La Junta va a presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda por importe de 225 millones de euros para compensar el «impacto» que ha tenido en las arcas de la Comunidad algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, como la rebaja del IVA o del impuesto a la electricidad.Así lo ha acordado este jueves el Consejo de Gobierno que ha decidido llevar a cabo esta actuación, como paso previo a la judicial, «en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2024».Según el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la Junta ha adoptado este acuerdo «con el objetivo de plantear, en interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos que presta la Administración autonómica y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional».La autorización para que se formalice y presente el citado requerimiento tiene así como objeto anular la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2024 practicando una nueva liquidación sustitutiva de la anterior que recoja la compensación que corresponde a Castilla y León por importe de 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes.El desglose de las cantidades es el siguiente: por la rebaja del IVA, un total de 162,4 millones de euros, de los que 99,49 millones corresponden a la menor recaudación de IVA; 28,74 millones de euros a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; 19,03 millones a la minoración del Fondo de suficiencia global y 15,14 millones de euros a la minoración del Fondo de cooperación.Asimismo, por la rebaja del IEE (Impuesto Especial de Electricidad), un total de 63,01 millones de euros, de los que 62,02 millones corresponden a la menor recaudación del IEE y 0,99 millones a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico no entra «en la capacidad normativa sobre esas las materias ni el interés de las iniciativas pero sí en que tienen un coste que debe ser compensado». «Son decisiones de normativas nacional que tienen impacto para las cuentas públicas y por lealtad institucional procede esta compensación», ha insistido.Ha recordado, además, que ya en otros ejercicios se ha presentado un requerimiento por similares motivos, si bien ante la respuesta negativa del Ministerio se ha acabado en el Tribunal Supremo que, de momento, ha admitido a trámite«Son cuestiones tributarias y cuestiones que suponen mayor importe en el gasto de las comunidades como ejecutoras de unas medias por decisiones establecidas en el ámbito nacional, que nosotros no hemos tomado pero que nos afectan y tenemos que pagar», ha zanjado. La Junta va a presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda por importe de 225 millones de euros para compensar el «impacto» que ha tenido en las arcas de la Comunidad algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, como la rebaja del IVA o del impuesto a la electricidad.Así lo ha acordado este jueves el Consejo de Gobierno que ha decidido llevar a cabo esta actuación, como paso previo a la judicial, «en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2024».Según el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la Junta ha adoptado este acuerdo «con el objetivo de plantear, en interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos que presta la Administración autonómica y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional».La autorización para que se formalice y presente el citado requerimiento tiene así como objeto anular la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2024 practicando una nueva liquidación sustitutiva de la anterior que recoja la compensación que corresponde a Castilla y León por importe de 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes.El desglose de las cantidades es el siguiente: por la rebaja del IVA, un total de 162,4 millones de euros, de los que 99,49 millones corresponden a la menor recaudación de IVA; 28,74 millones de euros a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; 19,03 millones a la minoración del Fondo de suficiencia global y 15,14 millones de euros a la minoración del Fondo de cooperación.Asimismo, por la rebaja del IEE (Impuesto Especial de Electricidad), un total de 63,01 millones de euros, de los que 62,02 millones corresponden a la menor recaudación del IEE y 0,99 millones a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico no entra «en la capacidad normativa sobre esas las materias ni el interés de las iniciativas pero sí en que tienen un coste que debe ser compensado». «Son decisiones de normativas nacional que tienen impacto para las cuentas públicas y por lealtad institucional procede esta compensación», ha insistido.Ha recordado, además, que ya en otros ejercicios se ha presentado un requerimiento por similares motivos, si bien ante la respuesta negativa del Ministerio se ha acabado en el Tribunal Supremo que, de momento, ha admitido a trámite«Son cuestiones tributarias y cuestiones que suponen mayor importe en el gasto de las comunidades como ejecutoras de unas medias por decisiones establecidas en el ámbito nacional, que nosotros no hemos tomado pero que nos afectan y tenemos que pagar», ha zanjado.
La Junta va a presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda por importe de 225 millones de euros para compensar el «impacto» que ha tenido en las arcas de la Comunidad algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, como la rebaja del IVA o … del impuesto a la electricidad.
Así lo ha acordado este jueves el Consejo de Gobierno que ha decidido llevar a cabo esta actuación, como paso previo a la judicial, «en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2024».
Según el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la Junta ha adoptado este acuerdo «con el objetivo de plantear, en interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos que presta la Administración autonómica y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional».
La autorización para que se formalice y presente el citado requerimiento tiene así como objeto anular la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2024 practicando una nueva liquidación sustitutiva de la anterior que recoja la compensación que corresponde a Castilla y León por importe de 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes.
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El desglose de las cantidades es el siguiente: por la rebaja del IVA, un total de 162,4 millones de euros, de los que 99,49 millones corresponden a la menor recaudación de IVA; 28,74 millones de euros a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; 19,03 millones a la minoración del Fondo de suficiencia global y 15,14 millones de euros a la minoración del Fondo de cooperación.
Asimismo, por la rebaja del IEE (Impuesto Especial de Electricidad), un total de 63,01 millones de euros, de los que 62,02 millones corresponden a la menor recaudación del IEE y 0,99 millones a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.
Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico no entra «en la capacidad normativa sobre esas las materias ni el interés de las iniciativas pero sí en que tienen un coste que debe ser compensado». «Son decisiones de normativas nacional que tienen impacto para las cuentas públicas y por lealtad institucional procede esta compensación», ha insistido.
Ha recordado, además, que ya en otros ejercicios se ha presentado un requerimiento por similares motivos, si bien ante la respuesta negativa del Ministerio se ha acabado en el Tribunal Supremo que, de momento, ha admitido a trámite
«Son cuestiones tributarias y cuestiones que suponen mayor importe en el gasto de las comunidades como ejecutoras de unas medias por decisiones establecidas en el ámbito nacional, que nosotros no hemos tomado pero que nos afectan y tenemos que pagar», ha zanjado.
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