Dirigentes del PSOE no quieren a Zapatero en sus actos de campaña

«Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero] como he contado siempre en las campañas». Esta frase de Pedro Sánchez, durante una entrevista el pasado miércoles en TVE, generó cierto revuelo en un PSOE que se asoma con demasiado vértigo al abismo electoral de 2027. En el Gobierno son conscientes de que no pueden soltar la mano del expresidente, como demanda ya un sector cada vez más creciente del PSOE , porque hacerlo, asumir que hay algo irregular en su actuación en Plus Ultra, supondría tanto como apuntar a los resortes de la Administración que pudo pulsar para conseguir sus objetivos. Esto es, orientaría las sospechas hacia la SEPI que gestionó el expediente del préstamo a la aerolínea y al Consejo de Ministros que lo aprobó . Las fuentes gubernamentales consultadas asumen que supone un alto riesgo político seguir sosteniendo al expresidente, porque más allá de la estrategia de control de daños que se ha puesto a funcionar, este caso tiene un fuerte impacto electoral. Y precisamente por eso hay quienes, a nivel autonómico y municipal, no quieren secundarla. Varios dirigentes socialistas consultados por ABC se muestran reacios a que el expresidente entre en campaña, al menos mientras no resuelva su horizonte judicial más inmediato. «No creo ni que él quiera y, desde luego, nosotros tampoco», asegura un cargo del partido, que recuerda que el propio expresidente está midiendo al milímetro su exposición pública. «No venía antes, como para hacerlo ahora», reivindica otro dirigente, que destaca que ni cuando era un activo electoral se contó con su presencia.Con el caso dormido durante el verano, los socialistas han podido sacudirse, en cierta medida, el impacto que les produjo ver a Zapatero implicado en un caso de corrupción. Una eventualidad que no conviene recordar en campaña. El expresidente era un referente moral que trascendía las filas del Partido Socialista, un perfil que gozaba de una amplia transversalidad en el espectro progresista y que generaba simpatías en partidos tan dispares como EH Bildu o Junts. Pese a no desempeñar tareas institucionales de manera oficial, el exdirigente tenía una implicación evidente en el proyecto político de Sánchez y, además de echarse la campaña de 2023 a la espalda como revulsivo en las urnas, ha pilotado negociaciones clave con Podemos, los abertzales o el partido de Carles Puigdemont. De hecho, cuando Santos Cerdán abandona el PSOE y entra en prisión quien pasa a encabezar la delegación socialista que negocia con Junts es el propio Zapatero.Para los cargos socialistas consultados, pase lo que pase a nivel judicial, la caída del mito «es ya irreparable», ya que de una imagen tan plástica como la del collar «cuajado de diamantes» con «dos esmeraldas de Zambia» es imposible volver. Y esto genera un evidente perjuicio electoral en puertas de un año clave como es 2027, con parada en elecciones generales, municipales y autonómicas. El PSOE tiene bien definido cuál es su debilidad en las urnas: la desmovilización. El partido no pierde votos porque sus electores cambien de opción política, sino porque se quedan en casa ante el hastío que les produce el contexto de polémicas y casos de corrupción. La ventaja es que ese potencial votante es recuperable; el problema, que casos como el de Zapatero contribuyen todavía más a dejar la papeleta del PSOE en el cajón.Sánchez necesita el voto útil de la izquierda para aguantar el tipo frente a Feijóo en las próximas generalesPero el efecto de la investigación al expresidente va más allá de la desmovilización; también frustra la estrategia de fondo que Sánchez quiere desplegar de cara a las generales: su ampliación de la base electoral progresista. Ante la falta de una alternativa real a su izquierda, el presidente del Gobierno lleva meses cultivando una estrategia de expansión de fronteras electorales para promover la reagrupación de los votantes en torno a su figura. Una estrategia de voto útil en la izquierda que viene alimentada por la percepción de persecución judicial a su entorno familiar y la proyección de que es la única alternativa posible para evitar un gobierno de PP y Vox. Y el ‘caso Zapatero’ no se encuadra en las tesis del ‘lawfare’, como reconocen abiertamente desde el Ejecutivo.Sánchez fía a esta maniobra sus opciones de aguantar el tipo electoral ante Alberto Núñez Feijóo en las próximas generales. En las estimaciones de Moncloa, antes del tsunami judicial, se barajaba incluso la posibilidad de llegar a ser primera fuerza, si la pujanza de Santiago Abascal contribuía a minar las expectativas de los populares y esto abocaba a una legislatura corta. Sin embargo, los casos de corrupción son una dosis de recuerdo muy potente para aquellos votantes sin militancia de por qué no han votado o han dejado de votar al PSOE y a partidos tradicionales en el pasado.Tampoco la estrategia mediática y judicial del expresidente está sirviendo para revertir esta situación y proceder a su rehabilitación pública. Zapatero concedió el pasado 23 de julio su primera entrevista para dar explicaciones, pero sus respuestas no fueron satisfactorias para quienes las esperaban. «No ha aclarado nada» , se quejaban en el PSOE, desde un sector del partido que todavía sigue dando un voto de confianza al expresidente, pero que comienza a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Tampoco ha aportado en sede judicial las pruebas que acrediten el origen y la trazabilidad de las joyas encontradas en su caja fuerte.Otra parte del partido pide ya establecer un cortafuegos a modo de autodefensa de cara al ciclo electoral que se aproxima. « El PSOE no puede convertirse en un escudo político , emocional o institucional de las actividades privadas de antiguos dirigentes, por muy cercanos a Sánchez que sean», critica un dirigente. En el partido hay una creciente preocupación por que la estrategia del Gobierno de atarse al expresidente acabe por arrastrar a todo el partido cuando el avance de la investigación obligue a desligarse de su figura de manera precipitada.La investigación a Zapatero se cerró en el mes de julio con un auto del instructor José Luis Calama autorizando a la UDEF a investigar 57 cuentas del expresidente , su entorno —hijas y secretaria— y empresas del ‘caso Plus Ultra’. La Policía detectó movimientos bancarios sospechosos entre sociedades y quiso aclarar el origen del dinero con el que se pagó una vivienda del exlíder socialista y otra de Gertrudis Alcázar. El arranque del curso judicial ha vuelto a revitalizar la causa, con las declaraciones de los directivos de la compañía reafirmándose en los escritos en los que implicaban a Zapatero en la trama. La causa que afecta al exdirigente socialista parece lejos de esclarecerse y «quedar en nada» como ansían en el seno del PSOE y del Gobierno. Y nadie quiere una dosis de recuerdo en la próxima campaña electoral. «Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero] como he contado siempre en las campañas». Esta frase de Pedro Sánchez, durante una entrevista el pasado miércoles en TVE, generó cierto revuelo en un PSOE que se asoma con demasiado vértigo al abismo electoral de 2027. En el Gobierno son conscientes de que no pueden soltar la mano del expresidente, como demanda ya un sector cada vez más creciente del PSOE , porque hacerlo, asumir que hay algo irregular en su actuación en Plus Ultra, supondría tanto como apuntar a los resortes de la Administración que pudo pulsar para conseguir sus objetivos. Esto es, orientaría las sospechas hacia la SEPI que gestionó el expediente del préstamo a la aerolínea y al Consejo de Ministros que lo aprobó . Las fuentes gubernamentales consultadas asumen que supone un alto riesgo político seguir sosteniendo al expresidente, porque más allá de la estrategia de control de daños que se ha puesto a funcionar, este caso tiene un fuerte impacto electoral. Y precisamente por eso hay quienes, a nivel autonómico y municipal, no quieren secundarla. Varios dirigentes socialistas consultados por ABC se muestran reacios a que el expresidente entre en campaña, al menos mientras no resuelva su horizonte judicial más inmediato. «No creo ni que él quiera y, desde luego, nosotros tampoco», asegura un cargo del partido, que recuerda que el propio expresidente está midiendo al milímetro su exposición pública. «No venía antes, como para hacerlo ahora», reivindica otro dirigente, que destaca que ni cuando era un activo electoral se contó con su presencia.Con el caso dormido durante el verano, los socialistas han podido sacudirse, en cierta medida, el impacto que les produjo ver a Zapatero implicado en un caso de corrupción. Una eventualidad que no conviene recordar en campaña. El expresidente era un referente moral que trascendía las filas del Partido Socialista, un perfil que gozaba de una amplia transversalidad en el espectro progresista y que generaba simpatías en partidos tan dispares como EH Bildu o Junts. Pese a no desempeñar tareas institucionales de manera oficial, el exdirigente tenía una implicación evidente en el proyecto político de Sánchez y, además de echarse la campaña de 2023 a la espalda como revulsivo en las urnas, ha pilotado negociaciones clave con Podemos, los abertzales o el partido de Carles Puigdemont. De hecho, cuando Santos Cerdán abandona el PSOE y entra en prisión quien pasa a encabezar la delegación socialista que negocia con Junts es el propio Zapatero.Para los cargos socialistas consultados, pase lo que pase a nivel judicial, la caída del mito «es ya irreparable», ya que de una imagen tan plástica como la del collar «cuajado de diamantes» con «dos esmeraldas de Zambia» es imposible volver. Y esto genera un evidente perjuicio electoral en puertas de un año clave como es 2027, con parada en elecciones generales, municipales y autonómicas. El PSOE tiene bien definido cuál es su debilidad en las urnas: la desmovilización. El partido no pierde votos porque sus electores cambien de opción política, sino porque se quedan en casa ante el hastío que les produce el contexto de polémicas y casos de corrupción. La ventaja es que ese potencial votante es recuperable; el problema, que casos como el de Zapatero contribuyen todavía más a dejar la papeleta del PSOE en el cajón.Sánchez necesita el voto útil de la izquierda para aguantar el tipo frente a Feijóo en las próximas generalesPero el efecto de la investigación al expresidente va más allá de la desmovilización; también frustra la estrategia de fondo que Sánchez quiere desplegar de cara a las generales: su ampliación de la base electoral progresista. Ante la falta de una alternativa real a su izquierda, el presidente del Gobierno lleva meses cultivando una estrategia de expansión de fronteras electorales para promover la reagrupación de los votantes en torno a su figura. Una estrategia de voto útil en la izquierda que viene alimentada por la percepción de persecución judicial a su entorno familiar y la proyección de que es la única alternativa posible para evitar un gobierno de PP y Vox. Y el ‘caso Zapatero’ no se encuadra en las tesis del ‘lawfare’, como reconocen abiertamente desde el Ejecutivo.Sánchez fía a esta maniobra sus opciones de aguantar el tipo electoral ante Alberto Núñez Feijóo en las próximas generales. En las estimaciones de Moncloa, antes del tsunami judicial, se barajaba incluso la posibilidad de llegar a ser primera fuerza, si la pujanza de Santiago Abascal contribuía a minar las expectativas de los populares y esto abocaba a una legislatura corta. Sin embargo, los casos de corrupción son una dosis de recuerdo muy potente para aquellos votantes sin militancia de por qué no han votado o han dejado de votar al PSOE y a partidos tradicionales en el pasado.Tampoco la estrategia mediática y judicial del expresidente está sirviendo para revertir esta situación y proceder a su rehabilitación pública. Zapatero concedió el pasado 23 de julio su primera entrevista para dar explicaciones, pero sus respuestas no fueron satisfactorias para quienes las esperaban. «No ha aclarado nada» , se quejaban en el PSOE, desde un sector del partido que todavía sigue dando un voto de confianza al expresidente, pero que comienza a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Tampoco ha aportado en sede judicial las pruebas que acrediten el origen y la trazabilidad de las joyas encontradas en su caja fuerte.Otra parte del partido pide ya establecer un cortafuegos a modo de autodefensa de cara al ciclo electoral que se aproxima. « El PSOE no puede convertirse en un escudo político , emocional o institucional de las actividades privadas de antiguos dirigentes, por muy cercanos a Sánchez que sean», critica un dirigente. En el partido hay una creciente preocupación por que la estrategia del Gobierno de atarse al expresidente acabe por arrastrar a todo el partido cuando el avance de la investigación obligue a desligarse de su figura de manera precipitada.La investigación a Zapatero se cerró en el mes de julio con un auto del instructor José Luis Calama autorizando a la UDEF a investigar 57 cuentas del expresidente , su entorno —hijas y secretaria— y empresas del ‘caso Plus Ultra’. La Policía detectó movimientos bancarios sospechosos entre sociedades y quiso aclarar el origen del dinero con el que se pagó una vivienda del exlíder socialista y otra de Gertrudis Alcázar. El arranque del curso judicial ha vuelto a revitalizar la causa, con las declaraciones de los directivos de la compañía reafirmándose en los escritos en los que implicaban a Zapatero en la trama. La causa que afecta al exdirigente socialista parece lejos de esclarecerse y «quedar en nada» como ansían en el seno del PSOE y del Gobierno. Y nadie quiere una dosis de recuerdo en la próxima campaña electoral.  

«Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero] como he contado siempre en las campañas». Esta frase de Pedro Sánchez, durante una entrevista el pasado miércoles en TVE, generó cierto revuelo en un PSOE que se asoma con demasiado vértigo al … abismo electoral de 2027. En el Gobierno son conscientes de que no pueden soltar la mano del expresidente, como demanda ya un sector cada vez más creciente del PSOE, porque hacerlo, asumir que hay algo irregular en su actuación en Plus Ultra, supondría tanto como apuntar a los resortes de la Administración que pudo pulsar para conseguir sus objetivos. Esto es, orientaría las sospechas hacia la SEPI que gestionó el expediente del préstamo a la aerolínea y al Consejo de Ministros que lo aprobó.

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