El Gobierno de España, antes de disolver las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales, ha dejado a los pies del lehendakari vasco el enésimo regalo de esta última legislatura que acaba de expirar. Tal y como recoge la comisión mixta del concierto económico, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rubricado el acuerdo para la financiación complementaria del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en la citada comunidad.Al igual que se comprometió su predecesora, la andaluza María Jesús Montero, el Estado abona el 50% del presupuesto destinado a ayudar a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, han perdido de forma permanente su autonomía funcional y necesitan apoyo. Es lo que obliga la ley, pero en este pacto se deja por escrito para evitar el incumplimiento reiterado de los últimos años. Para cumplir con el País Vasco, se ha tenido que recurrir al crédito extraordinario este 2026 de 50 millones de euros al no haberse aprobado las cuentas generales del Estado por tercer año consecutivo.En cambio, lo que se firma en este convenio bilateral con Euskadi no se hace con las otras 16 comunidades que conforman la nación. Un nuevo agravio especialmente hiriente para Andalucía, que en los presupuestos anteriores ha aportado el 70% mientras veía que el Ejecutivo central llegaba al 30% a duras penas.Riesgo de trato desigualMientras que al norte se le aporta en plazo lo que le corresponde, las demás se ponen a la cola. A esperar. En septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la gran reforma de la dependencia y la discapacidad, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión (el Gobierno se agarraba a la ambigüedad del texto anterior). Pero, en la disposición adicional vigésima de la reforma, se expone claramente que «el Gobierno constituirá un grupo de trabajo en un plazo máximo de 12 meses en el seno del Consejo Territorial».El País Vasco ya lo tiene garantizado para 2027 y Andalucía, con casi total probabilidad, deberá hacer un esfuerzo mayor para compensar esa carencia estatal. Hay que constituir ese grupo, en un plazo de un año , y a partir de entonces se realizará un análisis pormenorizado de las necesidades financieras del sistema para fijar los criterios uniformes para calcular y certificar el gasto de dependencia. Para colmo, se acaban de cruzar los comicios nacionales, que mantendrán esta parálisis en el Congreso varios meses más.Las comunidades han mostrado su rechazo a este trato discriminatorio y temen que se repita la misma fórmula con Cataluña , donde gobierna Salvador Illa y mandan los nacionalistas que han mantenido y esperar mantener a Sánchez en Moncloa.A diferencia del resto de comunidades autónomas del régimen común, Cataluña obtiene una disposición específica (la decimonovena) en la propia norma que vincula la aplicación de la ley a su Estatuto de Autonomía. Sin adelantar nada concreto pero en vistas a contar con un apartado distinguido, se entiende que puede servir como vía o puerta de entrada para articular un modelo de relación bilateral diferenciado. Trato diferente para CataluñaDispone que las relaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat se regirán por la colaboración, la cooperación y la adecuación al orden de distribución de competencias de la Constitución y su Estatuto. Justo a continuación, la Disposición Adicional Vigésima remite al conjunto de las comunidades autónomas a un grupo de trabajo multilateral en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales para analizar las necesidades de financiación del sistema. Un canal diferenciado.La insistencia por acabar con esta discriminación a Andalucía ha sido el gran ariete de la consejería que dirige Loles López. El sistema andaluz atiende a más de 358.000 personas y concede más de 564.000 prestaciones, aumentando un 69% con respecto a 2018 y duplicándose las ayudas. Un gigante mayúsculo que consume una abrumadora energía, tanto económica como de recursos, y que además arrastra una lacra histórica difícil de digerir por la sociedad. El tiempo de espera es de 413 días y, aunque se vaya reduciendo cada mes, sigue siendo inasumible.Por ello, el Grupo Popular presentó en el Parlamento andaluz una PNL (Proposición no de Ley) en 2025 para rechazar el agravio del Gobierno de España en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y necesidad de su compromiso para garantizar su suficiencia y sostenibilidad.Fue aprobada por el Pleno con 59 votos a favor (PP y Adelante Andalucía) y 49 votos en contra (PSOE, Vox y Por Andalucía). Esa proposición califica de «agravio discriminatorio» que el Ejecutivo garantice bilateralmente la financiación del 50% de la dependencia a Euskadi mientras niega esa cofinanciación al resto de territorios. En la Junta no entienden que parlamentarios andaluces que deben defender a esta tierra apoyen antes a los habitantes vascos que a sus propios ciudadanos. «Es incomprensible que los diputados del PSOE andaluz antepongan la disciplina de voto a Sánchez y prefieran defender los pactos bilaterales con el País Vasco antes que defender el derecho de los dependientes de su propia tierra a recibir una cofinanciación justa al 50%».El resultado es una brecha que Andalucía considera injustificable: el compromiso de cofinanciación se concreta para el País Vasco, mientras el resto de comunidades queda pendiente de un grupo de trabajo y de futuras decisiones. La igualdad en la atención a la dependencia no debería depender de la capacidad de cada territorio para cerrar acuerdos bilaterales con el Gobierno. El Gobierno de España, antes de disolver las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales, ha dejado a los pies del lehendakari vasco el enésimo regalo de esta última legislatura que acaba de expirar. Tal y como recoge la comisión mixta del concierto económico, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rubricado el acuerdo para la financiación complementaria del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en la citada comunidad.Al igual que se comprometió su predecesora, la andaluza María Jesús Montero, el Estado abona el 50% del presupuesto destinado a ayudar a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, han perdido de forma permanente su autonomía funcional y necesitan apoyo. Es lo que obliga la ley, pero en este pacto se deja por escrito para evitar el incumplimiento reiterado de los últimos años. Para cumplir con el País Vasco, se ha tenido que recurrir al crédito extraordinario este 2026 de 50 millones de euros al no haberse aprobado las cuentas generales del Estado por tercer año consecutivo.En cambio, lo que se firma en este convenio bilateral con Euskadi no se hace con las otras 16 comunidades que conforman la nación. Un nuevo agravio especialmente hiriente para Andalucía, que en los presupuestos anteriores ha aportado el 70% mientras veía que el Ejecutivo central llegaba al 30% a duras penas.Riesgo de trato desigualMientras que al norte se le aporta en plazo lo que le corresponde, las demás se ponen a la cola. A esperar. En septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la gran reforma de la dependencia y la discapacidad, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión (el Gobierno se agarraba a la ambigüedad del texto anterior). Pero, en la disposición adicional vigésima de la reforma, se expone claramente que «el Gobierno constituirá un grupo de trabajo en un plazo máximo de 12 meses en el seno del Consejo Territorial».El País Vasco ya lo tiene garantizado para 2027 y Andalucía, con casi total probabilidad, deberá hacer un esfuerzo mayor para compensar esa carencia estatal. Hay que constituir ese grupo, en un plazo de un año , y a partir de entonces se realizará un análisis pormenorizado de las necesidades financieras del sistema para fijar los criterios uniformes para calcular y certificar el gasto de dependencia. Para colmo, se acaban de cruzar los comicios nacionales, que mantendrán esta parálisis en el Congreso varios meses más.Las comunidades han mostrado su rechazo a este trato discriminatorio y temen que se repita la misma fórmula con Cataluña , donde gobierna Salvador Illa y mandan los nacionalistas que han mantenido y esperar mantener a Sánchez en Moncloa.A diferencia del resto de comunidades autónomas del régimen común, Cataluña obtiene una disposición específica (la decimonovena) en la propia norma que vincula la aplicación de la ley a su Estatuto de Autonomía. Sin adelantar nada concreto pero en vistas a contar con un apartado distinguido, se entiende que puede servir como vía o puerta de entrada para articular un modelo de relación bilateral diferenciado. Trato diferente para CataluñaDispone que las relaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat se regirán por la colaboración, la cooperación y la adecuación al orden de distribución de competencias de la Constitución y su Estatuto. Justo a continuación, la Disposición Adicional Vigésima remite al conjunto de las comunidades autónomas a un grupo de trabajo multilateral en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales para analizar las necesidades de financiación del sistema. Un canal diferenciado.La insistencia por acabar con esta discriminación a Andalucía ha sido el gran ariete de la consejería que dirige Loles López. El sistema andaluz atiende a más de 358.000 personas y concede más de 564.000 prestaciones, aumentando un 69% con respecto a 2018 y duplicándose las ayudas. Un gigante mayúsculo que consume una abrumadora energía, tanto económica como de recursos, y que además arrastra una lacra histórica difícil de digerir por la sociedad. El tiempo de espera es de 413 días y, aunque se vaya reduciendo cada mes, sigue siendo inasumible.Por ello, el Grupo Popular presentó en el Parlamento andaluz una PNL (Proposición no de Ley) en 2025 para rechazar el agravio del Gobierno de España en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y necesidad de su compromiso para garantizar su suficiencia y sostenibilidad.Fue aprobada por el Pleno con 59 votos a favor (PP y Adelante Andalucía) y 49 votos en contra (PSOE, Vox y Por Andalucía). Esa proposición califica de «agravio discriminatorio» que el Ejecutivo garantice bilateralmente la financiación del 50% de la dependencia a Euskadi mientras niega esa cofinanciación al resto de territorios. En la Junta no entienden que parlamentarios andaluces que deben defender a esta tierra apoyen antes a los habitantes vascos que a sus propios ciudadanos. «Es incomprensible que los diputados del PSOE andaluz antepongan la disciplina de voto a Sánchez y prefieran defender los pactos bilaterales con el País Vasco antes que defender el derecho de los dependientes de su propia tierra a recibir una cofinanciación justa al 50%».El resultado es una brecha que Andalucía considera injustificable: el compromiso de cofinanciación se concreta para el País Vasco, mientras el resto de comunidades queda pendiente de un grupo de trabajo y de futuras decisiones. La igualdad en la atención a la dependencia no debería depender de la capacidad de cada territorio para cerrar acuerdos bilaterales con el Gobierno.
El Gobierno de España, antes de disolver las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales, ha dejado a los pies del lehendakari vasco el enésimo regalo de esta última legislatura que acaba de expirar. Tal y como recoge la comisión mixta del … concierto económico, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rubricado el acuerdo para la financiación complementaria del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en la citada comunidad.
Al igual que se comprometió su predecesora, la andaluza María Jesús Montero, el Estado abona el 50% del presupuesto destinado a ayudar a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, han perdido de forma permanente su autonomía funcional y necesitan apoyo. Es lo que obliga la ley, pero en este pacto se deja por escrito para evitar el incumplimiento reiterado de los últimos años. Para cumplir con el País Vasco, se ha tenido que recurrir al crédito extraordinario este 2026 de 50 millones de euros al no haberse aprobado las cuentas generales del Estado por tercer año consecutivo.
En cambio, lo que se firma en este convenio bilateral con Euskadi no se hace con las otras 16 comunidades que conforman la nación. Un nuevo agravio especialmente hiriente para Andalucía, que en los presupuestos anteriores ha aportado el 70% mientras veía que el Ejecutivo central llegaba al 30% a duras penas.
Riesgo de trato desigual
Mientras que al norte se le aporta en plazo lo que le corresponde, las demás se ponen a la cola. A esperar. En septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la gran reforma de la dependencia y la discapacidad, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión (el Gobierno se agarraba a la ambigüedad del texto anterior). Pero, en la disposición adicional vigésima de la reforma, se expone claramente que «el Gobierno constituirá un grupo de trabajo en un plazo máximo de 12 meses en el seno del Consejo Territorial».
El País Vasco ya lo tiene garantizado para 2027 y Andalucía, con casi total probabilidad, deberá hacer un esfuerzo mayor para compensar esa carencia estatal. Hay que constituir ese grupo, en un plazo de un año, y a partir de entonces se realizará un análisis pormenorizado de las necesidades financieras del sistema para fijar los criterios uniformes para calcular y certificar el gasto de dependencia. Para colmo, se acaban de cruzar los comicios nacionales, que mantendrán esta parálisis en el Congreso varios meses más.
Las comunidades han mostrado su rechazo a este trato discriminatorio y temen que se repita la misma fórmula con Cataluña, donde gobierna Salvador Illa y mandan los nacionalistas que han mantenido y esperar mantener a Sánchez en Moncloa.
A diferencia del resto de comunidades autónomas del régimen común, Cataluña obtiene una disposición específica (la decimonovena) en la propia norma que vincula la aplicación de la ley a su Estatuto de Autonomía. Sin adelantar nada concreto pero en vistas a contar con un apartado distinguido, se entiende que puede servir como vía o puerta de entrada para articular un modelo de relación bilateral diferenciado.
Trato diferente para Cataluña
Dispone que las relaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat se regirán por la colaboración, la cooperación y la adecuación al orden de distribución de competencias de la Constitución y su Estatuto.
Justo a continuación, la Disposición Adicional Vigésima remite al conjunto de las comunidades autónomas a un grupo de trabajo multilateral en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales para analizar las necesidades de financiación del sistema. Un canal diferenciado.
La insistencia por acabar con esta discriminación a Andalucía ha sido el gran ariete de la consejería que dirige Loles López. El sistema andaluz atiende a más de 358.000 personas y concede más de 564.000 prestaciones, aumentando un 69% con respecto a 2018 y duplicándose las ayudas. Un gigante mayúsculo que consume una abrumadora energía, tanto económica como de recursos, y que además arrastra una lacra histórica difícil de digerir por la sociedad. El tiempo de espera es de 413 días y, aunque se vaya reduciendo cada mes, sigue siendo inasumible.
Por ello, el Grupo Popular presentó en el Parlamento andaluz una PNL (Proposición no de Ley) en 2025 para rechazar el agravio del Gobierno de España en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y necesidad de su compromiso para garantizar su suficiencia y sostenibilidad.
Fue aprobada por el Pleno con 59 votos a favor (PP y Adelante Andalucía) y 49 votos en contra (PSOE, Vox y Por Andalucía). Esa proposición califica de «agravio discriminatorio» que el Ejecutivo garantice bilateralmente la financiación del 50% de la dependencia a Euskadi mientras niega esa cofinanciación al resto de territorios.
En la Junta no entienden que parlamentarios andaluces que deben defender a esta tierra apoyen antes a los habitantes vascos que a sus propios ciudadanos. «Es incomprensible que los diputados del PSOE andaluz antepongan la disciplina de voto a Sánchez y prefieran defender los pactos bilaterales con el País Vasco antes que defender el derecho de los dependientes de su propia tierra a recibir una cofinanciación justa al 50%».
El resultado es una brecha que Andalucía considera injustificable: el compromiso de cofinanciación se concreta para el País Vasco, mientras el resto de comunidades queda pendiente de un grupo de trabajo y de futuras decisiones. La igualdad en la atención a la dependencia no debería depender de la capacidad de cada territorio para cerrar acuerdos bilaterales con el Gobierno.
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