El diputado del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Luis Blázquez, ha criticado este miércoles el primer balance trienal sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, al considerar que el documento carece de rigor técnico y responde a un planteamiento ideológico. «No es un informe de evaluación, es un folleto de actividades subvencionadas», ha apuntado.Durante su intervención en la Comisión de Igualdad, Blázquez ha afirmado que el informe ha sido elaborado desde «los dogmas del activismo político» y no conforme a criterios técnicos propios de una administración pública. Asimismo, ha defendido que la posición de Vox no está relacionada con la orientación sexual de las personas, sino con lo que ha calificado como una «imposición ideológica» a través del contenido del informe.El diputado ha sostenido que, transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno regional no ha sido capaz de ofrecer una evaluación concluyente sobre el impacto de la norma. En su opinión, el documento constituye una memoria de actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico más que un análisis de los resultados obtenidos.Noticia relacionada general No No El Gobierno regional garantizará incentivos a las empresas que reduzcan su brecha salarial Fran MalaraAdemás, Blázquez ha destacado que el propio informe reconoce diversas limitaciones metodológicas , entre ellas la ausencia de indicadores consolidados, la falta de registros homogéneos entre departamentos, las diferencias en la información aportada por las distintas consejerías y la dificultad para medir el impacto social de muchas de las actuaciones impulsadas por la Junta. También ha señalado que el balance admite que parte de sus conclusiones tienen un carácter cualitativo y exploratorio.Por último, el diputado de Vox ha aseverado que estas carencias evidencian que el Gobierno socialista no dispone de herramientas suficientes para evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas en aplicación de la ley, una circunstancia que, según ha afirmado, refleja una gestión deficiente de los recursos públicos. El diputado del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Luis Blázquez, ha criticado este miércoles el primer balance trienal sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, al considerar que el documento carece de rigor técnico y responde a un planteamiento ideológico. «No es un informe de evaluación, es un folleto de actividades subvencionadas», ha apuntado.Durante su intervención en la Comisión de Igualdad, Blázquez ha afirmado que el informe ha sido elaborado desde «los dogmas del activismo político» y no conforme a criterios técnicos propios de una administración pública. Asimismo, ha defendido que la posición de Vox no está relacionada con la orientación sexual de las personas, sino con lo que ha calificado como una «imposición ideológica» a través del contenido del informe.El diputado ha sostenido que, transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno regional no ha sido capaz de ofrecer una evaluación concluyente sobre el impacto de la norma. En su opinión, el documento constituye una memoria de actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico más que un análisis de los resultados obtenidos.Noticia relacionada general No No El Gobierno regional garantizará incentivos a las empresas que reduzcan su brecha salarial Fran MalaraAdemás, Blázquez ha destacado que el propio informe reconoce diversas limitaciones metodológicas , entre ellas la ausencia de indicadores consolidados, la falta de registros homogéneos entre departamentos, las diferencias en la información aportada por las distintas consejerías y la dificultad para medir el impacto social de muchas de las actuaciones impulsadas por la Junta. También ha señalado que el balance admite que parte de sus conclusiones tienen un carácter cualitativo y exploratorio.Por último, el diputado de Vox ha aseverado que estas carencias evidencian que el Gobierno socialista no dispone de herramientas suficientes para evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas en aplicación de la ley, una circunstancia que, según ha afirmado, refleja una gestión deficiente de los recursos públicos.
El diputado del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Luis Blázquez, ha criticado este miércoles el primer balance trienal sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, al considerar … que el documento carece de rigor técnico y responde a un planteamiento ideológico. «No es un informe de evaluación, es un folleto de actividades subvencionadas», ha apuntado.
Durante su intervención en la Comisión de Igualdad, Blázquez ha afirmado que el informe ha sido elaborado desde «los dogmas del activismo político» y no conforme a criterios técnicos propios de una administración pública. Asimismo, ha defendido que la posición de Vox no está relacionada con la orientación sexual de las personas, sino con lo que ha calificado como una «imposición ideológica» a través del contenido del informe.
El diputado ha sostenido que, transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno regional no ha sido capaz de ofrecer una evaluación concluyente sobre el impacto de la norma. En su opinión, el documento constituye una memoria de actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico más que un análisis de los resultados obtenidos.
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Además, Blázquez ha destacado que el propio informe reconoce diversas limitaciones metodológicas, entre ellas la ausencia de indicadores consolidados, la falta de registros homogéneos entre departamentos, las diferencias en la información aportada por las distintas consejerías y la dificultad para medir el impacto social de muchas de las actuaciones impulsadas por la Junta. También ha señalado que el balance admite que parte de sus conclusiones tienen un carácter cualitativo y exploratorio.
Por último, el diputado de Vox ha aseverado que estas carencias evidencian que el Gobierno socialista no dispone de herramientas suficientes para evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas en aplicación de la ley, una circunstancia que, según ha afirmado, refleja una gestión deficiente de los recursos públicos.
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