Cuando el fuego comenzó a azotar la Sierra Oeste de Madrid , los primeros en ser evacuados fueron los más vulnerables: los residentes de los centros de mayores. Una semana después, los 1.343 usuarios que tuvieron que huir con lo puesto para salvarse de las llamas ya han vuelto a sus residencias habituales. Pero no fueron los únicos a los que la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tuvo que dar cobertura. En total, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a cerca de 3.000 personas de residencias, centros sociales, atención domiciliaria y personas vulnerables, movilizando todos los recursos a su disposición.Desde este viernes, los 21 centros sociales que tuvieron que ser desalojados ya se encuentran plenamente operativos. En concreto, han reanudado su actividad 14 residencias de mayores, dos centros para personas con discapacidad, cuatro centros de menores y un albergue juvenil. El dispositivo ha concluido con el traslado de los usuarios de la última residencia que permanecía pendiente de regreso, el centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, en Aldea del Fresno , cuyos usuarios habían sido atendidos temporalmente en la residencia Grupo 5 Cian Madrid.Según los datos facilitados por la consejería que dirige Ana Dávila, en el ámbito de la atención domiciliaria, el Gobierno regional ha realizado un seguimiento permanente de 1.600 personas en situación de dependencia a través del servicio de Teleasistencia Avanzada y del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, desde el primer momento se mantuvo un seguimiento permanente de todos los centros de atención social situados en la zona oeste de la región y una comunicación constante con las familias de los residentes, informándoles de la evolución de la situación y de cada traslado.Para coordinar este despliegue, el Gobierno regional habilitó un centro de valoración que fue adaptándose a la evolución de la emergencia y que se instaló sucesivamente en San Martín de Valdeiglesias , Brunete y Navalcarnero. Desde este puesto se organizó la derivación de personas en situación de vulnerabilidad o sin alternativa habitacional hacia el Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria de San Blas-Canillejas, al tiempo que se coordinó la disponibilidad de recursos sociales en toda la región.El dispositivo movilizó a profesionales de la Consejería junto con voluntarios del Colegio Oficial de Trabajo Social y efectivos de Cruz Roja, que participaron en los traslados mediante seis unidades móviles. Además, se habilitaron 450 plazas de alojamiento de emergencia en establecimientos hoteleros de Móstoles, Parla y Madrid, con capacidad de ampliación hasta las 500, lo que permitió ofrecer una respuesta inmediata a los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los incendios.De forma paralela, la Consejería coordinó el traslado seguro de los residentes de los centros afectados hacia otros recursos de la red pública y privada de municipios de la región. Este complejo operativo implicó la reubicación de personas mayores, personas con discapacidad, menores tutelados y jóvenes alojados en albergues juveniles, siempre priorizando la atención sanitaria, la continuidad de los cuidados y el mantenimiento de los vínculos familiares cuando fue posible. Además, el Cuerpo de Inspectores de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha revisado ya las 16 residencias evacuadas, de las que 14 corresponden a centros de mayores y dos a personas con discapacidad. Como siguiente fase del operativo, en las próximas dos semanas se llevarán a cabo inspecciones técnicas en profundidad en todas ellas con el objetivo de comprobar el estado de las instalaciones y garantizar que reúnen las máximas condiciones de seguridad para sus usuarios y profesionales antes de recuperar plenamente su actividad.Durante la emergencia, cinco residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social asumieron la atención de residentes procedentes de distintos centros privados afectados por los incendios, garantizando la continuidad de los cuidados y una respuesta inmediata a las personas evacuadas. Asimismo, la Comunidad asumirá el coste de la atención a los usuarios de las residencias privadas evacuadas que han permanecido alojados en otros centros privados de la región durante la emergencia. Cuando el fuego comenzó a azotar la Sierra Oeste de Madrid , los primeros en ser evacuados fueron los más vulnerables: los residentes de los centros de mayores. Una semana después, los 1.343 usuarios que tuvieron que huir con lo puesto para salvarse de las llamas ya han vuelto a sus residencias habituales. Pero no fueron los únicos a los que la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tuvo que dar cobertura. En total, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a cerca de 3.000 personas de residencias, centros sociales, atención domiciliaria y personas vulnerables, movilizando todos los recursos a su disposición.Desde este viernes, los 21 centros sociales que tuvieron que ser desalojados ya se encuentran plenamente operativos. En concreto, han reanudado su actividad 14 residencias de mayores, dos centros para personas con discapacidad, cuatro centros de menores y un albergue juvenil. El dispositivo ha concluido con el traslado de los usuarios de la última residencia que permanecía pendiente de regreso, el centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, en Aldea del Fresno , cuyos usuarios habían sido atendidos temporalmente en la residencia Grupo 5 Cian Madrid.Según los datos facilitados por la consejería que dirige Ana Dávila, en el ámbito de la atención domiciliaria, el Gobierno regional ha realizado un seguimiento permanente de 1.600 personas en situación de dependencia a través del servicio de Teleasistencia Avanzada y del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, desde el primer momento se mantuvo un seguimiento permanente de todos los centros de atención social situados en la zona oeste de la región y una comunicación constante con las familias de los residentes, informándoles de la evolución de la situación y de cada traslado.Para coordinar este despliegue, el Gobierno regional habilitó un centro de valoración que fue adaptándose a la evolución de la emergencia y que se instaló sucesivamente en San Martín de Valdeiglesias , Brunete y Navalcarnero. Desde este puesto se organizó la derivación de personas en situación de vulnerabilidad o sin alternativa habitacional hacia el Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria de San Blas-Canillejas, al tiempo que se coordinó la disponibilidad de recursos sociales en toda la región.El dispositivo movilizó a profesionales de la Consejería junto con voluntarios del Colegio Oficial de Trabajo Social y efectivos de Cruz Roja, que participaron en los traslados mediante seis unidades móviles. Además, se habilitaron 450 plazas de alojamiento de emergencia en establecimientos hoteleros de Móstoles, Parla y Madrid, con capacidad de ampliación hasta las 500, lo que permitió ofrecer una respuesta inmediata a los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los incendios.De forma paralela, la Consejería coordinó el traslado seguro de los residentes de los centros afectados hacia otros recursos de la red pública y privada de municipios de la región. Este complejo operativo implicó la reubicación de personas mayores, personas con discapacidad, menores tutelados y jóvenes alojados en albergues juveniles, siempre priorizando la atención sanitaria, la continuidad de los cuidados y el mantenimiento de los vínculos familiares cuando fue posible. Además, el Cuerpo de Inspectores de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha revisado ya las 16 residencias evacuadas, de las que 14 corresponden a centros de mayores y dos a personas con discapacidad. Como siguiente fase del operativo, en las próximas dos semanas se llevarán a cabo inspecciones técnicas en profundidad en todas ellas con el objetivo de comprobar el estado de las instalaciones y garantizar que reúnen las máximas condiciones de seguridad para sus usuarios y profesionales antes de recuperar plenamente su actividad.Durante la emergencia, cinco residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social asumieron la atención de residentes procedentes de distintos centros privados afectados por los incendios, garantizando la continuidad de los cuidados y una respuesta inmediata a las personas evacuadas. Asimismo, la Comunidad asumirá el coste de la atención a los usuarios de las residencias privadas evacuadas que han permanecido alojados en otros centros privados de la región durante la emergencia.
Cuando el fuego comenzó a azotar la Sierra Oeste de Madrid, los primeros en ser evacuados fueron los más vulnerables: los residentes de los centros de mayores. Una semana después, los 1.343 usuarios que tuvieron que huir con lo puesto para salvarse de … las llamas ya han vuelto a sus residencias habituales. Pero no fueron los únicos a los que la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tuvo que dar cobertura. En total, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a cerca de 3.000 personas de residencias, centros sociales, atención domiciliaria y personas vulnerables, movilizando todos los recursos a su disposición.
Desde este viernes, los 21 centros sociales que tuvieron que ser desalojados ya se encuentran plenamente operativos. En concreto, han reanudado su actividad 14 residencias de mayores, dos centros para personas con discapacidad, cuatro centros de menores y un albergue juvenil. El dispositivo ha concluido con el traslado de los usuarios de la última residencia que permanecía pendiente de regreso, el centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, en Aldea del Fresno, cuyos usuarios habían sido atendidos temporalmente en la residencia Grupo 5 Cian Madrid.
Según los datos facilitados por la consejería que dirige Ana Dávila, en el ámbito de la atención domiciliaria, el Gobierno regional ha realizado un seguimiento permanente de 1.600 personas en situación de dependencia a través del servicio de Teleasistencia Avanzada y del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, desde el primer momento se mantuvo un seguimiento permanente de todos los centros de atención social situados en la zona oeste de la región y una comunicación constante con las familias de los residentes, informándoles de la evolución de la situación y de cada traslado.
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Para coordinar este despliegue, el Gobierno regional habilitó un centro de valoración que fue adaptándose a la evolución de la emergencia y que se instaló sucesivamente en San Martín de Valdeiglesias, Brunete y Navalcarnero. Desde este puesto se organizó la derivación de personas en situación de vulnerabilidad o sin alternativa habitacional hacia el Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria de San Blas-Canillejas, al tiempo que se coordinó la disponibilidad de recursos sociales en toda la región.
El dispositivo movilizó a profesionales de la Consejería junto con voluntarios del Colegio Oficial de Trabajo Social y efectivos de Cruz Roja, que participaron en los traslados mediante seis unidades móviles. Además, se habilitaron 450 plazas de alojamiento de emergencia en establecimientos hoteleros de Móstoles, Parla y Madrid, con capacidad de ampliación hasta las 500, lo que permitió ofrecer una respuesta inmediata a los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los incendios.
De forma paralela, la Consejería coordinó el traslado seguro de los residentes de los centros afectados hacia otros recursos de la red pública y privada de municipios de la región. Este complejo operativo implicó la reubicación de personas mayores, personas con discapacidad, menores tutelados y jóvenes alojados en albergues juveniles, siempre priorizando la atención sanitaria, la continuidad de los cuidados y el mantenimiento de los vínculos familiares cuando fue posible.
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Además, el Cuerpo de Inspectores de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha revisado ya las 16 residencias evacuadas, de las que 14 corresponden a centros de mayores y dos a personas con discapacidad. Como siguiente fase del operativo, en las próximas dos semanas se llevarán a cabo inspecciones técnicas en profundidad en todas ellas con el objetivo de comprobar el estado de las instalaciones y garantizar que reúnen las máximas condiciones de seguridad para sus usuarios y profesionales antes de recuperar plenamente su actividad.
Durante la emergencia, cinco residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social asumieron la atención de residentes procedentes de distintos centros privados afectados por los incendios, garantizando la continuidad de los cuidados y una respuesta inmediata a las personas evacuadas. Asimismo, la Comunidad asumirá el coste de la atención a los usuarios de las residencias privadas evacuadas que han permanecido alojados en otros centros privados de la región durante la emergencia.
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