Una promoción de inspectores de Trabajo lleva casi dos años esperando destino tras aprobar la oposición y completar su formación Leer Una promoción de inspectores de Trabajo lleva casi dos años esperando destino tras aprobar la oposición y completar su formación Leer
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El Estado está gastando 50.000 euros al mes desde hace más de un año en pagar nóminas a medio centenar de funcionarios que, en realidad, no trabajan. Se trata de una promoción entera de inspectores de Trabajo que lleva casi dos años esperando destino tras aprobar la oposición y completar su formación. Una situación que amenaza con agravarse tras el adelanto electoral: «Hay una ausencia total de información», denuncia a EL MUNDO uno de los afectados que prefiere permanecer en el anonimato.
La última promoción de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que cuelga del departamento que dirige Yolanda Díaz, superó el proceso selectivo el 6 de marzo de 2025 y completó su formación en la Escuela de Inspección en diciembre de ese año. Sin embargo, 19 meses después no se les ha asignado un destino y, por tanto, no pueden ejercer las funciones para las que fueron seleccionados y formados.
El bloqueo tiene un importante impacto en las arcas públicas, ya que desde septiembre del año pasado estos 45 inspectores están cobrando la retribución correspondiente a los funcionarios en prácticas, el sueldo base que ronda los 1.100 euros al mes. El coste total para la Administración supera los 50.000 euros mensuales, lo que conlleva un gasto público acumulado de más de 600.000 euros.
«Nos encontramos en una situación difícil de explicar a cualquier ciudadano: hemos superado una oposición extremadamente exigente, hemos completado nuestra formación y seguimos percibiendo retribuciones públicas sin poder desempeñar ni un solo día las funciones para las que hemos sido seleccionados», lamenta otro afectado.
En este momento reina la incertidumbre. Los funcionarios permanecen atrapados en un proceso administrativo que depende de la resolución previa de un concurso de traslados de inspectores en activo. El último contacto que mantuvieron representantes de la promoción con la Inspección de Trabajo para solicitar una previsión de incorporación se produjo en junio y la respuesta que obtuvieron fue escueta: «El procedimiento continúa su tramitación con normalidad».
Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por este medio aseguran que «pronto se podrán cubrir las plazas de nuevo ingreso, que dependen del cierre anterior del concurso de traslados». Y justifican que «es el procedimiento habitual, altamente garantista con las carreras y traslados de las y los funcionarios, y que lleva unos plazos concretos que no determina el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social». Es más, desde el equipo de Díaz afirman que «esto es un tema que compete a Función Pública«, colocando así la pelota sobre el tejado del departamento que dirige Óscar López.
El limbo administrativo se agrava por la «falta de transparencia» que denuncian los afectados, más preocupados ahora si cabe tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. «La firma de algunos documentos corresponde a la subsecretaría de Función Pública, que es un cargo político, pero no sabemos si puede afectarnos el adelanto electoral porque hay una ausencia total de información oficial y de calendario«, se quejan desde la promoción.
Esta laguna comunicativa ha llevado a los inspectores a barajar informalmente escenarios que retrasarían la incorporación efectiva hasta marzo de 2027, como pronto. De materializarse esa previsión, el desembolso acumulado para el Estado superaría el millón de euros en retribuciones públicas destinadas a personal ya seleccionado y formado que continúa sin prestar servicio efectivo debido a retrasos y disfunciones administrativas en el proceso de incorporación.
«No pedimos privilegios ni tratamientos excepcionales. Pedimos simplemente poder trabajar en aquello para lo que hemos sido seleccionados, formados y por lo que la propia Administración ya está destinando recursos públicos», demandan los afectados, que apelan al trabajo «de forma coordinada» de los departamentos de Díaz y López para poner fin a esta situación lo antes posible.
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