Santiago Abascal da un paso más en su oposición total al Gobierno de Pedro Sánchez. Este sábado, el líder de Vox ha anunciado mediante su cuenta de X que su formación promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado tras la «gravísima invasión» de Ceuta de la pasada semana. Según afirma, existen «indicios» que justifican una investigación judicial contra el Ejecutivo. Por ello, propone activar el procedimiento previsto en la Carta Magna, que atribuye al Tribunal Supremo la competencia para «exigir la responsabilidad criminal del presidente» cuando existan estos delitos. Para iniciar este procedimiento se exige que la iniciativa sea presentado por una cuarta parte —ochenta y ocho de trescientos cincuenta— de los parlamentarios de la Cámara de los Diputados y sea aprobada por mayoría absoluta. Los de Abascal lanzan la pelota, ahora, a la formación de Alberto Núñez Feijóo, quien tiene los diputados necesarios para que la propuesta sea presentada. Tras ello, necesitarían el apoyo de seis diputados más para que el proceso comenzase. Reconocen que, si dispusiesen de los escaños necesarios, ya habrían planteado la medida ante la Mesa del Congreso.El artículo 102 de la Constitución Española regula la responsabilidad penal del presidente y los miembros del Gobiernos. Según recoge, si un ministro comete un delito, solo podría ser juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, si el delito es por traición o contra la seguridad del Estado, debe ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso. Asimismo, recoge que el Rey no puede aplicar indultos a ninguno de los delitos recogidos por este artículo. Los de Abascal exigen, además, la «inmediata desclasificación y entrega» de toda la información relativa a las «comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después» de la crisis migratoria en Ceuta en la que más de 70.000 personas lograron cruzar la frontera con España desde Marruecos. Reclaman también «toda la documentación e informes» elaborados por los servicios de Inteligencia y órganos responsables de la seguridad nacional. «Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado», valoran desde Vox, añadiendo que, por eso mismo, utilizarán «todos los mecanismos constitucionales» para depurar las responsabilidades políticas y penales de la crisis. Santiago Abascal da un paso más en su oposición total al Gobierno de Pedro Sánchez. Este sábado, el líder de Vox ha anunciado mediante su cuenta de X que su formación promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado tras la «gravísima invasión» de Ceuta de la pasada semana. Según afirma, existen «indicios» que justifican una investigación judicial contra el Ejecutivo. Por ello, propone activar el procedimiento previsto en la Carta Magna, que atribuye al Tribunal Supremo la competencia para «exigir la responsabilidad criminal del presidente» cuando existan estos delitos. Para iniciar este procedimiento se exige que la iniciativa sea presentado por una cuarta parte —ochenta y ocho de trescientos cincuenta— de los parlamentarios de la Cámara de los Diputados y sea aprobada por mayoría absoluta. Los de Abascal lanzan la pelota, ahora, a la formación de Alberto Núñez Feijóo, quien tiene los diputados necesarios para que la propuesta sea presentada. Tras ello, necesitarían el apoyo de seis diputados más para que el proceso comenzase. Reconocen que, si dispusiesen de los escaños necesarios, ya habrían planteado la medida ante la Mesa del Congreso.El artículo 102 de la Constitución Española regula la responsabilidad penal del presidente y los miembros del Gobiernos. Según recoge, si un ministro comete un delito, solo podría ser juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, si el delito es por traición o contra la seguridad del Estado, debe ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso. Asimismo, recoge que el Rey no puede aplicar indultos a ninguno de los delitos recogidos por este artículo. Los de Abascal exigen, además, la «inmediata desclasificación y entrega» de toda la información relativa a las «comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después» de la crisis migratoria en Ceuta en la que más de 70.000 personas lograron cruzar la frontera con España desde Marruecos. Reclaman también «toda la documentación e informes» elaborados por los servicios de Inteligencia y órganos responsables de la seguridad nacional. «Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado», valoran desde Vox, añadiendo que, por eso mismo, utilizarán «todos los mecanismos constitucionales» para depurar las responsabilidades políticas y penales de la crisis.
Vox pide activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los miembros de su Ejecutivo por lo ocurrido en Ceuta, tras el asalto masivo de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos, argumentando … que «existen indicios que justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado».
Así lo ha anunciado el propio Santiago Abascal en sus redes sociales, donde ha asegurado que «la traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales» y que «hay indicios y evidencias más que suficientes, entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión en Ceuta».
De este modo, propone activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) la competencia para exigir «la responsabilidad criminal del presidente y los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones».
Para ello se requiere que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y que sea aprobada por mayoría absoluta de la cámara. Dado que Vox no cuenta con el número de parlamentarios suficientes, la formación «pone a sus diputados a disposición de cuantos grupos estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional».
Por tanto, el partido que lidera Abascal hace un llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas «para que permitan la apertura del procedimiento previsto por la Constitución y sea el Tribunal Supremo quien determine, tras la correspondiente investigación, si existen responsabilidades penales».
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