Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado un terremoto en la costa andaluza, a pie de playa. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez ha anulado una modificación de la concesión otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz y obliga a dar un paso atrás para ‘renegociar’ una nueva resolución. Una cuestión legal referente a un trámite administrativo pero que puede provocar la quiebra de este modelo de negocio turístico tan arraigado en el litoral de la comunidad.Para los empresarios, esto representa un nuevo ataque del Miteco a las regiones costeras, amparado en un cambio de filosofía, mucho más restrictiva en cuanto al tratamiento de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre en este último mandato. Costas apuesta por un modelo extremo de protección de la naturaleza, que confronta en esta ocasión con la actividad hostelera. Hace cuatro años, la Junta de Andalucía, competente en este ámbito, otorgó a estos chiringuitos desmontables la permanencia en el mismo espacio sobre la arena para que pudieran dar servicio durante todo el año, y no sólo en los meses estivales.Desde esa fecha, la Consejería ha recibido informes preceptivos pero no vinculantes por parte del Ministerio, instando a la retirada de estos locales, pero el gobierno autonómico ha decidido siempre apostar por mantener este servicio todo el año. Al final, ha sido un ‘defecto de forma’ (el magistrado entiende que la Junta se saltó un paso en el proceso) el que obliga a retrotraer el expediente al procedimiento anterior a la concesión de esta permanencia.Ambas administraciones, en plena refriega y de distinto color político, se sentarán de nuevo a conversar con el nerviosismo instalado entre los chiringuiteros: «sufrimos las consecuencias de este conflicto institucional, somos el eslabón más débil» , reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, Antonio Guerrero. La sentencia afecta a varios chiringuitos en concreto de la costa noroeste gaditana, pero implica a todos esos comercios en similares condiciones y las mismas características. «Son más de 200 establecimientos en toda Andalucía y estaríamos hablando de poner en peligro unos 4.000 puestos de trabajo». El golpe provocaría su caída como fichas de dominó, y llevaría a plantearse el negocio a los demás por esta tremenda «inseguridad jurídica». «Si esto sigue adelante, seríamos una especie en peligro de extinción, pero no porque nos falte hábitat o recursos, sino porque hay quien nos quiere dar caza».Tanto los empresarios como la Consejería temen que esto empiece a ser la tónica habitual y se tumben todas las permanencias , requiriendo el desmontaje. Un gasto enorme e inasumible para la gran mayoría. Primero, por lo que significa retirar esa construcción y luego volver a montar nueve meses después (en estos casos se habla de unos 700.000 euros de inversión y en Málaga varios rondan el millón y medio de coste de las instalaciones). Y además, por el lucro cesante, todo ese dinero que se dejaría de ganar durante todo el año, fiándolo todo a los meses de julio, agosto y septiembre. «Apelamos a la sensibilidad del Gobierno de España», apuntan fuentes autonómicas. «Esperemos que la sangre no llegue al río», confirma Guerrero. Pero, de momento, «estamos con las carnes abiertas» porque es la puerta de entrada para poner en jaque la actual política de la Junta de ofrecer servicio de ocio y gastronomía del 1 de enero al 31 de diciembre aprovechando las bondades del clima andaluz.Durante una década, los responsables públicos de diferentes sensibilidades han reconocido la relevancia del turismo para el PIB español y la importancia de desestacionalizarlo para multiplicar ingresos y frenar las masificaciones. Por ello, en 2014 se modificó el Reglamento de la Ley de Costas para que los establecimientos se mantuvieran durante todo el año, aunque estuvieran compuestos de módulos desmontables. Se aumentó la superficie de los chiringuitos y los servicios de apoyo, se amplió el número de años de concesión y se otorgó la mencionada permanencia. Era un paso clave para el sector, que necesitaba fidelizar a sus trabajadores, estabilizando los empleos para retener el talento y la profesionalidad. Después de años de inversiones, con negocios que perdieron dinero en sus inicios, «los chiringuitos en Andalucía tenemos una idiosincrasia especial y somos parte del patrimonio turístico ; hoy en día nadie entendería una playa sin chiringuitos», reconoce Antonio Guerrero. Pero en esta última etapa, desde la salida de la pandemia, «el Ministerio nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles, creando inseguridad jurídica . Lo último ha sido una modificación del Reglamento de Costas «que consideramos totalmente injusta», y es que está incluso afectando a cuestiones troncales de la ley, rebasando sus funciones de desarrollo técnico. «Si se aprueba, nos quedaríamos en una situación de precariedad absoluta. Muchos negocios se plantearían su continuidad».Chiringuito en Rota N. L. La sentencia del TSJA afecta de momento a los chiringuitos de Rota y Tarifa El fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la modificación sustancial de la concesión otorgada por resolución de 30 de abril de 2013 para la ocupación de terrenos del dominio público marítimo-terrestre con destino a diez establecimientos expendedores de comida y bebidas del término municipal de Rota y a 14 de Tarifa. Acuerda la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a dictar dicha resolución a fin de abrir el periodo de consultas con posición de Costas a la parte demandada con el límite señalado. Afecta a estas dos localidades pero incidirá en el resto de establecimientos que cuentan con una modificación sustancial otorgada en su día tras cumplir todos los requisitos exigibles. Cuando se tramitaron estas modificaciones sustanciales de los contratos para ampliar metros y obtener la permanencia, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía —dentro de su criterio de interpretación— no culminó el último paso de la ronda de conversaciones con el Ministerio en caso de discrepancia, porque consideraba que todos los chiringuitos de la provincia de Cádiz son desmontables. El Ministerio se agarra a que, al tener algunos establecimientos un pilotaje (palos de madera que sobresalen de la arena entre 40 y 80 cm para elevar el chiringuito por movimientos o acumulaciones de arena), ya no se consideran desmontables. Cabe destacar que dichos pilotajes iban incluidos en los proyectos técnicos donde se justificaba su desmontabilidad. El juez de lo contencioso-administrativo no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión (si son desmontables o no); simplemente ha determinado que la administración autonómica no se ajustó al procedimiento y que hay que retrotraer las actuaciones al momento de la ronda de conversaciones entre la Junta y el Ministerio.Los empresarios «somos terceros de buena fe» en este conflicto pues durante años han ido presentando y tramitando cada uno de los documentos y proyectos exigidos. Y así va a seguir siendo. «De mutuo acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, hemos decidido no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vamos a acatar y asumir la sentencia». Es decir, dan ese paso atrás y se vuelve a la ronda de negociaciones con la confianza de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo, «que el Ministerio abra los ojos a la realidad de los chiringuitos andaluces y que esto termine con una resolución favorable que subsane el trámite administrativo».«Llegará el día en que nos cansemos y a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio» Antonio Guerrero Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de CádizAseguran estar cansados de que la administración «dicte resoluciones contradictorias» con sus propios actos, y empiezan a desconfiar.Por ello, a la vez recaban información jurídica de grandes despachos, catedráticos y especialistas de prestigio para «estar preparados» para iniciar una indeseada batalla legal más profunda. «Llegará el día en que nos cansemos y, cuando así sea, a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio». Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado un terremoto en la costa andaluza, a pie de playa. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez ha anulado una modificación de la concesión otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz y obliga a dar un paso atrás para ‘renegociar’ una nueva resolución. Una cuestión legal referente a un trámite administrativo pero que puede provocar la quiebra de este modelo de negocio turístico tan arraigado en el litoral de la comunidad.Para los empresarios, esto representa un nuevo ataque del Miteco a las regiones costeras, amparado en un cambio de filosofía, mucho más restrictiva en cuanto al tratamiento de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre en este último mandato. Costas apuesta por un modelo extremo de protección de la naturaleza, que confronta en esta ocasión con la actividad hostelera. Hace cuatro años, la Junta de Andalucía, competente en este ámbito, otorgó a estos chiringuitos desmontables la permanencia en el mismo espacio sobre la arena para que pudieran dar servicio durante todo el año, y no sólo en los meses estivales.Desde esa fecha, la Consejería ha recibido informes preceptivos pero no vinculantes por parte del Ministerio, instando a la retirada de estos locales, pero el gobierno autonómico ha decidido siempre apostar por mantener este servicio todo el año. Al final, ha sido un ‘defecto de forma’ (el magistrado entiende que la Junta se saltó un paso en el proceso) el que obliga a retrotraer el expediente al procedimiento anterior a la concesión de esta permanencia.Ambas administraciones, en plena refriega y de distinto color político, se sentarán de nuevo a conversar con el nerviosismo instalado entre los chiringuiteros: «sufrimos las consecuencias de este conflicto institucional, somos el eslabón más débil» , reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, Antonio Guerrero. La sentencia afecta a varios chiringuitos en concreto de la costa noroeste gaditana, pero implica a todos esos comercios en similares condiciones y las mismas características. «Son más de 200 establecimientos en toda Andalucía y estaríamos hablando de poner en peligro unos 4.000 puestos de trabajo». El golpe provocaría su caída como fichas de dominó, y llevaría a plantearse el negocio a los demás por esta tremenda «inseguridad jurídica». «Si esto sigue adelante, seríamos una especie en peligro de extinción, pero no porque nos falte hábitat o recursos, sino porque hay quien nos quiere dar caza».Tanto los empresarios como la Consejería temen que esto empiece a ser la tónica habitual y se tumben todas las permanencias , requiriendo el desmontaje. Un gasto enorme e inasumible para la gran mayoría. Primero, por lo que significa retirar esa construcción y luego volver a montar nueve meses después (en estos casos se habla de unos 700.000 euros de inversión y en Málaga varios rondan el millón y medio de coste de las instalaciones). Y además, por el lucro cesante, todo ese dinero que se dejaría de ganar durante todo el año, fiándolo todo a los meses de julio, agosto y septiembre. «Apelamos a la sensibilidad del Gobierno de España», apuntan fuentes autonómicas. «Esperemos que la sangre no llegue al río», confirma Guerrero. Pero, de momento, «estamos con las carnes abiertas» porque es la puerta de entrada para poner en jaque la actual política de la Junta de ofrecer servicio de ocio y gastronomía del 1 de enero al 31 de diciembre aprovechando las bondades del clima andaluz.Durante una década, los responsables públicos de diferentes sensibilidades han reconocido la relevancia del turismo para el PIB español y la importancia de desestacionalizarlo para multiplicar ingresos y frenar las masificaciones. Por ello, en 2014 se modificó el Reglamento de la Ley de Costas para que los establecimientos se mantuvieran durante todo el año, aunque estuvieran compuestos de módulos desmontables. Se aumentó la superficie de los chiringuitos y los servicios de apoyo, se amplió el número de años de concesión y se otorgó la mencionada permanencia. Era un paso clave para el sector, que necesitaba fidelizar a sus trabajadores, estabilizando los empleos para retener el talento y la profesionalidad. Después de años de inversiones, con negocios que perdieron dinero en sus inicios, «los chiringuitos en Andalucía tenemos una idiosincrasia especial y somos parte del patrimonio turístico ; hoy en día nadie entendería una playa sin chiringuitos», reconoce Antonio Guerrero. Pero en esta última etapa, desde la salida de la pandemia, «el Ministerio nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles, creando inseguridad jurídica . Lo último ha sido una modificación del Reglamento de Costas «que consideramos totalmente injusta», y es que está incluso afectando a cuestiones troncales de la ley, rebasando sus funciones de desarrollo técnico. «Si se aprueba, nos quedaríamos en una situación de precariedad absoluta. Muchos negocios se plantearían su continuidad».Chiringuito en Rota N. L. La sentencia del TSJA afecta de momento a los chiringuitos de Rota y Tarifa El fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la modificación sustancial de la concesión otorgada por resolución de 30 de abril de 2013 para la ocupación de terrenos del dominio público marítimo-terrestre con destino a diez establecimientos expendedores de comida y bebidas del término municipal de Rota y a 14 de Tarifa. Acuerda la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a dictar dicha resolución a fin de abrir el periodo de consultas con posición de Costas a la parte demandada con el límite señalado. Afecta a estas dos localidades pero incidirá en el resto de establecimientos que cuentan con una modificación sustancial otorgada en su día tras cumplir todos los requisitos exigibles. Cuando se tramitaron estas modificaciones sustanciales de los contratos para ampliar metros y obtener la permanencia, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía —dentro de su criterio de interpretación— no culminó el último paso de la ronda de conversaciones con el Ministerio en caso de discrepancia, porque consideraba que todos los chiringuitos de la provincia de Cádiz son desmontables. El Ministerio se agarra a que, al tener algunos establecimientos un pilotaje (palos de madera que sobresalen de la arena entre 40 y 80 cm para elevar el chiringuito por movimientos o acumulaciones de arena), ya no se consideran desmontables. Cabe destacar que dichos pilotajes iban incluidos en los proyectos técnicos donde se justificaba su desmontabilidad. El juez de lo contencioso-administrativo no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión (si son desmontables o no); simplemente ha determinado que la administración autonómica no se ajustó al procedimiento y que hay que retrotraer las actuaciones al momento de la ronda de conversaciones entre la Junta y el Ministerio.Los empresarios «somos terceros de buena fe» en este conflicto pues durante años han ido presentando y tramitando cada uno de los documentos y proyectos exigidos. Y así va a seguir siendo. «De mutuo acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, hemos decidido no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vamos a acatar y asumir la sentencia». Es decir, dan ese paso atrás y se vuelve a la ronda de negociaciones con la confianza de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo, «que el Ministerio abra los ojos a la realidad de los chiringuitos andaluces y que esto termine con una resolución favorable que subsane el trámite administrativo».«Llegará el día en que nos cansemos y a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio» Antonio Guerrero Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de CádizAseguran estar cansados de que la administración «dicte resoluciones contradictorias» con sus propios actos, y empiezan a desconfiar.Por ello, a la vez recaban información jurídica de grandes despachos, catedráticos y especialistas de prestigio para «estar preparados» para iniciar una indeseada batalla legal más profunda. «Llegará el día en que nos cansemos y, cuando así sea, a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio».
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado un terremoto en la costa andaluza, a pie de playa. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez ha anulado una modificación de la concesión … otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz y obliga a dar un paso atrás para ‘renegociar’ una nueva resolución. Una cuestión legal referente a un trámite administrativo pero que puede provocar la quiebra de este modelo de negocio turístico tan arraigado en el litoral de la comunidad.
Para los empresarios, esto representa un nuevo ataque del Miteco a las regiones costeras, amparado en un cambio de filosofía, mucho más restrictiva en cuanto al tratamiento de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre en este último mandato. Costas apuesta por un modelo extremo de protección de la naturaleza, que confronta en esta ocasión con la actividad hostelera. Hace cuatro años, la Junta de Andalucía, competente en este ámbito, otorgó a estos chiringuitos desmontables la permanencia en el mismo espacio sobre la arena para que pudieran dar servicio durante todo el año, y no sólo en los meses estivales.
Desde esa fecha, la Consejería ha recibido informes preceptivos pero no vinculantes por parte del Ministerio, instando a la retirada de estos locales, pero el gobierno autonómico ha decidido siempre apostar por mantener este servicio todo el año. Al final, ha sido un ‘defecto de forma’ (el magistrado entiende que la Junta se saltó un paso en el proceso) el que obliga a retrotraer el expediente al procedimiento anterior a la concesión de esta permanencia.
Ambas administraciones, en plena refriega y de distinto color político, se sentarán de nuevo a conversar con el nerviosismo instalado entre los chiringuiteros: «sufrimos las consecuencias de este conflicto institucional, somos el eslabón más débil», reconoce el presidente de la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, Antonio Guerrero.
La sentencia afecta a varios chiringuitos en concreto de la costa noroeste gaditana, pero implica a todos esos comercios en similares condiciones y las mismas características. «Son más de 200 establecimientos en toda Andalucía y estaríamos hablando de poner en peligro unos 4.000 puestos de trabajo». El golpe provocaría su caída como fichas de dominó, y llevaría a plantearse el negocio a los demás por esta tremenda «inseguridad jurídica». «Si esto sigue adelante, seríamos una especie en peligro de extinción, pero no porque nos falte hábitat o recursos, sino porque hay quien nos quiere dar caza».
Tanto los empresarios como la Consejería temen que esto empiece a ser la tónica habitual y se tumben todas las permanencias, requiriendo el desmontaje. Un gasto enorme e inasumible para la gran mayoría. Primero, por lo que significa retirar esa construcción y luego volver a montar nueve meses después (en estos casos se habla de unos 700.000 euros de inversión y en Málaga varios rondan el millón y medio de coste de las instalaciones).
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Y además, por el lucro cesante, todo ese dinero que se dejaría de ganar durante todo el año, fiándolo todo a los meses de julio, agosto y septiembre. «Apelamos a la sensibilidad del Gobierno de España», apuntan fuentes autonómicas. «Esperemos que la sangre no llegue al río», confirma Guerrero. Pero, de momento, «estamos con las carnes abiertas» porque es la puerta de entrada para poner en jaque la actual política de la Junta de ofrecer servicio de ocio y gastronomía del 1 de enero al 31 de diciembre aprovechando las bondades del clima andaluz.
Durante una década, los responsables públicos de diferentes sensibilidades han reconocido la relevancia del turismo para el PIB español y la importancia de desestacionalizarlo para multiplicar ingresos y frenar las masificaciones. Por ello, en 2014 se modificó el Reglamento de la Ley de Costas para que los establecimientos se mantuvieran durante todo el año, aunque estuvieran compuestos de módulos desmontables. Se aumentó la superficie de los chiringuitos y los servicios de apoyo, se amplió el número de años de concesión y se otorgó la mencionada permanencia.
Era un paso clave para el sector, que necesitaba fidelizar a sus trabajadores, estabilizando los empleos para retener el talento y la profesionalidad. Después de años de inversiones, con negocios que perdieron dinero en sus inicios, «los chiringuitos en Andalucía tenemos una idiosincrasia especial y somos parte del patrimonio turístico; hoy en día nadie entendería una playa sin chiringuitos», reconoce Antonio Guerrero. Pero en esta última etapa, desde la salida de la pandemia, «el Ministerio nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles, creando inseguridad jurídica. Lo último ha sido una modificación del Reglamento de Costas «que consideramos totalmente injusta», y es que está incluso afectando a cuestiones troncales de la ley, rebasando sus funciones de desarrollo técnico. «Si se aprueba, nos quedaríamos en una situación de precariedad absoluta. Muchos negocios se plantearían su continuidad».
(N. L.)
La sentencia del TSJA afecta de momento a los chiringuitos de Rota y Tarifa
El fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la modificación sustancial de la concesión otorgada por resolución de 30 de abril de 2013 para la ocupación de terrenos del dominio público marítimo-terrestre con destino a diez establecimientos expendedores de comida y bebidas del término municipal de Rota y a 14 de Tarifa. Acuerda la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a dictar dicha resolución a fin de abrir el periodo de consultas con posición de Costas a la parte demandada con el límite señalado.
Afecta a estas dos localidades pero incidirá en el resto de establecimientos que cuentan con una modificación sustancial otorgada en su día tras cumplir todos los requisitos exigibles.
Cuando se tramitaron estas modificaciones sustanciales de los contratos para ampliar metros y obtener la permanencia, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía —dentro de su criterio de interpretación— no culminó el último paso de la ronda de conversaciones con el Ministerio en caso de discrepancia, porque consideraba que todos los chiringuitos de la provincia de Cádiz son desmontables.
El Ministerio se agarra a que, al tener algunos establecimientos un pilotaje (palos de madera que sobresalen de la arena entre 40 y 80 cm para elevar el chiringuito por movimientos o acumulaciones de arena), ya no se consideran desmontables. Cabe destacar que dichos pilotajes iban incluidos en los proyectos técnicos donde se justificaba su desmontabilidad.
El juez de lo contencioso-administrativo no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión (si son desmontables o no); simplemente ha determinado que la administración autonómica no se ajustó al procedimiento y que hay que retrotraer las actuaciones al momento de la ronda de conversaciones entre la Junta y el Ministerio.
Los empresarios «somos terceros de buena fe» en este conflicto pues durante años han ido presentando y tramitando cada uno de los documentos y proyectos exigidos. Y así va a seguir siendo. «De mutuo acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, hemos decidido no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vamos a acatar y asumir la sentencia». Es decir, dan ese paso atrás y se vuelve a la ronda de negociaciones con la confianza de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo, «que el Ministerio abra los ojos a la realidad de los chiringuitos andaluces y que esto termine con una resolución favorable que subsane el trámite administrativo».
«Llegará el día en que nos cansemos y a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio»
Antonio Guerrero
Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz
Aseguran estar cansados de que la administración «dicte resoluciones contradictorias» con sus propios actos, y empiezan a desconfiar.
Por ello, a la vez recaban información jurídica de grandes despachos, catedráticos y especialistas de prestigio para «estar preparados» para iniciar una indeseada batalla legal más profunda. «Llegará el día en que nos cansemos y, cuando así sea, a lo mejor cerramos los establecimientos y nos vamos a hacer los espetos de sardinas a la puerta del Ministerio».
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