Los nuevos adalides de la calidad de los servicios públicos eximen al Gobierno central, titular de buena parte de ellos, del deterioro que denuncian, así como a los políticos socialistas que tuvieron responsabilidades en la Junta de Andalucía antes de que se consumara la alternancia en el arranque de 2019. El discurso del PSOE en la precampaña electoral de las generales, interrumpida abruptamente tras el accidente ferroviario de Urda y que se ha retomado este fin de semana, no tenía mucho de original en relación con el esgrimido por la secretaria general del partido en la región, María Jesús Montero , en las semanas previas a los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo.«Defiende lo público», fue el lema de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez en la carrera a las urnas en la que cosechó el peor resultado histórico de su formación en la comunidad autónoma. Ahora, y ya en la contienda nacional, el eslogan de ‘La fuerza de la gente’ va acompañado de sonoras advertencias a los ciudadanos sobre el riesgo de que los servicios públicos se debiliten —más— si Sánchez no sigue en La Moncloa tras el 29 de noviembre. El mensaje se resume en que el Gobierno andaluz es el culpable directo de que haya prestaciones de su competencia que funcionen de un modo mejorable, pero que el Ejecutivo central nada tiene que ver con que existan otras de su exclusiva responsabilidad —las comunicaciones ferroviarias sin ir más lejos— que arrastren una gestión fallida con consecuencias que a veces son trágicas.Los conciertos sanitarios nacieron con el PSOE, así como la cesión de la atención telefónica del 112 a compañías externasAl tiempo, la idea machacona de María Jesús Montero y los suyos de que el PP —y ahora también Vox — privatizan sin empacho en la comunidad autónoma choca de bruces con una mirada atenta a los largos años en los que el Partido Socialista estuvo al frente de la Administración regional. El caso más evidente, y que además afecta de lleno a la secretaria general andaluz, lo constituyen los conciertos sanitarios, que la Junta puso en marcha a mediados de los años noventa del siglo pasado con Manuel Chaves de presidente, y que siguen en vigor. Y fue justamente Montero quien los reforzó e institucionalizó en su etapa como consejera de Salud y Consumo (2004-2013): con ella a los mandos de sanidad andaluza, Salud —hoy bajo la denominación de Sanidad— anotó el récord de externalizaciones con el 4,5 por ciento en comparación con el presupuesto sanitario total. La media de este valor en el tiempo que Juanma Moreno lleva al frente de la Administración autonómica es del 3,6 por ciento anual. De la época de Montero datan los principales acuerdos de derivación de pacientes a hospitales privados, como por ejemplo los que el Gobierno regional realiza al grupo Pascual en Cádiz o a San Juan de Dios en provincias como Córdoba o Sevilla. Mientras tanto, condenaba al abandono al Hospital Militar de Sevilla, reflotado por el PP hace algo más de un lustro.Más. Montero, una de las estrategas situada en el puente de mando federal de la campaña socialista, lleva meses reclamando que el servicio del teléfono único de urgencias y emergencias 112 —hoy integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA)—, pase a ser gestionado de un modo directo por la Junta y deje de estar externalizado: a su juicio, si esta prestación no estuviera delegada funcionaría mejor, y en concreto en situaciones extremas como los choques de trenes. La tozudez de los datosPero los datos son tozudos: este servicio telefónico fue creado por la Junta en 2001, también con Manuel Chaves de presidente, mediante una orden que autorizaba expresamente al Gobierno regional a firmar «los convenios de colaboración con las personas físicas o jurídicas públicas o privadas titulares de los servicios de urgencia y emergencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico, a los efectos de establecer procedimientos y normas de atención y coordinación». Ese modelo es el que lleva funcionando desde entonces: el PSOE no le tocó ni una coma en los 17 años que pasaron hasta que el PP y Ciudadanos lo desalojaron de San Telmo con el apoyo de Vox.La hemeroteca deja en evidencia a quien se pasa de acera sin pudor. Porque la secretaria general del PSOE-A era consejera de Hacienda cuando, en marzo de 2018, Podemos le formuló en el Parlamento una pregunta a su compañera Rosa Aguilar, en ese momento consejera de Justicia e Interior, sobre el funcionamiento del 112 , en el que veía disfunciones. Exalcaldesa de CórdobaLa exalcaldesa de Córdoba fue clara en su turno de palabra: «Se trata también de un sistema integrado de respuesta, que se presta a través de un teléfono único y gratuito en todos los países de la Unión Europea. Y de un sistema integral, señorías, que ofrece a toda la ciudadanía, entidades públicas y privadas, el acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias, cualquiera que sea la administración pública o la entidad de la que dependan», dijo.Aguilar añadió: «Es un modelo de gestión similar al del resto de comunidades autónomas, a la mayoría de las comunidades autónomas, que presta un servicio de excelencia y calidad, y que goza del reconocimiento del conjunto de la ciudadanía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; en definitiva, de todos aquellos que tienen relación con el 112».Empresarios amigosY si la esfera privada es ahora el mismo demonio para los socialistas bien que la vieron durante años como un aliado: sucedió durante los ejercicios inmediatamente posteriores a la crisis financiera de 2007 y 2008. La poción mágica respondía al acrónimo CPP: sí, la colaboración público-privada, empleada por varias consejerías de la Junta del PSOE con distinto grado de éxito y una de cuyas principales valedoras fue justamente Rosa Aguilar cuando tenía responsabilidades en Obras Públicas. Así, infraestructuras de gran envergadura en las áreas metropolitanas de Sevilla y Málaga, y en cascos urbanos como el de Córdoba, incluso ampliaciones de hospitales y construcciones de sedes judiciales con un coste muy elevado se proyectaron de acuerdo a esta fórmula en la que el empresario era un amigo, no un ave de rapiña que se posaba en las administraciones con un turbio deseo de hacer negocios oscuros.Instalaciones escolaresHay otro servicio público básico, que es el sistema educativo, que el PSOE puso en parte en manos privadas hace décadas: se trata de la limpieza de los institutos de Secundaria (IES). La competencia del mantenimiento, y de la limpieza, de los colegios de Infantil y Primaria corresponde a los ayuntamientos, pero la de los institutos es responsabilidad de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y fue justamente el Partido Socialista quien cambió el modelo de gestión de este servicio en 1996, hace ahora treinta años. Hasta entonces, era el personal de los centros el que se encargaba de estas funciones de un modo directo, pero la Junta, presidida por Manuel Chaves , modificó la regulación de la prestación y abrió la puerta a la que quedara en manos de firmas privadas. a decisión última la toma cada Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo, que es el órgano al que los IES elevan sus propuestas. Este marco es el que rige ahora en los institutos: no cambiado en dos décadas, y ni Ciudadanos —que ocupó la cartera de Educación en la primera legislatura de Juanma Moreno— ni el PP le han tocado una coma. Así, los directores de las instituciones educativas pueden hacerse cargo de la limpieza con sus empleados propios o encomendársela a empresas. Esta última opción es la que eligen los gestores de los IES de nueva apertura. Los nuevos adalides de la calidad de los servicios públicos eximen al Gobierno central, titular de buena parte de ellos, del deterioro que denuncian, así como a los políticos socialistas que tuvieron responsabilidades en la Junta de Andalucía antes de que se consumara la alternancia en el arranque de 2019. El discurso del PSOE en la precampaña electoral de las generales, interrumpida abruptamente tras el accidente ferroviario de Urda y que se ha retomado este fin de semana, no tenía mucho de original en relación con el esgrimido por la secretaria general del partido en la región, María Jesús Montero , en las semanas previas a los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo.«Defiende lo público», fue el lema de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez en la carrera a las urnas en la que cosechó el peor resultado histórico de su formación en la comunidad autónoma. Ahora, y ya en la contienda nacional, el eslogan de ‘La fuerza de la gente’ va acompañado de sonoras advertencias a los ciudadanos sobre el riesgo de que los servicios públicos se debiliten —más— si Sánchez no sigue en La Moncloa tras el 29 de noviembre. El mensaje se resume en que el Gobierno andaluz es el culpable directo de que haya prestaciones de su competencia que funcionen de un modo mejorable, pero que el Ejecutivo central nada tiene que ver con que existan otras de su exclusiva responsabilidad —las comunicaciones ferroviarias sin ir más lejos— que arrastren una gestión fallida con consecuencias que a veces son trágicas.Los conciertos sanitarios nacieron con el PSOE, así como la cesión de la atención telefónica del 112 a compañías externasAl tiempo, la idea machacona de María Jesús Montero y los suyos de que el PP —y ahora también Vox — privatizan sin empacho en la comunidad autónoma choca de bruces con una mirada atenta a los largos años en los que el Partido Socialista estuvo al frente de la Administración regional. El caso más evidente, y que además afecta de lleno a la secretaria general andaluz, lo constituyen los conciertos sanitarios, que la Junta puso en marcha a mediados de los años noventa del siglo pasado con Manuel Chaves de presidente, y que siguen en vigor. Y fue justamente Montero quien los reforzó e institucionalizó en su etapa como consejera de Salud y Consumo (2004-2013): con ella a los mandos de sanidad andaluza, Salud —hoy bajo la denominación de Sanidad— anotó el récord de externalizaciones con el 4,5 por ciento en comparación con el presupuesto sanitario total. La media de este valor en el tiempo que Juanma Moreno lleva al frente de la Administración autonómica es del 3,6 por ciento anual. De la época de Montero datan los principales acuerdos de derivación de pacientes a hospitales privados, como por ejemplo los que el Gobierno regional realiza al grupo Pascual en Cádiz o a San Juan de Dios en provincias como Córdoba o Sevilla. Mientras tanto, condenaba al abandono al Hospital Militar de Sevilla, reflotado por el PP hace algo más de un lustro.Más. Montero, una de las estrategas situada en el puente de mando federal de la campaña socialista, lleva meses reclamando que el servicio del teléfono único de urgencias y emergencias 112 —hoy integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA)—, pase a ser gestionado de un modo directo por la Junta y deje de estar externalizado: a su juicio, si esta prestación no estuviera delegada funcionaría mejor, y en concreto en situaciones extremas como los choques de trenes. La tozudez de los datosPero los datos son tozudos: este servicio telefónico fue creado por la Junta en 2001, también con Manuel Chaves de presidente, mediante una orden que autorizaba expresamente al Gobierno regional a firmar «los convenios de colaboración con las personas físicas o jurídicas públicas o privadas titulares de los servicios de urgencia y emergencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico, a los efectos de establecer procedimientos y normas de atención y coordinación». Ese modelo es el que lleva funcionando desde entonces: el PSOE no le tocó ni una coma en los 17 años que pasaron hasta que el PP y Ciudadanos lo desalojaron de San Telmo con el apoyo de Vox.La hemeroteca deja en evidencia a quien se pasa de acera sin pudor. Porque la secretaria general del PSOE-A era consejera de Hacienda cuando, en marzo de 2018, Podemos le formuló en el Parlamento una pregunta a su compañera Rosa Aguilar, en ese momento consejera de Justicia e Interior, sobre el funcionamiento del 112 , en el que veía disfunciones. Exalcaldesa de CórdobaLa exalcaldesa de Córdoba fue clara en su turno de palabra: «Se trata también de un sistema integrado de respuesta, que se presta a través de un teléfono único y gratuito en todos los países de la Unión Europea. Y de un sistema integral, señorías, que ofrece a toda la ciudadanía, entidades públicas y privadas, el acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias, cualquiera que sea la administración pública o la entidad de la que dependan», dijo.Aguilar añadió: «Es un modelo de gestión similar al del resto de comunidades autónomas, a la mayoría de las comunidades autónomas, que presta un servicio de excelencia y calidad, y que goza del reconocimiento del conjunto de la ciudadanía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; en definitiva, de todos aquellos que tienen relación con el 112».Empresarios amigosY si la esfera privada es ahora el mismo demonio para los socialistas bien que la vieron durante años como un aliado: sucedió durante los ejercicios inmediatamente posteriores a la crisis financiera de 2007 y 2008. La poción mágica respondía al acrónimo CPP: sí, la colaboración público-privada, empleada por varias consejerías de la Junta del PSOE con distinto grado de éxito y una de cuyas principales valedoras fue justamente Rosa Aguilar cuando tenía responsabilidades en Obras Públicas. Así, infraestructuras de gran envergadura en las áreas metropolitanas de Sevilla y Málaga, y en cascos urbanos como el de Córdoba, incluso ampliaciones de hospitales y construcciones de sedes judiciales con un coste muy elevado se proyectaron de acuerdo a esta fórmula en la que el empresario era un amigo, no un ave de rapiña que se posaba en las administraciones con un turbio deseo de hacer negocios oscuros.Instalaciones escolaresHay otro servicio público básico, que es el sistema educativo, que el PSOE puso en parte en manos privadas hace décadas: se trata de la limpieza de los institutos de Secundaria (IES). La competencia del mantenimiento, y de la limpieza, de los colegios de Infantil y Primaria corresponde a los ayuntamientos, pero la de los institutos es responsabilidad de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y fue justamente el Partido Socialista quien cambió el modelo de gestión de este servicio en 1996, hace ahora treinta años. Hasta entonces, era el personal de los centros el que se encargaba de estas funciones de un modo directo, pero la Junta, presidida por Manuel Chaves , modificó la regulación de la prestación y abrió la puerta a la que quedara en manos de firmas privadas. a decisión última la toma cada Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo, que es el órgano al que los IES elevan sus propuestas. Este marco es el que rige ahora en los institutos: no cambiado en dos décadas, y ni Ciudadanos —que ocupó la cartera de Educación en la primera legislatura de Juanma Moreno— ni el PP le han tocado una coma. Así, los directores de las instituciones educativas pueden hacerse cargo de la limpieza con sus empleados propios o encomendársela a empresas. Esta última opción es la que eligen los gestores de los IES de nueva apertura.
Los nuevos adalides de la calidad de los servicios públicos eximen al Gobierno central, titular de buena parte de ellos, del deterioro que denuncian, así como a los políticos socialistas que tuvieron responsabilidades en la Junta de Andalucía antes de que se consumara … la alternancia en el arranque de 2019.
El discurso del PSOE en la precampaña electoral de las generales, interrumpida abruptamente tras el accidente ferroviario de Urda y que se ha retomado este fin de semana, no tenía mucho de original en relación con el esgrimido por la secretaria general del partido en la región, María Jesús Montero, en las semanas previas a los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo.
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«Defiende lo público», fue el lema de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez en la carrera a las urnas en la que cosechó el peor resultado histórico de su formación en la comunidad autónoma. Ahora, y ya en la contienda nacional, el eslogan de ‘La fuerza de la gente’ va acompañado de sonoras advertencias a los ciudadanos sobre el riesgo de que los servicios públicos se debiliten —más— si Sánchez no sigue en La Moncloa tras el 29 de noviembre.
El mensaje se resume en que el Gobierno andaluz es el culpable directo de que haya prestaciones de su competencia que funcionen de un modo mejorable, pero que el Ejecutivo central nada tiene que ver con que existan otras de su exclusiva responsabilidad —las comunicaciones ferroviarias sin ir más lejos— que arrastren una gestión fallida con consecuencias que a veces son trágicas.
Los conciertos sanitarios nacieron con el PSOE, así como la cesión de la atención telefónica del 112 a compañías externas
Al tiempo, la idea machacona de María Jesús Montero y los suyos de que el PP —y ahora también Vox— privatizan sin empacho en la comunidad autónoma choca de bruces con una mirada atenta a los largos años en los que el Partido Socialista estuvo al frente de la Administración regional. El caso más evidente, y que además afecta de lleno a la secretaria general andaluz, lo constituyen los conciertos sanitarios, que la Junta puso en marcha a mediados de los años noventa del siglo pasado con Manuel Chaves de presidente, y que siguen en vigor.
Y fue justamente Montero quien los reforzó e institucionalizó en su etapa como consejera de Salud y Consumo (2004-2013): con ella a los mandos de sanidad andaluza, Salud —hoy bajo la denominación de Sanidad— anotó el récord de externalizaciones con el 4,5 por ciento en comparación con el presupuesto sanitario total. La media de este valor en el tiempo que Juanma Moreno lleva al frente de la Administración autonómica es del 3,6 por ciento anual. De la época de Montero datan los principales acuerdos de derivación de pacientes a hospitales privados, como por ejemplo los que el Gobierno regional realiza al grupo Pascual en Cádiz o a San Juan de Dios en provincias como Córdoba o Sevilla. Mientras tanto, condenaba al abandono al Hospital Militar de Sevilla, reflotado por el PP hace algo más de un lustro.
Más. Montero, una de las estrategas situada en el puente de mando federal de la campaña socialista, lleva meses reclamando que el servicio del teléfono único de urgencias y emergencias 112 —hoy integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA)—, pase a ser gestionado de un modo directo por la Junta y deje de estar externalizado: a su juicio, si esta prestación no estuviera delegada funcionaría mejor, y en concreto en situaciones extremas como los choques de trenes.
La tozudez de los datos
Pero los datos son tozudos: este servicio telefónico fue creado por la Junta en 2001, también con Manuel Chaves de presidente, mediante una orden que autorizaba expresamente al Gobierno regional a firmar «los convenios de colaboración con las personas físicas o jurídicas públicas o privadas titulares de los servicios de urgencia y emergencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico, a los efectos de establecer procedimientos y normas de atención y coordinación». Ese modelo es el que lleva funcionando desde entonces: el PSOE no le tocó ni una coma en los 17 años que pasaron hasta que el PP y Ciudadanos lo desalojaron de San Telmo con el apoyo de Vox.
La hemeroteca deja en evidencia a quien se pasa de acera sin pudor. Porque la secretaria general del PSOE-A era consejera de Hacienda cuando, en marzo de 2018, Podemos le formuló en el Parlamento una pregunta a su compañera Rosa Aguilar, en ese momento consejera de Justicia e Interior, sobre el funcionamiento del 112, en el que veía disfunciones.
Exalcaldesa de Córdoba
La exalcaldesa de Córdoba fue clara en su turno de palabra: «Se trata también de un sistema integrado de respuesta, que se presta a través de un teléfono único y gratuito en todos los países de la Unión Europea. Y de un sistema integral, señorías, que ofrece a toda la ciudadanía, entidades públicas y privadas, el acceso rápido, sencillo y eficaz a los servicios públicos de urgencias y emergencias, cualquiera que sea la administración pública o la entidad de la que dependan», dijo.
Aguilar añadió: «Es un modelo de gestión similar al del resto de comunidades autónomas, a la mayoría de las comunidades autónomas, que presta un servicio de excelencia y calidad, y que goza del reconocimiento del conjunto de la ciudadanía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; en definitiva, de todos aquellos que tienen relación con el 112».
Empresarios amigos
Y si la esfera privada es ahora el mismo demonio para los socialistas bien que la vieron durante años como un aliado: sucedió durante los ejercicios inmediatamente posteriores a la crisis financiera de 2007 y 2008. La poción mágica respondía al acrónimo CPP: sí, la colaboración público-privada, empleada por varias consejerías de la Junta del PSOE con distinto grado de éxito y una de cuyas principales valedoras fue justamente Rosa Aguilar cuando tenía responsabilidades en Obras Públicas. Así, infraestructuras de gran envergadura en las áreas metropolitanas de Sevilla y Málaga, y en cascos urbanos como el de Córdoba, incluso ampliaciones de hospitales y construcciones de sedes judiciales con un coste muy elevado se proyectaron de acuerdo a esta fórmula en la que el empresario era un amigo, no un ave de rapiña que se posaba en las administraciones con un turbio deseo de hacer negocios oscuros.
Instalaciones escolares
Hay otro servicio público básico, que es el sistema educativo, que el PSOE puso en parte en manos privadas hace décadas: se trata de la limpieza de los institutos de Secundaria (IES). La competencia del mantenimiento, y de la limpieza, de los colegios de Infantil y Primaria corresponde a los ayuntamientos, pero la de los institutos es responsabilidad de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y fue justamente el Partido Socialista quien cambió el modelo de gestión de este servicio en 1996, hace ahora treinta años.
Hasta entonces, era el personal de los centros el que se encargaba de estas funciones de un modo directo, pero la Junta, presidida por Manuel Chaves, modificó la regulación de la prestación y abrió la puerta a la que quedara en manos de firmas privadas. a decisión última la toma cada Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo, que es el órgano al que los IES elevan sus propuestas.
Este marco es el que rige ahora en los institutos: no cambiado en dos décadas, y ni Ciudadanos —que ocupó la cartera de Educación en la primera legislatura de Juanma Moreno— ni el PP le han tocado una coma. Así, los directores de las instituciones educativas pueden hacerse cargo de la limpieza con sus empleados propios o encomendársela a empresas. Esta última opción es la que eligen los gestores de los IES de nueva apertura.
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