No ha tardado en celebrarse en Bambú, sede nacional de Vox, la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripción en el censo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, medida que habían solicitado a la par que Iustitia Europa. Santiago Abascal, presidente del partido; Ignacio Garriga, secretario general; y Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, han alabado la decisión del Supremo y el trabajo del servicio jurídico de su organización«Vox es el único partido con representación parlamentaria que ha logrado que el Supremo suspenda los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones», ha comentado Millán desde la Cámara Baja. Ha explicado, además, las iniciativas que se adoptarán gracias a medida cautelar estimada por el Supremo: «Las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez dadas su tramitación y las ya inscritas también se suspenderán para los electorales». En resumen, se suspenden las «inscripciones irregulares» basadas en las instrucciones del Ministerio de Justicia, en las que participó Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente. Millán ha celebrado también que haya sido Vox el único partido con representación parlamentaria que haya logrado suspender los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el supuesto «intento de manipulación electoral para las próximas elecciones». A pesar de no nombrarlo directamente, la diputada ha apuntado al Partido Popular, diana de los de Santiago Abascal por la falta de apoyo a sus medidas: «Hoy se demuestra que hay que hacer y que se puede hacer todo lo que está en nuestra mano para devolver la dignidad a los españoles».El propio Abascal ha dado la enhorabuena a Jorge Buxadé y Marta Castro, líderes de los servicios jurídicos de Vox, por su trabajo al frente de la oposición a la polémica ley. «¡Gigantesco servicio a España y al sistema democrático!», ha comentando en su cuenta de X. Al líder del partido se han sumado también varios pesos pesados de la formación como Ignacio Garriga, secretario general, que ha aprovechado la ocasión para recordar que su partido tratará de frenar cualquier intento de «adulterar el sistema electoral de España» por parte del Gobierno.La oposición total contra la ‘ley de nietos’ ha sido la estrategia a seguir desde hace meses en Vox. En mayo, fuentes de la formación confirmaron a a este diario que veían este norma como una manera de «alterar en el censo electoral»: «Se está agilizando la concesión de nacionalidades, se están volviendo locos con ello», llegaron a recriminar. En 2023, ya interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional impugnando la ley al considerar que alteraba los conceptos de nacionalidad y adscripción al pueblo español. En julio de este año, solicitaron a la Junta Electoral Central (JEC) auditar las altas en el CERA generadas por esta ley, aunque un mes después el organismo se declaró no competente para fiscalizar la validez de las concesiones de nacionalidad. A la vez que impulsaban su estrategia judicial, presentaron sendas baterías de preguntas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo en búsqueda de respuestas sobre la norma.Satisfacción en el PPDesde Génova, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado mediante su cuenta de X que su formación tenía «razón» al denunciar la ‘ley de nietos’. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha declarado a través de un video que el Gobierno deberá «explicarse y asumir responsabilidades». «Nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del Ejecutivo de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral», ha achacado, comentando que Pedro Sánchez pretendía «alterar las elecciones generales» para perpetuarse en el poder. Ha añadido, también mediante que X, que lo «irresponsable» habría sido «no dudar» de las intenciones de Sánchez Tanto populares como en Vox han basado sus denuncias —políticas y judiciales— en la instrucción de la ‘ley de nietos’ impulsada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la norma al introducir una presunción automática del exilio. Esta consideraba que todos los españoles que abandonaron el país entre 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 habrían sido exiliados y no necesitaban presentar ninguna prueba. Según denunció el lunes Vox, el sistema de inscripciones está «desbordado y sin control», hasta el punto de que en sólo dos meses se han dado de alta en el censo otros 29.000 nuevos electores (403.466 desde 2023). No ha tardado en celebrarse en Bambú, sede nacional de Vox, la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripción en el censo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, medida que habían solicitado a la par que Iustitia Europa. Santiago Abascal, presidente del partido; Ignacio Garriga, secretario general; y Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, han alabado la decisión del Supremo y el trabajo del servicio jurídico de su organización«Vox es el único partido con representación parlamentaria que ha logrado que el Supremo suspenda los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones», ha comentado Millán desde la Cámara Baja. Ha explicado, además, las iniciativas que se adoptarán gracias a medida cautelar estimada por el Supremo: «Las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez dadas su tramitación y las ya inscritas también se suspenderán para los electorales». En resumen, se suspenden las «inscripciones irregulares» basadas en las instrucciones del Ministerio de Justicia, en las que participó Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente. Millán ha celebrado también que haya sido Vox el único partido con representación parlamentaria que haya logrado suspender los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el supuesto «intento de manipulación electoral para las próximas elecciones». A pesar de no nombrarlo directamente, la diputada ha apuntado al Partido Popular, diana de los de Santiago Abascal por la falta de apoyo a sus medidas: «Hoy se demuestra que hay que hacer y que se puede hacer todo lo que está en nuestra mano para devolver la dignidad a los españoles».El propio Abascal ha dado la enhorabuena a Jorge Buxadé y Marta Castro, líderes de los servicios jurídicos de Vox, por su trabajo al frente de la oposición a la polémica ley. «¡Gigantesco servicio a España y al sistema democrático!», ha comentando en su cuenta de X. Al líder del partido se han sumado también varios pesos pesados de la formación como Ignacio Garriga, secretario general, que ha aprovechado la ocasión para recordar que su partido tratará de frenar cualquier intento de «adulterar el sistema electoral de España» por parte del Gobierno.La oposición total contra la ‘ley de nietos’ ha sido la estrategia a seguir desde hace meses en Vox. En mayo, fuentes de la formación confirmaron a a este diario que veían este norma como una manera de «alterar en el censo electoral»: «Se está agilizando la concesión de nacionalidades, se están volviendo locos con ello», llegaron a recriminar. En 2023, ya interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional impugnando la ley al considerar que alteraba los conceptos de nacionalidad y adscripción al pueblo español. En julio de este año, solicitaron a la Junta Electoral Central (JEC) auditar las altas en el CERA generadas por esta ley, aunque un mes después el organismo se declaró no competente para fiscalizar la validez de las concesiones de nacionalidad. A la vez que impulsaban su estrategia judicial, presentaron sendas baterías de preguntas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo en búsqueda de respuestas sobre la norma.Satisfacción en el PPDesde Génova, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado mediante su cuenta de X que su formación tenía «razón» al denunciar la ‘ley de nietos’. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha declarado a través de un video que el Gobierno deberá «explicarse y asumir responsabilidades». «Nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del Ejecutivo de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral», ha achacado, comentando que Pedro Sánchez pretendía «alterar las elecciones generales» para perpetuarse en el poder. Ha añadido, también mediante que X, que lo «irresponsable» habría sido «no dudar» de las intenciones de Sánchez Tanto populares como en Vox han basado sus denuncias —políticas y judiciales— en la instrucción de la ‘ley de nietos’ impulsada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la norma al introducir una presunción automática del exilio. Esta consideraba que todos los españoles que abandonaron el país entre 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 habrían sido exiliados y no necesitaban presentar ninguna prueba. Según denunció el lunes Vox, el sistema de inscripciones está «desbordado y sin control», hasta el punto de que en sólo dos meses se han dado de alta en el censo otros 29.000 nuevos electores (403.466 desde 2023).
No ha tardado en celebrarse en Bambú, sede nacional de Vox, la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripción en el censo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, medida que habían solicitado a la par que Iustitia Europa. Santiago Abascal, presidente … del partido; Ignacio Garriga, secretario general; y Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, han alabado la decisión del Supremo y el trabajo del servicio jurídico de su organización
«Vox es el único partido con representación parlamentaria que ha logrado que el Supremo suspenda los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones», ha comentado Millán desde la Cámara Baja. Ha explicado, además, las iniciativas que se adoptarán gracias a medida cautelar estimada por el Supremo: «Las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez dadas su tramitación y las ya inscritas también se suspenderán para los electorales». En resumen, se suspenden las «inscripciones irregulares» basadas en las instrucciones del Ministerio de Justicia, en las que participó Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente.
Millán ha celebrado también que haya sido Vox el único partido con representación parlamentaria que haya logrado suspender los efectos electorales de la ‘ley de nietos’ y el supuesto «intento de manipulación electoral para las próximas elecciones». A pesar de no nombrarlo directamente, la diputada ha apuntado al Partido Popular, diana de los de Santiago Abascal por la falta de apoyo a sus medidas: «Hoy se demuestra que hay que hacer y que se puede hacer todo lo que está en nuestra mano para devolver la dignidad a los españoles».
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El propio Abascal ha dado la enhorabuena a Jorge Buxadé y Marta Castro, líderes de los servicios jurídicos de Vox, por su trabajo al frente de la oposición a la polémica ley. «¡Gigantesco servicio a España y al sistema democrático!», ha comentando en su cuenta de X. Al líder del partido se han sumado también varios pesos pesados de la formación como Ignacio Garriga, secretario general, que ha aprovechado la ocasión para recordar que su partido tratará de frenar cualquier intento de «adulterar el sistema electoral de España» por parte del Gobierno.
Desde Génova, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado mediante su cuenta de X que su formación tenía «razón» al denunciar la ‘ley de nietos’. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha declarado que el Gobierno deberá «explicarse y asumir responsabilidades». «Nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral», ha achacado, comentando que Pedro Sánchez pretendía «alterar las elecciones generales» para perpetuarse en el poder.
Tanto populares como en Vox han basado sus denuncias —políticas y judiciales— en la instrucción de la ‘ley de nietos’ impulsada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la norma al introducir una presunción automática del exilio. Esta consideraba que todos los españoles que abandonaron el país entre 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 habrían sido exiliados y no necesitaban presentar ninguna prueba. Según denunció el lunes Vox, el sistema de inscripciones está «desbordado y sin control», hasta el punto de que en sólo dos meses se han dado de alta en el censo otros 29.000 nuevos electores (403.466 desde 2023).
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