualquier reivindicación pierde su legitimidad cuando se recurre a la violencia». La controversia permanece abierta tras una jornada de enfrentamientos, barricadas y contenedores incendiados. La Policía continúa investigando para identificar a más participantes en los altercados, mientras las críticas apuntan tanto a la planificación de la seguridad como a la actuación de los agentes. Los disturbios que sacudieron La Coruña durante la visita de Santiago Abascal este miércoles y se prolongaron hasta la noche han situado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una incómoda posición a raíz de la controversia que ha marcado la tónica del debate de este lunes en torno a la planificación del dispositivo de seguridad. Los enfrentamientos, que se han saldado con tres detenidos y trece policías heridos, han provocado las críticas del PPdeG y de los sindicatos policiales, que cuestionan la gestión de las concentraciones. Desde el otro extremo, el BNG y las organizaciones convocantes de las protestas denuncian una actuación policial «desproporcionada» y reclaman también responsabilidades políticas.Por un lado, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado a Blanco de «dejación de funciones» por estar «haciendo campaña electoral en Santiago mientras ardía La Coruña». A su juicio, antepuso «sus intereses partidistas» a la seguridad ciudadana. El miércoles, Blanco acudió como candidato a una asociación de Santiago hasta alrededor de las 11.30, cuando ya había comenzado la protesta contra la presencia de Santiago Abascal en María Pita.Prado también le ha atribuido «responsabilidad» por permitir la coincidencia de las dos convocatorias en la misma plaza, algo que consideraba arriesgado. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respaldado a «los policías y fuerzas antidisturbios» por «hacer su trabajo», distinguiendo su actuación de la «dirección política de esos trabajos». A Blanco, considera, le corresponde explicar «si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados».La respuesta del delegadoEn una comparecencia frente a los medios en la Delegación, Blanco ha defendido el dispositivo y ha recordado que las manifestaciones no requieren autorización previa, sino una comunicación a la autoridad. Vox, ha explicado, notificó el 16 de octubre la instalación de una mesa informativa para menos de veinte personas, sin anunciar expresamente la presencia de Abascal, y Galiza Nova comunicó al día siguiente una concentración pacífica. Según el delegado, no hubo informes desfavorables y la Policía diseñó el dispositivo conforme a criterios técnicos; y ha destacado que «en ningún momento» se produjo un enfrentamiento entre los asistentes a ambas convocatorias.Sin embargo, en declaraciones a ABC, los sindicatos cuestionan esta explicación. Aunque reconocen que las manifestaciones están sujetas a un régimen de comunicación, recuerdan que la autoridad gubernativa puede restringirlas o prohibirlas por motivos de seguridad en los supuestos previstos legalmente. A su juicio, debió haberse impedido la coincidencia de ambas convocatorias; como precedente, citan que a su propia organización se le prohibió una concentración en Vigo el 2 de octubre de 2025 por razones de seguridad, pese a haberla convocado en una calle diferente a la de otro acto.Discrepancias en la cadena de mandoLa discrepancia también salpica a las instrucciones impartidas durante el despliegue policial. Desde la Confederación Española de Policía (CEP) explican que los agentes pueden responder directamente ante las agresiones siguiendo las indicaciones de sus mandos, pero determinadas decisiones previas relacionadas con la contención de concentraciones y la ocupación de espacios públicos corresponden a la autoridad gubernativa. Y, en ese contexto, cuestionan la claridad de las órdenes recibidas durante los incidentes.Los representantes sindicales describen una intervención marcada por sucesivos avances, pausas y retrocesos de los efectivos, en lugar de una actuación continuada para dispersar a los individuos violentos. Consideran, en clave de valoración sindical, que una estrategia como esa pudo contribuir a que los grupos violentos se envalentonasen, aumentando la tensión y las agresiones. Blanco, por el contrario, insiste en que las decisiones de cargar o dispersar corresponden a los responsables policiales sobre el terreno. Ha defendido que los agentes intervinieron ante el lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos, y ha atribuido la violencia a «grupúsculos» reducidos y organizados que aprovecharon las concentraciones. También ha subrayado que los enfrentamientos matinales comenzaron una vez concluido el acto de Vox, lo que, a su juicio, evidencia que los responsables buscaban provocar desórdenes públicos. La mañana dejó dos detenidos y doce policías heridos; la tarde, otro arrestado y un agente lesionado.Tanto la CEP como Jupol han reclamado la dimisión de Blanco por la planificación del dispositivo, y la primera extiende su demanda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que la CEP también reclama más antidisturbios y medios para las Unidades de Prevención y Reacción. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha respaldado las intervenciones y solicitado una respuesta penal más contundente frente a las agresiones contra los agentes.Críticas a las cargasLas objeciones al delegado también llegan desde la otra orilla de las protestas. La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, ha condenado unas cargas «absolutamente desproporcionadas» y ha denunciado «agresiones sin mediar palabra», así como el empleo de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según su versión. La nacionalista también ha rechazado los episodios violentos, aunque los ha situado después de la disolución de la movilización y lejos del escenario inicial. Ha defendido que la inmensa mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento «pacífico y ejemplar».La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) ha pedido la dimisión tanto del delegado como de la alcaldesa, Inés Rey. Este jueves ha exhibido fotografías de lesiones que atribuye a los agentes y ha denunciado golpes en la cabeza, disparos de proyectiles a corta distancia y uso de gases sobre la piel. La organización asegura que decenas de jóvenes resultaron heridos y reclama la absolución de los detenidos. El alcance y las circunstancias de todas esas lesiones no han podido comprobarse de forma independiente.Rey había condenado los actos violentos y advertido de que «cualquier reivindicación pierde su legitimidad cuando se recurre a la violencia». La controversia permanece abierta tras una jornada de enfrentamientos, barricadas y contenedores incendiados. La Policía continúa investigando para identificar a más participantes en los altercados, mientras las críticas apuntan tanto a la planificación de la seguridad como a la actuación de los agentes.
Los disturbios que sacudieron La Coruña durante la visita de Santiago Abascal este miércoles y se prolongaron hasta la noche han situado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una incómoda posición a raíz de la controversia que ha marcado la tónica del … debate de este lunes en torno a la planificación del dispositivo de seguridad. Los enfrentamientos, que se han saldado con tres detenidos y trece policías heridos, han provocado las críticas del PPdeG y de los sindicatos policiales, que cuestionan la gestión de las concentraciones. Desde el otro extremo, el BNG y las organizaciones convocantes de las protestas denuncian una actuación policial «desproporcionada» y reclaman también responsabilidades políticas.
Por un lado, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha acusado a Blanco de «dejación de funciones» por estar «haciendo campaña electoral en Santiago mientras ardía La Coruña». A su juicio, antepuso «sus intereses partidistas» a la seguridad ciudadana. El miércoles, Blanco acudió como candidato a una asociación de Santiago hasta alrededor de las 11.30, cuando ya había comenzado la protesta contra la presencia de Santiago Abascal en María Pita.
Prado también le ha atribuido «responsabilidad» por permitir la coincidencia de las dos convocatorias en la misma plaza, algo que consideraba arriesgado. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respaldado a «los policías y fuerzas antidisturbios» por «hacer su trabajo», distinguiendo su actuación de la «dirección política de esos trabajos». A Blanco, considera, le corresponde explicar «si realmente se pudo hacer algo para evitar esos altercados».
La respuesta del delegado
En una comparecencia frente a los medios en la Delegación, Blanco ha defendido el dispositivo y ha recordado que las manifestaciones no requieren autorización previa, sino una comunicación a la autoridad. Vox, ha explicado, notificó el 16 de octubre la instalación de una mesa informativa para menos de veinte personas, sin anunciar expresamente la presencia de Abascal, y Galiza Nova comunicó al día siguiente una concentración pacífica. Según el delegado, no hubo informes desfavorables y la Policía diseñó el dispositivo conforme a criterios técnicos; y ha destacado que «en ningún momento» se produjo un enfrentamiento entre los asistentes a ambas convocatorias.
Sin embargo, en declaraciones a ABC, los sindicatos cuestionan esta explicación. Aunque reconocen que las manifestaciones están sujetas a un régimen de comunicación, recuerdan que la autoridad gubernativa puede restringirlas o prohibirlas por motivos de seguridad en los supuestos previstos legalmente. A su juicio, debió haberse impedido la coincidencia de ambas convocatorias; como precedente, citan que a su propia organización se le prohibió una concentración en Vigo el 2 de octubre de 2025 por razones de seguridad, pese a haberla convocado en una calle diferente a la de otro acto.
Discrepancias en la cadena de mando
La discrepancia también salpica a las instrucciones impartidas durante el despliegue policial. Desde la Confederación Española de Policía (CEP) explican que los agentes pueden responder directamente ante las agresiones siguiendo las indicaciones de sus mandos, pero determinadas decisiones previas relacionadas con la contención de concentraciones y la ocupación de espacios públicos corresponden a la autoridad gubernativa. Y, en ese contexto, cuestionan la claridad de las órdenes recibidas durante los incidentes.
Los representantes sindicales describen una intervención marcada por sucesivos avances, pausas y retrocesos de los efectivos, en lugar de una actuación continuada para dispersar a los individuos violentos. Consideran, en clave de valoración sindical, que una estrategia como esa pudo contribuir a que los grupos violentos se envalentonasen, aumentando la tensión y las agresiones.
Blanco, por el contrario, insiste en que las decisiones de cargar o dispersar corresponden a los responsables policiales sobre el terreno. Ha defendido que los agentes intervinieron ante el lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos, y ha atribuido la violencia a «grupúsculos» reducidos y organizados que aprovecharon las concentraciones. También ha subrayado que los enfrentamientos matinales comenzaron una vez concluido el acto de Vox, lo que, a su juicio, evidencia que los responsables buscaban provocar desórdenes públicos. La mañana dejó dos detenidos y doce policías heridos; la tarde, otro arrestado y un agente lesionado.
Tanto la CEP como Jupol han reclamado la dimisión de Blanco por la planificación del dispositivo, y la primera extiende su demanda al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que la CEP también reclama más antidisturbios y medios para las Unidades de Prevención y Reacción. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha respaldado las intervenciones y solicitado una respuesta penal más contundente frente a las agresiones contra los agentes.
Críticas a las cargas
Las objeciones al delegado también llegan desde la otra orilla de las protestas. La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, ha condenado unas cargas «absolutamente desproporcionadas» y ha denunciado «agresiones sin mediar palabra», así como el empleo de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según su versión. La nacionalista también ha rechazado los episodios violentos, aunque los ha situado después de la disolución de la movilización y lejos del escenario inicial. Ha defendido que la inmensa mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento «pacífico y ejemplar».
La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) ha pedido la dimisión tanto del delegado como de la alcaldesa, Inés Rey. Este jueves, en una rueda de prensa, ha exhibido fotografías de lesiones que atribuye a los agentes y ha denunciado golpes en la cabeza, disparos de proyectiles a corta distancia y uso de gases sobre la piel. La organización asegura que decenas de jóvenes resultaron heridos y reclama la absolución de los detenidos; si bien el alcance y las circunstancias de todas esas lesiones todavía no han podido comprobarse. En la jornada anterior, horas antes de la segunda concentración, Rey había condenado los actos violentos y advertido que «cualquier reivindicación pierde su legitimidad cuando se recurre a la violencia».
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