El primer reproductor de video que entró en mi casa fue un Sony Betamax. Ese dispositivo era la única forma que teníamos para ver algo alternativo a lo que emitían las dos únicas cadenas de televisión de la época, o incluso para grabar programas y disfrutarlos cuando quisiéramos. Uno de los primeros espacios que registramos fue el especial de Nochevieja de aquel año. En ese programa, que veíamos una y otra vez, actuaba el humorista Fernando Esteso. En uno de sus sketches imitaba a un cantante recomendado al que el realizador le amargaba la actuación porque, sencillamente, no soportaba a ‘los enchufaos’.Esos recuerdos tienen ya más cuarenta años. Aquella figura del ‘enchufao’ que en mi juventud no alcanzaba a entender demasiado bien, hoy la tengo perfectamente asumida como una realidad que, desgraciadamente, se ha adueñado de la administración y de las empresas públicas. El hecho de que, ante cualquier convocatoria de una plaza en un organismo público o ante la licitación de un proyecto u obra, la primera pregunta de los interesados sea el famoso «¿está dada?», indica que el enchufismo está profundamente normalizado en nuestro país.No dispongo de datos estadísticos, pero mi sensación es que el problema se ha multiplicado debido al interés de los partidos políticos por colocar a su gente y, de paso, controlar las decisiones que se toman en muchas empresas públicas, incluso en aquellas donde el gobierno tiene influencia. El enchufismo ha vuelto a la primera plana a raíz de las recientes resoluciones judiciales que afectan a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno español, pero creo que el problema va mucho más allá de este llamativo caso y, por supuesto, no es exclusivo de unas siglas concretas.De este asunto lo que más llama la atención es cómo, de la nada, han surgido miles de ‘expertos juristas’ que, sin haber leído un solo folio de los autos judiciales, ya se han lanzado a esgrimir el famoso término lawfare y a proferir insultos o amenazas contra los jueces encargados del caso. Parecen olvidar que nuestro sistema es garantista y que cualquier resolución es recurrible ante instancias superiores. Yo no he leído los autos al completo y, probablemente, aunque lo hiciese, no sería capaz de entender toda la jurisprudencia que allí se cita. Al igual que muchos, mi conocimiento directo se limita a la famosa declaración de David Azagra ante la juez, en la que no parecía estar muy al tanto del trabajo que en teoría desempeñaba. Pero eso no le ha condenado.En la época de mi vídeo Betamax, el enchufismo se organizaba en conversaciones personales o, a lo sumo, telefónicas, por lo que el rastro que se dejaba era escaso. Ahora, en cambio, los favores se coordinan mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que dejan una huella indeleble, sobre todo los primeros.Indigna profundamente leer los mensajes que intercambiaron algunos funcionarios que debían valorar las propuestas enviadas por el empresario Barrabés en una licitación de Red.es. Ver cómo servidores públicos juegan con el dinero de todos y con la ilusión y el esfuerzo de muchas empresas, masacradas en las valoraciones no por su valía, sino porque había que favorecer al ‘amigo del poder’ es desolador. También resulta doloroso pensar en las personas que aspiraban de buena fe a la plaza que finalmente se otorgó al hermano del presidente.Es curioso que, en este entramado, los grandes perjudicados tras la sentencia terminen siendo los propios funcionarios implicados, quienes se enfrentan a duras penas de inhabilitación que les obligarán a abandonar sus puestos en la administración. Quizás esta sea la mejor lección de todo el caso: puede hacer que los trabajadores públicos, que gozan de un empleo seguro y con condiciones laborales a menudo superiores a las de la empresa privada, empiecen a valorar que no vale la pena correr el riesgo de perderlo todo por ceder a presiones políticas en las baremaciones de personas o proyectos.Hace tiempo, un compañero que trabajaba en Hispanoamérica me hablaba del problema de la corrupción. Al expresarle mi preocupación por la situación en España, me contestó que debería alarmarme de verdad el día en que, como ocurría en su país, al pedirte un policía el carnet en la carretera tuvieses que entregarlo con unos billetes en medio. Espero que nunca lleguemos a esos extremos, pero creo que es urgente obligar a los partidos que nos gobiernan a comprometerse a no meter las manos donde no les corresponde.Ya cuentan con financiación pública y con un número elevado de asesores que pagamos entre todos. Asimismo, toca recordar a los trabajadores públicos que su lealtad se debe al servicio ciudadano y no al político de turno que pasa temporalmente por su organización.CODA . Es inevitable no pensar en esos probos trabajadores públicos que, a pesar de todas las presiones, se empeñaron en defender la integridad del servicio como cuando por ejemplo las ‘enchufadas’ del exministro Ábalos se negaban a trabajar. Suele ser más fácil dejarse llevar o mirar hacia otro lado; por eso tiene mucho más mérito el valor demostrado por ellos. Actuaron exactamente igual que el realizador de aquel sketch de fin de año, empeñado en hacerle la vida difícil al ‘enchufao’. El primer reproductor de video que entró en mi casa fue un Sony Betamax. Ese dispositivo era la única forma que teníamos para ver algo alternativo a lo que emitían las dos únicas cadenas de televisión de la época, o incluso para grabar programas y disfrutarlos cuando quisiéramos. Uno de los primeros espacios que registramos fue el especial de Nochevieja de aquel año. En ese programa, que veíamos una y otra vez, actuaba el humorista Fernando Esteso. En uno de sus sketches imitaba a un cantante recomendado al que el realizador le amargaba la actuación porque, sencillamente, no soportaba a ‘los enchufaos’.Esos recuerdos tienen ya más cuarenta años. Aquella figura del ‘enchufao’ que en mi juventud no alcanzaba a entender demasiado bien, hoy la tengo perfectamente asumida como una realidad que, desgraciadamente, se ha adueñado de la administración y de las empresas públicas. El hecho de que, ante cualquier convocatoria de una plaza en un organismo público o ante la licitación de un proyecto u obra, la primera pregunta de los interesados sea el famoso «¿está dada?», indica que el enchufismo está profundamente normalizado en nuestro país.No dispongo de datos estadísticos, pero mi sensación es que el problema se ha multiplicado debido al interés de los partidos políticos por colocar a su gente y, de paso, controlar las decisiones que se toman en muchas empresas públicas, incluso en aquellas donde el gobierno tiene influencia. El enchufismo ha vuelto a la primera plana a raíz de las recientes resoluciones judiciales que afectan a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno español, pero creo que el problema va mucho más allá de este llamativo caso y, por supuesto, no es exclusivo de unas siglas concretas.De este asunto lo que más llama la atención es cómo, de la nada, han surgido miles de ‘expertos juristas’ que, sin haber leído un solo folio de los autos judiciales, ya se han lanzado a esgrimir el famoso término lawfare y a proferir insultos o amenazas contra los jueces encargados del caso. Parecen olvidar que nuestro sistema es garantista y que cualquier resolución es recurrible ante instancias superiores. Yo no he leído los autos al completo y, probablemente, aunque lo hiciese, no sería capaz de entender toda la jurisprudencia que allí se cita. Al igual que muchos, mi conocimiento directo se limita a la famosa declaración de David Azagra ante la juez, en la que no parecía estar muy al tanto del trabajo que en teoría desempeñaba. Pero eso no le ha condenado.En la época de mi vídeo Betamax, el enchufismo se organizaba en conversaciones personales o, a lo sumo, telefónicas, por lo que el rastro que se dejaba era escaso. Ahora, en cambio, los favores se coordinan mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que dejan una huella indeleble, sobre todo los primeros.Indigna profundamente leer los mensajes que intercambiaron algunos funcionarios que debían valorar las propuestas enviadas por el empresario Barrabés en una licitación de Red.es. Ver cómo servidores públicos juegan con el dinero de todos y con la ilusión y el esfuerzo de muchas empresas, masacradas en las valoraciones no por su valía, sino porque había que favorecer al ‘amigo del poder’ es desolador. También resulta doloroso pensar en las personas que aspiraban de buena fe a la plaza que finalmente se otorgó al hermano del presidente.Es curioso que, en este entramado, los grandes perjudicados tras la sentencia terminen siendo los propios funcionarios implicados, quienes se enfrentan a duras penas de inhabilitación que les obligarán a abandonar sus puestos en la administración. Quizás esta sea la mejor lección de todo el caso: puede hacer que los trabajadores públicos, que gozan de un empleo seguro y con condiciones laborales a menudo superiores a las de la empresa privada, empiecen a valorar que no vale la pena correr el riesgo de perderlo todo por ceder a presiones políticas en las baremaciones de personas o proyectos.Hace tiempo, un compañero que trabajaba en Hispanoamérica me hablaba del problema de la corrupción. Al expresarle mi preocupación por la situación en España, me contestó que debería alarmarme de verdad el día en que, como ocurría en su país, al pedirte un policía el carnet en la carretera tuvieses que entregarlo con unos billetes en medio. Espero que nunca lleguemos a esos extremos, pero creo que es urgente obligar a los partidos que nos gobiernan a comprometerse a no meter las manos donde no les corresponde.Ya cuentan con financiación pública y con un número elevado de asesores que pagamos entre todos. Asimismo, toca recordar a los trabajadores públicos que su lealtad se debe al servicio ciudadano y no al político de turno que pasa temporalmente por su organización.CODA . Es inevitable no pensar en esos probos trabajadores públicos que, a pesar de todas las presiones, se empeñaron en defender la integridad del servicio como cuando por ejemplo las ‘enchufadas’ del exministro Ábalos se negaban a trabajar. Suele ser más fácil dejarse llevar o mirar hacia otro lado; por eso tiene mucho más mérito el valor demostrado por ellos. Actuaron exactamente igual que el realizador de aquel sketch de fin de año, empeñado en hacerle la vida difícil al ‘enchufao’.
El primer reproductor de video que entró en mi casa fue un Sony Betamax. Ese dispositivo era la única forma que teníamos para ver algo alternativo a lo que emitían las dos únicas cadenas de televisión de la época, o incluso para grabar programas y … disfrutarlos cuando quisiéramos. Uno de los primeros espacios que registramos fue el especial de Nochevieja de aquel año. En ese programa, que veíamos una y otra vez, actuaba el humorista Fernando Esteso. En uno de sus sketches imitaba a un cantante recomendado al que el realizador le amargaba la actuación porque, sencillamente, no soportaba a ‘los enchufaos’.
Esos recuerdos tienen ya más cuarenta años. Aquella figura del ‘enchufao’ que en mi juventud no alcanzaba a entender demasiado bien, hoy la tengo perfectamente asumida como una realidad que, desgraciadamente, se ha adueñado de la administración y de las empresas públicas. El hecho de que, ante cualquier convocatoria de una plaza en un organismo público o ante la licitación de un proyecto u obra, la primera pregunta de los interesados sea el famoso «¿está dada?», indica que el enchufismo está profundamente normalizado en nuestro país.
No dispongo de datos estadísticos, pero mi sensación es que el problema se ha multiplicado debido al interés de los partidos políticos por colocar a su gente y, de paso, controlar las decisiones que se toman en muchas empresas públicas, incluso en aquellas donde el gobierno tiene influencia. El enchufismo ha vuelto a la primera plana a raíz de las recientes resoluciones judiciales que afectan a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno español, pero creo que el problema va mucho más allá de este llamativo caso y, por supuesto, no es exclusivo de unas siglas concretas.
De este asunto lo que más llama la atención es cómo, de la nada, han surgido miles de ‘expertos juristas’ que, sin haber leído un solo folio de los autos judiciales, ya se han lanzado a esgrimir el famoso término lawfare y a proferir insultos o amenazas contra los jueces encargados del caso. Parecen olvidar que nuestro sistema es garantista y que cualquier resolución es recurrible ante instancias superiores. Yo no he leído los autos al completo y, probablemente, aunque lo hiciese, no sería capaz de entender toda la jurisprudencia que allí se cita. Al igual que muchos, mi conocimiento directo se limita a la famosa declaración de David Azagra ante la juez, en la que no parecía estar muy al tanto del trabajo que en teoría desempeñaba. Pero eso no le ha condenado.
En la época de mi vídeo Betamax, el enchufismo se organizaba en conversaciones personales o, a lo sumo, telefónicas, por lo que el rastro que se dejaba era escaso. Ahora, en cambio, los favores se coordinan mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que dejan una huella indeleble, sobre todo los primeros.
Indigna profundamente leer los mensajes que intercambiaron algunos funcionarios que debían valorar las propuestas enviadas por el empresario Barrabés en una licitación de Red.es. Ver cómo servidores públicos juegan con el dinero de todos y con la ilusión y el esfuerzo de muchas empresas, masacradas en las valoraciones no por su valía, sino porque había que favorecer al ‘amigo del poder’ es desolador. También resulta doloroso pensar en las personas que aspiraban de buena fe a la plaza que finalmente se otorgó al hermano del presidente.
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Es curioso que, en este entramado, los grandes perjudicados tras la sentencia terminen siendo los propios funcionarios implicados, quienes se enfrentan a duras penas de inhabilitación que les obligarán a abandonar sus puestos en la administración. Quizás esta sea la mejor lección de todo el caso: puede hacer que los trabajadores públicos, que gozan de un empleo seguro y con condiciones laborales a menudo superiores a las de la empresa privada, empiecen a valorar que no vale la pena correr el riesgo de perderlo todo por ceder a presiones políticas en las baremaciones de personas o proyectos.
Hace tiempo, un compañero que trabajaba en Hispanoamérica me hablaba del problema de la corrupción. Al expresarle mi preocupación por la situación en España, me contestó que debería alarmarme de verdad el día en que, como ocurría en su país, al pedirte un policía el carnet en la carretera tuvieses que entregarlo con unos billetes en medio. Espero que nunca lleguemos a esos extremos, pero creo que es urgente obligar a los partidos que nos gobiernan a comprometerse a no meter las manos donde no les corresponde.
Ya cuentan con financiación pública y con un número elevado de asesores que pagamos entre todos. Asimismo, toca recordar a los trabajadores públicos que su lealtad se debe al servicio ciudadano y no al político de turno que pasa temporalmente por su organización.
CODA. Es inevitable no pensar en esos probos trabajadores públicos que, a pesar de todas las presiones, se empeñaron en defender la integridad del servicio como cuando por ejemplo las ‘enchufadas’ del exministro Ábalos se negaban a trabajar. Suele ser más fácil dejarse llevar o mirar hacia otro lado; por eso tiene mucho más mérito el valor demostrado por ellos. Actuaron exactamente igual que el realizador de aquel sketch de fin de año, empeñado en hacerle la vida difícil al ‘enchufao’.
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