UGT demanda a la Junta por dejar en el aire la reclasificación de 5.000 empleados públicos

El sindicato UGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por el «incumplimiento» de la Junta del convenio de personal laboral al no llevar a cabo la reclasificación de sus empleados, que debería tener hecha a 1 de enero de 2025.Así lo señalaban en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el vicesecretario general del sector autonómico y de Diálogo Social de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, quienes criticaban el «incumplimiento sistemático» de la Junta en este convenio, que afecta a 15.000 empleados públicos entre los que se encuentran desde bomberos forestales a personal de residencias, de carreteras, cultura y de casi todas las consejerías, informa Ep.Desde 20 a 250 menosDe ellos, 5.000 tendrían que haber tenido esa reclasificación como parte del proceso de adaptación a los acuerdos de Bolonia, ya que desempeñan funciones que no se corresponden con el título que se les ha exigido en su puesto de trabajo, lo que supone que dejen de percibir desde 20 euros al mes las categorías más bajas a 250 las superiores.Arenas recordaba que el convenio colectivo se firmó tras una «dura» negociación en junio de 2023 y UGT, que recordaba que es la primera fuerza sindical en este ámbito, siempre lo había considerado «muy buen» acuerdo y además novedoso porque adapta las categorías profesionales al sistema de titulaciones académicas por primera vez, lo que suponía que había que reclasificar a gran parte del personal laboral.Se inició el proceso con la desaparición de grupo 5, pero con el resto «la Junta no ha estado por la labor y no lo ha hecho», denuncian, antes de recordar que «es un mandato fijado en el convenio que tenía que estar hecho antes del 31 de diciembre de 2024, de manera que a partir del 1 de enero de 2025 tenía que estar ya reclasificado todo el personal».«Y seguimos la espera», añadía el vicesecretario general e Sector Autonómico, quien además apuntaba a una «falta de voluntad negociadora» por parte de la Junta y recordaba que se han reunido en los últimos tres años y medio hasta seis veces con el Ejecutivo para hablar de este tema. Arenas aclaraba al respecto que fueron tres encuentros en el último trimestre de 2024 tras la presentación de dos denuncias ante la Inspección de Trabajo y otras tres en el primer semestre de 2025 debido a la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Servicio de Relaciones Labores (Serla).Sin acuerdosSin embargo, estas reuniones no sirvieron «para nada» ante la falta de voluntad de llegar a acuerdos, por lo que «la única vía y la única solución» que ha dejado la propia Junta es presentar una demanda de conflicto colectivo y, a partir de ahí, esperan que la Junta decida reunirse y llegar a un acuerdo.Para Carlos Arenas, no se trata sólo un problema para los trabajadores sino que también lo es para los usuarios porque no se ofrece la calidad del servicio que realmente se podría proporcionar. «Estamos cansados ya», ha añadía Tomás Pérez Urueña, quien criticaba el retraso de más de diez años para la adaptación a Bolonia de todos los técnicos de la Junta, es decir, de personal que cuando hay una «desgracia» como los incendios o una dana trabajan «sin mirar cuando entran y cuando salen», como hicieron en pandemia.«Lo que nosotros ya no queremos son palabras de agradecimiento, lo que queremos es justicia y la Junta de Castilla y León hace una cosa muy bien, eso hay que reconocérselo, hace muy bien no hacer nada», aseveraba Urueña.En este contexto, Carlos Arenas ha avisado a la Junta de que este es un «gran incumplimiento» pero hay otros y están dispuestos a presentar demandas por ello porque falta la funcionalización de gran parte del personal o la negociación sobre la reversión de servicios que se han privatizado y que se comprometió a analizar con los representantes de los trabajadores. «Esta es la primera demanda, pero anunciamos que iremos a por los demás temas si la Junta no se sienta con nosotros», advertía. El sindicato UGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por el «incumplimiento» de la Junta del convenio de personal laboral al no llevar a cabo la reclasificación de sus empleados, que debería tener hecha a 1 de enero de 2025.Así lo señalaban en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el vicesecretario general del sector autonómico y de Diálogo Social de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, quienes criticaban el «incumplimiento sistemático» de la Junta en este convenio, que afecta a 15.000 empleados públicos entre los que se encuentran desde bomberos forestales a personal de residencias, de carreteras, cultura y de casi todas las consejerías, informa Ep.Desde 20 a 250 menosDe ellos, 5.000 tendrían que haber tenido esa reclasificación como parte del proceso de adaptación a los acuerdos de Bolonia, ya que desempeñan funciones que no se corresponden con el título que se les ha exigido en su puesto de trabajo, lo que supone que dejen de percibir desde 20 euros al mes las categorías más bajas a 250 las superiores.Arenas recordaba que el convenio colectivo se firmó tras una «dura» negociación en junio de 2023 y UGT, que recordaba que es la primera fuerza sindical en este ámbito, siempre lo había considerado «muy buen» acuerdo y además novedoso porque adapta las categorías profesionales al sistema de titulaciones académicas por primera vez, lo que suponía que había que reclasificar a gran parte del personal laboral.Se inició el proceso con la desaparición de grupo 5, pero con el resto «la Junta no ha estado por la labor y no lo ha hecho», denuncian, antes de recordar que «es un mandato fijado en el convenio que tenía que estar hecho antes del 31 de diciembre de 2024, de manera que a partir del 1 de enero de 2025 tenía que estar ya reclasificado todo el personal».«Y seguimos la espera», añadía el vicesecretario general e Sector Autonómico, quien además apuntaba a una «falta de voluntad negociadora» por parte de la Junta y recordaba que se han reunido en los últimos tres años y medio hasta seis veces con el Ejecutivo para hablar de este tema. Arenas aclaraba al respecto que fueron tres encuentros en el último trimestre de 2024 tras la presentación de dos denuncias ante la Inspección de Trabajo y otras tres en el primer semestre de 2025 debido a la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Servicio de Relaciones Labores (Serla).Sin acuerdosSin embargo, estas reuniones no sirvieron «para nada» ante la falta de voluntad de llegar a acuerdos, por lo que «la única vía y la única solución» que ha dejado la propia Junta es presentar una demanda de conflicto colectivo y, a partir de ahí, esperan que la Junta decida reunirse y llegar a un acuerdo.Para Carlos Arenas, no se trata sólo un problema para los trabajadores sino que también lo es para los usuarios porque no se ofrece la calidad del servicio que realmente se podría proporcionar. «Estamos cansados ya», ha añadía Tomás Pérez Urueña, quien criticaba el retraso de más de diez años para la adaptación a Bolonia de todos los técnicos de la Junta, es decir, de personal que cuando hay una «desgracia» como los incendios o una dana trabajan «sin mirar cuando entran y cuando salen», como hicieron en pandemia.«Lo que nosotros ya no queremos son palabras de agradecimiento, lo que queremos es justicia y la Junta de Castilla y León hace una cosa muy bien, eso hay que reconocérselo, hace muy bien no hacer nada», aseveraba Urueña.En este contexto, Carlos Arenas ha avisado a la Junta de que este es un «gran incumplimiento» pero hay otros y están dispuestos a presentar demandas por ello porque falta la funcionalización de gran parte del personal o la negociación sobre la reversión de servicios que se han privatizado y que se comprometió a analizar con los representantes de los trabajadores. «Esta es la primera demanda, pero anunciamos que iremos a por los demás temas si la Junta no se sienta con nosotros», advertía.  

El sindicato UGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por el «incumplimiento» de la Junta del convenio de personal laboral al no llevar a cabo la reclasificación de sus empleados, que debería tener … hecha a 1 de enero de 2025.

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