Dos ONG se reparten los contratos millonarios que adjudica el Gobierno de Ceuta, con fondos transferidos por el Ministerio de Juventud e Infancia, para atender a los menores no acompañados que llegan ilegalmente desde Marruecos. Se trata de la Fundación SAMU y Engloba, las dos adjudicatarias de los contratos otorgados por la ciudad autónoma, al ser las únicas con capacidad de respuesta para las demandas que tiene Ceuta.El último contrato que han logrado se adjudicó el pasado 1 de septiembre, en pleno debate sobre el futuro de más de 1.500 niños que han llegado y el anuncio fue publicado el 3 de septiembre de 2026, en pleno debate sobre la reubicación de estos centenares de menores llegados durante la invasión. Aunque inicialmente el Gobierno habló de la filiación de alrededor de 2.900 personas, ahora habla de unos 1.500.El encargo se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, de tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, invitando al menos a tres empresas capacitadas. El objeto se divide en diez lotes idénticos de diez plazas cada uno, por un importe de 791.370 euros por lote, lo que arroja un presupuesto base de licitación total de 7.913.700 euros, exento de IPSI. El precio se fija en 109,91 euros por plaza ocupada y día, y 65,95 euros por plaza desocupada y día. El valor estimado del contrato, incluyendo la posible prórroga, asciende a 19.784.250 euros.El contrato, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros tres, y se financiará con cargo a la partida «Gastos para la atención de menores extranjeros no acompañados», con anualidades comprometidas de 2.308.159 € (2026), 3.956.850 € (2027) y 1.648.691 € (2028), en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno de Ceuta, que es quien debe hacerse cargo de la manutención y atención de los menores que llegan a su territorio, ya que la ley estipula que una vez pisen un territorio nacional pasan a estar bajo la tutela de sus servicios sociales.Precisamente la atención a estos niños sigue centrando el debate político, con un choque entre instituciones y partidos políticos. Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, defiende que estos menores deben estar asistidos y acogidos en el sistema de tutela español, mucho más garantista que el marroquí, por ejemplo, la derecha reclama su retorno a su país de origen a través de la reagrupación familiar . El procedimiento, en todo caso, no es automático y conlleva unos trámites que mínimo se alargan unos meses. Es ahí donde entran en juego las ONG que se hacen cargo de su acogida.Los criterios de adjudicación otorgan 30 puntos a la mejor oferta económica en precio por plaza ocupada, 19 puntos a la mejor oferta en plaza desocupada, 39 puntos a la memoria técnica (valorada por juicio de valor, atendiendo a características del servicio, modelo de intervención, fases de actuación, estrategias específicas para menores no acompañados, recursos organizativos y coordinación con el Área de Menores) y hasta 12 puntos por la dedicación de personas con dificultades de inserción laboral.Los criterios de adjudicaciónEl pliego con el que se realizó esta concesión regula con detalle la solvencia exigida a los licitadores -un volumen de negocio mínimo de 276.979,50 € anuales-, el procedimiento de negociación en tres archivos electrónicos, las obligaciones esenciales del contratista —incluyendo el pago puntual de nóminas y el cumplimiento de la normativa de protección de datos—, el régimen de penalidades, la subcontratación, la modificación y suspensión del contrato, y las causas de resolución. Dos ONG se reparten los contratos millonarios que adjudica el Gobierno de Ceuta, con fondos transferidos por el Ministerio de Juventud e Infancia, para atender a los menores no acompañados que llegan ilegalmente desde Marruecos. Se trata de la Fundación SAMU y Engloba, las dos adjudicatarias de los contratos otorgados por la ciudad autónoma, al ser las únicas con capacidad de respuesta para las demandas que tiene Ceuta.El último contrato que han logrado se adjudicó el pasado 1 de septiembre, en pleno debate sobre el futuro de más de 1.500 niños que han llegado y el anuncio fue publicado el 3 de septiembre de 2026, en pleno debate sobre la reubicación de estos centenares de menores llegados durante la invasión. Aunque inicialmente el Gobierno habló de la filiación de alrededor de 2.900 personas, ahora habla de unos 1.500.El encargo se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, de tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, invitando al menos a tres empresas capacitadas. El objeto se divide en diez lotes idénticos de diez plazas cada uno, por un importe de 791.370 euros por lote, lo que arroja un presupuesto base de licitación total de 7.913.700 euros, exento de IPSI. El precio se fija en 109,91 euros por plaza ocupada y día, y 65,95 euros por plaza desocupada y día. El valor estimado del contrato, incluyendo la posible prórroga, asciende a 19.784.250 euros.El contrato, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros tres, y se financiará con cargo a la partida «Gastos para la atención de menores extranjeros no acompañados», con anualidades comprometidas de 2.308.159 € (2026), 3.956.850 € (2027) y 1.648.691 € (2028), en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno de Ceuta, que es quien debe hacerse cargo de la manutención y atención de los menores que llegan a su territorio, ya que la ley estipula que una vez pisen un territorio nacional pasan a estar bajo la tutela de sus servicios sociales.Precisamente la atención a estos niños sigue centrando el debate político, con un choque entre instituciones y partidos políticos. Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, defiende que estos menores deben estar asistidos y acogidos en el sistema de tutela español, mucho más garantista que el marroquí, por ejemplo, la derecha reclama su retorno a su país de origen a través de la reagrupación familiar . El procedimiento, en todo caso, no es automático y conlleva unos trámites que mínimo se alargan unos meses. Es ahí donde entran en juego las ONG que se hacen cargo de su acogida.Los criterios de adjudicación otorgan 30 puntos a la mejor oferta económica en precio por plaza ocupada, 19 puntos a la mejor oferta en plaza desocupada, 39 puntos a la memoria técnica (valorada por juicio de valor, atendiendo a características del servicio, modelo de intervención, fases de actuación, estrategias específicas para menores no acompañados, recursos organizativos y coordinación con el Área de Menores) y hasta 12 puntos por la dedicación de personas con dificultades de inserción laboral.Los criterios de adjudicaciónEl pliego con el que se realizó esta concesión regula con detalle la solvencia exigida a los licitadores -un volumen de negocio mínimo de 276.979,50 € anuales-, el procedimiento de negociación en tres archivos electrónicos, las obligaciones esenciales del contratista —incluyendo el pago puntual de nóminas y el cumplimiento de la normativa de protección de datos—, el régimen de penalidades, la subcontratación, la modificación y suspensión del contrato, y las causas de resolución.
Dos ONG se reparten los contratos millonarios que adjudica el Gobierno de Ceuta, con fondos transferidos por el Ministerio de Juventud e Infancia, para atender a los menores no acompañados que llegan ilegalmente desde Marruecos. Se trata de la Fundación SAMU y Engloba, las dos … adjudicatarias de los contratos otorgados por la ciudad autónoma, al ser las únicas con capacidad de respuesta para las demandas que tiene Ceuta.
El último contrato que han logrado se adjudicó el pasado 1 de septiembre, en pleno debate sobre el futuro de más de 1.500 niños que han llegado y el anuncio fue publicado el 3 de septiembre de 2026, en pleno debate sobre la reubicación de estos centenares de menores llegados durante la invasión. Aunque inicialmente el Gobierno habló de la filiación de alrededor de 2.900 personas, ahora habla de unos 1.500.
El encargo se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, de tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, invitando al menos a tres empresas capacitadas. El objeto se divide en diez lotes idénticos de diez plazas cada uno, por un importe de 791.370 euros por lote, lo que arroja un presupuesto base de licitación total de 7.913.700 euros, exento de IPSI. El precio se fija en 109,91 euros por plaza ocupada y día, y 65,95 euros por plaza desocupada y día. El valor estimado del contrato, incluyendo la posible prórroga, asciende a 19.784.250 euros.
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El contrato, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros tres, y se financiará con cargo a la partida «Gastos para la atención de menores extranjeros no acompañados», con anualidades comprometidas de 2.308.159 € (2026), 3.956.850 € (2027) y 1.648.691 € (2028), en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno de Ceuta, que es quien debe hacerse cargo de la manutención y atención de los menores que llegan a su territorio, ya que la ley estipula que una vez pisen un territorio nacional pasan a estar bajo la tutela de sus servicios sociales.
Precisamente la atención a estos niños sigue centrando el debate político, con un choque entre instituciones y partidos políticos. Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, defiende que estos menores deben estar asistidos y acogidos en el sistema de tutela español, mucho más garantista que el marroquí, por ejemplo, la derecha reclama su retorno a su país de origen a través de la reagrupación familiar. El procedimiento, en todo caso, no es automático y conlleva unos trámites que mínimo se alargan unos meses. Es ahí donde entran en juego las ONG que se hacen cargo de su acogida.
Los criterios de adjudicación otorgan 30 puntos a la mejor oferta económica en precio por plaza ocupada, 19 puntos a la mejor oferta en plaza desocupada, 39 puntos a la memoria técnica (valorada por juicio de valor, atendiendo a características del servicio, modelo de intervención, fases de actuación, estrategias específicas para menores no acompañados, recursos organizativos y coordinación con el Área de Menores) y hasta 12 puntos por la dedicación de personas con dificultades de inserción laboral.
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El pliego con el que se realizó esta concesión regula con detalle la solvencia exigida a los licitadores -un volumen de negocio mínimo de 276.979,50 € anuales-, el procedimiento de negociación en tres archivos electrónicos, las obligaciones esenciales del contratista —incluyendo el pago puntual de nóminas y el cumplimiento de la normativa de protección de datos—, el régimen de penalidades, la subcontratación, la modificación y suspensión del contrato, y las causas de resolución.
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