El PP exige al Gobierno los informes ocultos sobre la cesión del palacete de París al PNV

El Grupo Parlamentario Popular ha decidido estrechar el cerco sobre la entrega de la antigua sede del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). La principal formación de la oposición ha lanzado una ofensiva parlamentaria para obligar a los ministerios implicados a desclasificar y entregar toda la documentación interna, las tasaciones y los dictámenes jurídicos que el Gobierno ha mantenido bajo llave.Según consta en el documento al que ha tenido acceso ABC, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha registrado una batería de solicitudes formales en el Congreso de los Diputados con el objetivo de recabar del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los expedientes íntegros que desmienten el relato oficial sobre la propiedad del inmueble situado en el número 11 de la avenida Marceau, en la zona oeste de París.El movimiento del PP apunta directamente a las contradicciones del Ejecutivo. Entre la documentación exigida destaca la petición del expediente completo del Consejo de Ministros del 14 de mayo de 2024. En aquella fecha, el Gobierno acordó el archivo de la solicitud de restitución iniciada por el PNV al declarar la «imposibilidad material de continuar, por causas sobrevenidas, la tramitación del procedimiento». Siete meses después de dar este portazo por falta de pruebas, el Gobierno utilizó un real decreto ley para ceder la titularidad del inmueble a los nacionalistas vascos, logrando a cambio su apoyo indispensable para convalidar el decreto ley ‘ómnibus’ que incluía la subida de pensiones.La batería de exigencias registradas por el Partido Popular hurga además en la tasación y el origen de los fondos. Los populares han reclamado el dictamen emitido el 12 de abril de 2023 por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda. Este documento resulta clave, ya que analiza cómo deben considerarse y valorarse las mejoras económicas realizadas en el inmueble durante las décadas en las que estuvo bajo gestión estatal.Tal y como ha venido publicando este diario , un informe de la Hacienda Pública de julio de 2023 —también exigido ahora por el PP en el Congreso— reveló que el Estado amplió la superficie del palacete en casi 300 metros cuadrados. Estas obras de mejora alcanzaron un valor de mercado equivalente a 2,1 millones de euros (a precios de 1998), lo que representaba más del 45 por ciento de la tasación total del edificio. Pese a que la ley permitía al Estado conservar el inmueble si las reformas superaban el 25 por ciento de su valor, el decreto ley del Gobierno no impuso ninguna contraprestación económica al PNV por estas millonarias mejoras pagadas con dinero público.Asimismo, el PP ha solicitado el oficio de la Dirección General de Patrimonio del 28 de noviembre de 2023. En este escrito, Patrimonio requirió al partido presidido por Aitor Esteban que acreditara de manera fehaciente que el dinero utilizado para comprar el edificio provenía de una cuenta administrada por Marino Gamboa y demostrara el supuesto carácter instrumental de mercantiles como Finances & Enterprises, Continental Transit Limited y Management & Shipping Co, Lmtd.Pulso por la transparenciaEsta iniciativa del PP se suma a la presión que ya ejerce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo emitió el pasado mes de mayo una resolución que obliga al Ministerio de Hacienda a hacer público el expediente completo , incluyendo el contrato de compraventa y los informes jurídicos que avalaron el traspaso exprés en diciembre de 2024, tumbando así los argumentos esgrimidos en su día por la entonces vicepresidenta María Jesús Montero para mantenerlos ocultos. Sin embargo, el actual titular de Hacienda, Arcadi España, de momento mantiene la política de opacidad de su predecesora y el departamento baraja agotar los plazos para recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional, como informó ABC.El registro de estas solicitudes en la Cámara Baja también persigue aclarar el insólito cambio de competencias orquestado por la Moncloa. Tras constatar que Patrimonio del Estado —dependiente de Hacienda— se negaba a avalar la cesión al PNV por la manifiesta «insuficiencia de la prueba», el Ejecutivo decidió retirar a este órgano la función de instruir los procedimientos de restitución. Por ello, el PP también exige ahora que salga a la luz el informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, con el que su departamento —dependiente hoy del Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres— dio respuesta a las advertencias de Patrimonio el 7 de septiembre de 2023.La actuación del Partido Popular busca desenmascarar lo que consideran un «desfalco» al patrimonio del Estado, orquestado a través de una reforma introducida por la puerta de atrás para satisfacer las exigencias del socio parlamentario del Gobierno, que se enfrenta ahora a la encrucijada de entregar los documentos que desmienten su propio decreto o atrincherarse en un silencio que agravaría aún más el escándalo del palacete de la avenida Marceau. El Grupo Parlamentario Popular ha decidido estrechar el cerco sobre la entrega de la antigua sede del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). La principal formación de la oposición ha lanzado una ofensiva parlamentaria para obligar a los ministerios implicados a desclasificar y entregar toda la documentación interna, las tasaciones y los dictámenes jurídicos que el Gobierno ha mantenido bajo llave.Según consta en el documento al que ha tenido acceso ABC, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha registrado una batería de solicitudes formales en el Congreso de los Diputados con el objetivo de recabar del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los expedientes íntegros que desmienten el relato oficial sobre la propiedad del inmueble situado en el número 11 de la avenida Marceau, en la zona oeste de París.El movimiento del PP apunta directamente a las contradicciones del Ejecutivo. Entre la documentación exigida destaca la petición del expediente completo del Consejo de Ministros del 14 de mayo de 2024. En aquella fecha, el Gobierno acordó el archivo de la solicitud de restitución iniciada por el PNV al declarar la «imposibilidad material de continuar, por causas sobrevenidas, la tramitación del procedimiento». Siete meses después de dar este portazo por falta de pruebas, el Gobierno utilizó un real decreto ley para ceder la titularidad del inmueble a los nacionalistas vascos, logrando a cambio su apoyo indispensable para convalidar el decreto ley ‘ómnibus’ que incluía la subida de pensiones.La batería de exigencias registradas por el Partido Popular hurga además en la tasación y el origen de los fondos. Los populares han reclamado el dictamen emitido el 12 de abril de 2023 por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda. Este documento resulta clave, ya que analiza cómo deben considerarse y valorarse las mejoras económicas realizadas en el inmueble durante las décadas en las que estuvo bajo gestión estatal.Tal y como ha venido publicando este diario , un informe de la Hacienda Pública de julio de 2023 —también exigido ahora por el PP en el Congreso— reveló que el Estado amplió la superficie del palacete en casi 300 metros cuadrados. Estas obras de mejora alcanzaron un valor de mercado equivalente a 2,1 millones de euros (a precios de 1998), lo que representaba más del 45 por ciento de la tasación total del edificio. Pese a que la ley permitía al Estado conservar el inmueble si las reformas superaban el 25 por ciento de su valor, el decreto ley del Gobierno no impuso ninguna contraprestación económica al PNV por estas millonarias mejoras pagadas con dinero público.Asimismo, el PP ha solicitado el oficio de la Dirección General de Patrimonio del 28 de noviembre de 2023. En este escrito, Patrimonio requirió al partido presidido por Aitor Esteban que acreditara de manera fehaciente que el dinero utilizado para comprar el edificio provenía de una cuenta administrada por Marino Gamboa y demostrara el supuesto carácter instrumental de mercantiles como Finances & Enterprises, Continental Transit Limited y Management & Shipping Co, Lmtd.Pulso por la transparenciaEsta iniciativa del PP se suma a la presión que ya ejerce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo emitió el pasado mes de mayo una resolución que obliga al Ministerio de Hacienda a hacer público el expediente completo , incluyendo el contrato de compraventa y los informes jurídicos que avalaron el traspaso exprés en diciembre de 2024, tumbando así los argumentos esgrimidos en su día por la entonces vicepresidenta María Jesús Montero para mantenerlos ocultos. Sin embargo, el actual titular de Hacienda, Arcadi España, de momento mantiene la política de opacidad de su predecesora y el departamento baraja agotar los plazos para recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional, como informó ABC.El registro de estas solicitudes en la Cámara Baja también persigue aclarar el insólito cambio de competencias orquestado por la Moncloa. Tras constatar que Patrimonio del Estado —dependiente de Hacienda— se negaba a avalar la cesión al PNV por la manifiesta «insuficiencia de la prueba», el Ejecutivo decidió retirar a este órgano la función de instruir los procedimientos de restitución. Por ello, el PP también exige ahora que salga a la luz el informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, con el que su departamento —dependiente hoy del Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres— dio respuesta a las advertencias de Patrimonio el 7 de septiembre de 2023.La actuación del Partido Popular busca desenmascarar lo que consideran un «desfalco» al patrimonio del Estado, orquestado a través de una reforma introducida por la puerta de atrás para satisfacer las exigencias del socio parlamentario del Gobierno, que se enfrenta ahora a la encrucijada de entregar los documentos que desmienten su propio decreto o atrincherarse en un silencio que agravaría aún más el escándalo del palacete de la avenida Marceau.  

El Grupo Parlamentario Popular ha decidido estrechar el cerco sobre la entrega de la antigua sede del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco (PNV). La principal formación de la oposición ha lanzado una ofensiva parlamentaria para obligar a los ministerios implicados a … desclasificar y entregar toda la documentación interna, las tasaciones y los dictámenes jurídicos que el Gobierno ha mantenido bajo llave.

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