El que fuera viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía entre julio de 2015 y enero de 2017, Martín Blanco García , ha vuelto al Parlamento con una posición que contrasta con las decisiones que marcaron su gestión. Durante su comparecencia el pasado 20 de octubre en la Comisión de Sanidad que debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por las plataformas de las mareas blancas, el exalto cargo socialista defendió la necesidad de «disminuir» de manera gradual los conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada. Un planteamiento que dista de su etapa en la cúpula de la Consejería, cuando él mismo autorizó y aplicó acuerdos de derivación masiva de pacientes a centros privados.En un tono técnico y distante de las polémicas por los recortes y las fusiones hospitalarias que precipitaron su dimisión en 2017, Martín Blanco apostó por revisar el marco normativo actual para garantizar la transparencia frente a los usuarios. «El paciente debe conocer la fecha de entrada, la prioridad clínica, la espera estimada y situaciones respecto de pacientes compatibles. De eso debe estar asequible y visible», aseveró ante los diputados.Parte de su intervención de diez minutos giró en torno al papel de la concertación privada. En un giro respecto a la política de derivaciones que él defendió como ‘número dos’ de Salud en el último gobierno del PSOE en la Junta, Blanco respaldó la reversión progresiva de este modelo. «Comparto la excepcionalidad y temporalidad de los conciertos que plantea la iniciativa», aseguró en la Cámara autonómica.En su comparecencia, Blanco aboga por dar transparencia a las listas de espera y controlar los acuerdos privadosComo viceconsejero de Salud, Blanco impulsó los conciertos de asistencia sanitaria con clínicas privadas. Entre los expedientes con su firma destaca la autorización de contratos para derivar pacientes del SAS a centros hospitalarios homologados en los municipios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en la provincia de Cádiz, tal y como consta en el acuerdo formal del Consejo de Gobierno andaluz adoptado el 25 de enero de 2016.Pasando por alto estos antecedentes, el exviceconsejero detalló en la comisión la fórmula que, a su juicio, debería seguir la administración autonómica para reducir la dependencia de la sanidad privada. «Cada concierto debe llevar un plan vinculante para reforzar centros públicos, personal, equipos, financiación, responsables y calendario. Conforme se recupere capacidad propia, disminuiría la concertación », expuso ante la representación parlamentaria.En esta misma línea, Blanco enfatizó que no se deben prorrogar los contratos de forma automática si no se cumple el fortalecimiento del sistema público: « Incumplir el plan no justifica por sí solo la prórroga de los conciertos. Las auditorías del artículo 76 también deben comprobar esos hitos. En vez de la revisión inmediata del artículo 66 que pide la ILP, propongo recuperar capacidad pública gradualmente, con financiación y sin interrumpir la asistencia», concluyó.Un debate con los agentes socialesLa jornada parlamentaria del 20 de octubre contó con un amplio abanico de comparecencias. Junto a Martín Blanco, expusieron sus análisis representantes de los sindicatos CCOO, UGT Andalucía, CSIF, el Sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Asimismo, acudieron portavoces del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) .El texto de la ILP que sustenta esta proposición de ley se articula sobre la premisa de que, «desde el año 2019», coincidiendo con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, «se ha hecho más intenso» el «deterioro de la sanidad pública». Según la exposición de motivos del documento, «el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado».Frente a esta situación, la iniciativa ciudadana plantea modificar la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía para frenar el deterioro del sistema público. Las reformas propuestas buscan « poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado». El que fuera viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía entre julio de 2015 y enero de 2017, Martín Blanco García , ha vuelto al Parlamento con una posición que contrasta con las decisiones que marcaron su gestión. Durante su comparecencia el pasado 20 de octubre en la Comisión de Sanidad que debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por las plataformas de las mareas blancas, el exalto cargo socialista defendió la necesidad de «disminuir» de manera gradual los conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada. Un planteamiento que dista de su etapa en la cúpula de la Consejería, cuando él mismo autorizó y aplicó acuerdos de derivación masiva de pacientes a centros privados.En un tono técnico y distante de las polémicas por los recortes y las fusiones hospitalarias que precipitaron su dimisión en 2017, Martín Blanco apostó por revisar el marco normativo actual para garantizar la transparencia frente a los usuarios. «El paciente debe conocer la fecha de entrada, la prioridad clínica, la espera estimada y situaciones respecto de pacientes compatibles. De eso debe estar asequible y visible», aseveró ante los diputados.Parte de su intervención de diez minutos giró en torno al papel de la concertación privada. En un giro respecto a la política de derivaciones que él defendió como ‘número dos’ de Salud en el último gobierno del PSOE en la Junta, Blanco respaldó la reversión progresiva de este modelo. «Comparto la excepcionalidad y temporalidad de los conciertos que plantea la iniciativa», aseguró en la Cámara autonómica.En su comparecencia, Blanco aboga por dar transparencia a las listas de espera y controlar los acuerdos privadosComo viceconsejero de Salud, Blanco impulsó los conciertos de asistencia sanitaria con clínicas privadas. Entre los expedientes con su firma destaca la autorización de contratos para derivar pacientes del SAS a centros hospitalarios homologados en los municipios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en la provincia de Cádiz, tal y como consta en el acuerdo formal del Consejo de Gobierno andaluz adoptado el 25 de enero de 2016.Pasando por alto estos antecedentes, el exviceconsejero detalló en la comisión la fórmula que, a su juicio, debería seguir la administración autonómica para reducir la dependencia de la sanidad privada. «Cada concierto debe llevar un plan vinculante para reforzar centros públicos, personal, equipos, financiación, responsables y calendario. Conforme se recupere capacidad propia, disminuiría la concertación », expuso ante la representación parlamentaria.En esta misma línea, Blanco enfatizó que no se deben prorrogar los contratos de forma automática si no se cumple el fortalecimiento del sistema público: « Incumplir el plan no justifica por sí solo la prórroga de los conciertos. Las auditorías del artículo 76 también deben comprobar esos hitos. En vez de la revisión inmediata del artículo 66 que pide la ILP, propongo recuperar capacidad pública gradualmente, con financiación y sin interrumpir la asistencia», concluyó.Un debate con los agentes socialesLa jornada parlamentaria del 20 de octubre contó con un amplio abanico de comparecencias. Junto a Martín Blanco, expusieron sus análisis representantes de los sindicatos CCOO, UGT Andalucía, CSIF, el Sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Asimismo, acudieron portavoces del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) .El texto de la ILP que sustenta esta proposición de ley se articula sobre la premisa de que, «desde el año 2019», coincidiendo con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, «se ha hecho más intenso» el «deterioro de la sanidad pública». Según la exposición de motivos del documento, «el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado».Frente a esta situación, la iniciativa ciudadana plantea modificar la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía para frenar el deterioro del sistema público. Las reformas propuestas buscan « poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado».
El que fuera viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía entre julio de 2015 y enero de 2017, Martín Blanco García, ha vuelto al Parlamento con una posición que contrasta con las decisiones que marcaron su gestión. Durante su comparecencia el pasado 20 … de octubre en la Comisión de Sanidad que debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por las plataformas de las mareas blancas, el exalto cargo socialista defendió la necesidad de «disminuir» de manera gradual los conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada. Un planteamiento que dista de su etapa en la cúpula de la Consejería, cuando él mismo autorizó y aplicó acuerdos de derivación masiva de pacientes a centros privados.
En un tono técnico y distante de las polémicas por los recortes y las fusiones hospitalarias que precipitaron su dimisión en 2017, Martín Blanco apostó por revisar el marco normativo actual para garantizar la transparencia frente a los usuarios. «El paciente debe conocer la fecha de entrada, la prioridad clínica, la espera estimada y situaciones respecto de pacientes compatibles. De eso debe estar asequible y visible», aseveró ante los diputados.
Parte de su intervención de diez minutos giró en torno al papel de la concertación privada. En un giro respecto a la política de derivaciones que él defendió como ‘número dos’ de Salud en el último gobierno del PSOE en la Junta, Blanco respaldó la reversión progresiva de este modelo. «Comparto la excepcionalidad y temporalidad de los conciertos que plantea la iniciativa», aseguró en la Cámara autonómica.
En su comparecencia, Blanco aboga por dar transparencia a las listas de espera y controlar los acuerdos privados
Como viceconsejero de Salud, Blanco impulsó los conciertos de asistencia sanitaria con clínicas privadas. Entre los expedientes con su firma destaca la autorización de contratos para derivar pacientes del SAS a centros hospitalarios homologados en los municipios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en la provincia de Cádiz, tal y como consta en el acuerdo formal del Consejo de Gobierno andaluz adoptado el 25 de enero de 2016.
Pasando por alto estos antecedentes, el exviceconsejero detalló en la comisión la fórmula que, a su juicio, debería seguir la administración autonómica para reducir la dependencia de la sanidad privada. «Cada concierto debe llevar un plan vinculante para reforzar centros públicos, personal, equipos, financiación, responsables y calendario. Conforme se recupere capacidad propia, disminuiría la concertación», expuso ante la representación parlamentaria.
En esta misma línea, Blanco enfatizó que no se deben prorrogar los contratos de forma automática si no se cumple el fortalecimiento del sistema público: «Incumplir el plan no justifica por sí solo la prórroga de los conciertos. Las auditorías del artículo 76 también deben comprobar esos hitos. En vez de la revisión inmediata del artículo 66 que pide la ILP, propongo recuperar capacidad pública gradualmente, con financiación y sin interrumpir la asistencia», concluyó.
Un debate con los agentes sociales
La jornada parlamentaria del 20 de octubre contó con un amplio abanico de comparecencias. Junto a Martín Blanco, expusieron sus análisis representantes de los sindicatos CCOO, UGT Andalucía, CSIF, el Sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Asimismo, acudieron portavoces del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).
El texto de la ILP que sustenta esta proposición de ley se articula sobre la premisa de que, «desde el año 2019», coincidiendo con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, «se ha hecho más intenso» el «deterioro de la sanidad pública». Según la exposición de motivos del documento, «el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado».
Frente a esta situación, la iniciativa ciudadana plantea modificar la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía para frenar el deterioro del sistema público. Las reformas propuestas buscan «poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado».
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