Un mes. Ha transcurrido exactamente un mes desde que se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía, aquel 17 de mayo. Hasta hoy. Los términos más ajustados para definir la actual situación pueden ser ‘incertidumbre’, ‘intriga’ (en dos de sus acepciones), ‘espera’… pero nunca bloqueo. Jamás se proclamó un presidente antes de cumplir este periodo de tiempo, y hay que remontarse a triunfos con mayoría absoluta (el pasado 2022, 1986 y 1990) para situarse en los plazos más reducidos, que rondan o ligeramente superan este periodo.El proceso andaluz se resuelve, como norma general, en un intervalo de 38 a 45 días desde que los ciudadanos votan hasta que el presidente obtiene la confianza de la Cámara. La superioridad parlamentaria de los últimos comicios permitió al Partido Popular investir como jefe del Ejecutivo a Juanma Moreno 32 días después de acudir a las urnas. Pero en esta última llamada, los ciudadanos optaron por un Parlamento más repartido que obliga a formalizar pactos y acuerdos para armar un Gobierno. Los escenarios más similares son los de 2015 y 2018. En este último, se produjo una alianza a tres bandas entre PP, Ciudadanos y Vox, con estos últimos asegurando el apoyo en la investidura, y pese a la buena sintonía y la apuesta por el cambio desde el inicio pasaron 45 días. El caso más extremo es el anterior, cuando Susana Díaz fue elegida en cuarta votación en la Cámara con la ayuda de Ciudadanos… 81 días después.La historia no ofrece motivos para inquietarse aún. Ni las declaraciones de los protagonistas ‘condenados’ a entenderse. Con los presupuestos aprobados y una situación política relativamente cómoda y calmada en la región, el Partido Popular ha confiado en el paso del tiempo para ‘enfriar’ los ánimos tras la agresiva campaña electoral y rebajar el ‘suflé’ de Vox, en éxtasis por ser una fuerza decisiva. Por ello tardaron más de tres semanas en reunirse por vez primera (antes hubo contactos telefónicos y se retrasó la presencial por el fallecimiento de Gómez Villamandos), en una cita para marcar posiciones iniciales y que ni siquiera les sirvió para acordar la estructura de la Mesa del Parlamento. Negociaciones discretasLas declaraciones y ataques hiperbólicos de la campaña se han reducido a la mínima expresión y convertidos en mensajes mutuos de concordia y responsabilidad. Génova, sede del PP nacional, le ha dado manos libres a Juanma Moreno para establecer y fijar los límites del acuerdo; en cambio, Bambú (pseudónimo físico de Santiago Abascal) ha incorporado a una persona de confianza, Montserrat Lluis, para tutelar las negociaciones junto a Manuel Gavira, el candidato regional de Vox. Lluis ha participado de manera directa en las alianzas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así que los textos rubricados por las formaciones en estas regiones son el mejor guion para conocer sus reivindicaciones.PP y Vox representan la única posibilidad de Gobierno en Andalucía sin tener que dirigirse a unas nuevas elecciones, una repetición que no convence a nadie de los principales actores, empezando por el principal partido de la oposición (PSOE). Moreno se juega en parte su fama de moderado si cede en exceso, y por ello lamenta y tilda de irresponsable a los «partidos de izquierda que se han autoexcluido y ni siquiera se han sentado a dialogar», facilitando una abstención (con cuatro diputados de 109 bastaría). Así que tendrá que asumir algunos de los postulados de Abascal, como el concepto de prioridad nacional y sus políticas anti inmigración, siempre que tengan encaje legal.«Si su prioridad son los andaluces, no tendremos problema en ponernos de acuerdo», recalcó ayer la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán , mientras Gavira apenas se pronuncia. Un mes después, aún hay tiempo para plasmar esas buenas intenciones si de verdad se tienen. Por parte de los populares, su idea es aceptar esas conocidas peticiones de sus nuevos socios, asegurándose el apoyo en los presupuestos, pero seguir gobernando en solitario por la aplastante superioridad que le han dado los andaluces con sus votos (y que quedó manifiesta en la composición del Parlamento). Los ‘verdes’ hablan de influenciar con sus demandas ideológicas en las políticas «blandas» de Moreno y su equipo, y vigilarán penitentes para que se cumplan todas las propuestas dejadas por escrito. La principal clave a desentrañar es el reparto de sillones, que todos minimizan en público y se reclaman en privado. A escala nacional, no ven clara la entrada en el Gobierno al considerar que es una responsabilidad mayúscula con un presupuesto muy elevado, y es más cómodo fiscalizar desde fuera sin perder su postura crítica y con las elecciones municipales y nacionales en el horizonte. Es más un deseo del partido en Andalucía. No obstante, tal vez para no perder fuerza en la negociación, se asegura ante los medios que los términos del acuerdo son calcados a los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y allí sí tocan poder con dos y tres consejerías.El presidente de la Mesa, Jesús Aguirre, ha de iniciar los contactos con los grupos políticos para que presenten a un candidato para la presidencia antes de que se cumplan los 15 días hábiles, pero es una cuestión meramente formal. El futuro de Andalucía se negocia en los despachos, entre muy poca gente y menos ruido aún. Es su estrategia: un pacto discreto y formal. Es hasta posible que se firme antes de la primera investidura de Moreno. Nunca es tarde, y menos cuando anda en juego los cuatro futuros años de la comunidad más poblada del país. Un mes. Ha transcurrido exactamente un mes desde que se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía, aquel 17 de mayo. Hasta hoy. Los términos más ajustados para definir la actual situación pueden ser ‘incertidumbre’, ‘intriga’ (en dos de sus acepciones), ‘espera’… pero nunca bloqueo. Jamás se proclamó un presidente antes de cumplir este periodo de tiempo, y hay que remontarse a triunfos con mayoría absoluta (el pasado 2022, 1986 y 1990) para situarse en los plazos más reducidos, que rondan o ligeramente superan este periodo.El proceso andaluz se resuelve, como norma general, en un intervalo de 38 a 45 días desde que los ciudadanos votan hasta que el presidente obtiene la confianza de la Cámara. La superioridad parlamentaria de los últimos comicios permitió al Partido Popular investir como jefe del Ejecutivo a Juanma Moreno 32 días después de acudir a las urnas. Pero en esta última llamada, los ciudadanos optaron por un Parlamento más repartido que obliga a formalizar pactos y acuerdos para armar un Gobierno. Los escenarios más similares son los de 2015 y 2018. En este último, se produjo una alianza a tres bandas entre PP, Ciudadanos y Vox, con estos últimos asegurando el apoyo en la investidura, y pese a la buena sintonía y la apuesta por el cambio desde el inicio pasaron 45 días. El caso más extremo es el anterior, cuando Susana Díaz fue elegida en cuarta votación en la Cámara con la ayuda de Ciudadanos… 81 días después.La historia no ofrece motivos para inquietarse aún. Ni las declaraciones de los protagonistas ‘condenados’ a entenderse. Con los presupuestos aprobados y una situación política relativamente cómoda y calmada en la región, el Partido Popular ha confiado en el paso del tiempo para ‘enfriar’ los ánimos tras la agresiva campaña electoral y rebajar el ‘suflé’ de Vox, en éxtasis por ser una fuerza decisiva. Por ello tardaron más de tres semanas en reunirse por vez primera (antes hubo contactos telefónicos y se retrasó la presencial por el fallecimiento de Gómez Villamandos), en una cita para marcar posiciones iniciales y que ni siquiera les sirvió para acordar la estructura de la Mesa del Parlamento. Negociaciones discretasLas declaraciones y ataques hiperbólicos de la campaña se han reducido a la mínima expresión y convertidos en mensajes mutuos de concordia y responsabilidad. Génova, sede del PP nacional, le ha dado manos libres a Juanma Moreno para establecer y fijar los límites del acuerdo; en cambio, Bambú (pseudónimo físico de Santiago Abascal) ha incorporado a una persona de confianza, Montserrat Lluis, para tutelar las negociaciones junto a Manuel Gavira, el candidato regional de Vox. Lluis ha participado de manera directa en las alianzas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así que los textos rubricados por las formaciones en estas regiones son el mejor guion para conocer sus reivindicaciones.PP y Vox representan la única posibilidad de Gobierno en Andalucía sin tener que dirigirse a unas nuevas elecciones, una repetición que no convence a nadie de los principales actores, empezando por el principal partido de la oposición (PSOE). Moreno se juega en parte su fama de moderado si cede en exceso, y por ello lamenta y tilda de irresponsable a los «partidos de izquierda que se han autoexcluido y ni siquiera se han sentado a dialogar», facilitando una abstención (con cuatro diputados de 109 bastaría). Así que tendrá que asumir algunos de los postulados de Abascal, como el concepto de prioridad nacional y sus políticas anti inmigración, siempre que tengan encaje legal.«Si su prioridad son los andaluces, no tendremos problema en ponernos de acuerdo», recalcó ayer la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán , mientras Gavira apenas se pronuncia. Un mes después, aún hay tiempo para plasmar esas buenas intenciones si de verdad se tienen. Por parte de los populares, su idea es aceptar esas conocidas peticiones de sus nuevos socios, asegurándose el apoyo en los presupuestos, pero seguir gobernando en solitario por la aplastante superioridad que le han dado los andaluces con sus votos (y que quedó manifiesta en la composición del Parlamento). Los ‘verdes’ hablan de influenciar con sus demandas ideológicas en las políticas «blandas» de Moreno y su equipo, y vigilarán penitentes para que se cumplan todas las propuestas dejadas por escrito. La principal clave a desentrañar es el reparto de sillones, que todos minimizan en público y se reclaman en privado. A escala nacional, no ven clara la entrada en el Gobierno al considerar que es una responsabilidad mayúscula con un presupuesto muy elevado, y es más cómodo fiscalizar desde fuera sin perder su postura crítica y con las elecciones municipales y nacionales en el horizonte. Es más un deseo del partido en Andalucía. No obstante, tal vez para no perder fuerza en la negociación, se asegura ante los medios que los términos del acuerdo son calcados a los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y allí sí tocan poder con dos y tres consejerías.El presidente de la Mesa, Jesús Aguirre, ha de iniciar los contactos con los grupos políticos para que presenten a un candidato para la presidencia antes de que se cumplan los 15 días hábiles, pero es una cuestión meramente formal. El futuro de Andalucía se negocia en los despachos, entre muy poca gente y menos ruido aún. Es su estrategia: un pacto discreto y formal. Es hasta posible que se firme antes de la primera investidura de Moreno. Nunca es tarde, y menos cuando anda en juego los cuatro futuros años de la comunidad más poblada del país.
Un mes. Ha transcurrido exactamente un mes desde que se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía, aquel 17 de mayo. Hasta hoy. Los términos más ajustados para definir la actual situación pueden ser ‘incertidumbre’, ‘intriga’ (en dos de sus acepciones), ‘espera’… pero … nunca bloqueo. Jamás se proclamó un presidente antes de cumplir este periodo de tiempo, y hay que remontarse a triunfos con mayoría absoluta (el pasado 2022, 1986 y 1990) para situarse en los plazos más reducidos, que rondan o ligeramente superan este periodo.
El proceso andaluz se resuelve, como norma general, en un intervalo de 38 a 45 días desde que los ciudadanos votan hasta que el presidente obtiene la confianza de la Cámara. La superioridad parlamentaria de los últimos comicios permitió al Partido Popular investir como jefe del Ejecutivo a Juanma Moreno 32 días después de acudir a las urnas. Pero en esta última llamada, los ciudadanos optaron por un Parlamento más repartido que obliga a formalizar pactos y acuerdos para armar un Gobierno.
Los escenarios más similares son los de 2015 y 2018. En este último, se produjo una alianza a tres bandas entre PP, Ciudadanos y Vox, con estos últimos asegurando el apoyo en la investidura, y pese a la buena sintonía y la apuesta por el cambio desde el inicio pasaron 45 días. El caso más extremo es el anterior, cuando Susana Díaz fue elegida en cuarta votación en la Cámara con la ayuda de Ciudadanos… 81 días después.
La historia no ofrece motivos para inquietarse aún. Ni las declaraciones de los protagonistas ‘condenados’ a entenderse. Con los presupuestos aprobados y una situación política relativamente cómoda y calmada en la región, el Partido Popular ha confiado en el paso del tiempo para ‘enfriar’ los ánimos tras la agresiva campaña electoral y rebajar el ‘suflé’ de Vox, en éxtasis por ser una fuerza decisiva.
Por ello tardaron más de tres semanas en reunirse por vez primera (antes hubo contactos telefónicos y se retrasó la presencial por el fallecimiento de Gómez Villamandos), en una cita para marcar posiciones iniciales y que ni siquiera les sirvió para acordar la estructura de la Mesa del Parlamento.
Negociaciones discretas
Las declaraciones y ataques hiperbólicos de la campaña se han reducido a la mínima expresión y convertidos en mensajes mutuos de concordia y responsabilidad. Génova, sede del PP nacional, le ha dado manos libres a Juanma Moreno para establecer y fijar los límites del acuerdo; en cambio, Bambú (pseudónimo físico de Santiago Abascal) ha incorporado a una persona de confianza, Montserrat Lluis, para tutelar las negociaciones junto a Manuel Gavira, el candidato regional de Vox. Lluis ha participado de manera directa en las alianzas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así que los textos rubricados por las formaciones en estas regiones son el mejor guion para conocer sus reivindicaciones.
PP y Vox representan la única posibilidad de Gobierno en Andalucía sin tener que dirigirse a unas nuevas elecciones, una repetición que no convence a nadie de los principales actores, empezando por el principal partido de la oposición (PSOE). Moreno se juega en parte su fama de moderado si cede en exceso, y por ello lamenta y tilda de irresponsable a los «partidos de izquierda que se han autoexcluido y ni siquiera se han sentado a dialogar», facilitando una abstención (con cuatro diputados de 109 bastaría). Así que tendrá que asumir algunos de los postulados de Abascal, como el concepto de prioridad nacional y sus políticas anti inmigración, siempre que tengan encaje legal.
«Si su prioridad son los andaluces, no tendremos problema en ponernos de acuerdo», recalcó ayer la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, mientras Gavira apenas se pronuncia. Un mes después, aún hay tiempo para plasmar esas buenas intenciones si de verdad se tienen. Por parte de los populares, su idea es aceptar esas conocidas peticiones de sus nuevos socios, asegurándose el apoyo en los presupuestos, pero seguir gobernando en solitario por la aplastante superioridad que le han dado los andaluces con sus votos (y que quedó manifiesta en la composición del Parlamento). Los ‘verdes’ hablan de influenciar con sus demandas ideológicas en las políticas «blandas» de Moreno y su equipo, y vigilarán penitentes para que se cumplan todas las propuestas dejadas por escrito.
La principal clave a desentrañar es el reparto de sillones, que todos minimizan en público y se reclaman en privado. A escala nacional, no ven clara la entrada en el Gobierno al considerar que es una responsabilidad mayúscula con un presupuesto muy elevado, y es más cómodo fiscalizar desde fuera sin perder su postura crítica y con las elecciones municipales y nacionales en el horizonte. Es más un deseo del partido en Andalucía. No obstante, tal vez para no perder fuerza en la negociación, se asegura ante los medios que los términos del acuerdo son calcados a los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y allí sí tocan poder con dos y tres consejerías.
El presidente de la Mesa, Jesús Aguirre, ha de iniciar los contactos con los grupos políticos para que presenten a un candidato para la presidencia antes de que se cumplan los 15 días hábiles, pero es una cuestión meramente formal. El futuro de Andalucía se negocia en los despachos, entre muy poca gente y menos ruido aún. Es su estrategia: un pacto discreto y formal. Es hasta posible que se firme antes de la primera investidura de Moreno. Nunca es tarde, y menos cuando anda en juego los cuatro futuros años de la comunidad más poblada del país.
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