La falta de una normativa eficiente y eficaz , librada de clichés ideológicos, la incorrecta gestión de las ayudas y el exceso de burocracia en cualquier movimiento representan el gran escollo para que los propietarios de las fincas privadas puedan realizar la mejor gestión forestal. Y con ella, reforzar la gran barrera contra los megaincendios que asolan Andalucía (y la península) pues son «la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos».’Limpiar’ el campo, adecentar el monte, es la principal medida, la más útil, efectiva y competente, para frenar las catástrofes del verano. Para reducir, limitar y/o contener pues el riesgo cero no existe. El 30% de la superficie forestal en Andalucía es de carácter público, por lo que el resto, alrededor del 70%, está en manos de empresarios ganaderos, agrícolas y forestales. Las asociaciones que agrupan sus voces resultan especialmente críticas con los gobernantes, por imponer de manera «a veces sectaria» sus doctrinas políticas y filosóficas y hacerlo además sin escuchar a los que se fajan sobre el terreno.José Luis García-Palacios, ingeniero técnico agrícola y presidente de Asaja Huelva, reclama esa atención necesaria para establecer una estrategia que realmente proteja a esta tierra de las llamas. La preservación del propio patrimonio se antoja el motor de este sector. Él mismo sufrió a principios de junio la inclemencia del fuego, que arrasó el 85% de su finca , y vio en primera persona cómo las llamas se quedaban a las puertas de su vivienda. Un desastre medioambiental y económico para las 30 explotaciones agrarias de la zona junto a Villanueva de los Castillejos, que enfilan el largo camino de recuperación de su dehesa.Claves para frenar el fuegoGarcía-Palacios entiende que, más allá de un infierno climático «exagerado por los medios», lo que subyace es «una falta de normativa debidamente redactada aplicable a la propiedad privada, pero sobre todo al monte público. Generalmente, es este terreno el que se quema sin control y por norma los incendios se apagan cuando llegan a fincas privadas, que son las que tratamos de mantener esa preservación mediante los cortafuegos, limpieza, aprovechamiento del ganado y demás».Critica que con esas posturas «pseudo-ecologistas confunden conservación con abandono de la naturaleza , cosa que no ocurre en las propiedades privadas». Y a ese «desconocimiento» habría que «añadirle la disminución paulatina de recursos de extinción de incendios del Gobierno central». Asegura que hay zonas en Andalucía «absolutamente abandonadas» que son «miles de toneladas de combustible. Cuando salta un chispazo, de manera natural, negligente, accidental o incluso malintencionadamente provocado, hace muy difícil que con los escasos medios y recursos que se tienen para la extinción eso se pueda parar».Destaca que es un problema de inversión pública y no privada, siendo los propietarios «los principales damnificados. A nosotros se nos desaparece nuestro patrimonio en un abrir y cerrar de ojos, una soga al cuello que te ha puesto la propia administración por acudir a sus obligaciones de manera ineficiente».El campo pide ser escuchadoAgricultores y ganaderos han insistido en que se topan con «muchas limitaciones para poder actuar» por «unas normativas de mantenimiento de un ecosistema que no se rigen por un raciocinio técnico. Nos limita la posibilidad de luchar con planes de prevención adecuados. La rentabilidad de las propias explotaciones ha disminuido considerablemente, junto al número de cabezas de ganado en el medio natural, y ahora algunas asociaciones ‘ecologistas’ recurren a los rebaños anti-incendios. Si quitamos al ser humano como factor esencial en la conservación del medio natural, estamos condenándolo». Y es mucho más barata esa prevención «que restaurar lo que se ha arrasado por un desastre que se basa en la dejación». Recuerda cuando en 2016 se reunieron con la entonces delegada de Medio Ambiente en Huelva para pedirle que emitieran licencias para aprovechar los recursos forestales de espacios públicos. «En tres años se había perdido algo más de medio millón de peonadas. Nueve meses después de esa cita, se produjo en ese lugar un incendio que quemó 10.000 hectáreas, el famoso de Moguer que llegó hasta Doñana».«Si la normativa es ineficaz, hay que aprovechar estos momentos para hacer una parada», sentencia. « Reflexionar, sentarse con los profesionales , con los técnicos de explotaciones privadas y plantear un frente común tanto público como privado para que estas cosas no ocurran. El cambio climático no tiene nada que ver con los incendios forestales. Es cuestión de gestión forestal. Y los fuegos no se apagan en invierno, sino todos los días del año».Califica de «paupérrima» la ayuda que llega de Europa . «Al sector privado apenas le llega absolutamente nada y las dificultades para acceder son inmensas, abismales. Al final, las acciones mitigantes o preventivas tienen que ir a costa de su bolsillo».Reclaman que son las personas que viven en el mundo rural las que siguen manteniendo vivo este entorno, y cada vez es más difícil que sea rentable. «Las trabas burocráticas, las limitaciones de acción, la dificultad para encontrar mano de obra y relevo generacional, el inmenso incremento de los costes de producción y ahora la inflación, dejan la horquilla del beneficio en mínimos. Y somos la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos ».Con respecto a la posible intervención de la administración pública en caso de incumplir con el plan de prevención, García-Palacios se muestra tajante. «A mí me gustaría que alguien venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, y que tenga sus deberes hechos».A modo de conclusión, el presidente de Asaja-Huelva pide tres cosas: « una ley de montes eficiente que otorgue el mismo grado de obligación a los propietarios y a las administraciones públicas; una línea de ayudas forestales solvente y que llegue al sector privado; y, sobre todo, escuchar . El diálogo es clave y es el momento de sentarnos y reflexionar». La falta de una normativa eficiente y eficaz , librada de clichés ideológicos, la incorrecta gestión de las ayudas y el exceso de burocracia en cualquier movimiento representan el gran escollo para que los propietarios de las fincas privadas puedan realizar la mejor gestión forestal. Y con ella, reforzar la gran barrera contra los megaincendios que asolan Andalucía (y la península) pues son «la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos».’Limpiar’ el campo, adecentar el monte, es la principal medida, la más útil, efectiva y competente, para frenar las catástrofes del verano. Para reducir, limitar y/o contener pues el riesgo cero no existe. El 30% de la superficie forestal en Andalucía es de carácter público, por lo que el resto, alrededor del 70%, está en manos de empresarios ganaderos, agrícolas y forestales. Las asociaciones que agrupan sus voces resultan especialmente críticas con los gobernantes, por imponer de manera «a veces sectaria» sus doctrinas políticas y filosóficas y hacerlo además sin escuchar a los que se fajan sobre el terreno.José Luis García-Palacios, ingeniero técnico agrícola y presidente de Asaja Huelva, reclama esa atención necesaria para establecer una estrategia que realmente proteja a esta tierra de las llamas. La preservación del propio patrimonio se antoja el motor de este sector. Él mismo sufrió a principios de junio la inclemencia del fuego, que arrasó el 85% de su finca , y vio en primera persona cómo las llamas se quedaban a las puertas de su vivienda. Un desastre medioambiental y económico para las 30 explotaciones agrarias de la zona junto a Villanueva de los Castillejos, que enfilan el largo camino de recuperación de su dehesa.Claves para frenar el fuegoGarcía-Palacios entiende que, más allá de un infierno climático «exagerado por los medios», lo que subyace es «una falta de normativa debidamente redactada aplicable a la propiedad privada, pero sobre todo al monte público. Generalmente, es este terreno el que se quema sin control y por norma los incendios se apagan cuando llegan a fincas privadas, que son las que tratamos de mantener esa preservación mediante los cortafuegos, limpieza, aprovechamiento del ganado y demás».Critica que con esas posturas «pseudo-ecologistas confunden conservación con abandono de la naturaleza , cosa que no ocurre en las propiedades privadas». Y a ese «desconocimiento» habría que «añadirle la disminución paulatina de recursos de extinción de incendios del Gobierno central». Asegura que hay zonas en Andalucía «absolutamente abandonadas» que son «miles de toneladas de combustible. Cuando salta un chispazo, de manera natural, negligente, accidental o incluso malintencionadamente provocado, hace muy difícil que con los escasos medios y recursos que se tienen para la extinción eso se pueda parar».Destaca que es un problema de inversión pública y no privada, siendo los propietarios «los principales damnificados. A nosotros se nos desaparece nuestro patrimonio en un abrir y cerrar de ojos, una soga al cuello que te ha puesto la propia administración por acudir a sus obligaciones de manera ineficiente».El campo pide ser escuchadoAgricultores y ganaderos han insistido en que se topan con «muchas limitaciones para poder actuar» por «unas normativas de mantenimiento de un ecosistema que no se rigen por un raciocinio técnico. Nos limita la posibilidad de luchar con planes de prevención adecuados. La rentabilidad de las propias explotaciones ha disminuido considerablemente, junto al número de cabezas de ganado en el medio natural, y ahora algunas asociaciones ‘ecologistas’ recurren a los rebaños anti-incendios. Si quitamos al ser humano como factor esencial en la conservación del medio natural, estamos condenándolo». Y es mucho más barata esa prevención «que restaurar lo que se ha arrasado por un desastre que se basa en la dejación». Recuerda cuando en 2016 se reunieron con la entonces delegada de Medio Ambiente en Huelva para pedirle que emitieran licencias para aprovechar los recursos forestales de espacios públicos. «En tres años se había perdido algo más de medio millón de peonadas. Nueve meses después de esa cita, se produjo en ese lugar un incendio que quemó 10.000 hectáreas, el famoso de Moguer que llegó hasta Doñana».«Si la normativa es ineficaz, hay que aprovechar estos momentos para hacer una parada», sentencia. « Reflexionar, sentarse con los profesionales , con los técnicos de explotaciones privadas y plantear un frente común tanto público como privado para que estas cosas no ocurran. El cambio climático no tiene nada que ver con los incendios forestales. Es cuestión de gestión forestal. Y los fuegos no se apagan en invierno, sino todos los días del año».Califica de «paupérrima» la ayuda que llega de Europa . «Al sector privado apenas le llega absolutamente nada y las dificultades para acceder son inmensas, abismales. Al final, las acciones mitigantes o preventivas tienen que ir a costa de su bolsillo».Reclaman que son las personas que viven en el mundo rural las que siguen manteniendo vivo este entorno, y cada vez es más difícil que sea rentable. «Las trabas burocráticas, las limitaciones de acción, la dificultad para encontrar mano de obra y relevo generacional, el inmenso incremento de los costes de producción y ahora la inflación, dejan la horquilla del beneficio en mínimos. Y somos la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos ».Con respecto a la posible intervención de la administración pública en caso de incumplir con el plan de prevención, García-Palacios se muestra tajante. «A mí me gustaría que alguien venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, y que tenga sus deberes hechos».A modo de conclusión, el presidente de Asaja-Huelva pide tres cosas: « una ley de montes eficiente que otorgue el mismo grado de obligación a los propietarios y a las administraciones públicas; una línea de ayudas forestales solvente y que llegue al sector privado; y, sobre todo, escuchar . El diálogo es clave y es el momento de sentarnos y reflexionar».
La falta de una normativa eficiente y eficaz, librada de clichés ideológicos, la incorrecta gestión de las ayudas y el exceso de burocracia en cualquier movimiento representan el gran escollo para que los propietarios de las fincas privadas puedan realizar la mejor … gestión forestal. Y con ella, reforzar la gran barrera contra los megaincendios que asolan Andalucía (y la península) pues son «la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos».
‘Limpiar’ el campo, adecentar el monte, es la principal medida, la más útil, efectiva y competente, para frenar las catástrofes del verano. Para reducir, limitar y/o contener pues el riesgo cero no existe. El 30% de la superficie forestal en Andalucía es de carácter público, por lo que el resto, alrededor del 70%, está en manos de empresarios ganaderos, agrícolas y forestales. Las asociaciones que agrupan sus voces resultan especialmente críticas con los gobernantes, por imponer de manera «a veces sectaria» sus doctrinas políticas y filosóficas y hacerlo además sin escuchar a los que se fajan sobre el terreno.
José Luis García-Palacios, ingeniero técnico agrícola y presidente de Asaja Huelva, reclama esa atención necesaria para establecer una estrategia que realmente proteja a esta tierra de las llamas. La preservación del propio patrimonio se antoja el motor de este sector. Él mismo sufrió a principios de junio la inclemencia del fuego, que arrasó el 85% de su finca, y vio en primera persona cómo las llamas se quedaban a las puertas de su vivienda. Un desastre medioambiental y económico para las 30 explotaciones agrarias de la zona junto a Villanueva de los Castillejos, que enfilan el largo camino de recuperación de su dehesa.
Claves para frenar el fuego
García-Palacios entiende que, más allá de un infierno climático «exagerado por los medios», lo que subyace es «una falta de normativa debidamente redactada aplicable a la propiedad privada, pero sobre todo al monte público. Generalmente, es este terreno el que se quema sin control y por norma los incendios se apagan cuando llegan a fincas privadas, que son las que tratamos de mantener esa preservación mediante los cortafuegos, limpieza, aprovechamiento del ganado y demás».
Critica que con esas posturas «pseudo-ecologistas confunden conservación con abandono de la naturaleza, cosa que no ocurre en las propiedades privadas». Y a ese «desconocimiento» habría que «añadirle la disminución paulatina de recursos de extinción de incendios del Gobierno central». Asegura que hay zonas en Andalucía «absolutamente abandonadas» que son «miles de toneladas de combustible. Cuando salta un chispazo, de manera natural, negligente, accidental o incluso malintencionadamente provocado, hace muy difícil que con los escasos medios y recursos que se tienen para la extinción eso se pueda parar».
Destaca que es un problema de inversión pública y no privada, siendo los propietarios «los principales damnificados. A nosotros se nos desaparece nuestro patrimonio en un abrir y cerrar de ojos, una soga al cuello que te ha puesto la propia administración por acudir a sus obligaciones de manera ineficiente».
El campo pide ser escuchado
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Agricultores y ganaderos han insistido en que se topan con «muchas limitaciones para poder actuar» por «unas normativas de mantenimiento de un ecosistema que no se rigen por un raciocinio técnico. Nos limita la posibilidad de luchar con planes de prevención adecuados. La rentabilidad de las propias explotaciones ha disminuido considerablemente, junto al número de cabezas de ganado en el medio natural, y ahora algunas asociaciones ‘ecologistas’ recurren a los rebaños anti-incendios. Si quitamos al ser humano como factor esencial en la conservación del medio natural, estamos condenándolo».
Y es mucho más barata esa prevención «que restaurar lo que se ha arrasado por un desastre que se basa en la dejación». Recuerda cuando en 2016 se reunieron con la entonces delegada de Medio Ambiente en Huelva para pedirle que emitieran licencias para aprovechar los recursos forestales de espacios públicos. «En tres años se había perdido algo más de medio millón de peonadas. Nueve meses después de esa cita, se produjo en ese lugar un incendio que quemó 10.000 hectáreas, el famoso de Moguer que llegó hasta Doñana».
«Si la normativa es ineficaz, hay que aprovechar estos momentos para hacer una parada», sentencia. «Reflexionar, sentarse con los profesionales, con los técnicos de explotaciones privadas y plantear un frente común tanto público como privado para que estas cosas no ocurran. El cambio climático no tiene nada que ver con los incendios forestales. Es cuestión de gestión forestal. Y los fuegos no se apagan en invierno, sino todos los días del año».
Califica de «paupérrima» la ayuda que llega de Europa. «Al sector privado apenas le llega absolutamente nada y las dificultades para acceder son inmensas, abismales. Al final, las acciones mitigantes o preventivas tienen que ir a costa de su bolsillo».
Reclaman que son las personas que viven en el mundo rural las que siguen manteniendo vivo este entorno, y cada vez es más difícil que sea rentable. «Las trabas burocráticas, las limitaciones de acción, la dificultad para encontrar mano de obra y relevo generacional, el inmenso incremento de los costes de producción y ahora la inflación, dejan la horquilla del beneficio en mínimos. Y somos la primera línea de defensa del ecosistema que conocemos».
Con respecto a la posible intervención de la administración pública en caso de incumplir con el plan de prevención, García-Palacios se muestra tajante. «A mí me gustaría que alguien venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, y que tenga sus deberes hechos».
A modo de conclusión, el presidente de Asaja-Huelva pide tres cosas: «una ley de montes eficiente que otorgue el mismo grado de obligación a los propietarios y a las administraciones públicas; una línea de ayudas forestales solvente y que llegue al sector privado; y, sobre todo, escuchar. El diálogo es clave y es el momento de sentarnos y reflexionar».
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