Lo que en septiembre eran sospechas de fraude electoral hoy son directamente certezas. El Tribunal Supremo ya no tiene ninguna duda de que contar en el censo exterior con los 163.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’ causaría un daño irreversible a la «veracidad, objetividad y transparencia» del proceso electoral. La Sala Tercera llega a esta conclusión tras conocer las cifras que el propio Gobierno le aportó a regañadientes y de las que se concluye que la instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos de la ley de memoria democrática (hasta el punto de establecer una presunción de exilio) era efectivamente el coladero del que alertaron Iustitia Europa y Vox. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…), sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)», señala el auto.Así lo aseguran los magistrados de lo Contencioso-Administrativo en el auto notificado este lunes en el que desestiman íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantienen el veto electoral de los beneficiados por la ‘ley de nietos’. En su resolución los magistrados revelan que de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden al fraude palmario que constituye el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ninguno de ellos incluyera prueba de exilio».Los magistrados niegan que su decisión de confirmar la suspensión cautelar de ese colectivo produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. También respecto a esa supuesta indefensión alegada, la Sala dice que ha utilizado «todos los instrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala.Inscritos bajo sospecha Junto a este auto, la Sala dictó ayer un segundo auto en el que rechaza suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de esos ‘nietos’ que no podrán votar. Y no lo hace porque no vea ahí irregularidades, sino por una cuestión de tiempo. Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)«.Intereses generalesSin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una «perturbación grave de los intereses generales».«La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica.En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.Consecuencias irreparables En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral.Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha. Lo que en septiembre eran sospechas de fraude electoral hoy son directamente certezas. El Tribunal Supremo ya no tiene ninguna duda de que contar en el censo exterior con los 163.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’ causaría un daño irreversible a la «veracidad, objetividad y transparencia» del proceso electoral. La Sala Tercera llega a esta conclusión tras conocer las cifras que el propio Gobierno le aportó a regañadientes y de las que se concluye que la instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos de la ley de memoria democrática (hasta el punto de establecer una presunción de exilio) era efectivamente el coladero del que alertaron Iustitia Europa y Vox. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…), sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)», señala el auto.Así lo aseguran los magistrados de lo Contencioso-Administrativo en el auto notificado este lunes en el que desestiman íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantienen el veto electoral de los beneficiados por la ‘ley de nietos’. En su resolución los magistrados revelan que de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden al fraude palmario que constituye el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ninguno de ellos incluyera prueba de exilio».Los magistrados niegan que su decisión de confirmar la suspensión cautelar de ese colectivo produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. También respecto a esa supuesta indefensión alegada, la Sala dice que ha utilizado «todos los instrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala.Inscritos bajo sospecha Junto a este auto, la Sala dictó ayer un segundo auto en el que rechaza suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de esos ‘nietos’ que no podrán votar. Y no lo hace porque no vea ahí irregularidades, sino por una cuestión de tiempo. Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)«.Intereses generalesSin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una «perturbación grave de los intereses generales».«La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica.En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.Consecuencias irreparables En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral.Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.
Lo que en septiembre eran sospechas de fraude electoral hoy son directamente certezas. El Tribunal Supremo ya no tiene ninguna duda de que contar en el censo exterior con los 163.000 beneficiados de la ‘ley de nietos’ causaría un daño irreversible a la « … veracidad, objetividad y transparencia» del proceso electoral. La Sala Tercera llega a esta conclusión tras conocer las cifras que el propio Gobierno le aportó a regañadientes y de las que se concluye que la instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos de la ley de memoria democrática (hasta el punto de establecer una presunción de exilio) era efectivamente el coladero del que alertaron Iustitia Europa y Vox. «Esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA, (…), sobre todo desde la fecha en la que comenzó a aplicarse la instrucción (de Puente)», señala el auto.
Así lo aseguran los magistrados de lo Contencioso-Administrativo en el auto notificado este lunes en el que desestiman íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), y mantienen el veto electoral de los beneficiados por la ‘ley de nietos’. En su resolución los magistrados revelan que de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. «El resto ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio de la instrucción» de la hermana del exministro de Transportes. Aluden al fraude palmario que constituye el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ninguno de ellos incluyera prueba de exilio».
Los magistrados niegan que su decisión de confirmar la suspensión cautelar de ese colectivo produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales.
También respecto a esa supuesta indefensión alegada, la Sala dice que ha utilizado «todos los instrumentos legales a su alcance para hacer llegar el contenido de su resolución cautelar al mayor número posible de personas afectadas, tratando de suplir el desconocimiento absoluto de la identidad de aquellas», pues, como recuerda, los ministros Bolaños y Albares no entregaron esa lista nominal hasta que fueron amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales por parte de la Sala.
Inscritos bajo sospecha
Junto a este auto, la Sala dictó ayer un segundo auto en el que rechaza suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de esos ‘nietos’ que no podrán votar. Y no lo hace porque no vea ahí irregularidades, sino por una cuestión de tiempo. Iustitia y Vox pretendían que la suspensión cautelar de los efectos electorales de estos miles de beneficiados por la ‘ley de nietos’ se extrapolara a los hijos de estos, al entender que si los primeros no pueden votar, tampoco pueden hacerlo quienes adquirieron la nacionalidad española gracias a aquéllos. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox es de «pura lógica» y guarda una conexión material con la suspensión acordada inicialmente. «Entendemos que lo solicitado incluye medidas que son consecuencia directa y necesaria» de lo ya adoptado. En efecto, si entendemos que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA (de las 163.000 personas), lo mismo deberíamos hacer con quienes son hijos de aquéllos (…)«.
Intereses generales
Sin embargo, la Sala prioriza la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una «perturbación grave de los intereses generales».
«La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías» que se han acordado con el grupo de las ya suspendidos: notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos en pleno desarrollo de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», explica.
En este sentido los magistrados inciden en la importancia capital de la «limpieza y pulcritud del censo electoral» con la que justificaron la suspensión del voto para los 163.000 ‘nietos’. Pero «no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica que aquí se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación (…)». Abordar esa suspensión del voto para los hijos de los ‘nietos’ una semana antes del comienzo de la campaña electoral resulta contrario a ese principio, explican.
Consecuencias irreparables
En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir, los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral.
Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.
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