El juez Vilaplana investiga los 85 millones que el Gobierno andaluz del PSOE pagó por comprar inmuebles que ya eran suyos

La Junta de Andalucía desembolsó 85 millones de euros para adquirir parcelas e instalaciones industriales que, en la práctica, ya eran suyas. Las operaciones de compraventa fueron realizadas entre los años 2008 y 2010, bajo los gobiernos del PSOE, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Dicho organismo autonómico compró fincas por un montante de 84.998.874 euros a Santana Motor SA, la compañía que gestionaba la planta automovilística de Linares (Jaén) cerrada en febrero de 2011. El comprador y vendedor venían a ser el mismo actor bajo denominaciones jurídicas distintas: IDEA era la única accionista y dueña absoluta de la factoría desde que en 1995 acudiera a su rescate para evitar el despido de 2.400 empleados tras la espantada de la multinacional japonesa Suzuki. Aquel trasvase inmobiliario de ida y vuelta no fue una simple reorganización patrimonial, sino una obra de ingeniería financiera concebida para inyectar dinero público a marchas forzadas en una empresa pública en declive desde la década de los noventa del siglo pasado.El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga el traspaso de inmuebles. La Junta de Andalucía llevó a cabo «compraventas de escasa o nula utilidad económica » mediante la agencia IDEA, la cual «ya era indirecta y verdadera titular de los inmuebles al ser la propietaria -socio único- de Santana Motor», advirtió el juez en un auto dictado el pasado 16 de octubre y adelantado por ABC.Las transacciones sobre parcelas en desuso del parque industrial tenían como propósito prioritario atender «de manera urgente las necesidades financieras» de una factoría ahogada por las deudas, explicó el instructor. A pesar de la incesante inyección de fondos públicos, Santana Motor terminó echando el cierre en febrero de 2011. Dichas operaciones están siendo analizadas por el juez instructor y por la Fiscalía Anticorrupción en el seno de una pieza separada que se desgajó en el año 2022 de la macrocausa principal que gira en torno a los recursos públicos dilapidados en la antigua factoría de Linares.En su última resolución, el juez José Ignacio Vilaplana citó como investigados a 18 ex altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía, encabezados por el consejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano, por el presunto desvío millonario de ayudas para unos 750 extrabajadores del complejo industrial centrada en el denominado Plan Linares Futuro.Con anterioridad, en el año 2022, el magistrado había abierto otra investigación centrada en los supuestos «delitos de prevaricación administrativa y malversación » cometidos por los responsables que autorizaron y firmaron la compra del suelo. La Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Sevilla, en un atestado previo, había alertado de que algunos de los desembolsos se efectuaron «sin autorización legal». Ocho imputados por el traspaso inmobiliarioEn la rama inmobiliaria del caso se encuentran imputados tres antiguos ejecutivos del grupo automovilístico y cinco ex cargos autonómicos. En la nómina de investigados destacan dos ex directores generales de la agencia IDEA , Jacinto Cañete y Antonio Valverde, junto a Bienvenido Martínez Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de la propia agencia IDEA y expresidente de Santana Motor. Es además cuñado de la que fuera directora de la Guardia Civil con el ministro Fernando Grande-Marlaska, María Gámez.Quince años después del apagado definitivo de la cadena de montaje, la Justicia intenta seguir la pista del dinero gastado en el fallido reflotamiento de una planta que en sus mejores años alcanzó renombre mundial ensamblando los míticos todoterrenos Land Rover , símbolo de la automoción española hasta su irreversible deterioro comercial en la década de los noventa. En el auto del pasado 16 de octubre, el magistrado subraya que estas maniobras de financiación irregular no fueron hechos aislados, sino que se integraron en un escenario de «continua transferencia y provisión de fondos realizadas desde IDEA (antes llamada IFA) al Grupo Santana Motor a través de distintos convenios, planes e instrumentos».Las fincas compradas por la Agencia IDEA a la empresa de su propiedad Santana Motor se depreciaron 11,5 millones de euros a los pocos añosUno de los programas que se está investigando fue el Plan Linares Futuro, que puso en marcha el Gobierno andaluz del PSOE junto a los sindicatos UGT y CCOO en febrero de 2011. La iniciativa prometía la prejubilación y posterior recolocación de unos 800 operarios de la planta y de sus empresas auxiliares mediante la supuesta implantación de cinco nuevas firmas comerciales. El dinero público fluyó por múltiples cauces paralelos. Entre 2008 y 2011, al margen de los más de 100 millones de euros repartidos entre los empleados a través de la Consejería de Empleo con la partida presupuestaria de los ERE, la Agencia IDEA concedió un préstamo reembolsable «ficticio» de 36.105.544 euros a Santana Motor. El pretexto formal era proyectar y construir el modelo Massif, un vehículo todoterreno orientado a las fuerzas armadas. Por este crédito, que en realidad era una ayuda a fondo perdido, hay acusados seis ex cargos del PSOE, a la espera de celebrarse el juicio oral.El préstamo para el vehículo militar y la adquisición de las fincas de la propia factoría costó al erario público un quebranto de 121.104.418 euros entre 2008 y 2011 . Aunque terminaron alargando la agonía de Santana Motor, las compras de activos inmobiliarios resultaron ser un pésimo negocio para los contribuyentes andaluces. El informe definitivo de cuentas anuales y el programa de actuación, inversiones y financiación de la agencia IDEA correspondiente al ejercicio 2015 reveló que los terrenos adquiridos a Santana sufrieron una depreciación de 11,49 millones de euros al actualizarse los informes de tasación oficial.La sangría presupuestaria no se detuvo ni siquiera cuando la decisión de liquidar la empresa ya tomada por el Gobierno andaluz. La contabilidad interna de Santana Motor constata que la Agencia IDEA inyectó, solo a la sociedad matriz y sin computar las empresas filiales del grupo, una suma de 90.622.000 euros a lo largo del ejercicio 2011. La cifra se elevó a 99.136.000 euros adicionales durante el año 2012. Se siguieron transfiriendo caudales públicos a una mercantil cuya disolución había sido acordada en abril de 2011 por la propia Administración autonómica. La Junta de Andalucía desembolsó 85 millones de euros para adquirir parcelas e instalaciones industriales que, en la práctica, ya eran suyas. Las operaciones de compraventa fueron realizadas entre los años 2008 y 2010, bajo los gobiernos del PSOE, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Dicho organismo autonómico compró fincas por un montante de 84.998.874 euros a Santana Motor SA, la compañía que gestionaba la planta automovilística de Linares (Jaén) cerrada en febrero de 2011. El comprador y vendedor venían a ser el mismo actor bajo denominaciones jurídicas distintas: IDEA era la única accionista y dueña absoluta de la factoría desde que en 1995 acudiera a su rescate para evitar el despido de 2.400 empleados tras la espantada de la multinacional japonesa Suzuki. Aquel trasvase inmobiliario de ida y vuelta no fue una simple reorganización patrimonial, sino una obra de ingeniería financiera concebida para inyectar dinero público a marchas forzadas en una empresa pública en declive desde la década de los noventa del siglo pasado.El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga el traspaso de inmuebles. La Junta de Andalucía llevó a cabo «compraventas de escasa o nula utilidad económica » mediante la agencia IDEA, la cual «ya era indirecta y verdadera titular de los inmuebles al ser la propietaria -socio único- de Santana Motor», advirtió el juez en un auto dictado el pasado 16 de octubre y adelantado por ABC.Las transacciones sobre parcelas en desuso del parque industrial tenían como propósito prioritario atender «de manera urgente las necesidades financieras» de una factoría ahogada por las deudas, explicó el instructor. A pesar de la incesante inyección de fondos públicos, Santana Motor terminó echando el cierre en febrero de 2011. Dichas operaciones están siendo analizadas por el juez instructor y por la Fiscalía Anticorrupción en el seno de una pieza separada que se desgajó en el año 2022 de la macrocausa principal que gira en torno a los recursos públicos dilapidados en la antigua factoría de Linares.En su última resolución, el juez José Ignacio Vilaplana citó como investigados a 18 ex altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía, encabezados por el consejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano, por el presunto desvío millonario de ayudas para unos 750 extrabajadores del complejo industrial centrada en el denominado Plan Linares Futuro.Con anterioridad, en el año 2022, el magistrado había abierto otra investigación centrada en los supuestos «delitos de prevaricación administrativa y malversación » cometidos por los responsables que autorizaron y firmaron la compra del suelo. La Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Sevilla, en un atestado previo, había alertado de que algunos de los desembolsos se efectuaron «sin autorización legal». Ocho imputados por el traspaso inmobiliarioEn la rama inmobiliaria del caso se encuentran imputados tres antiguos ejecutivos del grupo automovilístico y cinco ex cargos autonómicos. En la nómina de investigados destacan dos ex directores generales de la agencia IDEA , Jacinto Cañete y Antonio Valverde, junto a Bienvenido Martínez Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de la propia agencia IDEA y expresidente de Santana Motor. Es además cuñado de la que fuera directora de la Guardia Civil con el ministro Fernando Grande-Marlaska, María Gámez.Quince años después del apagado definitivo de la cadena de montaje, la Justicia intenta seguir la pista del dinero gastado en el fallido reflotamiento de una planta que en sus mejores años alcanzó renombre mundial ensamblando los míticos todoterrenos Land Rover , símbolo de la automoción española hasta su irreversible deterioro comercial en la década de los noventa. En el auto del pasado 16 de octubre, el magistrado subraya que estas maniobras de financiación irregular no fueron hechos aislados, sino que se integraron en un escenario de «continua transferencia y provisión de fondos realizadas desde IDEA (antes llamada IFA) al Grupo Santana Motor a través de distintos convenios, planes e instrumentos».Las fincas compradas por la Agencia IDEA a la empresa de su propiedad Santana Motor se depreciaron 11,5 millones de euros a los pocos añosUno de los programas que se está investigando fue el Plan Linares Futuro, que puso en marcha el Gobierno andaluz del PSOE junto a los sindicatos UGT y CCOO en febrero de 2011. La iniciativa prometía la prejubilación y posterior recolocación de unos 800 operarios de la planta y de sus empresas auxiliares mediante la supuesta implantación de cinco nuevas firmas comerciales. El dinero público fluyó por múltiples cauces paralelos. Entre 2008 y 2011, al margen de los más de 100 millones de euros repartidos entre los empleados a través de la Consejería de Empleo con la partida presupuestaria de los ERE, la Agencia IDEA concedió un préstamo reembolsable «ficticio» de 36.105.544 euros a Santana Motor. El pretexto formal era proyectar y construir el modelo Massif, un vehículo todoterreno orientado a las fuerzas armadas. Por este crédito, que en realidad era una ayuda a fondo perdido, hay acusados seis ex cargos del PSOE, a la espera de celebrarse el juicio oral.El préstamo para el vehículo militar y la adquisición de las fincas de la propia factoría costó al erario público un quebranto de 121.104.418 euros entre 2008 y 2011 . Aunque terminaron alargando la agonía de Santana Motor, las compras de activos inmobiliarios resultaron ser un pésimo negocio para los contribuyentes andaluces. El informe definitivo de cuentas anuales y el programa de actuación, inversiones y financiación de la agencia IDEA correspondiente al ejercicio 2015 reveló que los terrenos adquiridos a Santana sufrieron una depreciación de 11,49 millones de euros al actualizarse los informes de tasación oficial.La sangría presupuestaria no se detuvo ni siquiera cuando la decisión de liquidar la empresa ya tomada por el Gobierno andaluz. La contabilidad interna de Santana Motor constata que la Agencia IDEA inyectó, solo a la sociedad matriz y sin computar las empresas filiales del grupo, una suma de 90.622.000 euros a lo largo del ejercicio 2011. La cifra se elevó a 99.136.000 euros adicionales durante el año 2012. Se siguieron transfiriendo caudales públicos a una mercantil cuya disolución había sido acordada en abril de 2011 por la propia Administración autonómica.  

La Junta de Andalucía desembolsó 85 millones de euros para adquirir parcelas e instalaciones industriales que, en la práctica, ya eran suyas. Las operaciones de compraventa fueron realizadas entre los años 2008 y 2010, bajo los gobiernos del PSOE, a través de la … Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Dicho organismo autonómico compró fincas por un montante de 84.998.874 euros a Santana Motor SA, la compañía que gestionaba la planta automovilística de Linares (Jaén) cerrada en febrero de 2011.

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