El PSOE andaluz ha decidido buscar soluciones para el futuro de la sanidad pública recurriendo a una de las figuras más controvertidas de su propio pasado. El Grupo Socialista, dirigido desde el pasado mes de junio por María Jesús Montero, ha llevado a la Comisión de Sanidad a Martín Blanco García , viceconsejero de Salud entre 2015 y 2017, en el último gobierno del PSOE, para asesorar al Parlamento andaluz en una iniciativa legislativa popular (ILP) que debate sobre la «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía». El ‘número dos’ de la Consejería de Salud dimitió el 31 de enero de 2017 acorralado por las protestas masivas de profesionales y usuarios contra las fusiones de hospitales en Granada y Huelva y los recortes sanitarios encubiertos que él mismo ideó.Martín Blanco compareció en el foro parlamentario el pasado 20 de octubre junto a otros agentes sociales después de que su nombre fuera incluido en la lista de comparecientes propuesta por el PSOE en la pasada legislatura. Regresó a la Cámara autonómica reconvertido en una suerte de gurú —fue presentado como «economista y experto en gestión sanitaria»— de una iniciativa promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en los estertores de la pasada legislatura que perseguía blindar la sanidad pública que ve en riesgo con un Gobierno del PP. Tras dejar la Junta de Andalucía cuando el PSOE perdió el poder en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, Blanco se reinventó como consultor privado especializado en el sector sanitario. Los sindicatos y profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no guardan un buen recuerdo de su legado como gestor público. En su etapa se organizaron movilizaciones que llenaron las calles de ciudades como Granada, Sevilla y Huelva y el entonces ‘número dos’ de la Consejería tuvo que presentar su renuncia en un intento desesperado del Gobierno de Susana Díaz por aplacar la indignación social. Las protestas lideradas por SpirimanAquella rebelión de médicos y usuarios del SAS, encabezada por el ya fallecido médico granadino Jesús Candel ‘Spiriman’, fue la respuesta ciudadana a las «fusiones hospitalarias», un proyecto auspiciado bajo el mandato del consejero Aquilino Alonso y con Blanco como brazo ejecutor en la trastienda técnica y presupuestaria. Las fusiones, justificadas desde la administración como una optimización de recursos y un ahorro administrativo en la alta dirección, representaban el desmantelamiento operativo de centros de referencia y la merma de plantillas, en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera y la sobrecarga de trabajo para los profesionales de primera línea. La falta de inversión en equipamiento, la precariedad en los contratos de médicos y enfermeros y el empeoramiento de los indicadores asistenciales crearon un clima de malestar generalizado en la marea sanitaria. El descontento alcanzó tal dimensión en las calles que el Ejecutivo autonómico se vio obligado a relevar a toda la cúpula directiva para intentar calmar las aguas y restablecer los puentes de diálogo con los sindicatos que habían saltado por los aires. Cayó la cúpula de Salud al completoEl 31 de enero de 2017 cayeron fulminados Martín Blanco y el entonces gerente del SAS, José Manuel Aranda, cuyos ceses se justificaron como renuncias “a petición propia” . El mismo día, el Ejecutivo autonómico anunció que derogaba de urgencia las órdenes de las fusiones hospitalarias. Con este paso atrás asimilaba el fracaso de una estrategia política que había dinamitado la interlocución con los trabajadores del SAS. Poco después, en junio de ese mismo año, se produciría también el relevo del consejero de Salud Aquilino Alonso. La cadena de ceses salpicó posteriormente a diversos cargos intermedios y gestores provinciales en un intento por cerrar las heridas abiertas en el sistema público.Pero las sombras que rodearon la convulsa gestión de Martín Blanco se proyectaban mucho más allá del rechazo vecinal y las protestas en la calle. Su marcha forzada de la consejería se produjo apenas veinte días después de que se publicara que, en su anterior etapa como máximo responsable de compras del Hospital Virgen de las Nieves en Granada en el año 2007, Blanco autorizó la adquisición del fármaco Darbepoetin (utilizado para tratar la anemia por insuficiencia renal crónica) con un sobreprecio del 19,35% en comparación con el coste pagado por el resto de centros sanitarios de la provincia. Se trataba de una decisión administrativa inexplicable si se tiene en cuenta que el Virgen de las Nieves era precisamente el hospital con mayor volumen de consumo de dicho medicamento.Su salida coincidió con sospechas sobre compras de medicamentos con precios inflados y donaciones de proveedores contratados por el SASA este polémico episodio se sumaba la captación de fondos de proveedores del SAS para nutrir el presupuesto de fundaciones y organizaciones satélites de la propia Consejería de Salud. Estas empresas eran a su vez adjudicatarias de contratos sanitarios en su etapa como viceconsejero. Uno de los laboratorios donantes de estas fundaciones fue precisamente la misma firma a la que se compraron medicamentos con precios inflados en Granada. A los pocos meses de abandonar la consejería, Martín Blanco fue recolocado por la Junta como director general de la sociedad Cartuja 93 , la entidad encargada de gestionar el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja en Sevilla. Tras las elecciones de diciembre de 2018 que acabaron con casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Andalucía, el ex alto cargo dio el salto definitivo al sector privado para desarrollar su faceta como consultor de negocios.Desde el 10 de diciembre de 2021 ejerce como administrador único de Hecsil Companies 21 SL , una firma consultora con domicilio social situado en la calle Innovación de Sevilla, ubicada enfrente de la sede central de la Consejería de Sanidad. Su objeto social abarca la asistencia y el transporte sanitario, además de la asesoría a empresas y administraciones públicas. Su consultora protagonizó en junio una intensa tormenta política en el Principado de Asturias, región también gobernada por el PSOE, después de que los grupos de la oposición exigieran explicaciones al Gobierno por la adjudicación a su empresa de un contrato menor (otorgado por vía directa) del Servicio de Salud para la central de compras por un importe de 28.100 euros. Este contrato puso el foco en las puertas giratorias de ex altos cargos como Martín Blanco hacia consultoras privadas que facturan a los propios servicios autonómicos de salud. El PSOE andaluz ha decidido buscar soluciones para el futuro de la sanidad pública recurriendo a una de las figuras más controvertidas de su propio pasado. El Grupo Socialista, dirigido desde el pasado mes de junio por María Jesús Montero, ha llevado a la Comisión de Sanidad a Martín Blanco García , viceconsejero de Salud entre 2015 y 2017, en el último gobierno del PSOE, para asesorar al Parlamento andaluz en una iniciativa legislativa popular (ILP) que debate sobre la «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía». El ‘número dos’ de la Consejería de Salud dimitió el 31 de enero de 2017 acorralado por las protestas masivas de profesionales y usuarios contra las fusiones de hospitales en Granada y Huelva y los recortes sanitarios encubiertos que él mismo ideó.Martín Blanco compareció en el foro parlamentario el pasado 20 de octubre junto a otros agentes sociales después de que su nombre fuera incluido en la lista de comparecientes propuesta por el PSOE en la pasada legislatura. Regresó a la Cámara autonómica reconvertido en una suerte de gurú —fue presentado como «economista y experto en gestión sanitaria»— de una iniciativa promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en los estertores de la pasada legislatura que perseguía blindar la sanidad pública que ve en riesgo con un Gobierno del PP. Tras dejar la Junta de Andalucía cuando el PSOE perdió el poder en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, Blanco se reinventó como consultor privado especializado en el sector sanitario. Los sindicatos y profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no guardan un buen recuerdo de su legado como gestor público. En su etapa se organizaron movilizaciones que llenaron las calles de ciudades como Granada, Sevilla y Huelva y el entonces ‘número dos’ de la Consejería tuvo que presentar su renuncia en un intento desesperado del Gobierno de Susana Díaz por aplacar la indignación social. Las protestas lideradas por SpirimanAquella rebelión de médicos y usuarios del SAS, encabezada por el ya fallecido médico granadino Jesús Candel ‘Spiriman’, fue la respuesta ciudadana a las «fusiones hospitalarias», un proyecto auspiciado bajo el mandato del consejero Aquilino Alonso y con Blanco como brazo ejecutor en la trastienda técnica y presupuestaria. Las fusiones, justificadas desde la administración como una optimización de recursos y un ahorro administrativo en la alta dirección, representaban el desmantelamiento operativo de centros de referencia y la merma de plantillas, en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera y la sobrecarga de trabajo para los profesionales de primera línea. La falta de inversión en equipamiento, la precariedad en los contratos de médicos y enfermeros y el empeoramiento de los indicadores asistenciales crearon un clima de malestar generalizado en la marea sanitaria. El descontento alcanzó tal dimensión en las calles que el Ejecutivo autonómico se vio obligado a relevar a toda la cúpula directiva para intentar calmar las aguas y restablecer los puentes de diálogo con los sindicatos que habían saltado por los aires. Cayó la cúpula de Salud al completoEl 31 de enero de 2017 cayeron fulminados Martín Blanco y el entonces gerente del SAS, José Manuel Aranda, cuyos ceses se justificaron como renuncias “a petición propia” . El mismo día, el Ejecutivo autonómico anunció que derogaba de urgencia las órdenes de las fusiones hospitalarias. Con este paso atrás asimilaba el fracaso de una estrategia política que había dinamitado la interlocución con los trabajadores del SAS. Poco después, en junio de ese mismo año, se produciría también el relevo del consejero de Salud Aquilino Alonso. La cadena de ceses salpicó posteriormente a diversos cargos intermedios y gestores provinciales en un intento por cerrar las heridas abiertas en el sistema público.Pero las sombras que rodearon la convulsa gestión de Martín Blanco se proyectaban mucho más allá del rechazo vecinal y las protestas en la calle. Su marcha forzada de la consejería se produjo apenas veinte días después de que se publicara que, en su anterior etapa como máximo responsable de compras del Hospital Virgen de las Nieves en Granada en el año 2007, Blanco autorizó la adquisición del fármaco Darbepoetin (utilizado para tratar la anemia por insuficiencia renal crónica) con un sobreprecio del 19,35% en comparación con el coste pagado por el resto de centros sanitarios de la provincia. Se trataba de una decisión administrativa inexplicable si se tiene en cuenta que el Virgen de las Nieves era precisamente el hospital con mayor volumen de consumo de dicho medicamento.Su salida coincidió con sospechas sobre compras de medicamentos con precios inflados y donaciones de proveedores contratados por el SASA este polémico episodio se sumaba la captación de fondos de proveedores del SAS para nutrir el presupuesto de fundaciones y organizaciones satélites de la propia Consejería de Salud. Estas empresas eran a su vez adjudicatarias de contratos sanitarios en su etapa como viceconsejero. Uno de los laboratorios donantes de estas fundaciones fue precisamente la misma firma a la que se compraron medicamentos con precios inflados en Granada. A los pocos meses de abandonar la consejería, Martín Blanco fue recolocado por la Junta como director general de la sociedad Cartuja 93 , la entidad encargada de gestionar el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja en Sevilla. Tras las elecciones de diciembre de 2018 que acabaron con casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Andalucía, el ex alto cargo dio el salto definitivo al sector privado para desarrollar su faceta como consultor de negocios.Desde el 10 de diciembre de 2021 ejerce como administrador único de Hecsil Companies 21 SL , una firma consultora con domicilio social situado en la calle Innovación de Sevilla, ubicada enfrente de la sede central de la Consejería de Sanidad. Su objeto social abarca la asistencia y el transporte sanitario, además de la asesoría a empresas y administraciones públicas. Su consultora protagonizó en junio una intensa tormenta política en el Principado de Asturias, región también gobernada por el PSOE, después de que los grupos de la oposición exigieran explicaciones al Gobierno por la adjudicación a su empresa de un contrato menor (otorgado por vía directa) del Servicio de Salud para la central de compras por un importe de 28.100 euros. Este contrato puso el foco en las puertas giratorias de ex altos cargos como Martín Blanco hacia consultoras privadas que facturan a los propios servicios autonómicos de salud.
El PSOE andaluz ha decidido buscar soluciones para el futuro de la sanidad pública recurriendo a una de las figuras más controvertidas de su propio pasado. El Grupo Socialista, dirigido desde el pasado mes de junio por María Jesús Montero, ha llevado a la Comisión … de Sanidad a Martín Blanco García, viceconsejero de Salud entre 2015 y 2017, en el último gobierno del PSOE, para asesorar al Parlamento andaluz en una iniciativa legislativa popular (ILP) que debate sobre la «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía». El ‘número dos’ de la Consejería de Salud dimitió el 31 de enero de 2017 acorralado por las protestas masivas de profesionales y usuarios contra las fusiones de hospitales en Granada y Huelva y los recortes sanitarios encubiertos que él mismo ideó.
Martín Blanco compareció en el foro parlamentario el pasado 20 de octubre junto a otros agentes sociales después de que su nombre fuera incluido en la lista de comparecientes propuesta por el PSOE en la pasada legislatura. Regresó a la Cámara autonómica reconvertido en una suerte de gurú —fue presentado como «economista y experto en gestión sanitaria»— de una iniciativa promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en los estertores de la pasada legislatura que perseguía blindar la sanidad pública que ve en riesgo con un Gobierno del PP. Tras dejar la Junta de Andalucía cuando el PSOE perdió el poder en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, Blanco se reinventó como consultor privado especializado en el sector sanitario.
Los sindicatos y profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no guardan un buen recuerdo de su legado como gestor público. En su etapa se organizaron movilizaciones que llenaron las calles de ciudades como Granada, Sevilla y Huelva y el entonces ‘número dos’ de la Consejería tuvo que presentar su renuncia en un intento desesperado del Gobierno de Susana Díaz por aplacar la indignación social.
Las protestas lideradas por Spiriman
Aquella rebelión de médicos y usuarios del SAS, encabezada por el ya fallecido médico granadino Jesús Candel ‘Spiriman’, fue la respuesta ciudadana a las «fusiones hospitalarias», un proyecto auspiciado bajo el mandato del consejero Aquilino Alonso y con Blanco como brazo ejecutor en la trastienda técnica y presupuestaria. Las fusiones, justificadas desde la administración como una optimización de recursos y un ahorro administrativo en la alta dirección, representaban el desmantelamiento operativo de centros de referencia y la merma de plantillas, en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera y la sobrecarga de trabajo para los profesionales de primera línea.
La falta de inversión en equipamiento, la precariedad en los contratos de médicos y enfermeros y el empeoramiento de los indicadores asistenciales crearon un clima de malestar generalizado en la marea sanitaria. El descontento alcanzó tal dimensión en las calles que el Ejecutivo autonómico se vio obligado a relevar a toda la cúpula directiva para intentar calmar las aguas y restablecer los puentes de diálogo con los sindicatos que habían saltado por los aires.
Cayó la cúpula de Salud al completo
El 31 de enero de 2017 cayeron fulminados Martín Blanco y el entonces gerente del SAS, José Manuel Aranda, cuyos ceses se justificaron como renuncias “a petición propia”. El mismo día, el Ejecutivo autonómico anunció que derogaba de urgencia las órdenes de las fusiones hospitalarias. Con este paso atrás asimilaba el fracaso de una estrategia política que había dinamitado la interlocución con los trabajadores del SAS. Poco después, en junio de ese mismo año, se produciría también el relevo del consejero de Salud Aquilino Alonso. La cadena de ceses salpicó posteriormente a diversos cargos intermedios y gestores provinciales en un intento por cerrar las heridas abiertas en el sistema público.
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Pero las sombras que rodearon la convulsa gestión de Martín Blanco se proyectaban mucho más allá del rechazo vecinal y las protestas en la calle. Su marcha forzada de la consejería se produjo apenas veinte días después de que se publicara que, en su anterior etapa como máximo responsable de compras del Hospital Virgen de las Nieves en Granada en el año 2007, Blanco autorizó la adquisición del fármaco Darbepoetin (utilizado para tratar la anemia por insuficiencia renal crónica) con un sobreprecio del 19,35% en comparación con el coste pagado por el resto de centros sanitarios de la provincia. Se trataba de una decisión administrativa inexplicable si se tiene en cuenta que el Virgen de las Nieves era precisamente el hospital con mayor volumen de consumo de dicho medicamento.
Su salida coincidió con sospechas sobre compras de medicamentos con precios inflados y donaciones de proveedores contratados por el SAS
A este polémico episodio se sumaba la captación de fondos de proveedores del SAS para nutrir el presupuesto de fundaciones y organizaciones satélites de la propia Consejería de Salud. Estas empresas eran a su vez adjudicatarias de contratos sanitarios en su etapa como viceconsejero. Uno de los laboratorios donantes de estas fundaciones fue precisamente la misma firma a la que se compraron medicamentos con precios inflados en Granada.
A los pocos meses de abandonar la consejería, Martín Blanco fue recolocado por la Junta como director general de la sociedad Cartuja 93, la entidad encargada de gestionar el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja en Sevilla. Tras las elecciones de diciembre de 2018 que acabaron con casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Andalucía, el ex alto cargo dio el salto definitivo al sector privado para desarrollar su faceta como consultor de negocios.
Desde el 10 de diciembre de 2021 ejerce como administrador único de Hecsil Companies 21 SL, una firma consultora con domicilio social situado en la calle Innovación de Sevilla, ubicada enfrente de la sede central de la Consejería de Sanidad. Su objeto social abarca la asistencia y el transporte sanitario, además de la asesoría a empresas y administraciones públicas. Su consultora protagonizó en junio una intensa tormenta política en el Principado de Asturias, región también gobernada por el PSOE, después de que los grupos de la oposición exigieran explicaciones al Gobierno por la adjudicación a su empresa de un contrato menor (otorgado por vía directa) del Servicio de Salud para la central de compras por un importe de 28.100 euros. Este contrato puso el foco en las puertas giratorias de ex altos cargos como Martín Blanco hacia consultoras privadas que facturan a los propios servicios autonómicos de salud.
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