La Comisión Europea ha vuelto a instar al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial , para que doce de sus vocales sean elegidos por los propios jueces. Se trata de una recomendación constante en los informes sobre el Estado de derecho que el órgano comunitario publica anualmente. En el de este año, publicado este viernes y relativo a 2025, Bruselas recuerda a España que pese a que se ha logrado algún avance en el procedimiento, todavía esta «pendiente» una norma que continúe el proceso sobre los nombramientos de los miembros jueces del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial, incluida la orientación de la Comisión de Venecia sobre cómo mejorar el sistema actual.La reforma del sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo objeto de debate político y jurídico, a pesar de la reciente renovación pactada de sus 20 vocales en julio de 2024. En ella Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons se comprometieron ante el entonces comisario de Justicia Didier Reynders a reformar el actual sistema de forma que los nuevos vocales del CGPJ elaborarían una propuesta y la trasladarían al Parlamento para que se encargara de plasmarla en una ley. Sin embargo, los dos bloques del Consejo fueron incapaces de consensuar una única propuesta y presentaron dos en la que sólo la del PP cumplía ese presupuesto de que los jueces eligieran a sus pares. a carrera judicial, cumpliendo así con los mandatos del legislador.El informe señala que aunque se han logrado avances significativos en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General del Estado, parado en el Congreso con la reforma dela Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda que se debe aprovechar para fortalecer y blindar la autonomía del fiscal, «en particular en lo relativo a la separación de la duración del mandato del fiscal general respecto al del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Ninguna valoración se hace sobre la crisis de la institución tras la condena al fiscal general ni a los ataques al Tribunal Supremo que motivó esta condena a las puertas ya de 2026. Casos de corrupciónBruselas reconoce «algunos avances» para abordar la duración de las investigaciones y procedimientos judiciales en casos de corrupción de alto nivel e insta a España a que incida en este aspecto aprovechando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra en el Congreso para «reforzar el marco de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel» con el objetivo de reducir los retrasos.El informe reprocha a España que se emplee en la aplicación práctica del Plan Estatal contra la Corrupción y le emplaza a que impulse el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, y que garantice la independencia y las competencias efectivas de detección y sanción del organismo supervisor competente.Regulación de los lobbiesSobre la regulación de los grupos de interés (lobbies), señala que se han logrado «avances limitados» porque el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés todavía no ha sido aprobado por el Parlamento. Le pide que continúe el procedimiento en curso para aprobar una legislación sobre los lobbies que contemple la creación de un registro público obligatorio.También recomienda a España que complete los trabajos destinados a reforzar el acceso a la información, en particular mediante la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Administración Abierta, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales. La Comisión Europea ha vuelto a instar al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial , para que doce de sus vocales sean elegidos por los propios jueces. Se trata de una recomendación constante en los informes sobre el Estado de derecho que el órgano comunitario publica anualmente. En el de este año, publicado este viernes y relativo a 2025, Bruselas recuerda a España que pese a que se ha logrado algún avance en el procedimiento, todavía esta «pendiente» una norma que continúe el proceso sobre los nombramientos de los miembros jueces del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial, incluida la orientación de la Comisión de Venecia sobre cómo mejorar el sistema actual.La reforma del sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo objeto de debate político y jurídico, a pesar de la reciente renovación pactada de sus 20 vocales en julio de 2024. En ella Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons se comprometieron ante el entonces comisario de Justicia Didier Reynders a reformar el actual sistema de forma que los nuevos vocales del CGPJ elaborarían una propuesta y la trasladarían al Parlamento para que se encargara de plasmarla en una ley. Sin embargo, los dos bloques del Consejo fueron incapaces de consensuar una única propuesta y presentaron dos en la que sólo la del PP cumplía ese presupuesto de que los jueces eligieran a sus pares. a carrera judicial, cumpliendo así con los mandatos del legislador.El informe señala que aunque se han logrado avances significativos en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General del Estado, parado en el Congreso con la reforma dela Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda que se debe aprovechar para fortalecer y blindar la autonomía del fiscal, «en particular en lo relativo a la separación de la duración del mandato del fiscal general respecto al del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Ninguna valoración se hace sobre la crisis de la institución tras la condena al fiscal general ni a los ataques al Tribunal Supremo que motivó esta condena a las puertas ya de 2026. Casos de corrupciónBruselas reconoce «algunos avances» para abordar la duración de las investigaciones y procedimientos judiciales en casos de corrupción de alto nivel e insta a España a que incida en este aspecto aprovechando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra en el Congreso para «reforzar el marco de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel» con el objetivo de reducir los retrasos.El informe reprocha a España que se emplee en la aplicación práctica del Plan Estatal contra la Corrupción y le emplaza a que impulse el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, y que garantice la independencia y las competencias efectivas de detección y sanción del organismo supervisor competente.Regulación de los lobbiesSobre la regulación de los grupos de interés (lobbies), señala que se han logrado «avances limitados» porque el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés todavía no ha sido aprobado por el Parlamento. Le pide que continúe el procedimiento en curso para aprobar una legislación sobre los lobbies que contemple la creación de un registro público obligatorio.También recomienda a España que complete los trabajos destinados a reforzar el acceso a la información, en particular mediante la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Administración Abierta, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.
La Comisión Europea ha vuelto a instar al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, para que doce de sus vocales sean elegidos por los propios jueces. Se trata de una recomendación … constante en los informes sobre el Estado de derecho que el órgano comunitario publica anualmente.
En el de este año, publicado este viernes y relativo a 2025, Bruselas recuerda a España que pese a que se ha logrado algún avance en el procedimiento, todavía esta «pendiente» una norma que continúe el proceso sobre los nombramientos de los miembros jueces del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial, incluida la orientación de la Comisión de Venecia sobre cómo mejorar el sistema actual.
La reforma del sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo objeto de debate político y jurídico, a pesar de la reciente renovación pactada de sus 20 vocales en julio de 2024. En ella Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons se comprometieron ante el entonces comisario de Justicia Didier Reynders a reformar el actual sistema de forma que los nuevos vocales del CGPJ elaborarían una propuesta y la trasladarían al Parlamento para que se encargara de plasmarla en una ley. Sin embargo, los dos bloques del Consejo fueron incapaces de consensuar una única propuesta y presentaron dos en la que sólo la del PP cumplía ese presupuesto de que los jueces eligieran a sus pares. a carrera judicial, cumpliendo así con los mandatos del legislador.
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Casos de corrupción
Bruselas reconoce «algunos avances» para abordar la duración de las investigaciones y procedimientos judiciales en casos de corrupción de alto nivel e insta a España a que incida en este aspecto aprovechando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra en el Congreso para «reforzar el marco de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel» con el objetivo de reducir los retrasos.
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Sobre la regulación de los grupos de interés (lobbies), señala que se han logrado «avances limitados» porque el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés todavía no ha sido aprobado por el Parlamento. Le pide que continúe el procedimiento en curso para aprobar una legislación sobre los lobbies que contemple la creación de un registro público obligatorio.
También recomienda a España que complete los trabajos destinados a reforzar el acceso a la información, en particular mediante la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Administración Abierta, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.
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