El Gobierno aprobó este martes, pese a que no se había anunciado la intención en ningún momento, los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, cambios a los que le obliga la asunción del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se producen en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta. Se trata de una primera lectura de ambos textos que deberán ser informados por distintos organismos y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso.Entre las novedades que recogen estas propuestas destaca la eliminación con carácter general del recurso administrativo previo para los solicitantes de asilo que vean denegada su petición, según Interior, para reforzar la vía contencioso-administrativa.Se incorpora, además, nuevas causas de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad e introduce por ley la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación de los menores desamparados. Además, se configura el Ministerio del Interior como autoridad decisoria.Ahora Sánchez se la juega en el Congreso, ya que ninguno de sus socios habituales aplauden el nuevo texto normativo europeo que consta de una parte de reglamentos de aplicación directa que no hay que votar y de una directiva que sí. De hecho, preguntados por la falta de apoyos en el Congreso, tras finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, fuentes del Gobierno han apuntado ya hacía el Partido Popular, cuyo voto se vaticina crucial, afirmando que «el PP es capaz de votar en contra de sus convicciones».Los cambios legislativos sobre la ley de extranjería que ha anunciado el Gobierno serían la transposición de la legislación europea a la que Pedro Sánchez se ha opuesto formalmente, al menos en ciertos aspectos, y que está pendiente de un último trámite antes de su entrada en vigor definitiva. España apoyó activamente el Pacto de Migración y Asilo que es un paquete legislativo que constituyó el primer paso para cambiar la política europea en este campo y que fue aprobado en 2024 y entró en vigor este mes de junio. Sin embargo se ha opuesto al reglamento de retorno que es la legislación específica para poder expulsar a los que carecen de autorización para residir en Europa, porque contempla la posibilidad de crear centros de gestión de las expulsiones en terceros países, a imagen de lo que ha intentado poner en marcha Italia. Un último voto en EuropaEsa legislación está pendiente de un último voto en el Consejo, en el que España probablemente no podrá impedir que se apruebe por mayoría. La presidencia irlandesa ha informado que ese último trámite está programado para este otoño y no consta que el Gobierno español haya pedido que se acelere.Por ello, la Comisión ha dicho expresamente que el Pacto de Migración y Asilo que está en vigor ya proporciona a España los instrumentos para gestionar la situación de Ceuta. El 13 de agosto, un portavoz señaló que hay instrumentos legales disponibles precisamente para afrontar la situación y que sus procedimientos pueden utilizarse específicamente para las solicitudes de asilo y los retornos. En concreto en el reglamento correspondiente se establece que, cuando una solicitud de protección internacional haya sido denegada en el procedimiento fronterizo de asilo, la persona no queda autorizada a entrar en el territorio del Estado miembro y se prevé que en caso de denegación de esa protección, la persona en cuestión puede permanecer un máximo de 12 semanas en lugares situados en la frontera exterior, zonas de tránsito o sus proximidades, para ejecutar el retorno. Se determina expresamente que permanecer en esos lugares de tránsito no constituye autorización para entrar o permanecer en el territorio. Sin embargo, el procedimiento no tiene solución para los casos en los que esa persona a la que se le ha denegado el asilo se niegue a salir del territorio europeo o, peor aún, si su país de origen se niega a recibirlo. Esa es la principal razón por la que una aplastante mayoría de países ha aceptado la nueva legislación del reglamento de retornos, que se aplica a todos los extranjeros en situación irregular, independientemente de si están o no involucrados en una solicitud de protección internacional, incluyendo la amenaza de que si no aceptan regresar voluntariamente el trámite de expulsión se llevaría a cabo en un centro de procesamiento en un país tercero, entre los que se habla de Ruanda o Uganda. En el último Consejo Europeo, el 19 de junio, cuando el debate ya estaba centrado en los «centros de retorno» Sánchez calificó la propuesta como un «trampantojo» y sostuvo que era una solución ineficaz que malgastaría recursos. Defendió que Europa debía invertir en cooperación con países de origen y tránsito —citó expresamente Marruecos, Mauritania y Senegal— en lugar de trasladarles el problema. Marruecos está considerado oficialmente por la UE como «país seguro» por lo que la posibilidad de denegar una solicitud de asilo es prácticamente automática. El Gobierno aprobó este martes, pese a que no se había anunciado la intención en ningún momento, los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, cambios a los que le obliga la asunción del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se producen en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta. Se trata de una primera lectura de ambos textos que deberán ser informados por distintos organismos y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso.Entre las novedades que recogen estas propuestas destaca la eliminación con carácter general del recurso administrativo previo para los solicitantes de asilo que vean denegada su petición, según Interior, para reforzar la vía contencioso-administrativa.Se incorpora, además, nuevas causas de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad e introduce por ley la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación de los menores desamparados. Además, se configura el Ministerio del Interior como autoridad decisoria.Ahora Sánchez se la juega en el Congreso, ya que ninguno de sus socios habituales aplauden el nuevo texto normativo europeo que consta de una parte de reglamentos de aplicación directa que no hay que votar y de una directiva que sí. De hecho, preguntados por la falta de apoyos en el Congreso, tras finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, fuentes del Gobierno han apuntado ya hacía el Partido Popular, cuyo voto se vaticina crucial, afirmando que «el PP es capaz de votar en contra de sus convicciones».Los cambios legislativos sobre la ley de extranjería que ha anunciado el Gobierno serían la transposición de la legislación europea a la que Pedro Sánchez se ha opuesto formalmente, al menos en ciertos aspectos, y que está pendiente de un último trámite antes de su entrada en vigor definitiva. España apoyó activamente el Pacto de Migración y Asilo que es un paquete legislativo que constituyó el primer paso para cambiar la política europea en este campo y que fue aprobado en 2024 y entró en vigor este mes de junio. Sin embargo se ha opuesto al reglamento de retorno que es la legislación específica para poder expulsar a los que carecen de autorización para residir en Europa, porque contempla la posibilidad de crear centros de gestión de las expulsiones en terceros países, a imagen de lo que ha intentado poner en marcha Italia. Un último voto en EuropaEsa legislación está pendiente de un último voto en el Consejo, en el que España probablemente no podrá impedir que se apruebe por mayoría. La presidencia irlandesa ha informado que ese último trámite está programado para este otoño y no consta que el Gobierno español haya pedido que se acelere.Por ello, la Comisión ha dicho expresamente que el Pacto de Migración y Asilo que está en vigor ya proporciona a España los instrumentos para gestionar la situación de Ceuta. El 13 de agosto, un portavoz señaló que hay instrumentos legales disponibles precisamente para afrontar la situación y que sus procedimientos pueden utilizarse específicamente para las solicitudes de asilo y los retornos. En concreto en el reglamento correspondiente se establece que, cuando una solicitud de protección internacional haya sido denegada en el procedimiento fronterizo de asilo, la persona no queda autorizada a entrar en el territorio del Estado miembro y se prevé que en caso de denegación de esa protección, la persona en cuestión puede permanecer un máximo de 12 semanas en lugares situados en la frontera exterior, zonas de tránsito o sus proximidades, para ejecutar el retorno. Se determina expresamente que permanecer en esos lugares de tránsito no constituye autorización para entrar o permanecer en el territorio. Sin embargo, el procedimiento no tiene solución para los casos en los que esa persona a la que se le ha denegado el asilo se niegue a salir del territorio europeo o, peor aún, si su país de origen se niega a recibirlo. Esa es la principal razón por la que una aplastante mayoría de países ha aceptado la nueva legislación del reglamento de retornos, que se aplica a todos los extranjeros en situación irregular, independientemente de si están o no involucrados en una solicitud de protección internacional, incluyendo la amenaza de que si no aceptan regresar voluntariamente el trámite de expulsión se llevaría a cabo en un centro de procesamiento en un país tercero, entre los que se habla de Ruanda o Uganda. En el último Consejo Europeo, el 19 de junio, cuando el debate ya estaba centrado en los «centros de retorno» Sánchez calificó la propuesta como un «trampantojo» y sostuvo que era una solución ineficaz que malgastaría recursos. Defendió que Europa debía invertir en cooperación con países de origen y tránsito —citó expresamente Marruecos, Mauritania y Senegal— en lugar de trasladarles el problema. Marruecos está considerado oficialmente por la UE como «país seguro» por lo que la posibilidad de denegar una solicitud de asilo es prácticamente automática.
El Gobierno aprobó este martes, pese a que no se había anunciado la intención en ningún momento, los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, cambios a los que le obliga la asunción del Pacto Europeo de … Migración y Asilo (PEMA), que se producen en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta. Se trata de una primera lectura de ambos textos que deberán ser informados por distintos organismos y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso.
Entre las novedades que recogen estas propuestas destaca la eliminación con carácter general del recurso administrativo previo para los solicitantes de asilo que vean denegada su petición, según Interior, para reforzar la vía contencioso-administrativa.
Se incorpora, además, nuevas causas de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad e introduce por ley la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación de los menores desamparados. Además, se configura el Ministerio del Interior como autoridad decisoria.
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Ahora Sánchez se la juega en el Congreso, ya que ninguno de sus socios habituales aplauden el nuevo texto normativo europeo que consta de una parte de reglamentos de aplicación directa que no hay que votar y de una directiva que sí. De hecho, preguntados por la falta de apoyos en el Congreso, tras finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, fuentes del Gobierno han apuntado ya hacía el Partido Popular, cuyo voto se vaticina crucial, afirmando que «el PP es capaz de votar en contra de sus convicciones».
Los cambios legislativos sobre la ley de extranjería que ha anunciado el Gobierno serían la transposición de la legislación europea a la que Pedro Sánchez se ha opuesto formalmente, al menos en ciertos aspectos, y que está pendiente de un último trámite antes de su entrada en vigor definitiva.
España apoyó activamente el Pacto de Migración y Asilo que es un paquete legislativo que constituyó el primer paso para cambiar la política europea en este campo y que fue aprobado en 2024 y entró en vigor este mes de junio. Sin embargo se ha opuesto al reglamento de retorno que es la legislación específica para poder expulsar a los que carecen de autorización para residir en Europa, porque contempla la posibilidad de crear centros de gestión de las expulsiones en terceros países, a imagen de lo que ha intentado poner en marcha Italia.
Un último voto en Europa
Esa legislación está pendiente de un último voto en el Consejo, en el que España probablemente no podrá impedir que se apruebe por mayoría. La presidencia irlandesa ha informado que ese último trámite está programado para este otoño y no consta que el Gobierno español haya pedido que se acelere.
Por ello, la Comisión ha dicho expresamente que el Pacto de Migración y Asilo que está en vigor ya proporciona a España los instrumentos para gestionar la situación de Ceuta. El 13 de agosto, un portavoz señaló que hay instrumentos legales disponibles precisamente para afrontar la situación y que sus procedimientos pueden utilizarse específicamente para las solicitudes de asilo y los retornos.
En concreto en el reglamento correspondiente se establece que, cuando una solicitud de protección internacional haya sido denegada en el procedimiento fronterizo de asilo, la persona no queda autorizada a entrar en el territorio del Estado miembro y se prevé que en caso de denegación de esa protección, la persona en cuestión puede permanecer un máximo de 12 semanas en lugares situados en la frontera exterior, zonas de tránsito o sus proximidades, para ejecutar el retorno.
Se determina expresamente que permanecer en esos lugares de tránsito no constituye autorización para entrar o permanecer en el territorio. Sin embargo, el procedimiento no tiene solución para los casos en los que esa persona a la que se le ha denegado el asilo se niegue a salir del territorio europeo o, peor aún, si su país de origen se niega a recibirlo.
Esa es la principal razón por la que una aplastante mayoría de países ha aceptado la nueva legislación del reglamento de retornos, que se aplica a todos los extranjeros en situación irregular, independientemente de si están o no involucrados en una solicitud de protección internacional, incluyendo la amenaza de que si no aceptan regresar voluntariamente el trámite de expulsión se llevaría a cabo en un centro de procesamiento en un país tercero, entre los que se habla de Ruanda o Uganda.
En el último Consejo Europeo, el 19 de junio, cuando el debate ya estaba centrado en los «centros de retorno» Sánchez calificó la propuesta como un «trampantojo» y sostuvo que era una solución ineficaz que malgastaría recursos. Defendió que Europa debía invertir en cooperación con países de origen y tránsito —citó expresamente Marruecos, Mauritania y Senegal— en lugar de trasladarles el problema.
Marruecos está considerado oficialmente por la UE como «país seguro» por lo que la posibilidad de denegar una solicitud de asilo es prácticamente automática.
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