La Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para trasladar el principio de ‘prioridad nacional’ a las competencias de Castilla-La Mancha, especialmente en el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas y vivienda, no ha salido adelante en las Cortes regionales. La iniciativa ha sido rechazada con los votos de PSOE y PP y únicamente ha contado con el respaldo del grupo parlamentario proponente.El texto, defendido por el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha centrado buena parte del debate en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, en la situación de Ceuta.Moreno ha acusado al Gobierno central y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de no haber estado «a la altura» ante la situación vivida en Ceuta y ha responsabilizado al PSOE de no haber impedido la entrada de miles de personas y de no haber procedido posteriormente a su devolución.«Son Pedro Sánchez y el Gobierno socialista de Page los que no han impedido la invasión, los que no paralizaron la invasión cuando entraban 6.000 inmigrantes en una hora», ha afirmado el dirigente de Vox, quien también ha acusado al Ejecutivo de «repartir a los invasores por toda la península».En este punto, ha hecho referencia a la situación de los asentamientos de personas migrantes en Albacete, asegurando que pudo comprobar «en primera persona» la situación de los campamentos y que esta «va en aumento».Moreno ha defendido que el acceso a los recursos públicos debe tener en cuenta «el arraigo real, duradero y verificable, la permanencia, la cotización y la contribución al sistema» , de manera que, a su juicio, quienes «han trabajado durante toda su vida para sacar adelante esta región» sean atendidos de forma prioritaria cuando necesiten una prestación, una ayuda o una vivienda pública.«Para Vox la respuesta es muy clara: primero los españoles. Eso es la prioridad nacional», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que reconsideren su posición.Moreno ha argumentado que, cuando los recursos públicos son limitados, los gobiernos deben decidir «a quién proteger primero», contraponiendo la situación de quienes llevan décadas trabajando y contribuyendo al sistema con la de quienes llegan recientemente.Frente a esta propuesta, el diputado del Partido Popular Martín Buro ha dejado claro que su formación «no comparte» que la prioridad se plantee en términos de origen o nacionalidad y ha defendido que el criterio debe ser el «arraigo, la vinculación y la contribución a la sociedad».Buro ha considerado razonable que, ante recursos públicos limitados y especialmente en el acceso a determinadas ayudas estructurales o a vivienda pública, se valoren criterios objetivos como «el tiempo de residencia, el empadronamiento, la trayectoria laboral, la cotización al sistema o los vínculos familiares y sociales con el territorio».«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad de la que forma parte», ha señalado.«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad« Martín Buro Diputado del PPEl diputado popular ha defendido que quienes llevan años trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos puedan ver reconocida esa vinculación a la hora de acceder a recursos financiados con dinero público, pero ha rechazado «cualquier planteamiento que suponga una discriminación por origen».Al mismo tiempo, ha reclamado un cambio en el modelo migratorio que, según ha criticado, ha impulsado el PSOE, al que ha atribuido «falta de control, improvisación y ausencia de una política de integración eficaz» .El PP, ha añadido, defiende « una migración ordenada, legal y vinculada a las necesidades económicas y sociales del país», compatible con el respeto de los derechos fundamentales y la cohesión social.Un «conflicto permanente»Tras rechazar la propuesta de Vox, el diputado socialista, Pedro Camacho, ha acusado a la formación de mantener una «obsesión» con las personas migrantes. En este sentido, ha afirmado que «Vox es un partido racista» , al considerar que señala «permanentemente y sistemáticamente» a las personas migrantes y las responsabiliza de los problemas de los servicios públicos.Para Camacho, Vox pretende «convertir la inmigración en un conflicto permanente» y su PNL se sustenta, a su juicio, en dos ideas que ha calificado de «bulos»: que los extranjeros reciben privilegios y que provocan el colapso de los servicios públicos.El diputado socialista ha defendido que las ayudas públicas se conceden en función de la necesidad y de requisitos previamente establecidos y ha asegurado que «ser extranjero» no otorga preferencia a una persona sobre una familia española.«La inmensa mayoría de personas migrantes que viven en España trabajan, cotizan, pagan impuestos y contribuyen a sostener nuestro Estado del bienestar», ha defendido Camacho, quien ha pedido al PP que no solo «no comparta» sino que «combata» la política migratoria de VoxEl diputado socialista ha resumido su crítica a la propuesta de Vox con una frase: «Quieren las manos de los inmigrantes para trabajar, pero les cierran la puerta cuando estos necesitan ayuda».Vox denuncia que Page adjudica «a los extranjeros» el doble de VPO que a los castellanomanchegos El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes ha denunciado la «discriminación» que sufren los castellanomanchegos en las listas de acceso a la vivienda de protección oficial promovida y gestionada por la empresa pública Gicaman. Su portavoz, David Moreno, ha defendido el principio de prioridad nacional frente a la discriminación que sufren los vecinos de Castilla-La Mancha, «la matemática es tozuda y demuestra que el 12% de población regional (extranjeros con NIE) se llevan una de cada tres viviendas públicas, lo que supone que los extranjeros acaparan el doble de los inmuebles. El presidente parlamentario ha aseverado que el sistema socialista prima a los de fuera y penaliza al que lleva toda la vida pagando impuestos aquí. «Un extranjero tiene el doble de oportunidades de recibir una vivienda pagada por todos que un castellanomanchego. Si un grupo de población que representa el 12% recibe un tercio de un recurso limitado, el sistema no es solidario; es una discriminación contra nuestros vecinos», concluye. Desde VOX remarcan que esta desproporción resulta aún más sangrante en un contexto donde la empresa pública Gicaman ha mostrado una parálisis casi absoluta en la edificación directa de inmuebles, habiendo entregado una cifra inferior a las 300 viviendas en los últimos diez años. Moreno ha alzado la voz para impedir que familias españolas de la región queden excluidas sistemáticamente de las promociones públicas por no alcanzar las puntuaciones asistenciales que se otorgan a perfiles extranjeros recién llegados. «No es tolerable que el castellanomanchego sea el primero para pagar impuestos y el último a la hora de recibir una vivienda pública» ha finalizado. La Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para trasladar el principio de ‘prioridad nacional’ a las competencias de Castilla-La Mancha, especialmente en el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas y vivienda, no ha salido adelante en las Cortes regionales. La iniciativa ha sido rechazada con los votos de PSOE y PP y únicamente ha contado con el respaldo del grupo parlamentario proponente.El texto, defendido por el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha centrado buena parte del debate en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, en la situación de Ceuta.Moreno ha acusado al Gobierno central y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de no haber estado «a la altura» ante la situación vivida en Ceuta y ha responsabilizado al PSOE de no haber impedido la entrada de miles de personas y de no haber procedido posteriormente a su devolución.«Son Pedro Sánchez y el Gobierno socialista de Page los que no han impedido la invasión, los que no paralizaron la invasión cuando entraban 6.000 inmigrantes en una hora», ha afirmado el dirigente de Vox, quien también ha acusado al Ejecutivo de «repartir a los invasores por toda la península».En este punto, ha hecho referencia a la situación de los asentamientos de personas migrantes en Albacete, asegurando que pudo comprobar «en primera persona» la situación de los campamentos y que esta «va en aumento».Moreno ha defendido que el acceso a los recursos públicos debe tener en cuenta «el arraigo real, duradero y verificable, la permanencia, la cotización y la contribución al sistema» , de manera que, a su juicio, quienes «han trabajado durante toda su vida para sacar adelante esta región» sean atendidos de forma prioritaria cuando necesiten una prestación, una ayuda o una vivienda pública.«Para Vox la respuesta es muy clara: primero los españoles. Eso es la prioridad nacional», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que reconsideren su posición.Moreno ha argumentado que, cuando los recursos públicos son limitados, los gobiernos deben decidir «a quién proteger primero», contraponiendo la situación de quienes llevan décadas trabajando y contribuyendo al sistema con la de quienes llegan recientemente.Frente a esta propuesta, el diputado del Partido Popular Martín Buro ha dejado claro que su formación «no comparte» que la prioridad se plantee en términos de origen o nacionalidad y ha defendido que el criterio debe ser el «arraigo, la vinculación y la contribución a la sociedad».Buro ha considerado razonable que, ante recursos públicos limitados y especialmente en el acceso a determinadas ayudas estructurales o a vivienda pública, se valoren criterios objetivos como «el tiempo de residencia, el empadronamiento, la trayectoria laboral, la cotización al sistema o los vínculos familiares y sociales con el territorio».«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad de la que forma parte», ha señalado.«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad« Martín Buro Diputado del PPEl diputado popular ha defendido que quienes llevan años trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos puedan ver reconocida esa vinculación a la hora de acceder a recursos financiados con dinero público, pero ha rechazado «cualquier planteamiento que suponga una discriminación por origen».Al mismo tiempo, ha reclamado un cambio en el modelo migratorio que, según ha criticado, ha impulsado el PSOE, al que ha atribuido «falta de control, improvisación y ausencia de una política de integración eficaz» .El PP, ha añadido, defiende « una migración ordenada, legal y vinculada a las necesidades económicas y sociales del país», compatible con el respeto de los derechos fundamentales y la cohesión social.Un «conflicto permanente»Tras rechazar la propuesta de Vox, el diputado socialista, Pedro Camacho, ha acusado a la formación de mantener una «obsesión» con las personas migrantes. En este sentido, ha afirmado que «Vox es un partido racista» , al considerar que señala «permanentemente y sistemáticamente» a las personas migrantes y las responsabiliza de los problemas de los servicios públicos.Para Camacho, Vox pretende «convertir la inmigración en un conflicto permanente» y su PNL se sustenta, a su juicio, en dos ideas que ha calificado de «bulos»: que los extranjeros reciben privilegios y que provocan el colapso de los servicios públicos.El diputado socialista ha defendido que las ayudas públicas se conceden en función de la necesidad y de requisitos previamente establecidos y ha asegurado que «ser extranjero» no otorga preferencia a una persona sobre una familia española.«La inmensa mayoría de personas migrantes que viven en España trabajan, cotizan, pagan impuestos y contribuyen a sostener nuestro Estado del bienestar», ha defendido Camacho, quien ha pedido al PP que no solo «no comparta» sino que «combata» la política migratoria de VoxEl diputado socialista ha resumido su crítica a la propuesta de Vox con una frase: «Quieren las manos de los inmigrantes para trabajar, pero les cierran la puerta cuando estos necesitan ayuda».Vox denuncia que Page adjudica «a los extranjeros» el doble de VPO que a los castellanomanchegos El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes ha denunciado la «discriminación» que sufren los castellanomanchegos en las listas de acceso a la vivienda de protección oficial promovida y gestionada por la empresa pública Gicaman. Su portavoz, David Moreno, ha defendido el principio de prioridad nacional frente a la discriminación que sufren los vecinos de Castilla-La Mancha, «la matemática es tozuda y demuestra que el 12% de población regional (extranjeros con NIE) se llevan una de cada tres viviendas públicas, lo que supone que los extranjeros acaparan el doble de los inmuebles. El presidente parlamentario ha aseverado que el sistema socialista prima a los de fuera y penaliza al que lleva toda la vida pagando impuestos aquí. «Un extranjero tiene el doble de oportunidades de recibir una vivienda pagada por todos que un castellanomanchego. Si un grupo de población que representa el 12% recibe un tercio de un recurso limitado, el sistema no es solidario; es una discriminación contra nuestros vecinos», concluye. Desde VOX remarcan que esta desproporción resulta aún más sangrante en un contexto donde la empresa pública Gicaman ha mostrado una parálisis casi absoluta en la edificación directa de inmuebles, habiendo entregado una cifra inferior a las 300 viviendas en los últimos diez años. Moreno ha alzado la voz para impedir que familias españolas de la región queden excluidas sistemáticamente de las promociones públicas por no alcanzar las puntuaciones asistenciales que se otorgan a perfiles extranjeros recién llegados. «No es tolerable que el castellanomanchego sea el primero para pagar impuestos y el último a la hora de recibir una vivienda pública» ha finalizado.
La Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para trasladar el principio de ‘prioridad nacional’ a las competencias de Castilla-La Mancha, especialmente en el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas y vivienda, no ha salido adelante en las Cortes regionales. La iniciativa … ha sido rechazada con los votos de PSOE y PP y únicamente ha contado con el respaldo del grupo parlamentario proponente.
El texto, defendido por el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha centrado buena parte del debate en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, en la situación de Ceuta.
Moreno ha acusado al Gobierno central y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de no haber estado «a la altura» ante la situación vivida en Ceuta y ha responsabilizado al PSOE de no haber impedido la entrada de miles de personas y de no haber procedido posteriormente a su devolución.
«Son Pedro Sánchez y el Gobierno socialista de Page los que no han impedido la invasión, los que no paralizaron la invasión cuando entraban 6.000 inmigrantes en una hora», ha afirmado el dirigente de Vox, quien también ha acusado al Ejecutivo de «repartir a los invasores por toda la península».
En este punto, ha hecho referencia a la situación de los asentamientos de personas migrantes en Albacete, asegurando que pudo comprobar «en primera persona» la situación de los campamentos y que esta «va en aumento».
Moreno ha defendido que el acceso a los recursos públicos debe tener en cuenta «el arraigo real, duradero y verificable, la permanencia, la cotización y la contribución al sistema», de manera que, a su juicio, quienes «han trabajado durante toda su vida para sacar adelante esta región» sean atendidos de forma prioritaria cuando necesiten una prestación, una ayuda o una vivienda pública.
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«Para Vox la respuesta es muy clara: primero los españoles. Eso es la prioridad nacional», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que reconsideren su posición.
Moreno ha argumentado que, cuando los recursos públicos son limitados, los gobiernos deben decidir «a quién proteger primero», contraponiendo la situación de quienes llevan décadas trabajando y contribuyendo al sistema con la de quienes llegan recientemente.
Frente a esta propuesta, el diputado del Partido Popular Martín Buro ha dejado claro que su formación «no comparte» que la prioridad se plantee en términos de origen o nacionalidad y ha defendido que el criterio debe ser el «arraigo, la vinculación y la contribución a la sociedad».
Buro ha considerado razonable que, ante recursos públicos limitados y especialmente en el acceso a determinadas ayudas estructurales o a vivienda pública, se valoren criterios objetivos como «el tiempo de residencia, el empadronamiento, la trayectoria laboral, la cotización al sistema o los vínculos familiares y sociales con el territorio».
«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad de la que forma parte», ha señalado.
«La clave no está en si una persona ha nacido en España o fuera de ella, sino en su grado de integración y compromiso con la sociedad«
Martín Buro
Diputado del PP
El diputado popular ha defendido que quienes llevan años trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos puedan ver reconocida esa vinculación a la hora de acceder a recursos financiados con dinero público, pero ha rechazado «cualquier planteamiento que suponga una discriminación por origen».
Al mismo tiempo, ha reclamado un cambio en el modelo migratorio que, según ha criticado, ha impulsado el PSOE, al que ha atribuido «falta de control, improvisación y ausencia de una política de integración eficaz».
El PP, ha añadido, defiende «una migración ordenada, legal y vinculada a las necesidades económicas y sociales del país», compatible con el respeto de los derechos fundamentales y la cohesión social.
Un «conflicto permanente»
Tras rechazar la propuesta de Vox, el diputado socialista, Pedro Camacho, ha acusado a la formación de mantener una «obsesión» con las personas migrantes. En este sentido, ha afirmado que «Vox es un partido racista», al considerar que señala «permanentemente y sistemáticamente» a las personas migrantes y las responsabiliza de los problemas de los servicios públicos.
Para Camacho, Vox pretende «convertir la inmigración en un conflicto permanente» y su PNL se sustenta, a su juicio, en dos ideas que ha calificado de «bulos»: que los extranjeros reciben privilegios y que provocan el colapso de los servicios públicos.
El diputado socialista ha defendido que las ayudas públicas se conceden en función de la necesidad y de requisitos previamente establecidos y ha asegurado que «ser extranjero» no otorga preferencia a una persona sobre una familia española.
«La inmensa mayoría de personas migrantes que viven en España trabajan, cotizan, pagan impuestos y contribuyen a sostener nuestro Estado del bienestar», ha defendido Camacho, quien ha pedido al PP que no solo «no comparta» sino que «combata» la política migratoria de Vox
El diputado socialista ha resumido su crítica a la propuesta de Vox con una frase: «Quieren las manos de los inmigrantes para trabajar, pero les cierran la puerta cuando estos necesitan ayuda».
Vox denuncia que Page adjudica «a los extranjeros» el doble de VPO que a los castellanomanchegos
El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes ha denunciado la «discriminación» que sufren los castellanomanchegos en las listas de acceso a la vivienda de protección oficial promovida y gestionada por la empresa pública Gicaman.
Su portavoz, David Moreno, ha defendido el principio de prioridad nacional frente a la discriminación que sufren los vecinos de Castilla-La Mancha, «la matemática es tozuda y demuestra que el 12% de población regional (extranjeros con NIE) se llevan una de cada tres viviendas públicas, lo que supone que los extranjeros acaparan el doble de los inmuebles.
El presidente parlamentario ha aseverado que el sistema socialista prima a los de fuera y penaliza al que lleva toda la vida pagando impuestos aquí. «Un extranjero tiene el doble de oportunidades de recibir una vivienda pagada por todos que un castellanomanchego. Si un grupo de población que representa el 12% recibe un tercio de un recurso limitado, el sistema no es solidario; es una discriminación contra nuestros vecinos», concluye.
Desde VOX remarcan que esta desproporción resulta aún más sangrante en un contexto donde la empresa pública Gicaman ha mostrado una parálisis casi absoluta en la edificación directa de inmuebles, habiendo entregado una cifra inferior a las 300 viviendas en los últimos diez años.
Moreno ha alzado la voz para impedir que familias españolas de la región queden excluidas sistemáticamente de las promociones públicas por no alcanzar las puntuaciones asistenciales que se otorgan a perfiles extranjeros recién llegados. «No es tolerable que el castellanomanchego sea el primero para pagar impuestos y el último a la hora de recibir una vivienda pública» ha finalizado.
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