La realidad contradice de nuevo al Govern. La Generalitat ha vuelto a dar marcha atrás en una de sus principales apuestas en materia lingüística. La escasez de docentes ha obligado a la Consejería de Educación que dirige Esther Niubó a flexibilizar un requisito que hasta ahora defendía como irrenunciable, la exigencia del nivel C2 de catalán -un nivel superior al C1 que deben presentar todos los funcionarios- a todo el profesorado. El Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) anunció en 2022 que lo reclamaría a partir de 2024 , sin embargo, sus planes comenzaron a desmoronarse en julio de ese año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente el decreto de usos lingüísticos que daba cobertura a la exigencia. En noviembre de 2025 el mismo tribunal ordenó levantar el bloqueo en gran parte del articulado del decreto -la medida se ratificó en febrero de 2026- y la actual consejera volvió a pedir al profesorado un nivel superior de dominio de la lengua autonómica. La falta de docentes interinos ha obligado ahora a la Generalitat a echar de nuevo marcha atrás y a flexibilizar la exigencia de este requisito. «Implementarlo comportaría una grave dificultad para cubrir vacantes», reconocían hace unos días desde el Departamento de Niubó.La decisión ha reabierto un debate que llevaba años presente entre parte del profesorado: hasta qué punto la exigencia de un mayor dominio del catalán a los docentes repercute realmente en la calidad educativa. El profesor Joan López conoce esa realidad desde dentro. Durante siete cursos consecutivos -entre septiembre de 2017 y el final del curso 2023-2024- impartió la asignatura de Música en un instituto de Manresa (Barcelona). En 2025 decidió trasladarse a la Comunidad Valenciana para continuar allí su carrera docente «sin las presiones» que han marcado su estancia en Cataluña. Ahora, desde la distancia, López observa cómo Cataluña vuelve a aplazar una medida que, a su juicio, nunca estuvo pensada para mejorar la enseñanza. «Es un despropósito más de los muchos que he visto estos años ejerciendo», denuncia en declaraciones a ABC.A su entender, centrar el debate en el nivel de dominio de la lengua autonómica que tienen los docentes desvía la atención de los problemas «verdaderamente urgentes» que impactan actualmente en la educación pública. «La Generalitat está haciendo política con un tema tan sensible como la educación. Que los profesores hablen mejor catalán no mejora el nivel de los alumnos ni tampoco resuelve los grandes problemas estructurales de la escuela catalana», sostiene el docente. «A la Generalitat -añade- solo le interesa hacer política, no le preocupa el bienestar de los alumnos ni su éxito educativo».Sabe de lo que habla porque ha visto durante siete cursos seguidos cómo la falta de recursos impacta en el día a día de la actividad lectiva. «En mi instituto no había aire acondicionado en ninguna aula, las ratios estaban a tope, faltaba materiales de laboratorio para las clases de ciencia e instrumentos para la clase de Música; de hecho, impartía mi asignatura en una aula ordinaria no preparada para impartirla», denuncia el profesor.Las elevadas ratios; la falta de infraestructuras, que obliga muchos alumnos a ser escolarizados en aulas prefabricadas, y la falta, incluso, de personal sanitario asignado a escuelas e institutos, son, según indica López, «algunos de los problemas más acuciantes de la educación pública en Cataluña que no son prioritarios para la Generalitat». «Faltan recursos para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán»La escasez de recursos impacta también de forma grave, según López, en la atención a la diversidad. «Faltan medios para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán. Es lo único que les preocupa», denuncia Joan López.El docente, que antes de recalar en Cataluña ejerció de profesor once años en Canarias, ha vivido también en sus propias carnes la «persecución al castellano» en los centros educativos. «Si un alumno se dirigía a mi en castellano le respondía en la misma lengua porque el castellano es lengua cooficial en Cataluña», dice López. Su elección, sin embargo, pronto le pasó factura, según explica. «Tardaron muy poco en marcarme por no hablar catalán a los alumnos. No estaba bien visto y tuve que sacarme un seguro a todo riesgo del coche porque me lo rayaron varias veces», asegura el profesor de Música.Joan López llegó a Cataluña en septiembre de 2017, un mes antes de que estallara ‘el procés’ y vivió en primera persona «la presión nacionalista». Recuerda que apenas unas semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la declaración unilateral de independencia se organizó una concentración en el patio de su instituto en apoyo al movimiento independentista. «Yo fui uno de los que decidió no secundarla y también quedé etiquetado por ello», afirma. «Hay persecución al castellano en las aulas»Durante aquellos años percibió, según dice, «un ambiente de presión ideológica» dentro de algunos centros. «Doy fe de que en el ámbito educativo se vivió esa presión. Hay persecución al castellano en Cataluña y también señalamiento hacia quienes no se alinean con los posicionamientos nacionalistas», sostiene el docente.Precisamente esa experiencia influyó, según admite, en su decisión de trasladarse a la Comunidad Valenciana, donde actualmente imparte clases de Música. «Desde Valencia observo con incredulidad cómo la Generalitat incumple reiteradamente las sentencias lingüísticas con total impunidad y hace política con algo tan sensible como la educación sin que los niños puedan hacer nada para defenderse», lamenta.«Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes»La marcha atrás del Govern ahora con la exigencia del nivel C2 a los profesores evidencia el delicado equilibrio entre la política lingüística y la crisis de personal que atraviesa la enseñanza pública catalana. Mientras la Generalitat insiste en que la flexibilización será excepcional y temporal, el hecho de que haya tenido que retrasar en varias ocasiones la aplicación del requisito refleja las dificultades para encontrar profesores suficientes.Para López, la conclusión resulta evidente. «Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes. El problema es que faltan profesores y la escuela tiene otras prioridades mucho más importantes.»Y concluye con una reflexión que resume su posición sobre el debate. «Que un profesor hable mejor catalán no beneficia a los alumnos ni revierte en una mejor educación. Es solo una cuestión política». La realidad contradice de nuevo al Govern. La Generalitat ha vuelto a dar marcha atrás en una de sus principales apuestas en materia lingüística. La escasez de docentes ha obligado a la Consejería de Educación que dirige Esther Niubó a flexibilizar un requisito que hasta ahora defendía como irrenunciable, la exigencia del nivel C2 de catalán -un nivel superior al C1 que deben presentar todos los funcionarios- a todo el profesorado. El Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) anunció en 2022 que lo reclamaría a partir de 2024 , sin embargo, sus planes comenzaron a desmoronarse en julio de ese año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente el decreto de usos lingüísticos que daba cobertura a la exigencia. En noviembre de 2025 el mismo tribunal ordenó levantar el bloqueo en gran parte del articulado del decreto -la medida se ratificó en febrero de 2026- y la actual consejera volvió a pedir al profesorado un nivel superior de dominio de la lengua autonómica. La falta de docentes interinos ha obligado ahora a la Generalitat a echar de nuevo marcha atrás y a flexibilizar la exigencia de este requisito. «Implementarlo comportaría una grave dificultad para cubrir vacantes», reconocían hace unos días desde el Departamento de Niubó.La decisión ha reabierto un debate que llevaba años presente entre parte del profesorado: hasta qué punto la exigencia de un mayor dominio del catalán a los docentes repercute realmente en la calidad educativa. El profesor Joan López conoce esa realidad desde dentro. Durante siete cursos consecutivos -entre septiembre de 2017 y el final del curso 2023-2024- impartió la asignatura de Música en un instituto de Manresa (Barcelona). En 2025 decidió trasladarse a la Comunidad Valenciana para continuar allí su carrera docente «sin las presiones» que han marcado su estancia en Cataluña. Ahora, desde la distancia, López observa cómo Cataluña vuelve a aplazar una medida que, a su juicio, nunca estuvo pensada para mejorar la enseñanza. «Es un despropósito más de los muchos que he visto estos años ejerciendo», denuncia en declaraciones a ABC.A su entender, centrar el debate en el nivel de dominio de la lengua autonómica que tienen los docentes desvía la atención de los problemas «verdaderamente urgentes» que impactan actualmente en la educación pública. «La Generalitat está haciendo política con un tema tan sensible como la educación. Que los profesores hablen mejor catalán no mejora el nivel de los alumnos ni tampoco resuelve los grandes problemas estructurales de la escuela catalana», sostiene el docente. «A la Generalitat -añade- solo le interesa hacer política, no le preocupa el bienestar de los alumnos ni su éxito educativo».Sabe de lo que habla porque ha visto durante siete cursos seguidos cómo la falta de recursos impacta en el día a día de la actividad lectiva. «En mi instituto no había aire acondicionado en ninguna aula, las ratios estaban a tope, faltaba materiales de laboratorio para las clases de ciencia e instrumentos para la clase de Música; de hecho, impartía mi asignatura en una aula ordinaria no preparada para impartirla», denuncia el profesor.Las elevadas ratios; la falta de infraestructuras, que obliga muchos alumnos a ser escolarizados en aulas prefabricadas, y la falta, incluso, de personal sanitario asignado a escuelas e institutos, son, según indica López, «algunos de los problemas más acuciantes de la educación pública en Cataluña que no son prioritarios para la Generalitat». «Faltan recursos para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán»La escasez de recursos impacta también de forma grave, según López, en la atención a la diversidad. «Faltan medios para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán. Es lo único que les preocupa», denuncia Joan López.El docente, que antes de recalar en Cataluña ejerció de profesor once años en Canarias, ha vivido también en sus propias carnes la «persecución al castellano» en los centros educativos. «Si un alumno se dirigía a mi en castellano le respondía en la misma lengua porque el castellano es lengua cooficial en Cataluña», dice López. Su elección, sin embargo, pronto le pasó factura, según explica. «Tardaron muy poco en marcarme por no hablar catalán a los alumnos. No estaba bien visto y tuve que sacarme un seguro a todo riesgo del coche porque me lo rayaron varias veces», asegura el profesor de Música.Joan López llegó a Cataluña en septiembre de 2017, un mes antes de que estallara ‘el procés’ y vivió en primera persona «la presión nacionalista». Recuerda que apenas unas semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la declaración unilateral de independencia se organizó una concentración en el patio de su instituto en apoyo al movimiento independentista. «Yo fui uno de los que decidió no secundarla y también quedé etiquetado por ello», afirma. «Hay persecución al castellano en las aulas»Durante aquellos años percibió, según dice, «un ambiente de presión ideológica» dentro de algunos centros. «Doy fe de que en el ámbito educativo se vivió esa presión. Hay persecución al castellano en Cataluña y también señalamiento hacia quienes no se alinean con los posicionamientos nacionalistas», sostiene el docente.Precisamente esa experiencia influyó, según admite, en su decisión de trasladarse a la Comunidad Valenciana, donde actualmente imparte clases de Música. «Desde Valencia observo con incredulidad cómo la Generalitat incumple reiteradamente las sentencias lingüísticas con total impunidad y hace política con algo tan sensible como la educación sin que los niños puedan hacer nada para defenderse», lamenta.«Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes»La marcha atrás del Govern ahora con la exigencia del nivel C2 a los profesores evidencia el delicado equilibrio entre la política lingüística y la crisis de personal que atraviesa la enseñanza pública catalana. Mientras la Generalitat insiste en que la flexibilización será excepcional y temporal, el hecho de que haya tenido que retrasar en varias ocasiones la aplicación del requisito refleja las dificultades para encontrar profesores suficientes.Para López, la conclusión resulta evidente. «Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes. El problema es que faltan profesores y la escuela tiene otras prioridades mucho más importantes.»Y concluye con una reflexión que resume su posición sobre el debate. «Que un profesor hable mejor catalán no beneficia a los alumnos ni revierte en una mejor educación. Es solo una cuestión política».
La realidad contradice de nuevo al Govern. La Generalitat ha vuelto a dar marcha atrás en una de sus principales apuestas en materia lingüística. La escasez de docentes ha obligado a la Consejería de Educación que dirige Esther Niubó a flexibilizar un requisito que … hasta ahora defendía como irrenunciable, la exigencia del nivel C2 de catalán -un nivel superior al C1 que deben presentar todos los funcionarios- a todo el profesorado. El Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) anunció en 2022 que lo reclamaría a partir de 2024 , sin embargo, sus planes comenzaron a desmoronarse en julio de ese año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente el decreto de usos lingüísticos que daba cobertura a la exigencia.
En noviembre de 2025 el mismo tribunal ordenó levantar el bloqueo en gran parte del articulado del decreto -la medida se ratificó en febrero de 2026- y la actual consejera volvió a pedir al profesorado un nivel superior de dominio de la lengua autonómica. La falta de docentes interinos ha obligado ahora a la Generalitat a echar de nuevo marcha atrás y a flexibilizar la exigencia de este requisito. «Implementarlo comportaría una grave dificultad para cubrir vacantes», reconocían hace unos días desde el Departamento de Niubó.
La decisión ha reabierto un debate que llevaba años presente entre parte del profesorado: hasta qué punto la exigencia de un mayor dominio del catalán a los docentes repercute realmente en la calidad educativa. El profesor Joan López conoce esa realidad desde dentro. Durante siete cursos consecutivos -entre septiembre de 2017 y el final del curso 2023-2024- impartió la asignatura de Música en un instituto de Manresa (Barcelona). En 2025 decidió trasladarse a la Comunidad Valenciana para continuar allí su carrera docente «sin las presiones» que han marcado su estancia en Cataluña. Ahora, desde la distancia, López observa cómo Cataluña vuelve a aplazar una medida que, a su juicio, nunca estuvo pensada para mejorar la enseñanza. «Es un despropósito más de los muchos que he visto estos años ejerciendo», denuncia en declaraciones a ABC.
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A su entender, centrar el debate en el nivel de dominio de la lengua autonómica que tienen los docentes desvía la atención de los problemas «verdaderamente urgentes» que impactan actualmente en la educación pública. «La Generalitat está haciendo política con un tema tan sensible como la educación. Que los profesores hablen mejor catalán no mejora el nivel de los alumnos ni tampoco resuelve los grandes problemas estructurales de la escuela catalana», sostiene el docente. «A la Generalitat -añade- solo le interesa hacer política, no le preocupa el bienestar de los alumnos ni su éxito educativo».
Sabe de lo que habla porque ha visto durante siete cursos seguidos cómo la falta de recursos impacta en el día a día de la actividad lectiva. «En mi instituto no había aire acondicionado en ninguna aula, las ratios estaban a tope, faltaba materiales de laboratorio para las clases de ciencia e instrumentos para la clase de Música; de hecho, impartía mi asignatura en una aula ordinaria no preparada para impartirla», denuncia el profesor.
Las elevadas ratios; la falta de infraestructuras, que obliga muchos alumnos a ser escolarizados en aulas prefabricadas, y la falta, incluso, de personal sanitario asignado a escuelas e institutos, son, según indica López, «algunos de los problemas más acuciantes de la educación pública en Cataluña que no son prioritarios para la Generalitat».
«Faltan recursos para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán»
La escasez de recursos impacta también de forma grave, según López, en la atención a la diversidad. «Faltan medios para la inclusión real de alumnos con problemas serios de integración, en situación de pobreza extrema, inmigrantes… En el caso de estos últimos, la única atención que se les presta en las aulas de acogida es para que aprendan catalán. Es lo único que les preocupa», denuncia Joan López.
El docente, que antes de recalar en Cataluña ejerció de profesor once años en Canarias, ha vivido también en sus propias carnes la «persecución al castellano» en los centros educativos. «Si un alumno se dirigía a mi en castellano le respondía en la misma lengua porque el castellano es lengua cooficial en Cataluña», dice López. Su elección, sin embargo, pronto le pasó factura, según explica. «Tardaron muy poco en marcarme por no hablar catalán a los alumnos. No estaba bien visto y tuve que sacarme un seguro a todo riesgo del coche porque me lo rayaron varias veces», asegura el profesor de Música.
Joan López llegó a Cataluña en septiembre de 2017, un mes antes de que estallara ‘el procés’ y vivió en primera persona «la presión nacionalista». Recuerda que apenas unas semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la declaración unilateral de independencia se organizó una concentración en el patio de su instituto en apoyo al movimiento independentista. «Yo fui uno de los que decidió no secundarla y también quedé etiquetado por ello», afirma.
«Hay persecución al castellano en las aulas»
Durante aquellos años percibió, según dice, «un ambiente de presión ideológica» dentro de algunos centros. «Doy fe de que en el ámbito educativo se vivió esa presión. Hay persecución al castellano en Cataluña y también señalamiento hacia quienes no se alinean con los posicionamientos nacionalistas», sostiene el docente.
Precisamente esa experiencia influyó, según admite, en su decisión de trasladarse a la Comunidad Valenciana, donde actualmente imparte clases de Música. «Desde Valencia observo con incredulidad cómo la Generalitat incumple reiteradamente las sentencias lingüísticas con total impunidad y hace política con algo tan sensible como la educación sin que los niños puedan hacer nada para defenderse», lamenta.
«Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes»
La marcha atrás del Govern ahora con la exigencia del nivel C2 a los profesores evidencia el delicado equilibrio entre la política lingüística y la crisis de personal que atraviesa la enseñanza pública catalana. Mientras la Generalitat insiste en que la flexibilización será excepcional y temporal, el hecho de que haya tenido que retrasar en varias ocasiones la aplicación del requisito refleja las dificultades para encontrar profesores suficientes.
Para López, la conclusión resulta evidente. «Si ahora se puede dar clase sin el C2 porque no hay profesores suficientes, significa que el problema nunca fue el nivel de catalán de los docentes. El problema es que faltan profesores y la escuela tiene otras prioridades mucho más importantes.»
Y concluye con una reflexión que resume su posición sobre el debate. «Que un profesor hable mejor catalán no beneficia a los alumnos ni revierte en una mejor educación. Es solo una cuestión política».
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