El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de Amnistía a la exconsejera catalana Clara Ponsatí y ha dado por extinguida su responsabilidad penal. La Sala Segunda dicta esta resolución tras recibir la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió hace un año la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la propia Sala de lo Penal y que obligó a suspender temporalmente la decisión sobre el archivo. En su escrito, el Supremo explica que el fallo del Constitucional no declaró la nulidad del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, sino que propugnó una interpretación acorde con sus planteamientos. En base a este criterio, los magistrados concluyen que el delito de desobediencia atribuido a Ponsatí no ofrece dudas en cuanto a su subsunción en el ámbito objetivo de aplicación de la norma. Al haberse constatado que los actos cometidos por la política independentista cumplen con los requisitos de la ley y que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión previstos en su artículo 2, el tribunal ordena la aplicación de la amnistía. La situación de Ponsatí era diferente a la de los ya juzgados y condenados del ‘procés’ porque, al igual que el resto de huidos, entre ellos el propio Puigdemont, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Tras permanecer cinco años huida de la justicia Ponsatí volvió a España en marzo de 2023, con su orden de detención en vigor pero al no acarrear pena de cárcel el delito por el que fue procesada, no llegó a entrar en prisión. Y es que antes de ese delito de desobediencia, la exconsejera catalana había estado imputada por sedición, pero se benefició de la reforma penal que derogó este delito (penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación), lo que abrió la puerta a que volviera a España sin riesgo de cárcel. El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de Amnistía a la exconsejera catalana Clara Ponsatí y ha dado por extinguida su responsabilidad penal. La Sala Segunda dicta esta resolución tras recibir la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió hace un año la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la propia Sala de lo Penal y que obligó a suspender temporalmente la decisión sobre el archivo. En su escrito, el Supremo explica que el fallo del Constitucional no declaró la nulidad del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, sino que propugnó una interpretación acorde con sus planteamientos. En base a este criterio, los magistrados concluyen que el delito de desobediencia atribuido a Ponsatí no ofrece dudas en cuanto a su subsunción en el ámbito objetivo de aplicación de la norma. Al haberse constatado que los actos cometidos por la política independentista cumplen con los requisitos de la ley y que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión previstos en su artículo 2, el tribunal ordena la aplicación de la amnistía. La situación de Ponsatí era diferente a la de los ya juzgados y condenados del ‘procés’ porque, al igual que el resto de huidos, entre ellos el propio Puigdemont, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Tras permanecer cinco años huida de la justicia Ponsatí volvió a España en marzo de 2023, con su orden de detención en vigor pero al no acarrear pena de cárcel el delito por el que fue procesada, no llegó a entrar en prisión. Y es que antes de ese delito de desobediencia, la exconsejera catalana había estado imputada por sedición, pero se benefició de la reforma penal que derogó este delito (penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación), lo que abrió la puerta a que volviera a España sin riesgo de cárcel.
El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de Amnistía a la exconsejera catalana Clara Ponsatí y ha dado por extinguida su responsabilidad penal. La Sala Segunda dicta esta resolución tras recibir la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió hace un año la cuestión de … inconstitucionalidad planteada por la propia Sala de lo Penal y que obligó a suspender temporalmente la decisión sobre el archivo.
En su escrito, el Supremo explica que el fallo del Constitucional no declaró la nulidad del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, sino que propugnó una interpretación acorde con sus planteamientos. En base a este criterio, los magistrados concluyen que el delito de desobediencia atribuido a Ponsatí no ofrece dudas en cuanto a su subsunción en el ámbito objetivo de aplicación de la norma.
Al haberse constatado que los actos cometidos por la política independentista cumplen con los requisitos de la ley y que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión previstos en su artículo 2, el tribunal ordena la aplicación de la amnistía.
La situación de Ponsatí era diferente a la de los ya juzgados y condenados del ‘procés’ porque, al igual que el resto de huidos, entre ellos el propio Puigdemont, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Tras permanecer cinco años huida de la justicia Ponsatí volvió a España en marzo de 2023, con su orden de detención en vigor pero al no acarrear pena de cárcel el delito por el que fue procesada, no llegó a entrar en prisión. Y es que antes de ese delito de desobediencia, la exconsejera catalana había estado imputada por sedición, pero se benefició de la reforma penal que derogó este delito (penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación), lo que abrió la puerta a que volviera a España sin riesgo de cárcel.
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