España se resiste a aplicar la base normativa del nuevo reglamento europeo de inmigración y asilo

El nuevo pacto migratorio y asilo de la Unión Europea, que ha entrado en vigor este viernes, nace cojo. Aunque la UE lo define como « un nuevo comienzo en la gestión » migratoria del club comunitario que persigue tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste, por ahora, a aplicar alguno de los preceptos del nuevo texto normativo, que en algunos aspectos se parece más a lo que reivindican países como Italia que a lo que defiende España. Aunque la mayor parte del paquete legislativo está formada por reglamentos europeos, que son directamente aplicables en todos los Estados miembros y no requieren transposición formal, sí hay leyes nacionales como la propia ley de extranjería o procedimientos administrativos que habrá que adaptar.Una de las cuestiones que generan más oposición por parte del Ejecutivo es la creación de centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retornos. Moncloa descarta su utilización en la gestión migratoria española, provocando de facto que Canarias, como dijo su presidente Fernando Clavijo en una entrevista en ABC hace unas semanas, en «una gran cárcel». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya trasladó a los socios comunitarios, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, su rechazo a esta medida por las «serias dudas» sobre su «legalidad y proporcionalidad».Noticia relacionada general No No El Papa recuerda a los inmigrantes que integrarse pasa por aprender el idioma y respetar las leyes Javier Martínez-BrocalEse nuevo procedimiento fronterizo, que presupone que ciertas personas permanezcan en zonas fronterizas o instalaciones específicas mientras se tramita su expediente, es el que más dudas jurídicas presenta. De forma inminente habrá que adaptar el régimen de internamiento, la estancia en centros habilitados, el control judicial y la asistencia letrada. Varios expertos consultados por ABC manifiestan que sin esas reformas nacionales sobre las órdenes de expulsión, devoluciones o ejecución de retornos, la gran mayoría de estas medidas pueden resultar difíciles de ejecutar legalmente.A nivel parlamentario este también será el principal quebradero de cabeza del gobierno de coalición. El gabinete de Sánchez no tiene los apoyos mínimos entre sus socios para implementar reformas de estas características, ya que abrirían la puerta a la devolución automática de inmigrantes a sus países de origen con el rechazo inmediato de sus expedientes. Con la negativa de grupos como Podemos, ERC, BNG o Bildu a aprobar dichas reformas, PSOE y Sumar tendrán que explorar el apoyo de PP y Vox para su tramitación.A diferencia de lo que ocurre ahora con las peticiones de asilo, que incluso ha obligado al Tribunal Supremo a fallar en distintas ocasiones contra el Ejecutivo por su negativa a hacerse cargo de los peticionarios de asilo durante el largo plazo de trámite, el nuevo reglamento comunitario prevé un procedimiento fronterizo acelerado, con el objetivo de agilizar significativamente las peticiones. Eso obligará al Ejecutivo a revisar los plazos de instrucción, resolución, recursos administrativos y judiciales y los efectos suspensivos de esos recursos. A su vez al solicitante se le exigirá una mayor cooperación a la hora de su identificación y aportación de documentos, algo que hasta ahora muchas veces no ocurre al ir la mayoría sin pasaporte.Con la nueva norma el Gobierno también tendrá la obligación de aplicar el Reglamento de Screening, que obliga a identificar desde el inicio a menores, víctimas de trata, de tortura o violencia y personas con necesidades especiales. La reforma del Eurodac, la base de datos biométrica de la Unión Europea diseñada para identificar a los solicitantes de asilo y a los migrantes en situación irregular, obliga a ampliar el sistema de reconocimiento de las huellas dactilares, las imágenes faciales o el intercambio de datos entre Estados miembros. Eso obligará a España a adaptar cuestiones en materia de identificación, cesión de datos y coordinación policial y administrativa.El nuevo marco legal también beneficiará a España a través del nuevo mecanismo de solidaridad cuando el país soporte una presión migratoria elevada. Es un procedimiento parecido al que se impulsó hace unos meses a nivel interno, con la reubicación de menores no acompañados hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla por distintas comunidades, pero con derivaciones hacia otros países de la Unión Europea. A día de hoy algunos de estos países han rechazado formalmente la acogida de estas personas cuando territorios como Canarias han pedido ayuda.Sin negociación con las CC.AA.Otro punto polémico es la falta de diálogo y negociación con las comunidades autónomas. Pese a que la fecha del 12 de junio hace meses que estaba marcada en rojo en el calendario, autonomías como Canarias, una de las más afectadas por la entrada en vigor del nuevo texto normativo, venían solicitando desde hace semanas la convocatoria de la sectorial de inmigración para abordar estos cambios. El Gobierno, en la misma lógica que en ocasiones anteriores al tratarse de la cuestión migratoria, ha rechazado reunir a las comunidades previo a su implementación. En una respuesta parlamentaria a la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, el Ejecutivo se compromete a convocarles en las próximas semanas, aunque sin una fecha concreta. El nuevo pacto migratorio y asilo de la Unión Europea, que ha entrado en vigor este viernes, nace cojo. Aunque la UE lo define como « un nuevo comienzo en la gestión » migratoria del club comunitario que persigue tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste, por ahora, a aplicar alguno de los preceptos del nuevo texto normativo, que en algunos aspectos se parece más a lo que reivindican países como Italia que a lo que defiende España. Aunque la mayor parte del paquete legislativo está formada por reglamentos europeos, que son directamente aplicables en todos los Estados miembros y no requieren transposición formal, sí hay leyes nacionales como la propia ley de extranjería o procedimientos administrativos que habrá que adaptar.Una de las cuestiones que generan más oposición por parte del Ejecutivo es la creación de centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retornos. Moncloa descarta su utilización en la gestión migratoria española, provocando de facto que Canarias, como dijo su presidente Fernando Clavijo en una entrevista en ABC hace unas semanas, en «una gran cárcel». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya trasladó a los socios comunitarios, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, su rechazo a esta medida por las «serias dudas» sobre su «legalidad y proporcionalidad».Noticia relacionada general No No El Papa recuerda a los inmigrantes que integrarse pasa por aprender el idioma y respetar las leyes Javier Martínez-BrocalEse nuevo procedimiento fronterizo, que presupone que ciertas personas permanezcan en zonas fronterizas o instalaciones específicas mientras se tramita su expediente, es el que más dudas jurídicas presenta. De forma inminente habrá que adaptar el régimen de internamiento, la estancia en centros habilitados, el control judicial y la asistencia letrada. Varios expertos consultados por ABC manifiestan que sin esas reformas nacionales sobre las órdenes de expulsión, devoluciones o ejecución de retornos, la gran mayoría de estas medidas pueden resultar difíciles de ejecutar legalmente.A nivel parlamentario este también será el principal quebradero de cabeza del gobierno de coalición. El gabinete de Sánchez no tiene los apoyos mínimos entre sus socios para implementar reformas de estas características, ya que abrirían la puerta a la devolución automática de inmigrantes a sus países de origen con el rechazo inmediato de sus expedientes. Con la negativa de grupos como Podemos, ERC, BNG o Bildu a aprobar dichas reformas, PSOE y Sumar tendrán que explorar el apoyo de PP y Vox para su tramitación.A diferencia de lo que ocurre ahora con las peticiones de asilo, que incluso ha obligado al Tribunal Supremo a fallar en distintas ocasiones contra el Ejecutivo por su negativa a hacerse cargo de los peticionarios de asilo durante el largo plazo de trámite, el nuevo reglamento comunitario prevé un procedimiento fronterizo acelerado, con el objetivo de agilizar significativamente las peticiones. Eso obligará al Ejecutivo a revisar los plazos de instrucción, resolución, recursos administrativos y judiciales y los efectos suspensivos de esos recursos. A su vez al solicitante se le exigirá una mayor cooperación a la hora de su identificación y aportación de documentos, algo que hasta ahora muchas veces no ocurre al ir la mayoría sin pasaporte.Con la nueva norma el Gobierno también tendrá la obligación de aplicar el Reglamento de Screening, que obliga a identificar desde el inicio a menores, víctimas de trata, de tortura o violencia y personas con necesidades especiales. La reforma del Eurodac, la base de datos biométrica de la Unión Europea diseñada para identificar a los solicitantes de asilo y a los migrantes en situación irregular, obliga a ampliar el sistema de reconocimiento de las huellas dactilares, las imágenes faciales o el intercambio de datos entre Estados miembros. Eso obligará a España a adaptar cuestiones en materia de identificación, cesión de datos y coordinación policial y administrativa.El nuevo marco legal también beneficiará a España a través del nuevo mecanismo de solidaridad cuando el país soporte una presión migratoria elevada. Es un procedimiento parecido al que se impulsó hace unos meses a nivel interno, con la reubicación de menores no acompañados hacinados en Canarias, Ceuta y Melilla por distintas comunidades, pero con derivaciones hacia otros países de la Unión Europea. A día de hoy algunos de estos países han rechazado formalmente la acogida de estas personas cuando territorios como Canarias han pedido ayuda.Sin negociación con las CC.AA.Otro punto polémico es la falta de diálogo y negociación con las comunidades autónomas. Pese a que la fecha del 12 de junio hace meses que estaba marcada en rojo en el calendario, autonomías como Canarias, una de las más afectadas por la entrada en vigor del nuevo texto normativo, venían solicitando desde hace semanas la convocatoria de la sectorial de inmigración para abordar estos cambios. El Gobierno, en la misma lógica que en ocasiones anteriores al tratarse de la cuestión migratoria, ha rechazado reunir a las comunidades previo a su implementación. En una respuesta parlamentaria a la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, el Ejecutivo se compromete a convocarles en las próximas semanas, aunque sin una fecha concreta.  

El nuevo pacto migratorio y asilo de la Unión Europea, que ha entrado en vigor este viernes, nace cojo. Aunque la UE lo define como «un nuevo comienzo en la gestión» migratoria del club comunitario que persigue tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», el … Gobierno de Pedro Sánchez se resiste, por ahora, a aplicar alguno de los preceptos del nuevo texto normativo, que en algunos aspectos se parece más a lo que reivindican países como Italia que a lo que defiende España. Aunque la mayor parte del paquete legislativo está formada por reglamentos europeos, que son directamente aplicables en todos los Estados miembros y no requieren transposición formal, sí hay leyes nacionales como la propia ley de extranjería o procedimientos administrativos que habrá que adaptar.

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